Escrivá: cuenta atrás para la reforma de las prejubilaciones

Ana Sánchez Arjona

La reforma de las pensiones aprobada por el Congreso, tras casi dos años de parón, entra en una nueva fase que tiene en el punto de mira las prejubilaciones. Los planteamientos que José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, va a poner encima de la mesa a empresas y sindicatos buscan que las recomendaciones del Pacto de Toledo se materialicen en medidas concretas. Teniendo como telón de fondo un ajuste laboral que afectará a decenas de miles de empleados en los próximos meses.

El equipo de Escrivá se reunía hace menos de una semana con los agentes sociales para iniciar unas conversaciones, que tienen en la armonización de las cuentas del sistema que paga las pensiones, su deuda, la revalorización de las prestaciones y en acotar la edad de jubilación los principales problemas El ministerio ya les ha trasladado que quiere una negociación lo más ágil posible y con alto grado de discreción, aunque convertir en acuerdos las declaraciones de intenciones de los partidos en el Congreso puede ser algo costoso.

El ministro de Seguridad Social ha trasladado a los agentes sociales que su intención es presentar una conclusión sobre las prejubilaciones antes de tres meses, que es el plazo máximo que le ha dado el Congreso

Tiempo antes de que los partidos hubieran votado las recomendaciones, Escrivá les había anunciado medidas presupuestarias como el traspaso al Estado de gastos que son impropios de la Seguridad Social. En los casos concretos de las jubilaciones anticipadas y las penalizaciones sobre las pensiones de los que pueden llegar a ser prejubilados, ya dispone de las recomendaciones y los estudios que han presentado las formaciones políticas.

Penalizaciones desiguales

Y es aquí donde la Seguridad Social se ha comprometido con los agentes sociales a cambiar las cargas que suponen estas penalizaciones a través de coeficientes reductores que, como es habitual, tienen consecuencias negativas sobre las prestaciones. Es decir, Escrivá ya ha adelantado parte de sus conclusiones al señalar que los trabajadores con rentas altas, que son los que más se jubilan de forma temprana, apenas sufren una penalización del 2% por cada año de adelanto de su jubilación, mientras que personas con salarios y bases reguladoras más bajas se ven penalizadas con un 8%. De tal manera que el ministro actuará sobre ese 2% con total seguridad, por lo que las empresas están pensando que les saldrá más barato lanzar sus regulaciones antes de la nueva normativa.

Así pues, cambiar este sistema actuará sobre los dos extremos. Retirar la carga sobre este perfil de prejubilados, que los sindicatos cifran en un 80% de los trabajadores que anticipan cada año su retiro, es uno de los aspectos más urgentes. Más que por los próximos prejubilados la dificultad, apuntan fuentes conocedoras del proceso, es tasar las consecuencias económicas si se tiene en cuenta la demanda de compensación que han puesto sobre la mesa pensionistas que anticiparon su retiro y que proceden de ERE y despidos colectivos realizados desde 2013.

Condicionar, (a través de penalizaciones), las pensiones de las jubilaciones voluntarias, puede llevar más tiempo y, en cualquier caso, Escrivá se ha comprometido a pactar unas reformas que se implementen de manera gradual. El ministro de Seguridad Social ha trasladado a los agentes sociales que quiere presentar una conclusión sobre este aspecto antes de tres meses, que es el plazo máximo que le ha dado el Congreso.

Endurecimiento normativo

Actuando así desde el ministerio se trata de evitar una avalancha de regulaciones de empleo que quieran anticiparse a un endurecimiento de la norma. Está claro que ni a los empresarios, ni a los sindicatos, les interesa precipitar ahora su apoyo a la reforma porque hacerlo supondría tensar las que tienen en marcha en las empresas de todos los sectores. Pero por si la moscas, hay compañías que ya han cerrado acuerdos de salidas voluntarias garantizando a sus actuales y a los prejubilados que vienen, que los cambios y la nueva legislación no afectará a lo que han pactado recibir hasta su jubilación.

El Gobierno quiere que las recomendaciones del Pacto de Toledo se materialicen en medidas concretas, teniendo en cuenta el ajuste laboral que afectará a miles de empleados en los próximos meses

Pero lo cierto es que, en la recta final del año, las negociaciones para una nueva ronda de ajustes laborales, se ha acelerado, especialmente en actividades especialmente aludidas por la reforma pendiente, como es la banca. Sea por lo que sea, incluso, o por la expectativa de una regulación que encarezca las reducciones masivas de plantilla, está en marcha una nueva edición de prejubilaciones.

El ministro se ha movido entre endurecer las penalizaciones a quien anticipe la jubilación de manera voluntaria y, en un tono más positivo, incentivar el trabajo hasta la edad ordinaria de jubilación y más allá. El caso es que empresas y sindicatos se reúnen con el Gobierno con una ola creciente de ajustes laborales como fondo.

La banca no es el modelo

Tras haber desaparecido cerca 99.000 empleos desde 2008, el sector financiero español está inmerso ya en un proceso similar que supone dar una nueva vuelta de tuerca derivada de la situación atípica de los tipos de interés, las fusiones entre entidades y el cierre de oficinas. Santander acaba de anunciar que va incluir a los trabajadores de entre 50 y 54 años en el colectivo prejubilable además de su intención de cerrar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en agosto y de abrir hasta 18 centros por el territorio nacional para externalizar a parte de la plantilla. Ibercaja igual que Bankia; Liberbank, Unicaja y también el Banco Sabadell. En total, las previsiones apuntan a que el proceso afectará a cerca de 20.000 empleados.

Una parte de ellos aún por definir serán prejubilados. De los 9.225 empleados con más de 52 años afectados por la fusión Bankia CaixaBank, solo un 5% tendrá 60 años en 2021 y todos ellos pertenecen a la primera de las entidades. En el caso de Bankia CaixaBank, si la cifra de salida de 8.500 empleados es realista, la nueva entidad podría cubrir ya en 2021 la mitad del ajuste con prejubilaciones al contar con 4.800 empleados nacidos en 1966 o antes.

Prácticamente todos los años adelantan la jubilación unas 110.000 personas y casi el cien por cien no lo hace voluntariamente

A este nuevo capítulo de prejubilaciones se ha sumado Indra que acaba de acordar con los sindicatos remplazar los ERE por prejubilaciones y bajas voluntarias. El número máximo de empleados afectados será de 220, de los que hasta un máximo de 135 estarán afectados por la propuesta de prejubilación y hasta un número máximo de 85 por la medida de baja incentivada.

Los sindicatos advierten de que la banca no es un modelo y que la regulación deberá acometerse con pies de plomo. Prácticamente todos los años adelantan la jubilación unas 110.000 personas y casi el cien por cien no son voluntarios, Se trata de personas que se quedan fuera del mercado de trabajo, con el mínimo de edad para poder acogerse a este proceso y que perciben pensiones muy menguadas por los coeficientes de reducción.

Escrivá tiene un plazo máximo de tres meses para responder. Si se va al límite, sus conclusiones no llegarían hasta marzo, con las regulaciones de empleo anunciadas ya en marcha y otro previsible capítulo de salida fruto de la desescalada del actual formato de ERTE que caduca en enero. Quienes negocian los entresijos de la reestructuración en grandes empresas ya tienen presente este factor que puede cambiar las circunstancias. En el caso de Airbus, por ejemplo, el pasado mes de noviembre se pactó blindar las prejubilaciones de los trabajadores de más de 59 años con una cláusula adicional que se activará “en el caso de producirse una modificación legislativa que afectase a la regulación de la jubilación anticipada”.