Ana Sánchez Arjona
El ministro presiona y mete prisa al Pacto de Toledo. Quiere que concluya cuanto antes su borrador de recomendaciones, que podría estar listo, como muy tarde, en las próximas dos semanas. El acuerdo que alcancen los grupos dentro de la comisión parlamentaria será fundamental para que el titular de la cartera de Seguridad Social pueda ponerse manos a la obra. El objetivo está claro: esquivar los bloqueos y asegurar el consenso necesario para que la reforma no encalle en pocos meses, incluso años, por carecer de respaldo social y político.
“Tenemos que explicar a Bruselas qué vamos a hacer con las pensiones” Y aunque la reforma de las pensiones no tiene la llave para agilizar los fondos europeos con los que afrontar la crisis sanitaria, lo que sí es cierto es que Europa va a mirar con lupa cómo hacemos más sostenible nuestro sistema público.
“No hay mejor momento que este para cerrar el consenso en torno a las pensiones”, reivindica José Luis Escrivá. Y ha reconocido que tanto el Pacto de Toledo, como el Gobierno “están acelerando sus trabajos para dar certidumbre y eliminar elementos de dudas respecto al futuro de las pensiones actuales y del futuro”.
La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo entraba la semana pasada en su recta final para cerrar un consenso sobre las recomendaciones que trasladará al Gobierno para garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema de pensiones de cara una nueva reforma del sistema de pensiones recomendada aqui por Banco de España y fuera, por Bruselas, la OCDE y el FMI.
Tras dos reformas. La socialista de 2011 y la popular de 2013, sin consenso parlamentario, la comisión presidida por la exministra de Trabajo y Seguridad Social Magdalena Valerio espera aprobar un paquete de recomendaciones que contenten a derecha e izquierda.
No debemos olvidar que a principios de 2019, el Pacto estuvo a punto de cerrar un acuerdo al que no se sumó finalmente Podemos. Y lo hacía, tan solo una semana después del anuncio de elecciones anticipadas al desmarcarse del acuerdo sobre las pensiones, que se esperaba se pudiera alcanzar con la unanimidad de todas las formaciones políticas.
Pero, volviendo al presente y a la necesidad que tiene el Gobierno de poner en marcha la reforma, todo indica que se podría hacer sin bloqueos parlamentarios y asegurarse el necesario consenso para que la reforma no encalle en unos pocos meses (o años), por carecer de respaldo social, como sucedió con la de 2013, que en la práctica se halla congelada por su falta de aval entre pensionistas, sindicatos y grupos politicos como PSOE y Podemos.
Tras dos reformas, la de 2011 y la de 2013, sin consenso parlamentario, la comisión presidida por la exministra de Trabajo y Seguridad Social Magdalena Valerio espera aprobar un paquete de recomendaciones lo antes posible
Así que, para intentar evitar cualquier tipo de bloqueo y buscar el consenso, la semana pasada se reunía también la Mesa de Diálogo Social, en la que el ministro Escrivá citaba a los líderes de los sindicatos CCOO y UGT, y de la patronal CEOE y Cepyme. El ministro les ha trasladado las propuestas que el Ejecutivo tiene en mente, basadas en las recomendaciones que está ultimando el Pacto de Toledo.
En muchas de las propuestas, es previsible que haya consenso con los sindicatos para los que, lo más inmediato revalorizar las pensiones de acuerdo al IPC, garantizar su poder adquisitivo y emplearse en la toma de medidas para equilibrar el sistema financiero de la Seguridad Social e ir desterrando los gastos impropios que soporta el sistema. Una prioridad que también comparte el Gobierno.
Por ver está si hay coincidencia en las exigencias sindicales de corregir la reforma del año 2013, en los puntos específicos que se refieren a extender la edad de jubilación.
La CEOE también tienen mucho que decir, porque alguna de las medidas que quiere adoptar el Ejecutivo son determinantes para la patronal, como es la iniciativa para impulsar los planes de pensiones colectivos, los planes de empleo o de empresa.
Edad real, edad legal
La Comisión del Pacto de Toledo ultima un acuerdo incluye una medida muy importante para muchos trabajadores que se acercan a esa parte final de su vida profesional: la posibilidad de calcular el cobro de la jubilación a partir de los 65 años, o más, sobre la base de los 25 mejores años de cotización que el trabajador haya tenido a lo largo de su vida laboral. Esta novedad ya estaba contemplada dentro del paquete de posibles cambios que se mantenían en las negociaciones parlamentarias de hace año y medio.
