El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros un plan de 2.200 millones para paliar los efectos de la sequía. De ellos, 784 millones de euros serán destinados a paliar los efectos de la escasez de precipitaciones al sector agrícola y el resto, casi 1.400 millones de euros, a la mejora de la gestión del agua.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, destacó que el Gobierno es consciente de que, incluso manteniendo umbrales promedios de precipitaciones, “viviremos episodios más frecuentes de sequía o bien de inundaciones” en los próximos años merced al cambio climático. Ribera ha destacado que las inversiones realizadas en materia hidrológica han aumentado desde los 1.462 millones de euros en 2011 hasta los 3.000 millones de 2023, con 1.000 millones de euros de ellos vinculados al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.
Ribera ha anunciado que el Gobierno apoyará a gobiernos autonómicos para construir desalinizadoras en Almería, Málaga –en Andalucía– y Tordera –Cataluña– para las que se destinarán 420 millones
Por el momento, 2023 es el quinto año con menos agua almacenada en los embalses desde que hay registros. En cuanto a las precipitaciones, el primer cuatrimestre de este año fue el más seco en el conjunto de España desde que la serie histórica nacional de precipitaciones comenzara en 1961, lo cual acrecienta la situación de sequía meteorológica de larga duración en la que se encuentra inmerso el país desde finales de 2022.
Dentro de las medidas aprobadas, Ribera ha anunciado que el Gobierno apoyará a gobiernos autonómicos para construir desalinizadoras en Almería, Málaga –en Andalucía– y Tordera –Cataluña– para las que se destinarán 420 millones de euros y 224 millones de euros para plantas de reciclaje del agua en Alicante –Comunidad Valenciana–. Según destacó Ribera, estas obras no estarán preparadas para el verano de 2023.
Construcciones ‘exprés’
Del mismo modo, la vicepresidenta tercera del Gobierno aseguró que el Ministerio dedicaría 35,5 millones de euros en construcciones ‘exprés’ hidráulicas; y aplicará exenciones del canon de regulación y de la tarifa de regulación del agua para 2023 en las zonas afectados por la sequía. En concreto, el programa estará dotado con 57 millones de euros y reducirá la cuota entre un 50% y un 100%, según la reducción de la dotación de agua de los regantes. Los beneficiarios indirectos de obras de regulación en la cuenca del Guadalquivir, por su parte, tendrán una reducción del canon del 50%.
El Ejecutivo también ha aprobado la sustitución de bombeos de agua subterránea por otros superficiales en los municipios aledaños al parque de Doñana. Por otro lado, Ribera ha anunciado medidas por valor de 610 millones de euros en consonancia con Acuamed para activar la conducción Júcar-Vinalopó y sustituir el uso de aguas subterráneas por desaladoras.
Las pérdidas agrícolas siguen disparadas debido a la escasez de precipitaciones.
Ante este panorama, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, también presentó las medidas destinadas al sector agrario, que estarán valoradas en 784 millones de euros y se sumarán a la rebaja fiscal al campo, con reducciones del IRPF en el sistema de módulos de 1.807 millones de euros en 2023, y los 317 millones de euros destinados a fomentar los seguros agrarios frente a la sequía.
Asimismo, el real decreto-ley contempla que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establecerá los criterios para que, de una forma armonizada, las autoridades
competentes de las comunidades autónomas puedan flexibilizar determinados requisitos de las ayudas directas de la PAC, al objeto de que las circunstancias devenidas como
consecuencia de la sequía no representen impedimentos añadidos para la percepción de dichas ayudas.
