El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que su objetivo es, a la hora de cumplir con el destope de la base máxima de cotización comprometida con Bruselas en la segunda pata de la reforma de pensiones, el de «mantener estrictamente» la contributividad respecto a la pensión máxima.
Así, ha indicado que todo lo que se incremente la base máxima será lo que se incremente la pensión máxima, aunque se trata de una cuestión que todavía «hay que calibrar».
A falta de conocer la inflación de noviembre, el ministro asegura que es «razonable» que la paga a los pensionistas por la desviación de precios respecto a la subida de sus pensiones de este año esté por debajo de los 2.000 millones
«Es un elemento que tenemos que tener el año que viene en la Ley General de la Seguridad Social y con ello nos armonizamos con las prácticas habituales de nuestro entorno», ha señalado el ministro durante una rueda de prensa en la que ha proporcionado un avance de datos de la afiliación al sistema en la primera quincena de noviembre.
Preguntado por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) recientemente acordado con los sindicatos sin el apoyo de la CEOE, Escrivá ha asegurado que, teniendo en cuenta las rentabilidades medias históricas, el Fondo de Reserva de las pensiones debería contar a principios de la década de 2030 con algo más de 40.000 millones de euros.
El ministro cree que las proyecciones de gasto en pensiones ligadas al MEI serán inferiores a las actuales (2021) cuando la Comisión Europea vuelva a realizar en 2024 las estimaciones oportunas, debido a que éstas ya incluirán las medidas adoptadas en la reforma de pensiones del Gobierno español, entre ellas el acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la edad legal.
Sobre si la negativa de la CEOE a respaldar el MEI repercutirá negativamente en la negociación de la reforma laboral, Escrivá ha indicado que no hay que dar tanta importancia a este hecho, pues la patronal ha apoyado el grueso de la primera pata de la reforma de pensiones que se está tramitando en el Parlamento.
Reforma laboral
Escrivá ha considerado una «obviedad» que la patronal defienda posiciones de parte en esta negociación, como hacen también los sindicatos, y ha recordado que el Gobierno siempre debe tener un «paraguas superior», el del interés general.
Asimismo, el ministro no ha querido hablar «de fechas límite» en lo que respecta a la reforma laboral, que el Gobierno se ha comprometido con Bruselas a tener lista antes de fin de año, porque lo importante, ha dicho, «es la calidad de lo que se acuerde». «Lo que tiene que comprometernos a todos es mejorar el marco laboral entre todos más allá de una referencia temporal concreta».
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma será la lucha contra temporalidad. Escrivá ha confirmado que está sobre la mesa un aumento de la penalización de los contratos temporales «de altísima frecuencia», aunque no ha querido entrar en el detalle de la medida por estar sometido este punto a la negociación con los agentes sociales.
Por otro lado, y a falta de conocer el dato de inflación del mes de noviembre, el ministro ha reiterado que es «razonable» pensar que la paga a los pensionistas por la desviación de precios respecto a la subida de sus pensiones de este año (0,9%) estará por debajo de los 2.000 millones de euros.
Debido a que esta cantidad se duplica para consolidar la desviación de los precios en nómina, el coste total de la compensación a los pensionistas será inferior a los 4.000 millones de euros.