También está sobre la mesa acercar la edad real de jubilación a la edad legal. Para ello, se retocarán las jubilaciones anticipadas como ha instado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. También se incentivará el retraso voluntario de la jubilación y se reforzarán las fórmulas para compatibilizar la pensión con el trabajo, es decir, jubilación activa.
Escrivá ha insistido en la necesidad de potenciar los planes de pensiones de empleo, para aumentar la base de ahorro privado entre los ciudadanos españoles. Este era un punto recogido en el borrador de recomendaciones del Pacto de Toledo de 2019, y que se mantiene en el texto final. Con ello, tanto el Pacto de Toledo como el Gobierno pretenden impulsar la utilización de los planes de pensiones de empresa (o de empleo) en el entorno laboral, poniendo en marcha medidas para que accedan a ellos las rentas bajas y medias.
Es previsible que se alcance un consenso sobre la necesidad de que los autónomos coticen por ingresos reales. Tanto el Pacto de Toledo como el ministro Escrivá creen conveniente que el régimen de autónomos se vaya acercando al régimen general, de modo que los trabajadores por cuenta propia coticen por sus ingresos reales y tengan una pensión mayor y mejores coberturas.
Además, la Comisión del Pacto de Toledo considera necesario restablecer un mecanismo de dotación del Fondo de Reserva, la denominada hucha de las pensiones, que está prácticamente vacía.
La recomendación ‘0’ del Pacto de Toledo frente al modelo sueco
La Comisión del Pacto de Toledo está trabajando en una “recomendación 0” que asegura el compromiso de mantener el sistema público de Seguridad Social y de pensiones con prestaciones garantistas, aunque suponga ampliar los recursos de la Seguridad Social con dinero de los Presupuestos. Precisamente, las previsiones anunciadas por el Ejecutivo hace un par de semanas contemplaban ya una transferencia de más de 18.400 millones de euros para la Seguridad Social procedentes de las cuentas del Estado, algo que se abordaba con circunstancial por el incremento de gastos que supone la gestión de la Covid, pero que no se descarta que se mantenga como una alternativa estructural en el futuro.
La coalición de Gobierno quiere que esa recomendación 0 sirva para alcanzar el consenso todas las fuerzas políticas en torno a dos elementos fundamentales: la sostenibilidad del actual sistema público de pensiones tal y como se presenta actualmente y que muchos expertos han cuestionado igual que lo han hecho, y lo hacen, el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y que suponga el rechazo a cualquier transformación radical del sistema, que implique cambios en la estructura sobre la que se basa el actual sistema público.
Lo que busca el Gobierno es que, de lo que el Pacto de Toledo acuerde, trascienda la idea de que se está garantizando el mantenimiento del sistema público de pensiones en su actual configuración, ante las voces que apelan a una transición hacia un modelo como el sueco
Así que, en el seno de la Comisión, los partidos políticos ya contemplaban su acuerdo en cuestiones como que sea el Estado el que asuma gran parte de los más de 23.000 millones de gastos impropios en que incurre la Seguridad Social, según sus propias estimaciones.
Hablamos de todo lo que implican las prestaciones no contributivas y otras bonificaciones de ayudas a la familia.
Lo que busca el Gobierno es que, de lo que el Pacto de Toledo acuerde, trascienda la idea de que se está garantizando el mantenimiento del sistema público de pensiones en su actual configuración, ante las voces que apelas a una transición hacia un modelo como el sueco que liberaría de presión financiera a la Seguridad Social y lo que supondría reducir las prestaciones cerca de un 50%.
«Una corona de aportación, una corona de pensión», que muchos ven como la mejor alternativa frente a la situación financiera del sistema público de pensiones español,
La Autoridad Fiscal ha sido la última institución en advertir de que sí serán necesarias reformas más profundas del sistema si se quiere garantizar su sostenibilidad a medio plazo.
Las negociaciones del Pacto de Toledo de febrero de 2019 no se pudieron aprobar por el rechazo final de Unidas Podemos, con la excusa de que no podían aceptar un aumento de la edad de jubilación más allá de los 65 años, si bien aquella ‘huida’ se interpretó más como una revancha política contra el PSPOE, que pretendía ‘vender’ un acuerdo por unanimidad como un gran logro político. Ahora, la formación morada está en la coalición de Gobierno y su talante para llegar a un acuerdo en ese tema es más abierto.
