Aunque el Estado y las CCAA cumplen los plazos legales, las corporaciones locales siguen superando por mucho el máximo legal establecido. Casi una decena de ayuntamientos tardan mil días o más en abonar sus facturas.
El retraso en los plazos de pago en España es un mal crónico que castiga al tejido empresarial desde hace muchos años y que ni la ley de lucha contra la morosidad de 2004 ni los cambios introducidos en la norma en 2010 han logrado corregir del todo, a pesar de la mejora registrada en los últimos años, en los que tanto la mayoría de las administraciones públicas como de las empresas se ha ido ciñendo a los plazos legales de pago: un máximo de 30 días para el sector público y de 60 para el privado.
Al cierre de junio pasado, el periodo medio de pago en la Administración central se situó en 27,59 días, frente a los 29,39 de junio de 2020, mientras en las CCAA ese plazo fue incluso inferior: 23,19 días, en contraste con los 32,88 de hace un año
De hecho, al cierre de junio pasado, el periodo medio de pago en la Administración central se situó en 27,59 días, frente a los 29,39 de junio de 2020, mientras que en las CCAA ese plazo fue incluso inferior: 23,19 días, en contraste con los 32,88 de hace un año, gracias en buena medida a que parte de los recursos del Fondo Covid se destinaron al pago de proveedores. Pero no es oro todo lo que reluce. La gran excepción son las corporaciones locales, cuyo periodo medio de pago en junio superó los 69 días, más del doble de lo permitido legalmente, aunque por debajo de los 99 días de hace un año.Este dato evidencia que la morosidad es un mal fuertemente arraigado en España. De hecho, casi un centenar de ayuntamientos siguen tardando de media más de un año en pagar las facturas a sus proveedores, con una deuda conjunta que supera los 213 millones de euros, tal como denunció ayer la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), cuyo presidente, Antoni Cañete, insistió en la necesidad de adoptar «medidas eficaces para atajar la lacra de la morosidad».
Retraso extremo
Un retraso que en numerosos ayuntamientos llega al extremo. Y es que consistorios como Torrecera, en Cádiz; Rubite, en Granada; Castilleja de Guzman, en Sevilla; La Bisbal d’Empordá (Girona), o Moraleja de Enmedio, en Madrid, tardan más de 1.100 días (es decir, tres años) en abonar sus facturas, lo que supone multiplicar por 36 el plazo máximo legal. No solo ocurre en municipos pequeños ni son casos aislados: alrededor de un millar de consistorios pagan a sus proveedores fuera del plazo legal. Ayuntamientos más grandes, como el de Jaén, retienen las facturas en los cajones durante muchos meses: 624 días, en el caso del consistorio jienense; 384 días en el del municipio madrileño de Parla, o 302 en la gaditana Jerez de la Frontera.
Estos retrasos, que Cañete tildó ayer de «escandalosos» en algunos casos, suponen un torpedo en la línea de flotación de muchos negocios, cuyos problemas de liquidez se han visto agravados por la pandemia. Por ello, el presidente de la PMcM y también de la patronal catalana Pimec, insistió ayer en la necesidad de que salga adelante el regimen sancionador que el Congreso aprobó sacar adelante el año pasado por unanimidad y que desde entonces se ha quedado atrapado en un laberinto de prórrogas y más prórrogas del plazo de enmiendas: nada menos que 34 hasta la fecha.
En la proposición de ley de JxCat aprobada por el hemiciclo se planteaban multas de hasta un millón de euros en los casos más graves. España seguiría así los pasos de países como Francia y Reino Unido, que ya han aprobado sanciones para las empresas incumplidoras en el pago a sus proveedores.
