Ana Sánchez Arjona
Como todo plan de choque, en este caso de respuesta nacional a las consecuencias de la guerra, que se precie, el que acaba de presentar el Gobierno ha provocado las críticas de muchos sectores. Dotado con 16.000 millones, 6.000 de ayudas directas y 10.000 en créditos ICO, de lo anunciado tras el Consejo de Ministros por las tres vicepresidentas, lo que ha hecho saltar las alarmas de la patronal ha sido lo de prohibir los despidos por causas objetivas hasta el 30 de junio. “Si a la ministra le parece bien, que monte una empresa”, decía Antonio Garamendi que le acusaba de “cambiar las reglas del juego” de la reforma laboral recién aprobada por los agentes sociales. También se han puesto en alerta los propietarios de viviendas, tanto particulares como grandes tenedores. “Es la primera vez en tiempos de democracia que se toma una medida como ésta en España”, explicaba Yolanda Díaz en referencia a la limitación al 2% en la actualización de los contratos de alquiler. Una limitación que hace temer al sector que se pueda prorrogar en el tiempo ya que, asegura, se encuentra a medio camino de lo que quiere Unidas Podemos.
“Si a la ministra le parece bien, que monte una empresa”, así se expresaba el presidente de la CEOE tras conocer que el Gobierno, en su Plan de Choque para paliar los efectos de la guerra, ha prohibido los despidos por causas objetivas entre el 1 de abril y el 30 de junio.
Es más, Antonio Garamendi acusaba al Ejecutivo de “meter la tijera” y “cambiar las reglas del juego” de la reforma laboral acordada con los agentes sociales.
Todo esto el mismo día que Yolanda Díaz precisaba en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que será injustificado el despido cuando sea por causas que tienen que ver con el precio de la energía, algo que tampoco podrán hacer quienes reciban ayudas directas del plan y, como venía ocurriendo, los que opten por acogerse a un ERTE.
Los arrendadores particulares podrán negociar con sus inquilinos alzas por encima de esta cifra, aunque si no hay acuerdo, no podrán actualizar la renta más de ese límite del 2%
“Tendrán que devolver las ayudas”, ha dicho la vicepresidenta, que ha recordado la figura de los ERTE reforzada en la reforma laboral era evitar precisamente eso, los despidos. “En las crisis cuando hay mecanismos de protección social no hay que despedir”.
Durante la pandemia ya se prohibieron los despidos objetivos, cuya indemnización es de 20 días por año trabajado, que alegaran causas relacionadas con la covid-19 y se incluyeron compromisos de mantenimiento de empleo en los ERTE. El objetivo ahora es evitar extinciones de contratos motivadas por el impacto de la guerra en Ucrania. “No tendría sentido destinar recursos públicos (…) y que luego se despida”, explicaba la ministra de Trabajo que lanzaba después un mensaje a Garamendi: “Seguro que tiene la suficiente empatía social para entender y explicar a la ciudadanía que no se puede recibir dinero público a modo de cotizaciones a la Seguridad Social pagadas por los españoles y a la vez despedir… el presidente de la patronal conoce este mecanismo que resultó muy exitoso utilizado en la anterior crisis, cuando él mismo lo negoció”. Garamendi le ha replicado que él tiene empatía y que lo ha demostrado «plenamente» con la firma de más de 15 acuerdos en los últimos dos años, entre ellos los relacionados con la dependencia, los ERTE o la propia reforma laboral.
Y si esta limitación al despido ha generado críticas, también la medida de topar el alquiler y también por parte de los empresarios que no comparten la limitación al 2% en la actualización de los contratos porque, a su juicio, supone también un «intervencionismo» por parte del Gobierno.
El IPC y el alquiler
“Es la primera vez en tiempos de democracia que se toma una medida como esta en España. La decisión atiende a la necesidad de que la evolución experimentada por el IPC, en el contexto de las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, no se traslade al precio del alquiler de vivienda”, explicó Díaz tras el Consejo de Ministros.
El Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno distingue entre grandes tenedores, que tendrán que aplicar un máximo del 2% de subida, y propietarios de vivienda físicos o particulares, que podrán renegociar su renta con el inquilino por encima de ese 2%, aunque en caso de no alcanzar un acuerdo, tendrán que fijar el aumento máximo en ese 2%.
Críticas muchas, no solo por parte de la CEOE. Dice la Agencia Negociadora del Alquiler que a pesar de que se anuncie como transitoria, “no tengo ninguna duda que se prorrogará, con lo cual se corre el peligro que se convierta en otra forma de intervenir el precio de los alquileres, congelando el mecanismo de actualización de rentas previsto en el artículo 18 de la LAU”, señala José Ramón Zurdo, su director general.
En el mismo tono se manifiesta la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler, que ha expresado su rechazo a la limitación de los precios al considerar que “carga a los propietarios de vivienda en alquiler con el problema social de la vivienda, cuando es responsabilidad de las administraciones públicas”.
Sin embargo, los sindicatos de inquilinos, y según explica El País, piden que el 2% de límite en la actualización de los alquileres sea permanente.
El descuento de 20 céntimos por litro de combustible tendrá un impacto de 1.400 millones de euros
Y si las críticas se vierten sobre el coto al despido y al alquiler, también ha generado malestar el descuento de 20 céntimos de euro en los combustibles. Parte del sector considera que el mecanismo diseñado por el Ejecutivo para aplicarla contiene demasiada burocracia lo que va a complicar su aplicación, especialmente en pequeñas estaciones de servicio.
En este sentido, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, que agrupa a 4.000 pequeñas y medianas empresas del sector de las algo más de 11.000 que hay en España, advierte que no se podrá aplicar el descuento si tienen que adelantarlo de sus fondos.
Hacienda quiere evitar este problema y ha anunciado que podrán solicitar, desde el 1 de abril, a la Agencia Tributaria o a la administración foral que corresponda, un anticipo a cuenta. El ministerio calcula que tendrá un impacto presupuestario de 1.400 millones de euros.
Esta ayuda directa al bolsillo del ciudadano se enmarca dentro del Plan aprobado por el Consejo de Ministros que movilizará 16.000 millones. 6.000 millones son ayudas directas y rebaja de impuestos a colectivos y sectores afectados y los otros 10.000 en créditos ICO, para su implementación hasta el próximo 30 de junio.
Las tres vicepresidentas, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, han sido las encargadas de detallar el plan de choque en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Entre las medidas más destacadas, además de esta bonificación, destaca la subida del 15% de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital, el acuerdo de 1.000 millones de euros en ayudas al sector del transporte, ayudas para el sector de la agricultura, la ganadería y la pesca y las medidas de extensión de rebajas de impuestos para abaratar el precio de la luz.
En cuanto a las medidas para el tejido económico y empresarial, figura la nueva línea de créditos con avales del Instituto de Crédito Oficial por 10.000 millones para cubrir las necesidades de liquidez y el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles, y podrán solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2022, con un plazo de carencia de 12 meses. También se extenderá el plazo de vencimiento de los préstamos ICO y el plazo de carencia en seis meses para los sectores más afectados.
Igualmente, se ha aprobado un paquete de ayudas para el sector agrario y pesquero de más de 430 millones entre ayudas directas y subvenciones comunitarias. El sector de la agricultura y la ganadería, que protagonizó hace unos días una multitudinaria manifestación en Madrid, recibirá 362 millones en ayudas (193,47 millones sector agrario y ganadero y 169 millones el sector productor de leche), al tiempo que se contemplan otros 68,18 millones de euros para el de la pesca extractiva y acuícola. El descuento en el combustible supondrá un impacto positivo de 78 millones para agricultores y ganaderos y otros 16 millones para pescadores.
