Ana Sánchez Arjona
La titular de Hacienda tiene un arduo trabajo por delante. En 2020, no estaba claro que pudieran aprobarse los Presupuestos de 2021. Ahora el contexto es distinto. Con la vacunación al 70% y la recuperación encarrilada todo queda a expensas de sus socios de Gobierno. Montero asegura que las negociaciones con Unidas Podemos ya han empezado y que las cuentas públicas son una “oportunidad histórica” gracias a los 72.000 millones procedentes de los fondos europeos. Pero los compañeros de viaje del Ejecutivo ya han puesto sobre la mesa la necesidad de acometer una subida fiscal, una opción que no se contempla en la reforma que plantea el Gobierno y cuyas líneas maestras han encargado a un grupo de expertos que han de presentar sus primeras conclusiones antes de que finalice el año.
Ya ocurrió el año pasado, en el acto similar de arranque de curso. Pedro Sánchez prometió “estabilidad” ante la cúpula empresarial y bajo la atenta mirada de su Consejo de Ministros. Entre ellos, María Jesús Montero, la titular de Hacienda, que tiene un arduo trabajo por delante los próximos meses. En 2020, no estaba claro que pudieran aprobarse los Presupuestos de 2021. Ahora el contexto es distinto, con la vacunación al 70% y la recuperación lanzada. No obstante, el responsable del Ejecutivo volvió a reafirmar ese mensaje. El Gobierno ha cumplido 604 días desde su investidura, el 7 de enero de 2020. “Y cada uno de esos días hemos actuado, adoptado decisiones, ha elaborado leyes, aportado recursos y cerrado acuerdos”.
El presidente se mostró convencido de que “en los aproximadamente 930 días que quedan de legislatura”, es decir, hasta finales de diciembre de 2023, la intención del Gabinete será la misma. Recordó las 144 iniciativas previstas para antes de que acabe 2021 incluidas en el Plan Anual Normativo aprobado por el Consejo de Ministros. Y, de entre ellas, una fundamental será la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022. Unas cuentas “para la recuperación económica justa”. “Y que presentaremos entre finales de septiembre y principios de octubre. Nuestro propósito es ambicioso: queremos hacer de España un país aún mejor que antes de la pandemia”.
La intención de María Jesús Montero es llevar el proyecto de Ley de Presupuestos al Congreso con la garantía de los socios de izquierdas de que no presentarán enmienda a la totalidad, por lo que las cuentas podrían continuar su tramitación sin sustos
Se trata de unas cuentas públicas que son para Mª Jesús Montero una “oportunidad histórica” gracias a los 72.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos.
Ya se negocia con UP
Desde el ministerio de Hacienda aseguran que las negociaciones con Unidas Podemos llegarán a buen puerto, aunque todavía no se ha entrado al detalle de las cuentas.
Montero avanzaba en este sentido que ya ha reanudado las conversaciones con los socios de Gobierno, aunque no se harán públicas “porque si no, peligra el resultado final”
UP exigen una subida fiscal a la que Sánchez se niega porque entiende que antes ha de asentarse la recuperación. La intención de María Jesús Montero es llevar el proyecto de ley al Congreso con la garantía, de los socios de izquierdas, de que no presentarán enmienda de totalidad, por lo que los PGE podrían continuar su tramitación sin sustos. La ministra ha observado “buena disposición” en ellos.
Pero de momento esa subida fiscal no se contempla en la reforma que prepara el Ejecutivo. Antes de las vacaciones de verano, Montero anunciaba el nombre de los 17 expertos del grupo para elaborar la propuesta que deberán entregar sus conclusiones antes de que acabe el año. La ministra ha desvelado que desea acelerar ciertas medidas para que entren en vigor ya en 2022, de la mano de los Presupuestos Generales. Entre ellas, está la armonización de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones sobre todo en aquellas regiones con “vacíos de contenido”, en referencia a Madrid, donde Patrimonio se bonifica al 100% y en la práctica no existe. La ministra ha señalado su deseo de abordar esta última parte en el marco de la reforma de la financiación autonómica, por lo que lo tratará con las comunidades. Montero también quiere acelerar la subida de Sociedades, en consenso con la comunidad internacional tras las declaraciones al respecto de la Administración Biden. Pero insiste en que no renunciaríaa endurecer el tributo por su cuenta mientras se llega a un acuerdo global, como ha hecho con la tasa Google.
