Ana Sánchez Arjona ■
“El Estatuto del siglo XXI tiene que servir para dejar atrás las normas con las que estamos trabajando, normas de los años 80 que no dan respuesta a las necesidades del siglo XXI”, decía Yolanda Díaz durante una comparecencia parlamentaria hace ahora algo más de un año. Y la ministra sabe que va con retraso en el calendario. Por eso, durante los actos del pasado 1º de Mayo anunciaba la constitución de una comisión de expertos “para hacer la gran reforma del derecho laboral español”. El calendario que maneja pasa por tener en su mesa el borrador de esta comisión de expertos antes de las vacaciones estivales para poder cerrar el año con un nuevo Estatuto. Pero, mientras esto sucede, la vicepresidenta ya ha avanzado que trabaja sobre uno de los cambios fundamentales que debe contemplar la reforma: la cogobernanza para democratizar las empresas.
Ahora que los efectos de la reforma laboral ya se dejan sentir en los datos de paro, con 20 millones de afiliados a la Seguridad Social y récord en la contratación indefinida, la ministra de Trabajo se ha puesto manos a la obra para abordar una de las asignaturas pendientes de la legislatura: la reforma del Estatuto de los Trabajadores. “El Estatuto del siglo XXI” tal y como lo denomina Yolanda Díaz para la que “estamos trabajando con normas de los años 80 que no dan respuesta a las necesidades del siglo XXI”, decía durante una comparecencia parlamentaria hace ahora algo más de un año.
Y va con retraso en el calendario por eso durante los actos del pasado 1 de mayo anunciaba la constitución de una comisión de expertos “para hacer la gran reforma del derecho laboral español”.
Para Gobierno y sindicatos es urgente incorporar a ese nuevo Estatuto todas las regulaciones aprobadas en los últimos meses, como la denominada ‘ley Rider’ o incluso la ley del teletrabajo
El calendario que maneja la ministra pasa por tener en su mesa el borrador de este comité de expertos antes de las vacaciones estivales para poder cerrar el año con un nuevo Estatuto.
La primera mención que Unidas Podemos hizo de la necesidad de reformar el marco laboral, fue en el programa electoral de 2018. La propuesta se escenificó durante la firma de la coalición para formar gobierno entre el PSOE y la formación que lideraba en ese momento Pablo Iglesias
Era un de los puntos fuertes del documento llamado Coalición Progresista.
Un nuevo acuerdo para España, junto a la derogación de la reforma laboral del PP. “Elaboraremos, previo diálogo con los agentes sociales, un nuevo Estatuto de los Trabajadores que compagine la protección de los trabajadores y trabajadoras frente a los desafíos sociales, tecnológicos y ecológicos del siglo XXI… A tal efecto, se podrá constituir un grupo de trabajo para su redacción, integrado por expertos y expertas de reconocido prestigio, del ámbito académico y profesional”.
Y esa comisión al parecer se está gestando ya, aunque, para los sindicatos, no va a ser determinante en la reforma.
“El Gobierno está en su perfecto derecho de constituir una comisión de expertos para un tema complejo como el nuevo Estatuto del Trabajador, pero los agentes sociales tenemos nuestra propia representatividad que es la que vota los trabajadores, tenemos un millón de afiliados y eso nos da una legitimidad para negociar, más allá de que el Gobierno quiera dotarse de la comisión de expertos que considere”, decía tras el anuncio de la ministra el líder de CCOO, Unai Sordo.
Pero más allá de establecer con quien se debe negociar la reforma, lo cierto es que estamos ante un marco regulatorio que data de 1980. Desde entonces se han realizado una serie de actualizaciones de texto, en función de las necesidades de cada momento.
La primera mención que Unidas Podemos hizo de la necesidad de reformar el marco laboral fue en el programa electoral de 2018. La propuesta se escenificó durante la firma de la coalición para formar gobierno
Por ejemplo, los cambios relacionados con la reforma laboral supusieron la derogación del artículo 52.d que permitía el despido procedente por bajas médicas justificadas mediante la Ley 1/2020, del 15 de julio. O también la modificación por parte de la Ley 12/2021, del 28 de septiembre, tras aprobarse el real decreto 2/2015, del 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales, los denominados riders.
Nuevas normas
En lo que sí coinciden Gobierno y sindicatos es en la urgencia por incorporar a ese nuevo Estatuto todas las regulaciones aprobadas en los últimos meses, como la denominada ley rider o incluso la ley del teletrabajo. Pero también insisten en la necesidad de introducir otro tipo de escenarios de trabajo que ya están afectando a las relaciones en el mundo laboral, como el avance de la digitalización.
Desde UGT solicitan que el texto se adapte a “las nuevas realidades productivas y regule las causas y el precio del despido” además de asegurar medios suficientes a la Inspección de Trabajo para hacer cumplir las leyes. Del mismo modo, consideran que debe fomentar el trabajo de la juventud, su formación y su empleabilidad.
El Ejecutivo reconoce que “toca cambiar la realidad de arriba a abajo frente al viejo estatuto que tenía tintes autoritarios”.
Impulso a la ‘cogestión’ para democratizar a las empresas
La democratización de las empresas será uno de los grandes objetivos del nuevo marco laboral, según Yolanda Díaz que se ha referido a su “transformación” a partir de la entrada de los trabajadores en los consejos de administración de las compañías.
“Es un debate que ya existe en España, pero creo que con todo el aprendizaje que existe al respecto, es algo que enriquece a las empresas porque las democratiza”, ha dicho Yolanda Díaz para señalar que “no hay ningún lugar en el que la democracia se ejerza de manera más directa como en las empresas”, ya que “es el único espacio en el que los trabajadores eligen directamente a sus representantes”. Para sostener la entrada de los trabajadores en los consejos de administración, ha apelado también a la ganancia de “talento” que esto supondría, y que las firmas “no pueden perder”.
La reforma para la cogestión en la dirección de las empresas es una de las más transcendentales que la ministra quiere abordar en 2022 en el menor tiempo posible.
El objetivo es adoptar un modelo de cogestión en las compañías similar al de otros países europeos, como Alemania, o en empresas públicas como la SEPI o Navantia.
Lo cierto es que Yolanda Díaz lleva un tiempo preparando las bases de los cambios legislativos que hagan posible esa cogobernanza entre empresa y trabajadores. Opina la ministra que se trata de la principal asignatura pendiente del mundo profesional en España.
La reforma se sustenta en la capacidad de abrir a los trabajadores los órganos de decisión y la propiedad de los medios de producción de las empresas, tal y como la propia ministra a principios de este año en una charla con el economista francés Charles Picketty.
Alemania es uno de los Estados pioneros y más avanzados en esta cogobernanza desde el año 1975.
La vicepresidenta viajó hace un par de semanas a este país para reunirse con las autoridades germanas e intercambiar opiniones en torno a este asunto y para suscribir con el ministro alemán de Trabajo y Asuntos Sociales, Hubertus Heil, un memorando sobre democracia económica.
La ministra de Trabajo quiere fomentar el derecho de voto en las empresas y abrir los órganos de decisión de las compañías para que las decisiones no se circunscriban solo al ámbito de los consejos de administración, sino que participen los trabajadores “para abordar los retos productivos del sector específico y del país en su conjunto”.
