Ana Sánchez Arjona
No lo va a tener fácil el titular del departamento de Seguridad Social a la hora de convencer a los partidos de la oposición de las bondades del nuevo modelo de pensiones. Ya se vio en la Comisión del Pacto de Toledo, a la que Escrivá acudió para dar todo tipo de detalles sobre lo pactado con empresarios y los sindicatos, y se topó con el ‘no’ de la mayoría de los grupos parlamentarios. “El texto acordado tiene el visto bueno del diálogo social y creo que eso tiene que ser tenido en cuenta por los partidos políticos. Además, es susceptible de ser mejorado en la tramitación parlamentaria que tenemos por delante, y espero que así sea”, argumenta el ministro, que tiene adquirido con Bruselas el compromiso de que la reforma entrará en vigor en enero de 2022.
Será previsiblemente en octubre cuando la reforma de pensiones, cuya primera parte de medidas fue aprobada como proyecto de Ley en el primer Consejo de Ministros al inicio del curso, llegue al Congreso para su tramitación, ya que la intención del Gobierno es que entre en vigor el 1 de enero de 2022.
Y será el propio Escrivá quien defienda su texto ante los partidos y el que lleve la reforma a la Cámara sin contar, de momento, con ningún apoyo de la oposición pactado. Es decir, que no tiene atada aún la mayoría para sacar adelante la ley que contempla, entre otras medidas, que las pensiones se revalorizarán automáticamente según el IPC del año precedente, que se aumentarán las bonificaciones al retraso de la jubilación y se endurecerán las penalizaciones para aquellos que decidan hacerlo anticipadamente.
“El texto acordado tiene el visto bueno del diálogo social y creo que eso tiene que ser tenido en cuenta por los partidos políticos. Es susceptible de ser mejorado en tramitación parlamentaria, y espero que así sea, que se intensifiquen los trabajos, para así poder dar cumplimiento a nuestros compromisos con la Unión Europea”, decía tras la aprobación por el Consejo de Ministros José Luis Escrivá.
Mientras el Ejecutivo esté negociando con el resto de partidos políticos su apoyo a la reforma de las pensiones en el Congreso, Escrivá lo hará por su parte con los agentes sociales los pormenores de ese nuevo ‘factor de sostenibilidad’ que vele por la viabilidad del sistema
Que entre en vigor la nueva ley a principios de 2022 es un compromiso que adquirió el Ejecutivo con Bruselas y para que puede cumplirlo debe conseguir el apoyo de otros partidos políticos. Sin embargo y según lo visto en el seno del Pacto de Toledo al que acudió el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, será complicado.
Escrivá, que fue a dar todo tipo de explicaciones a los grupos políticos sobre lo pactado con empresarios y los sindicatos, se topò con el “no” de la mayoría de ellos.
Los recelos de la oposición, no obstante, se centran en un asunto que el Ejecutivo prevé introducir vía enmienda: el mecanismo de equidad intergeneracional.
Se trata de una fórmula, que entrará en vigor en 2027, y que el Ejecutivo y los agentes sociales tienen de plazo hasta el 15 de noviembre para negociarla. Sustituirá al factor de sostenibilidad creado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, que vinculaba la cuantía de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida. Su derogación, unida al incremento automático de las jubilaciones según el IPC, eran las dos principales reivindicaciones de CCOO y UGT. Ahora falta por ver cómo será ese mecanismo de equidad, que una vez pactado con sindicatos y empresarios formará parte del nuevo modelo vía enmienda.
Esto supone que, mientras el Ejecutivo esté negociando con el resto de partidos políticos su apoyo a la reforma de las pensiones, Escrivá lo hará por su parte con los agentes sociales los pormenores de ese nuevo ‘factor de sostenibilidad’. La oposición, según se manifestó en la Comisión del Pacto de Toledo, piensa que es fundamental conocer cómo será esa fórmula que vele por la sostenibilidad del sistema antes de ponerse a hablar la nueva ley.
Las otras medidas
Importante es también que la nueva ley establece una transferencia por parte del Estado a la Seguridad Social, “para la financiación de diversos conceptos que permitan culminar la separación de fuentes, en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo de 2020”, según señala el ministerio de Escrivá. Una cuantía equivalente más o menos al 2% del PIB, uno 23.000 millones de euros anuales.
En cuanto a las penalizaciones por adelantar el retiro, estas variarán entre un 2,81% y un 21% en el caso de una jubilación ordinaria, dependiendo del tiempo que se adelante y de los años cotizados. El porcentaje oscilará entre un 0,5% y un 30% si se trata de una jubilación a la que se ha accedido tras un despido. Estos mecanismos serán diferentes en el caso de pensiones con bases de cotización superiores a la máxima, para las que habrá un periodo de transición de diez años a partir de 2024. Para estos pensionistas, la penalización máxima, es decir, la del 21%, se aplicaría en 2033, cuando finalice dicho periodo transitorio.
Del plus para los prejubilados a los planes simplificados de pensiones
Pero además del mecanismo de equidad, lo que también preocupa a los partidos de la oposición es lo que tiene que ver con el plan de pensiones que estudia el ministro y también con el plus para los prejubilados que tiene como objetivo igualar el trato a todos los pensionistas con largas carreras de cotización que se jubilaron de forma anticipada en los últimos 20 años y que por ese motivo se vieron penalizados, a veces con recortes de hasta el 39% de la pensión, por el juego de los coeficientes reductores previstos en la ley.
Las estimaciones apuntan a que serán más de 25.000 pensionistas los que tienen opción para percibir el plus de Escrivá, ya que cuentan con cotizaciones acreditadas anteriores a 1967 y procedentes del mutualismo laboral, que optaron por abandonar de forma anticipada el mercado laboral entre 2002 y 2011.
Pero, además, el ministro está trabajando en la regulación de modelo de planes de pensiones de empresa, que sería nuevo en España, con el objetivo de extender el ahorro privado para la jubilación, más allá de las grandes empresas y en concreto para hacerlo entre las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos.
La referencia de este plan serían los planes simplificados de pensiones para empleados, los SEP según sus siglas en inglés, un sistema que ha tenido éxito en otros países como mecanismo de atracción y retención de talento y programa de salario diferido en empresas de pequeño tamaño, y que suele sostenerse en un esquema fiscal que permite a las empresas deducirse todas las contribuciones realizadas al plan y que tampoco las considera gravables para los empleados.
El Ministerio ya llevado a la mesa de negociación con organizaciones de autónomos la propuesta, un borrador para empezar a trabajar que todavía tienen aspectos esenciales que concretar a concretarse. En Seguridad Social indican en este sentido que trata de determinados cambios en los actuales planes de pensiones para reforzar el papel de la negociación colectiva».
El objetivo, según ese mismo borrador, es «promover y mejorar la previsión social complementaria del ámbito profesional». Una opción que para la oposición más conservadora no justifica el severo correctivo que el Gobierno propino a los planes de pensiones con su decisión de reducir de 8.000 a 2.000 euros la cuantía desgravable de las aportaciones a los planes de pensione individuales, algo que cómo se encargaron de advertir desde la organización de autónomos ATA antes incluso de que se aprobaran los Presupuestos de 2021 impactaría de forma singular sobre los autónomos que utilizan de forma bastante habitual este instrumento para complementar su pensión de jubilación.
Lo que le toca ahora a Escrivá es convencer a la oposición de las bondades de su proyecto que complementará el sistema público.
