La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicaba el martes que el Ejecutivo envió a Bruselas ayer, lunes, por la tarde las dos ‘fichas’ relativas a la reforma laboral y de las pensiones en relación al Plan europeo de recuperación por la pandemia. Finalmente, ha explicado Montero, el último borrador remitido a la Comisión Europea no incluye la ampliación a 35 años del periodo de cómputo de las pensiones.
A preguntas de este medio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, María Jesús Montero ha respondido que el último borrador enviado a Bruselas sobre la reforma de las pensiones «no lleva ningún tipo de alteración respecto a lo que actualmente existe» sobre el cómputo de las pensiones. Es decir, que el Ejecutivo habría decidido no incluir la propuesta de ampliarlo a 35 años, como se debatía internamente. Con la legislación actual, ese periodo alcanzará los 25 años cuando se despliegue del todo la reforma de las pensiones pactada en 2011.
Montero señala que el último borrador enviado a Bruselas “no lleva ningún tipo de cambio sobre el cómputo de las pensiones”
Más tarde, en una rueda de prensa sobre el acuerdo para ampliar los ERTE, el ministro Escrivá ha confirmado que la ampliación a los 35 años no se ha incluido en el texto, pero ha precisado que se apuesta por avanzar en la «contributividad» del sistema. Este término suele traducirse en un aumento de los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, una medida que se entiende que es más contributiva, ya que el trabajador percibe una pensión más adecuada a la contribución que hizo al sistema como trabajador a lo largo de su carrera.
El pasado martes por la tarde, el Ejecutivo ha citado a los agentes sociales para abordar de nuevo las reformas que ha remitido a Bruselas, después de que este lunes apenas las detallara en un primer encuentro con los líderes sindicales y patronales. Los sindicatos reclamaron al Ejecutivo la documentación enviada a la Comisión, para conocer en qué terminos se comprometía España con la UE en estos temas.
‘No’ de Unidas-Podemos
La propuesta de ampliar de los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión generó un fuerte rechazo dentro del Gobierno, por los ministros de Unidas Podemos, que lo tacharon de «recorte» en las pensiones. Pero también fuera, por parte de los sindicatos, que advertían de que la medida no formaba parte de las recomendaciones recién aprobadas por el Pacto de Toledo.
Según el ministro José Luis Escrivá tenía como objetivo justificar en Bruselas otras reformas que aumentaban el gasto en pensiones, como el mecanismo de revalorización en base al IPC que sustituiría la fórmula del 0,25% de Rajoy. Nadia Calviño reconoció que el debate sobre la ampliación del periodo de cálculo estaba abierto en el Gobierno y mencionó la posibilidad de permitir que se excluyeran algunos años por parte de los trabajadores.
Escrivá, ha mantenido cautela hasta el momento en sus respuestas sobre este tema, en los que se remitía a las negociaciones aún abiertas del diálogo social, en las que no se ha planteado la medida dentro del plan del Gobierno para reformar las pensiones. Hasta el psado lunes, cuando Escrivá desgranó en una entrevista en El Periódico sus planes para reformar la legislación sobre pensiones en dos fases este año, una primera que pretende llevar al Parlamento en el primer trimestre del año y un segundo bloque de medidas que encuadra previsiblemente en el segundo semestre del año.
Mercado laboral
María Jesús Montero se ha referido también a la ‘ficha’ sobre reformas del mercado laboral que se ha enviado al Ejecutivo Comunitario. Tras una intensa negociación en el seno del Gobierno se logró un acuerdo en el texto remitido a Bruselas, en el que entienden que se recoge el desmontaje de la reforma laboral del PP de 2012, que la coalición incluyó en su acuerdo de gobierno.
El texto remitido es explícito, con menciones a los elementos conocidos como «más lesivos» de la reforma laboral de Mariano Rajoy, dentro de la «modernización de la negociación colectiva», como la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos y la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa. Además, se aborda también la intención de revisar los descuelgues de los convenios, así como la legislación sobre subcontratación.
