Ana Sánchez Arjona ■
José Luis Escrivá ha abierto el melón de la fiscalidad en las comunidades autónomas, de sus competencias y de la oportunidad de revisarlas. No tocaba, es cierto, porque de momento el Gobierno había dejado a un lado todo lo que tenía que ver con el modelo impositivo autonómico pero las declaraciones del titular de Seguridad Social han cambiado el guión. El detonante ha sido el anuncio del presidente autonómico andaluz, Juanma Moreno, de suprimir el Impuesto de Patrimonio y de deflactar el IRPF y la reacción de Escrivá. “Sería conveniente reducir el margen de las comunidades para decidir la política fiscal”. “En España estamos muy instalados en esta cesión de impuestos que generan derivas indeseables como las que estamos viendo estos días”. No debemos olvidar que estamos a poco más de siete meses para las elecciones municipales y autonómicas en mayo de 2023, y las rebajas fiscales se están colocando en el centro de la batalla política de las distintas formaciones.
No tocaba, pero el Gobierno se ha visto obligado a sacar del cajón el asunto de las competencias fiscales en todos los formatos posibles, recentralización, armonización, dumping autonómico….
El melón lo ha abierto José Luis Escrivá y ha levantado ampollas en el seno del propio Gobierno, en el principal partido de la oposición y, por supuesto entre los socios de legislatura. El detonante, el anuncio del presidente autonómico, Juanma Moreno, de la supresión del Impuesto de Patrimonio y una deflactación del IRPF, unas medidas que aplaudió sin dudarlo por la líder madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Escrivá, que en esos momentos era entrevistado por una cadena de radio, defendía ante los cambios tributarios que se van a producir en Andalucía, una centralización de la política fiscal y limitar la cesión de impuestos a las autonomías. “Sería conveniente reducir el margen de las comunidades para decidir la política fiscal”. “En España estamos muy instalados en esta cesión de impuestos que generan derivas indeseables como las que estamos viendo estos días”.
Lo cierto es que, más allá de la opinión de Unidas Podemos y de los socios de legislatura, Escrivá no cuenta con el respaldo de Moncloa que, en su comparecencia ante los medios tras el Consejo de Ministros, echó balones fuera
El periodista insistió. ¿Es usted partidario de una centralización fiscal del Estado, de privar a las comunidades autónomas de ese margen que tienen de decidir la política fiscal en sus respectivos territorios? A lo que el ministro respondió tajante que sí.
No debemos olvidar que estamos a poco más de siete meses para las elecciones municipales y autonómicas en mayo de 2023, y las rebajas fiscales se están colocando en el centro de la batalla política de las distintas formaciones.
En esta ocasión también, como le ha ocurrido en otras ocasiones, el titular de Inclusión y Seguridad Social, responsable también de la sostenibilidad de la gestión de las pensiones, se ha quedó solo en su demanda. Demanda sobre la que primero opinaba el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, que busca únicamente y de forma obsesiva, no armonizar, sino subir los impuestos.
Lo cierto es que, más allá de Unidas Podemos y de los socios independentistas de investidura, que no comparten que las CCAA del PP tengan la libertad de acometer rebajas fiscales, el ministro de Inclusión no cuenta con el respaldo de Moncloa que, en su comparecencia ante los medios tras el Consejo de Ministros, echó balones fuera.
Puso el acento y la diana de todas las críticas en la eliminación y rebaja de tributos propios de Madrid y de Andalucía.
Tanto ls máxima responsable de Economía, Nadia Calviño, como la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, fueron preguntadas por la propuesta de Escrivá de llevar a cabo una recentralización fiscal y las dos centraron su respuesta en la estrategia fiscal del Partido Popular.
“No hay que despistarse. Hoy estamos hablando en cómo dos comunidades se han embarcado a una competencia a la baja”, manifestó Calviño en referencia a Madrid y Andalucía. Calviño insistió que “el PP tiene un modelo basado en bajar impuestos a los ricos” y “empobrecer el Estado de Bienestar”.
Fue Rodríguez la que calificó de “opinión personal” la de José Luis Escrivá que el Gobierno no comparte, las mismas palabras que utilizó la titular de Hacienda, María Jesús Montero.
