Ana Sánchez Arjona ■
Nadia Calviño apostaba, hace apenas unos días, por la implantación de un marco fiscal “global”, tras la polémica generada tras el anuncio de la marcha de Ferrovial. A su juicio, el establecimiento de un “tipo mínimo de sociedades común” evitaría la huida de compañías a otros países, así como la competencia entre distintos sistemas fiscales, algo que sólo conlleva una “competencia a la baja que nos empobrece a todos”. Así que, dicho y hecho porque el Gobierno, el Ministerio de Hacienda, se ha puesto manos a la obra para implantar ese nuevo mínimo que empezó a gestarse en 2021 y que afectará a las empresas con una facturación anual global igual o superior a 750 millones de euros. El objetivo final es combatir la pérdida de recaudación que provoca “la localización o el desplazamiento de las rentas de las grandes empresas” a “territorios de bajo nivel impositivo”.
A consulta pública acaba de lanzar el ministerio de Hacienda la intención de gravar a las multinacionales con una tributación mínima del 15% y evitar la elusión fiscal, tal y como acordaron los países que componen la OCDE y que rubricó la Unión Europea el pasado mes de diciembre con la publicación y aprobación de una nueva directiva comunitaria.
“Ahora se somete a información pública previa (a la redacción del correspondiente Anteproyecto de ley), un documento sobre la transposición de la citada Directiva, a fin de recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas que potencialmente puedan verse afectados por esa norma (que será una ley)”.
La directiva establece un impuesto complementario a las multinacionales mediante dos reglas vinculadas entre sí: la regla de inclusión de rentas y la regla de beneficios insuficientemente gravados
“Concretamente, la opinión se solicita respecto a los siguientes aspectos: los problemas que la iniciativa pretende solucionar, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias”, explica Luis del Amo, secretario técnico del REAF del Consejo General de Economistas
El objetivo final es combatir la pérdida de recaudación que provoca la localización o el desplazamiento de las rentas de las grandes empresas.
“Esta norma en ciernes”, señala del Amo, “tiene su último origen en la iniciativa de la OCDE contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS), que persigue poner fin al traslado de beneficios a territorios de baja tributación y limitar la competencia fiscal en los tipos del impuesto sobre beneficios empresariales”
Pese al holgado calendario fijado por Bruselas, el Gobierno ha movido ficha en plena polémica sobre el cambio de sede de Ferrovial a los Países Bajos, cuyo tipo medio del impuesto de sociedades es del 25,7%, superior al de España pero que, sin embargo, permite llegar a acuerdos privados entre la administración y multinacionales en materia de fiscalidad, además de ofrecer exenciones en el gravamen que se fija sobre los dividendos.
Hace algo más de una semana, la vicepresidenta Nadia Calviño, apostaba por la implantación de un marco fiscal “global”, tras el anuncio realizado por Ferrovial. A su juicio, el establecimiento de un “tipo mínimo de sociedades común” evitaría la huida de compañías a otros países, así como la competencia entre distintos sistemas fiscales, algo que solo conlleva una “competencia a la baja que nos empobrece a todos”.
750 millones o más de facturación
Así que, dicho y hecho porque el Gobierno se ha puesto manos a la obra para implantar ese nuevo mínimo que empezó a gestarse en 2021 y que afectará a las empresas con una facturación anual global igual o superior a 750 millones de euros. Según recoge el texto elevado a consulta pública, España deberá tener aprobada la regulación antes del 31 de diciembre de este año para empezar a aplicarse de forma gradual en los periodos impositivos posteriores. “Quedan excluidas”, según Hacienda, las entidades públicas, las organizaciones internacionales, las organizaciones sin ánimo de lucro, los fondos de pensiones, y los fondos de inversión e instrumentos de inversión inmobiliarios cuando sean entidad matriz última”.
