El Consejo de Ministros ha aprobado la nueva ley de empleo, un marco que ofrecerá herramientas «nuevas y más eficaces» para mejorar la orientación laboral y el acompañamiento tanto para la búsqueda de empleo como para mejorar la empleabilidad y que incluye, entre otras medidas, la transformación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la Agencia Española de Empleo en un plazo máximo de seis meses, con el fin de mejorar su gestión y funcionamiento.
«Si hay un servicio público conocido en nuestro país, es el SEPE, y es una de las grandes demandas de los ciudadanos de nuestro país», ha dicho la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y ha añadido que la transformación incluirá digitalización, modernización e incorporación de nuevas metodologías.
Se trata de una norma que ya había recibido el visto bueno del Ejecutivo en diciembre del pasado año en primera lectura, y que ahora también completa el trámite de segunda lectura. La ley será remitida a las Cortes para su tramitación.
La nueva ley, prevista en el plan de recuperación, dotará a las políticas activas de empleo de una dimensión local, estableciendo nuevas fórmulas de colaboración con los ayuntamientos. La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales podrá formular acuerdos y recomendaciones específicas para atender las necesidades específicas en cada territorio. Asimismo, aumenta el plazo para que las comunidades autónomas ejecuten el gasto en políticas activas de empleo que dispondrán a partir de ahora hasta el 31 de marzo.
«Es una norma absolutamente transversal, que tiene una mirada europea del empleo, desde la concepción de nuestro país, para adecuarnos y homologarnos a los niveles de Europa y mejorar el concepto de empleabilidad, nunca acertado en nuestro país», ha comentado la ministra.
Atención prioritaria
Se amplían los colectivos de atención prioritaria que incluyen, ahora, personas con capacidad intelectual límite, con trastornos del espectro autista, LGTBI, víctimas de la violencia de género, personas en exclusión social, mayores de 45 años, migrantes, beneficiarias y solicitantes de protección internacional, personas gitanas, o de otras minorías étnicas, trabajadores provenientes de sectores en reestructuración.
El pilar de la ley es el acompañamiento personalizado con una cartera común de servicios garantizada y una intermediación laboral eficiente. Se elaborará un perfil individualizado de la persona que recibirá tutorización individual y continuada y para la que se elaborará un itinerario con un expediente laboral personalizado único.
En cuanto a formación, cada persona recibirá formación para el empleo, podrá contar con asesoramiento para el autoempleo.
