Ana Sánchez Arjona ■
Aprobar, en tiempo y forma, la segunda parte de la reforma del sistema de pensiones se antoja más complicada para el Gobierno que está condenado a tomar medidas impopulares para sanear el sistema. Pero el tiempo apremia, porque tiene que estar lista antes del 31 de diciembre, plazo acordado con Bruselas. Los agentes sociales, en concreto los sindicatos, se quejaban de la falta de la falta de información por parte del ministro que rompió su silencio en la mesa de dialogo social convocada para el 28 de noviembre, lanzó la propuesta más polémica: la ampliación del cálculo de las pensiones de 25 a 30 años. La reacción por parte de Unidas-Podemos no se hizo esperar. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, calificaba la medida como un endurecimiento en el acceso a la jubilación “que nosotros no podemos compartir porque… esto no es recuperar derechos, esto es recortar derechos”
El tiempo es escaso, y apremia, porque la segunda parte de la reforma de las pensiones tiene que estar lista antes del 31 de diciembre, tal y como se ha comprometido el Gobierno con Bruselas.
Los agentes sociales, en concreto los sindicatos, se quejaban de la falta de información, de la falta de propuestas concretas por parte del ministro de Seguridad Social que rompió su silencio y en la mesa de dialogo social convocada para el 28 de noviembre, lanzo la medida más impopular, más polémica: la ampliación del cómputo de cálculo de las pensiones de 25 a 30 años, con la posibilidad de descartar los dos peores ejercicios de cotizaciones.
La reacción por parte de Unidas-Podemos no se hizo esperar a pesar de que para justificar la medida el ministerio habla de la necesidad de sanear las cuentas. Pero es difícil de sostener para José Luis Escrivá al no tener ni el apoyo en el propio Ejecutivo.
Los sindicatos tampoco aprueban la propuesta de Escrivá. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, expresaba así su rechazo: “Creo que el ministro ha vuelto a equivocarse, porque éste es un debate que no es necesario abordar hoy”
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, explica que la ampliación del cálculo de la base reguladora a 30 años “es un endurecimiento en el acceso a la jubilación que nosotros no podemos compartir”. «Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos. En este sentido, nuestra posición es bien conocida…»,
La ministra ha recordado, además, que durante mucho tiempo el cálculo se realizaba teniendo en cuenta los últimos ocho años para posteriormente pasar a 15. Después y con la Ley 27/2011 aprobada por el Gobierno de Zapatero, se amplió el cálculo de la base reguladora a 25 años.
También, el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, calificaba esta subida de “innecesaria” mientras adelantaba que su partido no estaría “a favor” de que se recogiera en la ley.
“Se ha vuelto a equivocar”
Los sindicatos tampoco apoyan la propuesta del ministro. El secretario general de UGT Pepe Álvarez, ha expresado su rechazo a la propuesta del Ministerio.
“Creo que el ministro ha vuelto a equivocarse, porque éste es un debate que no es necesario abordar hoy. Todavía estamos en el último año de entrada en vigor de los 25 años que acordamos en 2011 y aunque sabemos los efectos teóricos de esta medida, no sabemos sus efectos prácticos sobre el sistema”.
El líder de UGT, explicaba que no acababa “de entender muy bien” la propuesta de Seguridad Social. “No me interesa nada si son 28 años, 30 años, si se quitan dos o no…”
Para Álvarez, es necesario que se aborden en esta segunda fase de la negociación algunos “desajustes garrafales” que tiene el sistema, como el hecho de que personas que han cotizado más de 20 años no tienen derecho a pensión.
Ha echado en falta, el secretario general de CC.OO, Unai Sordo, medidas más ambiciosas de protección de las pensiones más bajas y de cubrir lagunas de cotización para aquellos que no ha podido cotizar durante algunos años.
Sordo ha dicho que espera que estas cuestiones se «puedan ir desarrollando» durante la negociación para recordar que las variaciones en el periodo de cálculo no aparecen recogidas en las Recomendaciones del Pacto de Toledo
Admite, no obstante, que fueron incluidas por el Gobierno en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pero que requieren de un «consenso político» que cree que «no se da».
