Ana Sánchez Arjona
La gestión de los fondos europeos es el desafío más importante al que se enfrenta el Ejecutivo, sólo equiparable, en envergadura, a la campaña de vacunación ya en marcha. Moncloa no está dispuesta a que España vuelva a estar a la cola en la absorción de las ayudas que nos llegan de la UE si tenemos en cuenta que, entre 2014 y 2020, sólo aprovechó el 40%. Así que Moncloa pisa el acelerador porque de lo que se trata es de imprimir velocidad al engranaje de la gestión reduciendo trámites y agilizando procedimientos. Mientras, desde Hacienda, se pide a las CC AA, beneficiarias de algo más de 27.000 millones, que aceleren la convocatoria y la presentación de los primeros concursos.
La última noticia que tenemos reciente sobre los Fondos Europeos es la bronca a la que asistimos en el Congreso de los Diputados tras la acusación lanzada por el PP contra el Gobierno de haber ocultado el informe del Consejo de Estado. Se ha ocultado ese dictamen porque sería “muy crítico” con el decreto, decía Pablo Casado, “Demoledor”, añadían desde Ciudadanos. Moncloa respondía que no había escondido nada, que el informe no es preceptivo en la tramitación de los decretos leyes. Y atribuía la estrategia del PP a una campaña de “mentiras” y “confusión”.
Lo cierto es que, el Ejecutivo, independientemente del espectáculo parlamentario, es consciente de la dificultad de la gestión de esos fondos en 2021, algo más que un desafío al que se enfrenta Moncloa equiparable en envergadura a la campaña de vacunación ya en marcha.
Así que, se ha puesto manos a la obra para agilizar los trámites y ha reforzado la plantilla, ha reordenado al personal de cada ministerio teniendo en cuenta anteriores experiencias en lo que se refiere a la absorción de fondos europeos. De 2014 a 2020 sólo utilizó el 40% de las ayudas procedentes de la UE. Estamos a la cola toda Europa.
El Comité Técnico tendrá un máximo de 20 miembros elegidos atendiendo a criterios técnicos y de experiencia en la gestión de fondos europeos “siempre que tengan la condición de empleado u órgano directivo de la Administración General del Estado”
Reforzar el área económica con la creación de una Secretaría General, ha sido la principal estrategia de Moncloa. El que fuera hasta finales del año pasado director general de la oficina económica del Gobierno, Manuel de la Rocha, está al frente ahora de esa secretaría general con el rango de subsecretario de Estado y en Hacienda, se crea una Secretaría General de Fondos Europeos con Mercedes Caballero en la dirección.
Estos cambios son consecuencia de la puesta en marcha del Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation EU para luchar contra el impacto de la crisis económica provocada por la COVID-19. España recibirá 140.000 millones correspondientes al paquete europeo de ayudas aprobado por la Comisión Europea en julio de 2020 para amortiguar, en la medida de lo posible, los efectos de la pandemia. De esa cantidad, ha logrado ya una preasignación de 76.724 millones correspondiente al Next Generation, fondo que servirá para financiar proyectos que vayan en la línea de la transformación digital, la reindustrialización y el pacto verde a favor de energías limpias.
Velocidad
De lo que se trata es imprimir velocidad en todo el engranaje de la gestión y, por eso, el 1 de enero entró en vigor el Real Decreto de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Esta norma servirá de impulso a los proyectos ya que prevé reducir a la mitad los plazos de tramitación de los fondos, sin disminuir la rendición de cuentas. El decreto señala que “todos los contratos financiados con los fondos percibidos por el Reino de España en el marco del Plan de Recuperación” les será de aplicación “el régimen excepcional de tramitación urgente, con la consiguiente reducción de plazos y agilización del procedimiento”. También se incrementan hasta el 50 % los anticipos que se pueden obtener en este proceso.
El Gobierno confía que, aunque no va a ser fácil, con el Real Decreto-ley de agilización de los trámites y con el refuerzo de equipos, el porcentaje de ejecución sea el más alto posible.
Al parecer, De la Rocha está pisando el acelerador, y se ha reunido en los últimos meses con algunos de los responsables de las principales empresas de España, que han puesto su maquinaria a funcionar y están elaborando proyectos para participar en el reparto de los fondos.
