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El PP manda de nuevo al Congreso los PGE del PSOE

Los ‘populares’ se suman a independentistas y nacionalistas para aprobar una enmienda sobre lenguas cooficiales y rompen los planes del Gobierno

Por El Nuevo Lunes
25 de diciembre de 2021
in Economía
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La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado. / EUROPA PRESS

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado. / EUROPA PRESS

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Ana Sánchez Arjona

 

La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 tendrá que esperar… pero poco. Ha habido sorpresa en el Senado y, contra todo pronóstico, las cuentas públicas deberán volver al Congreso. La sorpresa llegó con la enmienda de Compromís sobre lenguas minoritarias, que pudo salir adelante gracias al inesperado apoyo del PP. Se trata de un contratiempo que trastoca temporalmente los planes del Ejecutivo, y al que el mismo Pedro Sánchez ha restado importancia: “Desde luego, si sirve para que el PP reconsidere su política de promoción de las lenguas cooficiales, bienvenido sea”. Así que será el próximo martes 28 cuando el proyecto deberá someterse a una última votación, tras un debate previo protocolario, tras el que, y salvo sorpresas de última hora, saldrían definitivamente adelante los PGE para el año que viene.

La tramitación exprés del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año que viene y que tenía que dar el visto bueno definitivo el Senado, sufrió un giró de última hora que no va a afectar a su entrada en vigor pero que retrasa una semana más su aprobación.

En concreto, el PP se saltaba el guion previsto y apoyaba una enmienda de Compromís sobre lenguas cooficiales que modifica el texto enviado a la Cámara Alta y obliga a devolverlo al Congreso de los Diputados para una nueva votación definitiva.

La enmienda plantea la promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Euskadi, Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares, con una dotación de 1,6 millones de euros

El pequeño contratiempo truncó los planes del Gobierno, que pretendía festejar desde el hemiciclo del Senado la aprobación definitiva de las cuentas públicas. De hecho, la gran mayoría de los ministros había acudido a la sesión con el objetivo de respaldar el visto bueno definitivo al texto.

Entre los escenarios que manejaba el Ejecutivo no entraba esta posibilidad. Ejecutivo y PSOE querían evitar que los Presupuestos fueran modificados siquiera mínimamente en el Senado, para que no tuvieran que ser remitidos, obligatoriamente, al Congreso. Por ejemplo, se había estudiado con lupa las posibilidades que recogidas en el reglamento de la Cámara para impedir que prosperara, con un apoyo previsiblemente considerable, la enmienda en la que se solicitaba la bajada del 21% al 10% el IVA que se aplica a los servicios de peluquería. Enmienda fue vetada en última instancia por el Gobierno bajo la tesis de que provocaba un recorte considerable de los ingresos previstos del Estado.

Finalmente, el presidente del Senado, Ander Gil, resolvió la solicitud de controversia presentada por el Gobierno y estas enmiendas sobre la fiscalidad de las peluquerías no se sometieron a votación en el último Pleno sobre los PGE en la Cámara Alta 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los pasillos del Senado, ha restado importancia, no obstante, al hecho de que el proyecto de ley no haya podido ser definitivamente aprobado después de participar en la sesión de control al Ejecutivo. “Desde luego, si sirve para que el PP reconsidere su política de promoción de las lenguas cooficiales, bienvenido sea”.

La enmienda en cuestión, aplaudida desde el bloque de la oposición liderado por el PP, obtuvo 139 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones de un total de 262 votos emitidos.

En la enmienda, emitida como voto particular por el senador Carles Mulet García, se plantea la promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias a las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Euskadi, Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares, por importe de 1,6 millones de euros.

La mayoría de grupos han presentado, durante las últimas semanas en el Senado, casi 4.000 enmiendas parciales a los Presupuestos, con la sorpresa de que ERC, socio del Gobierno que apoyó la tramitación de las cuentas en el Congreso, registró más de una quincena

La mayoría de grupos presentaron durante las últimas semanas en el Senado casi 4.000 enmiendas parciales a los Presupuestos, con la sorpresa de que ERC, socio del Gobierno que apoyó la tramitación de las cuentas en el Congreso, registró más de una quincena debido a que aún no había cerrado un acuerdo con el PSOE sobre la futura ley audiovisual.

 

En una semana

El proyecto deberá someterse a una última votación el próximo martes cuando tenga lugar un último debate sobre los Presupuestos que, previsiblemente, podrían quedar directamente aprobados por mayoría absoluta. Y si se produjera una nueva sorpresa, dos meses después se produciría una nueva votación y las cuentas podrían ser aprobadas por mayoría simple. En su primera etapa en el Congreso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado recibió el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País, Nueva Canarias, Compromís, Teruel Existe y PRC.

 

Las grandes cifras de las cuentas

Los Presupuestos descansa sobre un techo de gasto récord de 196.142 millones de euros. ligeramente por encima de los 196.097 millones de 2021, al incorporar los más de 27.000 millones de gasto asociado a los fondos europeos. Con estos recursos, el Gobierno pretende apuntalar la recuperación en 2022, con un crecimiento de la economía española del 7% y un aumento del empleo del 2,7%, que permitirá reducir la tasa de paro al 14,1%, según el cuadro macroeconómico presentado el pasado 21 de septiembre.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subrayaba que el proyecto hace una apuesta decidida por mejorar la situación económica de los más jóvenes. En concreto, destina 12.550 millones a tal fin, el doble que en el ejercicio anterior, incluyendo el nuevo bono de 250 euros para facilitar la emancipación de menores de 35 años. También se incorpora el cheque cultural de 400 euros para quienes cumplan 18 años en 2022.

Además, se destina “la mayor cifra nunca aprobada” para becas, un total de 2.199 millones de euros.

Pero una de las cifras más gruesas de las cuentas públicas es la destinada a la inversión que apuntala la llegada de los fondos europeos y que le va a permitir al Ejecutivo dedicar a este apartado unos 40.000 millones, tanto en apoyo a la industria como en el desarrollo de infraestructuras y proyectos de transición ecológica y digitalización. “Son los Presupuestos que cuentan con la mayor partida de inversión, más de 40.000 millones de euros a inversión y transferencias de capital”, explicaba la ministra para señalar que el Gobierno espera la llegada de 27.633 millones de euros. Las transferencias que el Estado va a hacer para inversión serán un 85% procedentes de este dinero. Es decir que nueve de cada diez euros de los fondos europeos que van a llegar se dedicarán a inversión en los Presupuestos del Estado.

La previsión es que España reciba 69.528 millones de euros en transferencias directas a fondo perdido hasta 2023 del total de 140.000 millones de euros de fondos europeos de reconstrucción que le corresponden hasta 2026, y se vayan movilizando “progresivamente” los 70.000 millones de euros en créditos previsto para financiar inversiones a partir del año 2022.

A las políticas de empleo se destinarán 7.600 millones. La política industrial recibirá 11.300 millones. Además, se invierten 11.800 millones para infraestructuras y ecosistemas resilientes.

El proyecto también incluye una transferencia de 18.396 millones para la Seguridad Social, un 32,1% más que la transferencia “equilibradora” de 13.929 millones de este año. Los PGE de 2022 serán por tanto los primeros que incorporen este compromiso de que el Estado asuma los gastos impropios de la Seguridad Social para liberar al sistema de gastos impropios y revalorizar las pensiones con arreglo al IPC.

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