Para CC.OO., todavía no es necesario ampliar el periodo de cálculo ya que se acaba de culminar, tal y como ha recordado Pepe Álvarez, el desarrollo de la extensión anterior y aún no existe certeza de que cuente con un apoyo suficiente para su tramitación parlamentaria.
En cualquier caso, ampliar este periodo implicaría un recorte de las nuevas pensiones. El Banco de España ha hecho un cálculo que estima en un 5% lo que se reduciría cuantía de las pensiones iniciales tras pasar de 15 a 25 años el periodo de cómputo acometido de manera progresiva entre 2013 y 2022
La CEOE tampoco es optimista y coincide en que va a ser “muy difícil el acuerdo”, pero por otra medida propuesta por el Ministerio: la de elevar las cotizaciones por las bases máximas con el IPC más 1,154 puntos, entre 2025 y 2050 como vía de ingresos para el sistema. Para la patronal supondrá, además, encarecer la contratación para las empresas.
Más allá, de la ampliación del periodo de cálculo, la propuesta de José Luis Escrivá también incluye «la mejora del tratamiento de las lagunas de cotización de las mujeres y también para los varones cuya carrera de cotización se haya visto minorada tras tener un hijo, en línea con el funcionamiento del complemento de brecha de género».
El ministerio contempla, también, un tratamiento especial para las lagunas de cotización del colectivo de autónomos.
El Mecanismo de Equidad que sustituye al Factor de Sostenibilidad
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional, MEI, es un sistema que sustituye al Factor de Sostenibilidad aprobado en la reforma de las pensiones de 2013 y cuyo objetivo es salvaguardar la financiación de las pensiones. A diferencia del Factor de Sostenibilidad, que calculaba las prestaciones en función del aumento de la esperanza de vida, el MEI solo se activará si es necesario y de forma temporal.
Fue aprobado en la primera parte de la reforma, en diciembre de 2021, y supone un aumento de cotizaciones del 0,6% como medida para cuadrar las cuentas del sistema, ante las exigencias de Bruselas. Porcentaje que, la parte morada del Gobierno, consideraba, y aún considera, poco ambiciso.
Escrivá no contemplaba que estuviera en vigor más allá de 2032, algo que no convenció a la Comisión Europea, que pide integrar en el nuevo modelo las herramientas necesarias para asegurar la sostenibilidad de nuestras pensiones.
El ministro se ha resistido durante meses por considerar innecesario alargar en el tiempo de vigencia del MEI ya que considera que serán los próximos diez años los que manifiesten tensiones particularmente agudas por la jubilación de la llamada generación del baby boom.
José Luis Escrivá había explicado que la mejor opción era someter el Mecanismo a revisión en 2032 para que, quién gobernara en ese momento, analizara si era necesaria su continuidad debido a posibles desvíos en lo acordado con la UE.
Sin embargo, la presión de las autoridades europeas ha obligado a ceder al ministro que no ha tenido más remedio que prolongarlo por 18 años más. Las estimaciones prevén que a partir de 2050 la presión sobre el modelo público sea menor por el descenso de la natalidad en las últimas décadas.
La previsión es que el Mecanismo de Equidad inyecte unos 2.000 millones de euros al año y que sirva, en su caso, para alimentar el Fondo de Reserva por si fuera necesario activarlo. Es decir, que se trata de colchón del que tirar para que las cuentas no se desequilibren.
Hay que recordar que la CEOE se ha descolgaba del acuerdo que negociaba el Ministerio de Inclusión con patronal y sindicatos para cerrar el mecanismo de equidad intergeneracional y que supondrá, como hemos visto, una subida de cotizaciones.
La patronal explicaba su “no” a la propuesta del Gobierno porque la considera «insuficiente» y asegura, además, que, al suponer un alza de las cotizaciones, tendrá efectos negativos sobre el empleo.
