Ana Sánchez Arjona
A pesar de que, tal y como ha anunciado Yolanda Díaz, se van a prorrogar los ERTE más allá del 31 de mayo, las negociaciones no serán fáciles. Y no sólo entre los agentes sociales y el Gobierno, sino entre los propios miembros del Ejecutivo porque Nadia Calviño y José Luis Escrivá quieren tomar cartas en el asunto. Su intención es focalizar las ayudas en los trabajadores que salen del ERTE para así incentivar la reincorporación a sus puestos de trabajo y frenar que el déficit y la deuda sigan en máximos. Calviño y Escrivá tienen una hoja de ruta distinta a la de la ministra de Trabajo, para quien tenar más gasto público no es el mayor de los problemas.
Primer gran anuncio político de Yolanda Díaz desde que se ha hecho cargo de la Vicepresidencia tercera del Gobierno, tras la salida de Pablo Iglesias del Consejo de Ministros. El Gobierno volverá a prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Esta medida excepcional aprobada durante la pandemia se mantendrá más allá del próximo 31 de mayo. Un balón de oxígeno para las más de 743.000 personas que todavía siguen amparadas por este paraguas, después de la tercera oleada de contagios de coronavirus.
Díaz se ha comprometido a mantener por más tiempo este mecanismo, utilizando una “fórmula similar a la actual”. Parece que la titular de Trabajo no quisiera aventurarse y exponer la posibilidad de que pudiera haber cambios para allanar el camino en las negociaciones con la patronal y los sindicatos que tendrán que dar el visto bueno a la prórroga en la mesa de diálogo social. Será la cuarta vez que se tengan que poner de acuerdo para renovarlos.
Estamos ante la estrategia que ya siguió el Gobierno el pasado verano, cuando a partir del mes de junio se empezó a incentivar el retorno laboral de manera prioritaria sobre la permanencia en el ERTE a través de bonificaciones
Lo que parece claro, al menos de momento, es que Calviño y Escrivá quieren tomar cartas en el asunto y mostrar el camino a la vicepresidenta tercera en el diseño del esquema de expedientes de regulación temporal de empleo, antes incluso de que arranquen las negociaciones con la patronal y los sindicatos.
Tanto la titular de Economía como el máximo responsable de Seguridad Social quieren focalizar las ayudas en los trabajadores que salen del ERTE, para así incentivar la reincorporación de las plantillas a las empresas y contener el gasto público con la intención de frenar que el déficit y la deuda sigan en máximos, mientras Díaz apuesta por seguir protegiendo los empleos durante todo el tiempo que sea necesario.
Perfeccionar el esquema
Pero Nadia Calviño ya ha mostrado sus cartas al indicar que la nueva prórroga de los ERTE deberá centrarse en favorecer la reincorporación de los trabajadores al mercado laboral, perfeccionando el actual esquema para incentivar esa reactivación. Dicho de otro modo, que el sistema de exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social tendrá que cambiarse para centrarse en mayores descuentos para aquellos que salen del ERTE y vuelven a la actividad.
Es decir que estamos ante la estrategia que ya siguió el Gobierno el pasado verano, cuando a partir del mes de junio se empezó a incentivar al retorno laboral de manera prioritaria que la permanencia en el ERTE a través de esas bonificaciones que después se fueron adaptando sobre todo a partir del mes de noviembre, con las nuevas oleadas del virus.
La vicepresidenta económica daba así su respaldo a la postura mostrada por José Luis Escrivá: «Si el contexto principal es el que prevemos, trabajaremos principalmente en los incentivos a la activación».
Los dos coinciden y son tajantes a la hora de pronunciarse sobre el rumbo que deben tomar las negociaciones con los agentes sociales, mientras la titular de Trabajo ha evitado posicionarse al respecto, más allá de haber asegurado en no pocas ocasiones que los ERTE se mantendrán durante todo el tiempo que sean necesarios.