La directiva establece un impuesto complementario a las multinacionales mediante dos reglas vinculadas entre sí: la regla de inclusión de rentas y la regla de beneficios insuficientemente gravados. La primera hará que las matrices de grandes compañías tributen al menos un 15% de sus beneficios. La otra permitirá aplicar la carga fiscal necesaria a sus filiales para garantizar ese mínimo.
Todo ello para evitar que determinados territorios aprovechen su baja o nula fiscalidad para atraer a los gigantes empresariales
La primera parte tendrá efectos ya en 2024, mientras la segunda, se aplicará en la práctica el 1 de enero de 2025, según explica el texto.
Señala el Ministerio que la directiva “da la potestad” a los socios para aplicar un “impuesto complementario nacional admisible” a las empresas que cumplan los requisitos fijados y que estén situadas en su territorio cuando tengan un nivel impositivo bajo. Hacienda asegura que esto no significará un nivel mayor de imposición complementaria, “sino que parte de la que percibirían otros países o territorios procedentes de entidades situadas en territorio español será satisfecha aquí”.
Según detalla el ministerio, la transposición de la directiva comunitaria a la normativa interna española “evitará la erosión de las bases imponibles estableciendo el impuesto complementario que permita alcanzar el tipo mínimo global del 15% en las rentas” de los contribuyentes afectados. La UE añade que se trata de resolver la “erosión de las bases imponibles, causada por el desplazamiento de las rentas de las grandes empresas a países o territorios de bajo nivel impositivo”, que pasan a ser todos aquellos con un impuesto de sociedades con un valor inferior al 15%.
“En los últimos años, la Unión Europea ha adoptado medidas para reforzar la lucha contra la planificación fiscal agresiva en el mercado interior entre las que se encuentran las directivas contra la elusión fiscal”, explica el ministerio de Hacienda.
Además, y aunque Países Bajos también tendrá que adaptar la directiva europea, Hacienda quiere poner sobre la mesa que la regulación tributaria internacional va a comenzar a estrechar el margen con el que cuentan las empresas para rebajar su factura impositiva aprovechando las diferencias fiscales entre países.
El nuevo marco fiscal global, coordinado por la OCDE, afecta a 136 países y supone más del 90% del PIB mundial
En octubre de 2021, los países de la OCDE alcanzaron un acuerdo sin precedentes: un nuevo marco fiscal global para las empresas multinacionales que incluye un impuesto de sociedades mínimo del 15%.
El acuerdo alcanzado incluye a 136 países y jurisdicciones, que abarcan más del 90% del PIB mundial sobre los 140 que participan en las negociaciones, señaló la OCDE, coordinadora del proceso.
La OCDE calcula que la medida permitirá recaudar entre 100.000 y 240.000 millones de dólares (entre 84.000 y 202.000 millones a euros) al año que se pierden como consecuencia de la evasión fiscal, procedentes de los beneficios entre aproximadamente un centenar de multinacionales y empresas muy rentables, destacó la OCDE.
«El acuerdo de hoy hará que las disposiciones fiscales internacionales sean más justas y funcionen mejor. Esta es una gran victoria para un multilateralismo eficaz y equilibrado», afirmó el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.
La reunión entre los 140 países y territorios que forman parte del llamado «marco inclusivo» formaba parte del proceso para avanzar hacia la creación, por primera vez, de un mecanismo para que las grandes empresas paguen impuestos por los beneficios que generan en cada Estado o territorio, así como una fiscalidad mínima para los impuestos de sociedades.
«Tras años de intenso trabajo y negociaciones, este paquete histórico, asegurará que las grandes empresas multinacionales pagan su parte justa de impuestos en todos lados», ha explicado el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.
Hay que recordar que EEUU fue uno de los principales promotores de la implantación de este impuesto mínimo global. Así que, el acuerdo supone un aval en ese momento a los planes económicos del presidente Biden, que necesita financiar el aumento de gasto público para los próximos años a través de los diferentes programas de estímulo económico aprobados desde su llegada a la Casa Blanca.
