Ana Sánchez Arjona ■
Carrera contrarreloj del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para aprobar el fondo público de pensiones antes de julio sin que peligren las ayudas europeas. Más concretamente, cerca de 7.000 millones de euros, que son los correspondientes al próximo trimestre. El articulado está ya en el Congreso de los Diputados, pero su tramitación debe ser exprés para cumplir con los plazos exigidos por Bruselas. Escrivá por un lado y, el grupo socialista, por otro, son conscientes de que, a pesar de las prisas y las urgencias, lograr los apoyos necesarios para sacar adelante la ley va a ser complicado. Sobre todo, si a ERC y EH Bildu no les gusta el planteamiento de ese gran fondo público de pensiones que tendrá que competir con los privados y cuyo objetivo es captar, al menos, al 10% de los trabajadores.
El fondo público de pensiones encara la recta final de su tramitación parlamentaria. Tras las enmiendas de los grupos, esta semana estaba previsto que llegara la ponencia a la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La intención de José Luis Escrivá es que su tramitación sea lo más rápida posible y su intención era acelerar los trabajos de la ponencia de tal modo que durante esta misma semana el informe y el dictamen fueran aprobados. Para la próxima semana, quedaría el último paso: la remisión al pleno del visto bueno definitivo.
En el último borrador que el Ministerio envió a los agentes sociales, antes de su tramitación en el Congreso, el Gobierno era más flexible en los requisitos para facilitar la aceptación de las empresas del sector
Pero la precipitación nunca es buena, y finalmente, la ponencia no llegará a la Comisión hasta el lunes 23.
Primer semestre del año
La voluntad del Gobierno, en cualquier caso, y así se ha comprometido con la Comisión Europea, es que la norma esté aprobada en el primer semestre del año para no poner en riesgo la llegada de fondos europeos.
Los trámites para crear un gran fondo de pensiones que compita con los privados comenzaron en noviembre. El día 23 de ese mes, el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta el articulado, que contempla dicho fondo, que servirá como alternativa a los planes individuales y colectivos que ya existen, pero no están al alcance de todos los trabajadores. En la actualidad, se calcula que solo el 10% de los trabajadores pueden acceder a planes de pensiones. Por ello, uno de los objetivos del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, es que aumente este porcentaje gracias a que podrán pagar menos comisiones anuales y sumarse con «certidumbre y seguridad».
Otro de los fines que busca el Ejecutivo es que los trabajadores “ahorren” y tengan una pensión «complementaria». Por ello, al fondo podrán adherirse libremente trabajadores del sector privado, empleados públicos y autónomos, y la empresa deberá aportar al menos la misma cantidad que el trabajador, aunque lo “habitual” será que ambas salgan del mismo apartado: el salario bruto del empleado. El trabajador podrá llegar a deducirse 5.750 euros anuales.
Una parte importante para que se active el fondo es la negociación con la industria el reglamento de los planes de empresa que detallarán los costes y los requisitos de las gestoras. El ministró Escrivá se hasta finales de este año para concretar estos aspectos, lo aspectos más técnicos del fondo.
En el último borrador que el Ministerio puso encima de la mesa de los agentes sociales, antes de su tramitación en el Congreso, el Gobierno era más flexible en los requisitos para facilitar la aceptación de las empresas del sector. En primer lugar, desaparecían las condiciones de patrimonio gestionado que debían cumplir las gestoras para optar al fondo público de pensiones. Además, no se hacía referencia a las comisiones que tendrían los productos ofrecidos por el fondo.
Reglamento de la Cámara
La primera intención de José Luis Escrivá era dejarlo en manos de un ordenamiento que se aprobaría más adelante precisamente para agilizar la negociación, pero ahora será uno de los principales temas que tratará con el sector
El Consejo de Ministros aprobó definitivamente el proyecto de ley el pasado 22 de febrero, y lo envió posteriormente al Congreso de los Diputados donde dio comienzo su tramitación. Los grupos pudieron proponer sus enmiendas, a la espera de que la ponencia llegue a la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
La voluntad del Gobierno, en cualquier caso, y así se ha comprometido con la Comisión Europea, es que la norma esté aprobada en el primer semestre del año para no poner en riesgo la llegada de fondos europeos.
El reglamento de la Cámara Baja no establece periodos, ni tiempos, así que las opiniones sobre qué margen tiene el Gobierno para aprobar el texto en plazo son diferentes según de quién venga. Una ponencia puede alargarse desde dos meses, seis meses y hasta un año, que es precisamente el periodo más habitual, pero hay quien puntualiza que el tiempo depende de si hay o no acuerdo entre los grupos parlamentarios.
Sumar el apoyo de los partidos, incluso, el de su socio en el Gobierno
Concitar el apoyo de los partidos no va a ser fácil para el ministro Escrivá. El Ministerio de Inclusión, por un lado, y el grupo socialista, por otro, son conscientes de que, a pesar de las prisas y las urgencias, lograr los apoyos necesarios para sacar adelante la ley va a ser complicado. ERC y EH Bildu no les gusta el planteamiento; mientras que PP y Cs no se han manifestado todavía, a pesar de que Escrivá ha hablado con los dos partidos en varias ocasiones.
Tan solo el PNV aprueba la estructura prevista para este vehículo financiero de ahorro que pretende extender la previsión social complementaria a diez millones de trabajadores
A PP y Ciudadanos se suma Vox en la petición de incluir incentivos fiscales que favorezcan la adhesión de las pymes
Lo cierto es que, lograr los acuerdos para aprobar el proyecto también serán una ardua batalla para el Ejecutivo. Solo hay que recordar lo que ocurrió cuando se debatió la enmienda a la totalidad en el Congreso. A favor de la devolución del proyecto, que había solicitado el BNG, votaron las dos formaciones independentistas catalana y vasca, además de Más País, Compromís.
La opinión generalizada de estas formaciones, incluyendo EH Bildu y ERC, es que el planteamiento del Gobierno “abre el camino a un horizonte de sustitución del sistema público de reparto solidario, por mucho que se niegue, por un modelo de capitalización de gestión privada”.
Además, en las enmiendas introducidas por los socios del Gobierno también se recogían que la potestad para la gestión de estos ahorros fuera transferida a las administraciones autonómicas.
El socio de Gobierno, Unidas-Podemos, exige al Gobierno la eliminación del único incentivo de reducción de cuotas para las empresas previsto en el fondo público de pensiones
De momento, tan solo el PNV aprueba la estructura que se ha previsto para este vehículo financiero de ahorro que pretende extender la previsión social complementaria entre diez millones de trabajadores en España. El socio de Gobierno Unidas-Podemos exige al Gobierno la eliminación del único incentivo para las empresas previsto en el fondo público de pensiones en forma de reducción en cuota de cotización a la Seguridad Social por las contribuciones realizadas por el empleador a favor del trabajador
Recientemente, el ministro Escrivá hablaba de que el Ministerio de Seguridad Social estaba estudiando las peticiones de los partidos trasladadas en las enmiendas. Aseguraba, en ese momento, que no iba a haber problema para aprobar la ley en el Congreso “en las próximas semanas”. Sin embargo, unos plazos tan ajustados y la reticencia de los partidos que apoyan al Gobierno puede dar paso a un nuevo escenario.