Siempre, eso sí, sin desvelar su estrategia, como seña de respeto al diálogo social. El debate, cuando menos, se visualiza tenso e intenso, pues en anteriores prórrogas todo lo relacionado con las bonificaciones a los trabajadores reactivados ya generó malestar tanto a la patronal como a los sindicatos, que pidieron centrar las ayudas en las empresas que no pudieran retomar la actividad, un enfoque compartido por Díaz.
Aun así, Calviño y Escrivá tienen una hoja de ruta distinta a la de la ministra de Trabajo, para quien el aumento del gasto público no supondría un problema mayor. Los responsables de Asuntos Económicos y Seguridad Social son partidarios de contemplar las ayudas casi de manera quirúrgica, teniendo en cuenta sobre todo que un porcentaje especialmente alto de los más de 700.000 trabajadores que siguen en ERTE se van a terminar yendo al paro si no se asume que inevitablemente se van a producir reestructuraciones sectoriales, porque algunas actividades no van a recuperar la demanda precovid por los cambios de hábitos en el consumo y será fundamental formarles para que puedan transitar hacia otros sectores productivos. Y ahí es precisamente donde pivotará el esquema de ERTE permanente comprometido con la Comisión Europea para acceder a los fondos de recuperación.
Como en las anteriores negociaciones, el punto de inflexión se centrará en el tiempo que se prolonga la medida y en las sanciones que pesan sobre las empresas si despiden a un empleado que ha estado los últimos meses arropado bajo un ERTE. La patronal ya trató sin éxito en la última negociación de conseguir mayores facilidades para el despido.
Calviño, encargada de vender la prórroga en Bruselas
Ante este panorama y el muchísimo dinero público empleado para financiarlo, Calviño, que es la interlocutora directa con Bruselas en el Gobierno, es consciente de que los recursos movilizados por España para luchar contra la crisis generada por la pandemia se deben usar ‘con sentido’ para no estigmatizar a las futuras generaciones por la emisión de deuda que llevará aparejada.
Es la frase que utilizaba durante un acto organizado por el Fondo Monetario Internacional, en el que explicaba que España emitirá 150.000 millones de euros adicionales en deuda para afrontar los gastos derivados de la Covid y advertía de que esto puede convertirse en una carga y lastrar a las generaciones futuras si no se invierte el dinero sabiamente. “Tenemos que asegurarnos de que cada euro sea invertido de la manera adecuada”.
Hay que recordar que los ERTE han supuesto para el Estado más de 22.500 millones, de acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas de 2020. Lo que indica que España ha gastado ya más dinero en los Expedientes de Regulación de Empleo del que le asignó la Comisión Europea en el marco del programa SURE: 21.324 millones, de los cuales hasta el momento ha recibido 17.956 millones.
En cualquier caso, el acceso a este fondo ha permitido a España ahorrarse cientos de millones de euros en el pago de intereses, unos 850 millones, según los últimos cálculos de la CE, que compara en un informe los intereses logrados por la Comisión con los que habrían tenido que pagar los Estados miembros si hubiesen emitido deuda por su cuenta con el mismo vencimiento y en igual fecha.
El coste de este instrumento que ha sido tan útil para frenar la oleada de despidos que hubiera supuesto la crisis sanitaria, una vez agotado el fondo SURE, será uno de los indicadores clave a tener en cuenta a la hora de abordar nuevas prórrogas. También de cara al diseño del esquema permanente que el Ejecutivo español ha anunciado a las autoridades europeas en el marco del plan de reformas para acceder al Next Generation EU.
En el documento remitido a la Comisión se aclarar que ese sistema de ERTE estructural que pretende desarrollarse, según el Ministerio de Economía, a partir de la segunda mitad del año, y que sirve al tejido productivo como contrapunto ante al despido, será financiado con un fondo tripartito entre el Estado, las empresas y los trabajadores, que mutualizarán el coste de las prestaciones y la compensación de las cotizaciones. Las condiciones se negociarán, como viene ocurriendo en el último año, en la mesa de diálogo social, que, no olvidemos, ya ha comenzado a negociar sobre los cambios en la reforma laboral.