“Desde la propia Administración Biden está pronunciándose en torno a la necesidad de obtener una mayor eficacia de esta figura fiscal que tiene un bajísimo rendimiento a nivel internacional y cada vez más son los países –antes estaba la OCDE liderando este procedimiento- ahora también se ha unido la administración norteamericana, que era una de las grandes resistentes a poner en marcha un proceso de este tipo. Así que seguro el Impuesto de Sociedades va a ser uno de los más importantes en este primer momento de la reforma fiscal”.
El objetivo de la reforma es cerrar a lo largo de la legislatura la brecha de recaudación con Europa, de entre 7 y 8 puntos del PIB, es decir, más de 80.000 millones adicionales. También que la reforma de la fiscalidad patrimonial es un tema que se debate en todo el mundo. El FMI, sin ir más lejos, ha reclamado una tasa Covid temporal a los más ricos y endurecer tributos como Patrimonio y Sucesiones.
Otra de las metas es que persigue Montero es que las comunidades autónomas solucionen su “infrafinanciación”, al tiempo que ha recordado los 16.000 millones de fondo Covid a las regiones en 2020 y de 13.000 en 2021.
“La idea del Gobierno”, señala la ministra, “es que,independientemente de que el documento final pueda estar en torno a un año, vayan anticipando algunos trabajos sobre las figuras tributarias en las que vayan teniendo avances, al objeto de que el Gobierno pueda tenerlos en cuenta para la preparación de los Presupuestos de 2022 pero también para el nuevo modelo de financiación autonómica que también es un elemento indisoluble de esta reforma fiscal”.
El embrollo jurídico de convertir en fijos ‘por la vía rápida’ a los interinos
A los pocos días de añadir a su ministerio el epígrafe de ‘Función Pública’, María Jesús Montero anunciaba que los interinos de más de diez años ganarían su plaza sin oposiciones, (según lo pactado con ERC que hizo posible así la aprobación del decreto), generaba dudas jurídicas, en concreto sobre sí es constitucional o no. El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez ponía en entredicho que la propuesta tuviera cabida en la Constitución.
«Ya había avisos de los abogados del estado de inconstitucionalidad, habrá que ver cómo avanza y se concreta», decía Álvarez en una entrevista a la SER para añadir que «son novedades que no se pudieron introducir en la negociación porque el gobierno alegaba que eran inconstitucionales».
Desde el ministerio que antes dirigía Miguel Iceta, que es quien encabezó la negociación, no explican si esta decisión en concreto quedó fuera de la mesa por su posible inconstitucionalidad.
Así que, antes las dudas y los problemas que puedan surgir, los servicios jurídicos del Ministerio estudian la vía legal que procure el cumplimiento del compromiso parlamentario de convertir en fijos por la vía rápida a todos los interinos que acrediten al menos diez años.
El compromiso formulado el pasado mes de julio por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero no gusta a los sindicatos que aseguran que las conversaciones que derivaron en un acuerdo se centraron en elaborar un modelo que ofreciera todas las garantías de seguridad jurídica a un proceso que es de por sí complicado. No entienden porque el Gobierno ha modificado un acuerdo que consideran equilibrado y consideran que el Ministerio tiene que dar una solución a un grave embrollo que ellos mismos han provocado.
La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración (Fedeca) señala en un comunicado que las últimas resoluciones del Tribunal Supremo sobre el particular “ponen de manifiesto que la solución a este problema pasa necesariamente por la convocatoria de procesos selectivos que permitan que se provean de manera definitiva las plazas vacantes”.
Una llamada de atención más al Gobierno de que encontrar una solución para que se haga realidad lo acordado con ERC es extremadamente complicado.
