Ana Sánchez Arjona ■
La posibilidad de giro político tras las elecciones generales que se celebrarán previsiblemente a finales de este 2023 planea sobre la reforma de las pensiones presentada por el Gobierno a los sindicatos, que le han dado su respaldo. Tanto el ministro como los líderes de CC OO y UGT destacaban que la reforma cuenta con el aval de la Comisión Europea, un aval que pudiera jugar a favor de su supervivencia futura. Y es que, el nuevo modelo de pensiones tiene un escenario de aplicación progresivo en el tiempo que llega hasta 2050, lo que juega en contra del texto que acaba de aprobar un Consejo de Ministros extraordinario y que, previsiblemente, se tramitaría como proyecto de Ley para incorporar alguna modificación de los grupos parlamentarios.
Por fin, y en tiempo de descuento, el Gobierno de coalición, con el visto bueno de los sindicatos, anunciaba que ya tenía cerrada la segunda parte de la reforma de las pensiones cuyas negociaciones se han alargado durante este último año y medio.
Culmina así una dilatada negociación a tres bandas coordinada por el ministro José Luis Escrivá, que también ha buscado la aprobación de Bruselas y las formaciones políticas progresistas del Congreso. El nuevo texto tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad del sistema a futuro, por lo que se ha centrado principalmente en garantizar los ingresos, algo que ya le ha reprochado la CEOE.
La CEOE considera la reforma “regresiva” y carga contra un texto que, a su juicio, “mermará los salarios y aumentará los costes laborales”
Y es que la reforma pactada de forma bipartita tiene un escenario de aplicación progresivo en el tiempo que llega hasta 2050. Esto supone que distintos Gobiernos, de diferente color político, tienen en su mano si mantienen la reforma o deciden cambiarla en su totalidad o parcialmente.
La perspectiva de un posible cambio de ciclo tras las elecciones generales que se celebrarán previsiblemente a finales de este 2023 ha estado presente en las intervenciones de los líderes sindicales. Tanto el ministro como CCOO y UGT han destacado que la reforma cuenta con el aval de la Comisión Europea, un aval que pudiera jugar a favor de su supervivencia a futuro.
Por ejemplo, el PP ha cargado contra la reforma de las pensiones pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez con los sindicatos porque no solo no garantiza la sostenibilidad del sistema, sino que además pone en riesgo la creación de empleo. “La propuesta del Gobierno supone un impuesto al trabajo y al talento”, denunció el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, quien anticipó que los populares volverán a modificar las pensiones si retornan al Gobierno en las elecciones de finales de año.
En un encuentro con la prensa, Bravo reprochó al Ejecutivo que el PP tuviera conocimiento de la propuesta “a posteriori”; esto es, “después de haber sido pactada entre PSOE y Podemos a espaldas del resto de fuerzas políticas y de los propios agentes sociales”. “Una decisión que va a afectar a los próximos 30 años tiene que hacerse con consenso y acuerdo y, por lo menos, con diálogo con las formaciones políticas, los sindicatos y la patronal”, señaló Bravo, quien añadió que el Gobierno “ha conseguido que todo el mundo dude de la sostenibilidad de las pensiones” con un planteamiento que el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, “criticaba cuando estaba en la Airef”, que presidió de 2014 a 2020.
Objetivo: aumentar los ingresos
Lo cierto es que las medidas que incluye el acuerdo están fundamentalmente orientadas a aumentar los ingresos del sistema de pensiones a través de varios aumentos de las cotizaciones sociales que pagan mayoritariamente los empresarios, pero también los trabajadores.
Esta elevación de las cuotas patronales es la que ha llevado a los representantes empresariales a no estar en la foto del acuerdo. Si bien esta segunda fase también recoge mejoras de las pensiones mínimas; un cambio en los años de cómputo para determinar la pensión que beneficiará a quienes vean dañada su cotización al final de su vida laboral; y también acorta la brecha de género entre las pensiones de hombres y mujeres.
Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha destacado que es la primera vez que los sindicatos firman un acuerdo de implementación tan larga en el tiempo y ha ensalzado, sobre todo, que esta reforma tenga el respaldo de la Comisión Europea porque, según ha dicho, equilibra ingresos y gastos. “A partir de ahora quien quiera tocar el sistema tendrá que explicar a quién quita y a quien pone”.
Para Unai Sordo ha señalado que “estamos ante uno de los días más importantes de la legislatura”, después de la firma de la primera parte del acuerdo de pensiones, hace año y medio, que garantizó la revalorización de las pensiones con el IPC. “Son un paquete de medidas que pretenden instalar un sistema de ingresos estructurales que garanticen la sostenibilidad del sistema: habrá más ingresos, más sostenibilidad, más certezas”, según el secretario general de CCOO.
