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El Gobierno, a por el cuarto paquete ‘anticrisis’

Con el remanente que ha supuesto cumplir con el objetivo de déficit, Moncloa estudia financiar nuevas medidas sociales vinculadas a la evolución de la inflación

Por El Nuevo Lunes
21 de abril de 2023
in Economía
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. / EUROPA PRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. / EUROPA PRESS

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Ana Sánchez Arjona ■

 

Ese remanente de haber cumplido con el déficit, incluso mejorado las estimaciones, ha supuesto para el Gobierno 3.000 millones para costear las medidas que pueda tomar dirigidas tanto a los sectores más vulnerables como a las clases medias en general. En principio, Moncloa quería anunciar un nuevo paquete de medidas antes de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28-M, pero el descenso de la inflación en el mes de marzo hasta el 3,3% le ha llevado a replantearse esa decisión y guardarse esa bala en la recámara de las generales. No se trata de un planteamiento electoral, dice el Ejecutivo, sino de la necesidad de adaptar las ayudas a la situación económica del país en cada momento. Desde el ministerio que dirige Mª Jesús Montero barajan los meses de mayo y junio para ponerlo en marcha.

Aunque los precios siguen a la baja, la inflación subyacente se mantiene en máximos. Y será esta referencia, es decir, el índice que muestra la variación de los precios de la cesta de la compra sin tener en cuenta los valores económicos de la energía ni de los productos que no requieren fabricación y que compara el aumento o la disminución del coste de los artículos en un corto plazo, la que tendrá en cuenta el Ejecutivo para activar otro plan de choque anticrisis.

Será el cuarto, y en este caso, tendrá un margen económico adicional porque el Gobierno ha cumplido con sus previsiones de déficit lo que le ha supuesto un remanente extra para impulsar nuevas medidas sociales durante este año electoral donde los haya.

El déficit público se situó en el 4,8% en 2022, dos décimas menos del 5% estimado y que el Ejecutivo envió a Bruselas. Y esto se ha producido por la subida extraordinaria de la recaudación.

Las ayudas como el cheque de 200 euros a las familias siguen siendo las que más papeletas tienen para prorrogarse con la intención de no tener que optar por extender a todo el territorio nacional el bono de alimentos que ha puesto en marcha la Comunidad Valenciana

Así que las arcas del Estado cuentan con alrededor de 3.000 millones más para costear las medidas que pueda tomar el Gobierno dirigidas tanto a los sectores más vulnerables como a las clases medias en general.

En principio, Moncloa quería anunciar un nuevo paquete de medidas antes de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28-M, pero el descenso de la inflación en el mes de marzo hasta el 3,3% le ha llevado a replantearse esa decisión y guardarse esa bala en la recámara de las generales.

No se trata de un planteamiento electoral, dice el Ejecutivo, sino de la necesidad de adaptar las ayudas a la situación económica del país en cada momento.

Lo cierto es que la primera intención es que el próximo paquete de medidas anticrisis se lanzara este mes de abril, pero desde el ministerio que dirige Mª Jesús Montero barajan los meses de mayo y junio para ponerlo en marcha.

Independientemente de las fechas, la idea es que las medidas en vigor se renueven según el impacto de la inflación de la cesta de la compra en productos determinados. Una actuación compleja, al margen de las ayudas directas y la rebaja del IVA.

Las ayudas como el cheque de 200 euros a las familias siguen siendo las que más papeletas tienen para prorrogarse con la intención de no tener que optar por otro tipo de acciones como la de extender a todo el territorio nacional el bono de alimentos que ha puesto en marcha la Comunidad Valenciana.

Lo mejor, tal y como estudia Hacienda, serían recuperar medidas como el descuento aplicado en los carburantes hasta finales de este 2023, pero aplicar este descuento en el sector de la alimentación dejaría fuera al comercio de barrio. Algo impensable si se quiere ayudar a todos ciudadanos.

Y esto es lo que siempre dudas sobre el plan de Ximo Puig a pesar de que en él se contempla que la tarjeta prepago sirva para cualquier establecimiento.

