De aquí a mediados de siglo, según las diferentes simulaciones que se han llevado a cabo para elaborar el Plan 2050, el gasto público en pensiones en España podría incrementarse en hasta cinco puntos de PIB. La mayor parte de este aumento vendría de las pensiones contributivas, que se comerían entre el 15,2% y el 16,9% del PIB de aquí a 30 años frente al 10,8% de 2019, seis puntos más en el peor de los casos. Con todo, señala el documento, este alza podría ser menor en función del impacto de las medidas que se están discutiendo en la actualidad para hacer sostenible el sistema o retrasar la edad de jubilación.
El plan de futuro presentado por el presidente del Gobierno, se encomienda al diálogo social para intentar poner solución a una situación mediada a su vez por la evolución demográfica o del empleo. Basta señalar que el propio plan prevé que en 2050, por cada persona mayor de 64 años, haya 1,7 personas en edad de trabajar frente a las 3,4 actuales.
«El nivel actual de gasto en pensiones no supone, per se, una carga desproporcionada para el sistema. El porcentaje de PIB que España dedica hoy al pago de pensiones públicas totales es similar al de la media de la UE-27 e inferior al de países de la UE-8 como Austria o Francia», explica a modo de introducción del documento. No obstante, el aumento previsto para las tres próximas décadas, una vez lleguen las cohortes más pobladas de la generación del baby boom a la edad de la jubilación, «sí constituye un desafío importante, que tendrá que ser resuelto mediante el diálogo social, el rediseño de las políticas públicas y una revisión de las realidades materiales e inmateriales que rodean a la jubilación».
El texto apunta a revisar los tres pilares sobre los que se sustenta el debate que concierne a las pensiones.
El primero de ellos es la edad de jubilación, y aunque el plan no saca conclusiones en claro, sí sugiere que «la mayoría de análisis coinciden en que es necesario reducir prácticas como las jubilaciones anticipadas y aumentar la tasa de participación laboral de la población en edad avanzada a fin de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal». Con todo, deja de nuevo en manos del diálogo social las discrepancias respecto a si habrá que seguir o no retrasando esa edad legal de jubilación (más allá de los 67 años pactados para 2027) a medida que la esperanza de vida siga aumentando.
El segundo pilar es la evolución de la tasa de sustitución, entendida como el porcentaje que supone la pensión sobre los ingresos recibidos antes de la jubilación. En esta línea, el texto solo recalca que se debe conseguir que la tasa de sustitución «responda adecuadamente a la necesaria relación que debe existir entre la suficiencia y sostenibilidad de las pensiones públicas”.