Ambos líderes sindicales han reprochado, no obstante, a los empresarios que hayan decidido no firmar esta segunda parte de la reforma de pensiones. “Aquí falta alguien y es una lástima que la CEOE no esté hoy en esta firma. No hay argumentos que justifiquen esta ausencia”, ha dicho Álvarez. Para este dirigente sindical “las cuotas –que se elevan con esta reforma– son salario diferido y los trabajadores no solo pagan la fiesta de la Seguridad Social, también la de los grandes beneficios empresariales”.
Las críticas entre Escrivá y dirigentes de la CEOE ha sido algo habitual en los últimos días. Desde Bruselas el ministro reprochó a los empresarios poner la mano para recibir ayudas públicas durante la pandemia, pero no estar dispuestos a aportar para la hucha de las pensiones. “Hay que estar a las duras y las maduras”, reprochó Escrivá a Antonio Garamendi que señaló: “Hemos planteado cosas, pero no se nos han dado datos (…) Es muy difícil hablar de algo sin los números y la realidad es que a fecha de hoy no tenemos la memoria económica de la reforma (…) El ministro no dice la verdad”, le replicó el presidente de los empresarios.
El ministro afea a los empresarios no estar dispuestos a aportar para las pensiones. “Hay que estar a las duras y las maduras”
La CEOE considera la reforma “regresiva” y “populista y cargan contra un texto que, a su juicio, “mermará los salarios e incrementará los costes laborales poniendo en peligro la creación de empleo”. Además, la patronal acusa al Gobierno de tener “voracidad recaudatoria”
Garamendi, ha pedido «cierto respeto» a la decisión de su organización de no respaldar la segunda fase de la reforma. “Cuando no es no, no es no. Puede gustar o no, pero que nadie dude de la lealtad de los empresarios y autónomos de este país (…). Cuando se trae una propuesta que crees que no es buena para tu país, nuestra obligación es decir que no”.
Las claves del nuevo modelo de pensiones
La nueva reforma de las pensiones estar condicionada a que el texto se tramite como proyecto de ley para incorporar alguna modificación de los grupos parlamentarios, según señaló ayer el propio José Luis Escrivá en la Cámara Baja. Independientemente de lo que ocurra, en este sentido, las claves de la reforma pasan por las subidas de las bases máximas de cotización con el objetivo de aumentar los ingresos que recibe el sistema para que sea sostenible. Este proceso se desarrollará entre 2024 y 2050, añadiendo a la tasa anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales.
La cuota de solidaridad para las rentas altas que será del 1% en 2025 e irá subiendo 0,25 puntos al año hasta llegar al 6% en 2045.
En la misma senda, el mecanismo de equidad intergeneracional crece. En vez de ser 0,6 puntos se dobla hasta 1,2 en 2050. Con estas medidas de incremento de ingresos, Seguridad Social pone el siguiente ejemplo para visualizar cómo cambiarían las prestaciones: “Un individuo de 25 años que se jubile en 2062 recibirá casi 20.000 euros más durante todo su periodo de jubilación con la reforma. Y, un individuo de 60 años y que se jubila en 2027 incrementará en 5.300 euros los ingresos con la reforma”.
Lo que se persigue con el incremento de las pensiones mínimas es que converjan con el 60% de la renta mediana nacional. Irán de los 13.500 euros anuales hasta unos 16.500 euros al año en el año 2027, casi 1.180 euros al mes en catorce pagas, según los cálculos de la Seguridad Social. Es uno de los datos que el ministro José Luis Escrivá ha dado en la comisión del Pacto de Toledo.
Además de las pensiones mínimas, el Gobierno también proyecta una subida de las pensiones no contributivas con esta reforma. Crecerían hasta alcanzar en 2027 el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal.
Respecto a la brecha de género, el complemento contra este desfase se incrementará en un 10% en 2024 y 2025, que será adicional a la revalorización anual ya contemplada.
Y uno de los principales asuntos que originaban el continuo desencuentro entre los miembros del Gobierno de coalición, era el modelo cómputo. Ahora, la reforma lo ha resuelto dando la posibilidad de elegir al pensionista entre dos sistemas. Se podrá acogerse a un periodo de cálculo de 29 años, excluyendo los dos de peor cotización, o quedarse en el sistema actual, de 25 años. La nueva opción se desarrollará “progresivamente” a lo largo de 12 años desde 2026.
