El Consejo de Ministros ha aprobado la ley de vivienda para su remisión al Congreso por trámite de urgencia. La norma establece por primera vez un marco estatal de definición en conceptos como área de mercado tensionada, vivienda digna o gran tenedor de vivienda, a la vez que permite a las diferentes administraciones actuar para bajar o congelar los precios del alquiler o penalizar los inmuebles deshabitados.
El Consejo de Ministros, a su vez, ha prorrogado hasta el próximo 28 de febrero el llamado escudo social que suspende los desahucios de familias vulnerables, permite las moratorias en el pago de las rentas y prorrogar los contratos del alquiler o prohíbe el corte de suministros básicos.
Con la aprobación de la ley, ha explicado tras el consejo la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, el Gobierno fortalece la función social de la vivienda. Rodríguez se declaró «feliz» de presentar una norma que hace de la vivienda un derecho a proteger.
