Ana Sánchez Arjona ■
La polémica está servida, a pesar de las dudas que surgen sobre el recorrido que tendrá la aplicación de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud que acaba de aprobar el Gobierno. El sector privado vierte sus críticas sobre un texto que, aseguran, tendrá un impacto negativo en el Sistema Nacional de Salud además de limitar los modelos públicos de gestión que desarrollan las comunidades, que tendrán, a partir de ahora, que demostrar que los conciertos con la sanidad privada sólo son casos excepcionales. El Ministerio que dirige Carolina Darias pretende así dar prioridad a la asistencia pública, blindarla sobre la concertada, un objetivo que, tanto los socios del Ejecutivo como las organizaciones que defienden la sanidad pública no creen que se pueda llegar a cumplir.
El anteproyecto de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud que acaba de aprobar el Gobierno tiene como objetivo “blindar” la sanidad pública al mismo tiempo que se prohíben nuevos conciertos con las empresas del sector excepto «casos excepcionales».
Se acaba de plasmar en este anteproyecto de ley una de las promesas de la legislatura más controvertida porque levanta ampollas en el sector que no descarta acudir a la vía legal para evitar el impacto negativo que esta norma puede provocar en el Sistema Nacional de Salud.
Tras su paso por el Consejo de Ministros, el anteproyecto llegará al Congreso, donde deberá ser enmendado y ratificado. Se trata de un texto que va a revertir una serie de normas, entre ellas algunos aspectos de la reforma sanitaria de 2003 aprobada por el Gobierno de Aznar
La Alianza de la Sanidad Privada Española señala que con ella se limitan los modelos públicos de gestión que desarrollan las comunidades autónomas por lo que no descartan que pueda incluso acabar en el Tribunal Constitucional.
En este sentido, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, explicaba en rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, que las comunidades autónomas tendrían que demostrar antes de poder negociar con la sanidad privada que tienen optimizados sus recursos sanitarios y que realmente tienen insuficiencia de medios propios para prestar el servicio.
El Gobierno pretende así dar prioridad a la asistencia sanitaria pública sobre la concertada sobre todo porque las derivaciones a la sanidad privada es algo habitual en algunas comunidades y lo que Sanidad pretende es que se convierta en una excepción para situaciones en las que sea absolutamente necesario.
Las administraciones públicas deberán cumplir una serie de requisitos y motivar las externalizaciones. Según ha dicho la ministra, será el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el que determine las pautas o los indicadores comunes para aprobar que los servicios públicos los presten empresas privadas.
El Anteproyecto también contempla la posibilidad de realizar una “modificación legislativa y normativa» en todo el país para facilitar que las comunidades autónomas puedan revertir privatizaciones de centros sanitarios “en las mejores condiciones posibles”.
Desde que se escuchara al presidente del Gobierno anticipar la prohibición de nuevos conciertos con la sanidad privada, el sector no ha dejado de criticar el texto. El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, Fundación IDIS, señala que “la magnitud de los problemas existentes en el sistema sanitario público, que requerirían de una auditoría en profundidad, no se puede ver respondida por un discurso cada vez más politizado circunscrito a una supuesta privatización de los servicios sanitarios, que, por otra parte, no es real”.
Indica además la Fundación que “al sector sanitario privado le es indiferente el modelo que elija la autoridad política correspondiente para la gestión de los servicios sanitarios”; lo que siempre defiende es que “se gestione de manera eficiente y bajo criterios profesionales”.
Priorizar la gestión pública
Polémicas aparte, que eran predecibles, con este nuevo texto, el ministerio de Sanidad quiere afrontar los principales retos del sistema sanitario: garantizar la universalidad, eliminar el copago del transporte sanitario no urgente y el de prótesis y ortopedia para las personas vulnerables, igual que se hizo con los copagos farmacéuticos, y priorizar la gestión pública directa, limitando al mínimo imprescindible las derivaciones a la privada para que la diferencia de prestaciones en función de la comunidad autónoma deje de ser algo habitual.
El Gobierno quiere recuperar en este sentido la Cartera Común de Servicios “única” para acabar con las prioridades entre los diferentes tipos de actuaciones médicas y que todas ellas se den por igual en las comunidades.
En cuanto a la universalidad, la nueva norma busca garantizar el derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria de todos los ciudadanos, independientemente de su origen.
Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el anteproyecto llegará al Congreso, donde deberá ser enmendado y ratificado. Se trata de un texto que va a revertir una serie de normas, entre ellas algunos aspectos de la reforma sanitaria del Gobierno de José María Aznar del año 2003.
Tanto los socios del Ejecutivo como las organizaciones que defienden la sanidad pública no confían en el alcance que tendrá la nueva ley. La secretaria de Acción Institucional de Podemos, María Teresa Pérez, ha dudado de que el proyecto evite la privatización de la sanidad pública.
“Tenemos serias dudas de que esta ley vaya a servir realmente para evitar la privatización de la sanidad pública y el desmantelamiento que la derecha está haciendo en muchas comunidades autónomas
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha respondido a estas declaraciones señalando que la ley mejora, amplía y devuelve derechos a la ciudadanía”.
Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias, a la cabeza en la privatización de sus servicios sanitarios
Lo dice la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública en el informe publicado este año bajo el título: ‘La privatización en las CC AA’.
Se trata de un documento que ahonda en el “importante y creciente” peso de la sanidad privada en España a medida “que se deteriora la sanidad pública”.
La Federación analiza periódicamente el grado de privatización de los servicios sanitarios de las autonomías para establecer las diferencias que pueden existir en este aspecto.
El informe pone de manifiesto que la crisis sanitaria “ha sido aprovechada” por algunas comunidades autónomas, especialmente la de Madrid, para profundizar “esta deriva privatizadora del sistema sanitario”.
Durante la presentación del estudio, el portavoz de la Federación, Mariano Sánchez Bayle, reprochaba de “la falta de transparencia informativa” que hace muy complicado obtener datos concretos de las administraciones “y más aún si se pretende que sean homogéneos para todas las comunidades”. Apuntó también al Ministerio de Sanidad que, en ocasiones, dispone de datos no actualizados.
La primera conclusión a la que llega el documento es que “los recortes y el deterioro de la sanidad pública” continúan siendo “el principal incentivo para el crecimiento del sector privado”.
Los datos ponen sobre la mesa que el gasto sanitario privado se ha incrementado notablemente en los últimos diez años, pasando el 24,6% del total al 29,2%, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Y esto es fruto de una “bajada continuada” de los presupuestos destinados a la sanidad pública que han pasado de ser el 6,78% del PIB en 2009 al 6,42% en 2019.
A la vez, explica la Federación, se ha producido “una derivación creciente de los fondos públicos al sector privado”, lo que explica que los seguros privados sean los que han tenido un mayor crecimiento hasta sumar 11,5 millones de afiliados en 2021.
El informe subraya que, en base a estudios anteriores, las cuatro primeras comunidades con más privatización en 2022 ya estaban en 2014 en este grupo donde han permanecido con algún cambio de posición. Las dos primeras, son las mismas (Madrid y Cataluña) en todos ellos, y las cuatro primeras, Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias son las mismas en todos los informes realizados por la Federación.
En cuanto al grupo con menor nivel de privatización sólo se mantiene Extremadura respecto a años anteriores. A esta comunidad se han unido, en 2022, Castilla- La Mancha y Cantabria.
