El Gobierno ha prorrogado la vigencia de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo hasta el 28 de febrero de 2022. En principio, estaba previsto que la prórroga llegase hasta el 31 de enero, pero las empresas necesitan más tiempo para adaptarse a la nueva fórmula planteada por el Gobierno que quiere primar la formación de los trabajadores en las empresas.
El acuerdo definitivo, y su pase al Consejo de Ministros, dependía del respaldo de CEOE y Cepyme, que reunieron urgentemente a su comité ejecutivo. Los empresarios, que dieron luz verde al pacto, ligaban su apoyo a que el Ejecutivo llegase a un acuerdo con las organizaciones de autónomos. También para prorrogar las ayudas a este colectivo. ATA, la organización más representativa del sector, forma parte de la CEOE. En un comunicado, la organización presidida por Antonio Garamendi explicó que considera positivo «el trato a la formación en este acuerdo, que avala el compromiso de las organizaciones con los trabajadores para garantizar su empleabilidad» así como la ampliación del plazo que habían solicitado «que protege, así, a las empresas españolas en ERTE para que puedan llegar a la campaña de Semana Santa esperemos que en un contexto de normalidad».
El acuerdo entre el Gobierno, CCOO y UGT fija las exoneraciones de cotizaciones sociales para las empresas de más de diez trabajadores tendrán un 40% de exoneración de las cotizaciones sociales por los trabajadores que tengan el empleo suspendido y no reciban formación. Por el contrario, las exoneraciones serán del 80% cuando estas personas tengan un plan de reciclaje profesional. Este será el mismo nivel de reducción de las cotizaciones, el 80%, para el mismo caso en las empresas de menos de 10 trabajadores. La exoneración será del 50% cuando no haya cursos de formación para los empleados con el puesto de trabajo suspendido.
Un mínimo de formación
En este sentido, las compañías de hasta cincuenta trabajadores deberán dar un tiempo mínimo de formación, comprendido entre en 30 horas, a lo largo de la duración del expediente. Esta exigencia subirá a 40 horas para las empresas que tengan más de 50 trabajadores. Además, se vincularán las acciones formativas con los créditos ya establecidos en la normativa de formación para las empresas en función del tamaño de su plantilla.
No obstante, el Gobierno mantendrá la exoneración total de las cotizaciones sociales para aquellas empresas que no puedan trabajar de ninguna manera, porque se lo impiden las medidas para luchar contra la pandemia.
Además, las empresas podrán solicitar la prórroga de los ERTE durante todo el mes de octubre. Se amplía el plazo inicial de 10 días, hasta el 10 de octubre, que había fijado el Ejecutivo. Máxime cuando el expediente se prorrogará automáticamente si la administración no contesta en ese tiempo. Por lo tanto, la vigencia del ERTE comenzará en noviembre. Eso sí, el Gobierno mantiene la prohibición de despedir a los trabajadores en regulación de empleo, hasta seis meses después de terminado el expediente. También prohíbe el reparto de dividendos a las compañías que se acojan a un ERTE, y veta la presencia de las empresas que tengan su sede principal en paraísos fiscales.
El acuerdo recoge también otras ventajas para los trabajadores que estén en uno de estos expedientes de regulación temporal de empleo que no consumirán tiempo de prestación por desempleo.
Sumario:
El Gobierno mantendrá la exoneración total de las cotizaciones sociales para aquellas empresas que no puedan trabajar de ninguna manera porque se lo impiden las medidas para luchar contra la pandemia.
