Ana Sánchez Arjona
“Los trabajos van ágiles, en noviembre han de estar culminados», aseguraba la ministra antes de entrar en el consejo con sus colegas europeos de Empleo y Política Social. Trabajo lleva meses negociando los cambios con sindicatos y empresarios. Las reuniones comenzaron en enero de 2020, pero se suspendieron por la pandemia y se retomaron en marzo de este año. Desde entonces, y con alguna interrupción, Gobierno y agentes sociales han debatido sobre la polémica contrarreforma que busca cumplir con lo que exige Bruselas, a la que le gustaría que hubiera acuerdo entre la patronal y los sindicatos, con el objetivo principal de que la nueva ley perdure en el tiempo.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social lleva meses negociando una reforma laboral con sindicatos y empresarios. De manera formal, las reuniones comenzaron en enero de 2020, pero se suspendieron por la pandemia para volver a comenzar en marzo de este año. Desde entonces y con alguna interrupción, Gobierno y agentes sociales han debatido sobre la tan polémica contrarreforma que busca cumplir con lo que exige Bruselas para la entrega de los fondos europeos.
La discreción ha sido la tónica general salvo la primera filtración del borrador propuesto por el Gobierno que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, hace un par de meses, consideraba “inaceptable”.
Limitar los contratos temporales, uno de los principales puntos sobre los que gira la reforma. El Ministerio que dirige Yolanda Díaz plantea fijar un máximo del 15% en la temporalidad dentro de las empresas
La reforma laboral deberá aprobarse antes de que acabe el año, tal y como se ha comprometido la ministra, en varias ocasiones. La última hace apenas unos días. “Los trabajos van ágiles, en noviembre han de estar culminados», aseguraba Yolanda Díaz antes de entrar en el consejo de ministros europeos de Empleo y Política Social.
“Es una reforma fundamental, de las más importantes de nuestro país y sobre la mesa está el compromiso de tener publicada la reforma laboral en el Boletín Oficial del Estado antes del 31 de diciembre. Hemos dejado la Ley de Empleo para 2022, pero los elementos centrales de modernización del mercado de trabajo tienen que estar antes de que acabe el año. Por tanto, es para ya”.
Díaz ha insistido en que «España va a emprender una reforma estructural del mercado de trabajo, que no se ha hecho en 42 años”
El Ejecutivo ha dado a conocer sus intenciones durante los últimos meses y también las ha explicado en el Plan de Recuperación enviado a Bruselas.
“Se hacen muchas propuestas en la mesa”, dice la ministra, “pero el camino es reducir la temporalidad. En nuestro país llevamos 42 años con más o menos los mismos males y ahora estamos trabajando para corregirlos. Este es el elemento central de la reforma del mercado de trabajo en España, es una reforma ambiciosa de fondo y que mira hacia la posibilidad de tener trabajos decentes y, sobre todo, vidas dignas».
Reducir la temporalidad
Y es precisamente limitar los contratos temporales uno de los principales puntos sobre los que gira la reforma. El Ministerio que dirige Yolanda Díaz plantea fijar un máximo del «15%» en la temporalidad dentro de las empresas. El gran volumen de contratos temporales es uno de los principales problemas del mercado laboral en España: alcanza al 27% de los trabajadores, el dato más alto de la Unión Europea.
Los contratos temporales en España representan la inmensa mayoría, y es algo que no gusta al Gobierno, pero sobre todo no gusta a Bruselas, que considera imprescindible cambiar esta realidad. De cumplir con esta exigencia depende, también, la llegada de los fondos europeos.
Por eso, Trabajo propone reducir los tipos de contrato: de los 33 que ahora están en vigor en España, a tres, uno indefinido o estable, otro el temporal y uno más, de formación. Uno de los cambios de mayor calado que esta propuesta lleva consigo sería el fin del contrato de obra y servicio y del fijo de obra, de manera que estos trabajadores pasarían a ser indefinidos.
Díaz busca castigar a las empresas que abusen de la temporalidad, por ejemplo, estableciendo que serán nulos los despidos ligados a la temporalidad.
Convenios sectoriales
Trabajo quiere volver a que los convenios sectoriales prevalezcan sobre el de la empresa, ya que ahora mismo sucede al revés. Con esta medida busca evitar el empeoramiento de las condiciones laborales que se pueden dar con los convenios de empresa, así como que sea más sencillo proteger a los trabajadores, ya que negociar para un sector completo blindará a muchos más trabajadores que si cada empresa negocia con sus empleados. El cambio beneficiará a los empleados, sobre todo, en materia de condiciones salariales y duración de jornadas.
En cuanto a la ultraactividad de los convenios que fijó la reforma de 2012, el Gobierno plantea que los convenios no decaigan cuando termine su vigencia, sino que continúen un año más, mientras se renuevan. Si no se ha acordado uno nuevo al terminar ese plazo, se abre un proceso de mediación, durante el cual se sigue manteniendo el convenio.
Coto a la subcontratación
El Gobierno no va a prohibir la subcontratación. Lo que aparece en el borrador presentado por Trabajo a los agentes sociales es que la empresa principal deberá asumir las deudas y los impagos de la contrata o subcontrata, es decir, que existirá una responsabilidad subsidiaria. Por tanto, la empresa deberá asumir las obligaciones contraídas con la Seguridad Social mientras dure el contrato (o, incluso, durante los tres años siguientes, dependiendo de lo que se acuerde), así como el pago de los salarios de los trabajadores (durante el contrato y el año siguiente), algo que los empresarios creen que perjudicará enormemente a las compañías.
Yolanda Díaz propone crear, además, unos ERTE permanentes que quiere llamar Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo, es decir, un mecanismo de flexibilidad interna que permita rebajar las jornadas de los trabajadores y que sirva de alternativa a los despidos. Por tanto, la empresa deberá utilizarlos en lugar de los despidos ante crisis estacionales y salvo en casos en que sea inviable, momento en que deberá justificarse debidamente.
Calviño evita sumarse al discurso sobre derogar la ley del PP
“Llevo tres años y medio de ministra primero y después de vicepresidenta emplazándonos a todos a superar el debate entre reformas, contrarreformas…”, ha dicho Nadia Calviño. “Creo que lo que tenemos que hacer es trabajar mirando al futuro y abordar un paquete equilibrado de cambios que modernicen nuestro mercado laboral”.
Con sus palabras ha hecho un guiño a la CEOE para intentar sumarla al “amplio acuerdo social” que el Gobierno quiere lograr para la reforma laboral.
Otro asunto más en lo que la vicepresidenta disiente con la titular de Trabajo es sobre la velocidad que llevan las negociaciones. Calviño asegura que aún “no se ha iniciado la fase de negociación y de concreción del paquete” de cambios que incluirá la reforma laboral.
Lo que si afirma es que la reforma estará antes de que acabe el año, tal y como se prometió a la Comisión Europea. “Nuestro objetivo es llegar a un acuerdo lo antes posible… para encauzar la creación de empleo que se puede derivar de esta fase expansiva de la economía”.
