El Tribunal de Cuentas ha cifrado en 28.810 millones el coste que la seguridad Social tuvo que afrontar en 2020 para ayudas por la pandemia del coronavirus. El 67% de ese dinero se dedicó a sufragar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y las prestaciones por desempleo.
Así figura en el informe de fiscalización sobre el impacto económico producido por la crisis derivada del covid-19 en las entidades y organismos del ámbito de la administración sociolaboral y de la Seguridad Social en 2020, que ha aprobado el Tribunal de Cuentas para su remisión al Congreso.
Es uno de los tres informes sobre los costes de la pandemia que ha aprobado el pleno de la institución, junto con otro sobre los avales otorgados por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las compensaciones a las autoridades portuarias para mitigar los efectos de la crisis sanitaria.
