Apenas un mes después de aprobar el paquete de 11.000 millones de euros para medidas de refuerzo a la solvencia empresarial, y sin que los fondos hayan comenzado aún a desembolsarse, el Gobierno ha considerado que se quedó corto en el alcance de la medida estrella del programa, un lote de ayudas directas a empresas de 7.000 millones de euros, y ha decidido ampliar su alcance.
El Consejo de Ministros aprobó ciertas modificaciones del real decreto ley impulsado el viernes 12 de marzo básicamente para permitir que nuevos sectores puedan aspirar a recibir la asistencia pública y para levantar la mano en el veto a ayudar a empresa que ya sufrieron pérdidas en 2019.
Los fondos serán gestionados por las comunidades, que recibirán el dinero en el plazo de 10 días desde la firma del convenio
Inicialmente, el plan de ayudas directas se circunscribió a un grupo de 95 subsectores CNAE, que la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ya se mostró dispuesta a ampliar apenas unas horas después de la aprobación de la norma ante las presiones empresariales.
“El Gobierno identificó casi un centenar de sectores en base a criterios como el porcentaje de trabajadores en ERTE en cada sector o el grado de reincorporación al mercado laboral, pero somos plenamente conscientes de que cada comunidad autónoma tiene características especifica que requieren de respuestas personalizadas”, expuso ayer la ministra de Hacienda, y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Es lo que ocurre con el sector del calzado o el vino en algunas comunidades, que con la firma de los convenios podrá incorporarlos para su protección”, ilustró.
En paralelo, el Consejo de Ministros habilita a regiones y ciudades autónomas a beneficiar con las ayudas a compañías que sufrieron pérdidas en 2019, que inicialmente quedaron fuera para concentrar el plan en las afectadas por la pandemia. El objetivo es no perjudicar a firmas afectadas por otras situaciones coyunturales como la quiebra de Thomas Cook, en el ámbito turístico balear o canario, por ejemplo.
Caída de facturación
El paquete está dirigido a firmas que hayan sufrido una caída de la facturación de al menos un 30%, lo que certificará la Agencia Tributaria, y cubrirán hasta el 40% de la pérdida de ingresos para micropymes y autónomos, y el 20% para el resto de firmas. Los trabajadores por cuenta propia recibirán una cuantía fija de 3.000 euros y el resto de empresas entre 4.000 y 200.000 euros. Las ayudas, recuerda Economía, están condicionadas al mantenimiento de la actividad hasta el 30 de junio de 2022.
Los fondos serán gestionados por las comunidades, que recibirán el dinero en el pazo de 10 días desde la firma del convenio que les remitió Hacienda el pasado viernes. De momento, reveló Montero, solo Extremadura y Castilla-La Mancha han remitido el documento firmado a Hacienda, cuya titular lo rubricará para su inmediata publicación en Boletín Oficial del Estado, que activará el desembolso. Algunas regiones descontentas con el reparto del dinero barajan no firmar para mostrar el descontento que ha generado el reparto de fondos en algunos territorios, si bien Montero consideró que sería “escandaloso” que algún territorio incurriera en una “insumisión” de este tipo y que, de ser necesario, el Gobierno actuaría para evitar que el tejido productivo se quede sin las ayudas.
El plan consta de tres instrumentos. De un lado las citadas ayudas directas por 7.000 millones de euros. De otro, un fondo de 3.000 millones de euros para reestructurar préstamos bancarios avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en el que la banca podría acabar aportando otros 1.285 millones. Finalmente, supuso la constitución de un fondo de recapitalización de pymes, de 1.000 millones de euros, gestionado por la sociedad pública Cofides, al estilo del de grandes compañías, que opera la SEPI, por 10.000 millones de euros.
