Ana Sánchez Arjona
Ya está en marcha el rescate anunciado para pymes y autónomos por el presidente del Gobierno el pasado 24 de febrero. Después de una semana de intensas negociaciones entre los socios del Gobierno, el Consejo de Ministros, en reunión extraordinaria, ha dado luz ver a un a paquete de ayudas que incluye un fondo de 7.000 millones en transferencias directas y la ampliación de la moratoria concursal hasta final de año. Las ayudas directas servirán para cubrir los costes fijos de la compañías que hayan sufrido una caída de facturación de al menos el 30%. Se destinarán hasta 3.000 euros por autónomo y de 4.000 a 200.000 euros para el resto de empresas.
Después de una semana de intensas negociaciones entre los socios del Gobierno de la coalición, el Consejo de Ministros, en reunión extraordinaria, ha dado luz ver a un ambicioso paquete de ayudas a empresas que incluye un fondo de 7.000 millones de euros para transferencias directas y la ampliación de la moratoria concursal hasta final de año con el objetivo de contener un aluvión de liquidaciones ante el alargamiento de la pandemia.
La balanza se ha inclinado finalmente del lado de Unidas-Podemos que pedía que a las ayudas directas se destinaran 8.000 millones.
Si en la propuesta inicial la vicepresidenta económica Nadia Calviño hablaba de 2.000 millones, durante la semana se filtró que Calviño aceptaba subir esta partida hasta los 5.000 millones.
El plan aprobado por el Consejo de Ministros contempla tres ejes: ayudas directas, reestructuraciones de deuda vinculada a créditos del ICO en colaboración con la banca, que como último recurso incluirán quitas, y un soporte a la solvencia de las pymes
Pero lo importante, aunque tarde para algunos, es que se ha desbloqueado así el rescate que llevan meses reclamando las empresas y el Gobierno lo hace antes de que empiece la Semana Santa para calmar los ánimos en el sector de la hostelería ante el cierre de las CCAA decidido por el Ejecutivo.
El decreto aprobado por el Ejecutivo incluye la creación de tres nuevos fondos destinados a asistir a las compañías más afectadas por las crisis del Covid-19, atenuar su deuda financiera y recapitalizar a las pymes.
El primer de ellos, el más reclamado por patronales y autoridades como el Banco de España, es el fondo de ayudas directas que se destinará a cubrir los costes fijos de empresas que hayan sufrido una caída de facturación de al menos el 30%. La cuantía será repartida a través de las comunidades autónomas, que recibirán el dinero en un plazo máximo de un mes y 10 días. La Agencia Tributaria ayudará a identificar la caída de ingresos en cada empresa.
“A la hora de considerar las necesidades de las distintas empresas y territorios resulta evidente le impacto diferencial de la pandemia en Baleares y Canarias por el alto peso del turismo en los archipiélagos”, ha expuesto Calviño, defendiendo que se les haya dado un tratamiento especial. 5.000 millones se destinarán a todas las regiones excepto los insulares y otros 2.000 millones para Canarias y Baleares.
Con cargo a esta línea, las comunidades podrán ofrecer ayudas no reembolsables de carácter finalista par el pago de deudas contraídas desde marzo de 2020 sean facturas, gastos fijos, suministros energéticos o pago a proveedores si sus ingresos han caído al menos un 30% en 2020 frente a 2019. Se destinarán hasta 3000 euros por autónomo y de 4.000 a 200.000 euros para el resto de empresas.
Calviño ha querido dejar claro que estas cuantías se suman a los 20.000 millones ya transferidos a las comunidades en 2020 y 2021.
Fondo de reestructuración
El segundo fondo, de 3.000 millones de euros, servirá para reestructurar la deuda contraída por las empresas que han obtenido financiación bancaria avalada por el Instituto de Crédito Oficial. El mecanismo incluirá quitas como último recurso y será coordinado por las entidades financieras, aprovechando su conocimiento de la solvencia empresarial, a través de la firma de un código de buenas prácticas.
Se contemplan tres posibles escenarios. Uno permitirá extender los plazos de vencimientos de los préstamos, adicional a la ampliación del pasado mes de noviembre; mientras que el decreto prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021 la posibilidad de solicitar la financiación garantizada por el ICO. Otro escenario sería convertir los préstamos en participativos gracias al aval público y el último recurso sería la transferencia directa para reducción del principal de la financiación avalada que se haya contraído durante la pandemia.
En cada una de las vías, el Estado asumirá la parte porcentual que haya avalado, del 80% del crédito, de media, mientras que la banca correrá con el resto, normalmente el 20%, incluyendo el caso de las quitas.
Fondo de recapitalización
Este fondo está dotado con 1.000 millones de euros que servirán para recapitalizar a pymes, a través de la firma pública Cofides, en la línea del fondo de 10.000 millones para grandes compañías estratégicas que maneja la SEPI.
Dispondrá de distintos instrumentos de endeudamiento y supondrá una participación del Estado en los beneficios futuros de las empresas ayudadas, y un plazo máximo de ocho años.
Los requisitos para acceder serán mantener viva la empresa hasta el 30 de junio de 2022, no podrán dividendos, ni incrementar los pagos de la alta dirección durante dos años, así como otros habituales como son no estar presente en paraísos fiscales.
Moratoria concursal durante todo el año para evitar el aluvión de insolvencias
En paralelo, para dar tiempo a que las ayudas surtan efecto y ayuden a paliar el potencial aluvión de insolvencias en ciernes, el Consejo de Ministros ha decidido extender hasta el 31 de diciembre la moratoria concursal vigente desde el pasado abril.
La medida, prorrogada en noviembre, vencía este domingo lo que hacía preciso dar margen adicional para evitar una oleada de procedimientos en los juzgados a partir del próximo lunes. Con la extensión por nueve meses se busca dar un colchón temporal extraordinario en el que el Gobierno tiene pendiente también impulsar una reforma de la ley concursal que adapte la directiva europea en la materia.
La moratoria supone la suspensión temporal del deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores voluntario que pesa sobre deudores insolventes, a la vez que exime a los jueces de la obligación de admitir a trámite las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores de las compañías en problemas.
Pese a la convocatoria extraordinaria de este viernes para impulsar el paquete lo antes posible, dada la urgencia demostrada por el tejido productivo tras la embestida de la tercera ola del Covid-19, la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha advertido que “sería muy arriesgado” esperar que las nuevas ayudas puedan desembolsarse en cuestión de días. El Gobierno, aseguró, trabaja para que “puedan llegar en el menor plazo de tiempo”, si bien explicó que el proceso es complejo por la intención de identificar bien qué compañías merecen la asistencia.
