Ana Sánchez Arjona
Antes de que el Ministerio de Hacienda, en las próximas semanas, presente un documento base para tener en cuenta el criterio de población cuando se negocie la reforma de la financiación autonómica, el G8 de la España vacía, que representa algo más del 60% del territorio nacional ocupado sólo por el 24% de la población, ha sumado fuerzas y ha puesto sobre la mesa su propio modelo. Bastaron una cena y poco más de tres horas de reunión para la elaboración de un documento que recoge, como eje central y entre otros puntos, que la asignación de recursos entre las Comunidades Autónomas debe tener como objetivo “inexcusable” que todas puedan prestar servicios similares, con independencia de la capacidad de cada una para generar ingresos tributarios.
Galicia, Castilla y León (PP); Cantabria (PRC); y Asturias, Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha y Extremadura (PSOE) se han dado cita para sellar un pacto que presionar al Gobierno para que priorice el criterio de coste efectivo de la prestación de servicios, en el nuevo modelo de financiación autonómica. Es decir, que preste una especial atención a las comunidades que por criterios de población, dispersión, envejecimiento u orografía tienen que gastar más para cubrir la misma carta de servicios que comunidades con la población concentrada en áreas urbanas.
Los ocho presidentes autonómicos han acordado reclamar mejoras en la financiación para reforzar los servicios sanitarios y educativos y solicitan “la creación de un fondo específico de carácter estatal”
Todas ellas han sumado fuerza, además, para “rechazar privilegios económicos y sociales” a los nacionalistas. Por ejemplo, que la financiación autonómica se aborde de manera multilateral, y que no haya negociaciones bilaterales con ninguna comunidad autónoma concreta. Justo lo contrario de lo pide la Generalitat de Cataluña: negociar de tú a tú con el Ejecutivo
Y es que, la reforma de la financiación autonómica es la gran patata caliente que los sucesivos gobiernos que ha provocado que los sucesivos Gobiernos hayan mirado para otra parte desde 2014, año en que teóricamente caducó el modelo aprobado en 2009 por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Un modelo que todas y cada una de ellas han calificado de insuficiente, falto de equilibrio y sobre todo injusto porque, se quejan todas ellas, fue diseñado a la medida de Cataluña.
El Gobierno de Pedro Sánchez trató de abordar el asunto cuando llego al poder, 2018, pero no pudo ser. Ahora parece determinado a coger el toro por los cuernos y sentarse a negociar la renovación que los presidentes autonómicos demandan desde hace años y que se da por supuesto no será un camino de rosas para el Ejecutivo que dependen de los votos independentistas catalanes para sustentar la legislatura.
Tres horas de reunión
Una cena y tres horas de reunión han bastado para la elaboración de un documento que recoge, entre otros puntos, que la emergencia demográfica “tiene repercusiones que imponen el deber de fomentar la cohesión territorial con medidas que permitan revertir la evolución de la realidad demográfica”, asegura un documento en el que se reclama un alejamiento al criterio de que quien más recauda es quien más recibe: “La asignación de recursos entre las Comunidades Autónomas debe tener como objetivo inexcusable que todas podamos prestar servicios similares, con independencia de la capacidad de cada una para generar ingresos tributarios”.
Los 8 presidentes autonómicos han acordado reclamar mejoras en la financiación para reforzar los servicios sanitarios y educativos y solicitan “la creación de un fondo específico de carácter estatal para paliar las desventajas de las zonas con desafíos demográficos”. En su comparecencia, Alberto Núñez Feijóo habló sobre ello y mencionó, al igual que el extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, la necesidad de recibir inmigración para así invertir la pirámide poblacional.
En el encuentro se habló de lo complicado que resulta para las comunidades autónomas la prestación de servicios sanitarios a sus ciudadanos. En este sentido, el documento incluye la reclamación al Gobierno central de un “pacto nacional” para promover la oferta de profesionales sanitarios en Atención Primaria y Pediatría, dos de las áreas sanitarias con mayores carencias sobre todo en los territorios más despoblados. A esta reclamación concreta hicieron mención varios de los presidentes, entre ellos la socialista Concha Andreu, de La Rioja, o el regionalista cántabro Miguel ÁngelRevilla. Adrián Barbón fue claro, al hablar de “carencia de médicos y médicas en todo el país”.
La reforma de la financiación autonómica es la gran patata caliente que ha provocado que los sucesivos Gobiernos hayan mirado para otra parte desde 2014
Visto, lo visto, el encuentro entre cinco presidentes del PSOE, dos del PP, y el partido cántabro PRC, no ha hecho bueno el llamamiento de Pedro Sánchez y la titular de Hacienda para que no haya frentes a la hora de abordar la reforma. Lo que si tiene que haberles quedado claro a ambos es que, los responsables autonómicos socialistas defenderán los intereses de sus comunidades, por encima de su vinculación al partido, cuando se abra el melón de la financiación.
La vía valenciana y la que pueden sumar Madrid, Cataluña y Baleares
Frente a este bloque formado por el G8 de la España vacía, hay otros dos: el que está formado por territorios que se definen así mismo como infrafinanciados por habitante como Andalucía (PP), Valencia (PSOE) y Murcia (PP). Todos piden, como indispensable, que se aplique el criterio de ‘población ajustada’ para recibir recursos. Estas comunidades son, a priori, las que parten con ventaja en esta carrera de obstáculos que supone la financiación ya que todo apunta a que la propuesta que el Gobierno dará a conocer en próximas fechas tendrá como punto de partida precisamente este criterio: el de población ajustada.
De esta manera y a pesar de que el presidente andaluz, el popular Juanma Moreno, comparte con Núñez Feijóo en su rechazo a posibles «privilegios» a Cataluña, su criterio, en este tema concreto, se alinea más con la postura de su homólogo valenciano, el socialista Ximo Puig. Hay que recordar que los dos sellaron una alianza en septiembre que ponía sobre la mesa un cambio “irrenunciable” en el reparto de fondos y mecanismos de compensación sus respectivas comunidades.
En otra espera, y podríamos decir que por libre se sitúan Madrid y Cataluña, a las que se suma Baleares. Son estas tres las que únicamente hacen una aportación neta a la caja común territorial, aunque Madrid inyecta más del 70% del total.
De tal manera que, respecto a Cataluña, es de todo el mundo conocido que no quiere oír hablar de contactos, ni mucho menos negociaciones multilaterales mientras Madrid defiende a capa y espada su autonomía fiscal y una financiación más justa para la región. Es decir, que ostentando el podio de la autonomía que más aporta al sistema, no sea la que peor financiada esté respecto a las autonomías que más reciben.
En este sentido, según las estimaciones de Ángel de la Fuente, uno de los mayores expertos en financiación autonómica. Sus cálculos muestran que la Comunidad Valenciana y Murcia están infrafinanciadas. Pero también lo están Andalucía, Castilla-La Mancha o incluso muy ligeramente Cataluña.
El gobierno popular de Díaz Ayuso es el que más claramente se ha expresado dentro de este grupo, y también el que reconoce los contactos con Cataluña y Baleares para formar un curioso frente común que puede convertirse en el que más promete guerrear en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