Desde Hacienda aseguran que la estrategia del Ejecutivo es aplicar una armonización vincula siempre a la reforma fiscal, algo que «muchas comunidades autónomas están pidiendo desde hace años», como explicó la ministra Montero en declaraciones a los medios desde el Senado.
“El Gobierno andaluz va a dejar de recaudar millones de euros por eliminar o regalar este impuesto a los más ricos, eso se traduce en menos recursos para las comunidades autónomas”.
Atractivo fiscal
Justo un día después del anuncio de la eliminación del impuesto de Patrimonio, el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, invitaba a los inversores catalanes a trasladarse a su comunidad porque “aquí está tu tierra y nosotros no nos vamos a independizar nunca porque somos orgullosa parte de España”. “En Cataluña -recalcó- hay impuesto de Sucesiones y de Donaciones y hay impuesto de Patrimonio, y aquí no”.
La invitación fue criticada lógicamente por la Generalitat mientras desde Foment del Treball se mostraba en contra tanto de las declaraciones del presidente de la Junta, como la propuesta recentralizadoras del ministro de Seguridad Social.
Reacciones también entre los socios nacionalistas e independentistas del Gobierno. El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, señalaba que Euskadi “no va a participar en la pesca de los ricos” y puso sobre la mesa que el País Vasco recauda por este tributo 140 millones de un total de 17.000 contribuyentes, lo que supone el 0,27% de la población.
Críticas de la portavoz de la Generalitat catalana, Patricia Plaja: “centralizar nunca es la mejor de las opciones, aunque hay una parte del Gobierno español que tiene tendencia a querer recentralizarlo todo en diversos ámbitos” y explicó que el objetivo de la Generalitat en esta legislatura es “acabar administrando el 100% de los impuestos catalanes”.
En este sentido desde JxCat, estudian plantear de nuevo al Gobierno un nuevo modelo de financiación catalán que conemple el denominado ‘pacto fiscal’. Esto significa reformular el concierto económico vasco y adaptarlo a Cataluña, con más competencias de recaudación y gestión de los tributos por parte de la Generalitat.
Unidas Podemos y socios del Ejecutivo como ERC, Más País-Equo o Compromís exigen al ministerio que dirige Mª Jesús Montero medidas para evitar la supresión del Impuesto sobre Patrimonio como la que ha anunciado Andalucía, con una bonificación al 100% como la vigente en la Comunidad de Madrid. “No cuestionamos las competencias en materia fiscal, pero consideramos necesario establecer una suerte de mínimo”, argumentaba Jaume Asens, de En Comú.
Gravar a las grandes fortunas a partir de enero de 2023
Y una vez abierto el melón, la ministra de Hacienda asegura que el Gobierno está explorando que las “grandes fortunas” realicen una mayor aportación, al tiempo que ha defendido la armonización de algunos impuestos autonómicos con el objetivo de prevenir la «competencia fiscal a la baja».
Pedro Sánchez le ha dado vía libre para hacerlo con el objetivo de poder mantener el sistema de ayudas en plena crisis energética.
«Debemos pedir una mayor aportación a los que más tienen para permitir el transporte público gratis, los 200 euros a las rentas con menos de 14.000 euros, para poder seguir bajando el IVA de la factura de la electricidad, becar a los alumnos…», defendía Montero, en los pasillos del Congreso mientras apuntaba que le gustaría que entrara en vigor en enero de 2023
La responsable de Hacienda ha señalado que, lo mismo que han promovido la creación de nuevos impuestos a las empresas energéticas y a la banca, el Ejecutivo está estudiando la posibilidad de aumentar la aportación a las arcas públicas de «las grandes fortunas» de España.
Este nuevo impuesto es una de las peticiones prioritarias de Unidas Podemos esta legislatura. El PSOE no se ha había mostrado propicio hasta ahora con el argumento de que no se había pactado dentro del Ejecutivo, que no estaba demostrada su eficacia para recaudar y tampoco su objetivo final, porque, decían los socialistas, se podría derivar esa mayor presión a las grandes fortunas mediante el impuesto de sociedades.
Unidas Podemos argumenta en la proposición de ley que presentaron y defienden que se aplicara a las fortunas que superen los 10 millones de euros.