También lo han hecho la responsable de la cartera económica del Gabinete, Nadia Calviño, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y, por supuesto, Iván Redondo, han tenido contactos con los empresarios.
Pero, el nuevo diseño de la gobernanza de los fondos europeos a quién otorga un papel fundamental al Ministerio de Hacienda, al frente María Jesús Montero. Y aunque Moncloa y Economía supervisarán toda la información sobre los fondos, será el ministerio que dirige Montero el que tome las riendas, será la “autoridad responsable ante las instituciones europeas” de los planes de recuperación y resiliencia, actuará de coordinador entre los distintos ministerios y organismos públicos concernidos en el plan diseñado por el Gobierno, al tiempo que supervisará sus progresos y dirigirá el Comité Técnico mencionado anteriormente. Para ello, la norma prevé que se dote a este departamento de “los recursos personales y materiales necesarios”, asegura el real decreto de Reforma de la Administración.
Tendrá mando sobre el Comité Técnico que estará formado por “un máximo de 20 miembros” que serán elegidos por la Comisión. Según el decreto, se elegirán atendiendo a criterios técnicos, en función de su experiencia en la gestión de fondos europeos “siempre que tengan la condición de empleado u órgano directivo de la Administración General del Estado”.
El Comité dará apoyo al jefe del Ejecutivo que preside la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Moncloa mete prisa a las CC AA
Moncloa urge a los gobiernos de las comunidades autónomas a que empiecen a convocar sus «manifestaciones de interés» para identificar y realizar un ‘mapeo’ de los posibles proyectos de interés, para repartir, cuanto antes, los primeros millones que nos llegan de Europa.
El Ejecutivo dio el visto bueno en los Presupuestos Generales a casi 27.000 millones para que los gobiernos autonómicos gestionen el reparto directamente. Con esa cantidad preasignada, el área económica quiere que se activen ya los primeros ‘concursos’ autonómicos.
Así, son ahora las CCAA las que tienen que comunicar las primeras convocatorias de ayudas que les corresponden según el reparto recogido en los Presupuestos: 10.893 millones de euros se transferirán a las autonomías, 1.488 millones de euros a los Ayuntamientos para sus proyectos y otros 9.000 millones que no figuras en las cuentas públicas y que se corresponden con el fondo REACT-EU. En total, las administraciones autonómicas y locales contarán casi con el 60% de las ayudas europeas.
El Gobierno ha tenido en cuenta, un primer momento, la población, el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita y el nivel de paro media del último quinquenio en comparación con el promedio de la UE. Unos baremos que ya han suscitado las críticas entre los diferentes gobiernos por beneficiar a algunos territorios. El reparto de los 4.254 millones iniciales destinados a políticas medioambientales tiene en la cabeza del ranking a Andalucía, con 806 millones; seguida de Cataluña, con 696 millones; a la Comunidad de Madrid, por su parte, le han correspondido 464 millones y la Comunidad Valenciana, otros 514 millones. Al final se sitúa Cantabria, con 80 millones; Navarra, con 71 millones; La Rioja, con 41 millones de euros; Ceuta, con 12 millones; Melilla, con 11 millones.
Al Gobierno le inquieta además que la ejecución de los fondos europeos en las comunidades autónomas tropiece con la burocracia regional. Desde Moncloa y sobre todo desde el Ministerio que dirige María Jesús Montero llevan semanas pidiendo a esos ejecutivos autonómicos que elaboren una norma similar a la que el Gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros del año pasado para acabar con todas las trabas existentes en la legislación presupuestaria y de contratación pública que pudieran hacer encallar la ejecución de las inversiones previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia.
Es lo que denomina como ‘normas-espejo’ y a fecha de hoy, solo el Gobierno de Madrid ha anunciado formalmente que aprobará un texto similar para allanar la llegada millonaria procedente de la Unión Europea.
Hacienda advierte a las comunidades que va a ser extraordinariamente estricto en la gestión de los fondos europeos y que una ejecución insuficiente o un incumplimiento de los plazos previstos se traducirán de forma inexorable en un recorte de los fondos destinados a las unidades gestoras, ya sean ministerios, comunidades autónomas o ayuntamientos, encargadas de gestionar los diferentes proyectos.