 

El bono de alimentos

En concreto, del bono cesta de la compra, que tendrá un presupuesto de 48,4 millones de euros y estará disponible a mediados de abril para familias con rentas de hasta 21.000 euros, que dispondrán de cuatro meses para gastarlo, se van a beneficiar alrededor de medio millón de personas.

Los grandes establecimientos no serán los únicos en los que podrá usarse la ayuda. La tarjeta prepago de 90 euros podrá utilizarse en cualquier tienda cuyo CNAE ( Clasificación Nacional de Actividades Económicas) incluya la venta de productos alimentarios

Con el objetivo puesto en los márgenes empresariales, en la última reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria se pactó la creación de grupos de trabajo que estudiaran la cadena de valor del aceite de oliva, leche, miel y algunos productos hortofrutícolas. El fin es analizar la suma de costes que intervienen en cada etapa de comercialización por las que pasa un alimento, desde su recogida por parte del agricultor hasta que llega a los hogares.

Lo que sí está claro, a día de hoy, es que la parte socialista del Gobierno no tiene intención de aplicar las medidas propuestas Unidas Podemos, como topar precios o bonificar en un 14% la cesta de la compra. Y a pesar de que se tuvo en cuenta la medida del Gobierno francés con la cesta antiinflación, de momento ha sido descartada.

El ministerio de Trabajo apuesta por que las nuevas medidas se destinen en ayudas a las familias. Yolanda Díaz propone ampliar el cheque de 200 euros y activarlas lo antes posible.

Para Unidas Podemos es prioritario seguir aplicando medidas por el alza constante de los precios en la alimentación y también por la escalada de las hipotecas.

 

Podemos lleva al Congreso una proposición no de Laey para topar el diferencial de las hipotecas

Precisamente la subida de las hipotecas ha llevado a la parte morada del Gobierno de coalición hasta tal punto que Unidas Podemos llevará a votación la semana del 24 de abril en el Pleno del Congreso una proposición no de ley para pedir al PSOE que aplique un tope del 0,1% al diferencial sobre el euríbor de todas las hipotecas variables inferiores a 300.000 euros y a bonificar de manera temporal el 16,5% de la cesta de la compra.

En la proposición se contempla también la gratuidad del cambio de una hipoteca variable a fija que la formación ya incluyó en otra proposición de ley.

La propuesta se registró el pasado viernes y los ‘morados’ han querido incluirla en el orden del día del Pleno del Congreso de la próxima semana para su debate el día 25 de abril.

El contenido de la proposición de ley que se debatirá en Pleno en los próximos días promete provocar una nueva brecha entre ambos socios del Ejecutivo.

Unidas Podemos le achaca al PSOE la falta de valentía frente a la inflación y la subida de los tipos de interés y le insta adoptar nuevas medidas más allá de la fallida rebaja del IVA en alimentos básicos.

Según Europa Press, la formación reclama el tope al diferencial hipotecario, una medida que estaría vigente durante un periodo mínimo de un año, prorrogable en periodos sucesivos de seis meses o hasta que el euríbor descienda por debajo del 1,5% durante tres meses consecutivos.

En un segundo punto, se exige facilitar el cambio de hipoteca sin coste, tanto si se trata de una novación automática en caso de solicitud por parte del cliente, como por la subrogación hipotecaria a tipo fijo en una nueva entidad financiera También sería aplicable en caso de retención del deudor hipotecario por el primer acreedor o, simplemente, cuando exista la posibilidad de cambiar a otra hipoteca de tipo variable con mejores condiciones para el cliente.

En el último punto es donde Unidas Podemos se refiere a crear una bonificación temporal y extraordinaria de un 16,5% sobre el precio de la cesta básica de productos, en línea con el aumento del IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas en el último año.

Su idea es que esta medida tenga un impacto “notablemente mayor” en los hogares de renta baja, al suponer la alimentación un mayor peso en su consumo.

De momento, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha advertido de que el Gobierno debe asegurarse de que las medidas que adopta en el ámbito hipotecario son «las más adecuadas» y no generan un «impacto colateral negativo» ni «distorsiones» entre hipotecas fijas y variables.

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