Ana Sánchez Arjona ■
Nadia Calviño ha cogido los mandos para abordar dentro de la mesa de diálogo social la manera de reconducir la economía, golpeada por un descontrol de los precios y un más que probable freno al crecimiento. Su oferta a patronal y sindicatos es un pacto de rentas a tres años que pasa por moderar salarios para mantener la actividad económica y contener los beneficios de las empresas, “en línea con el ‘proyecto de país’ que guía las decisiones del Ejecutivo”. Se trata de una primera cita que la vicepresidenta primera ha tachado de “fructífera”, pero que sindicatos y patronal han tomado con mucho escepticismo. Tanto CCOO como UGT admiten que es complicado hacer una valoración ya que no tienen claro que entiende el Gobierno por pacto de rentas, mientras la CEOE señala que debe afectar también a pensionistas y funcionarios.
Volver a sentarse con los agentes sociales y retomar las negociaciones sobre el pacto de rentas es urgente para el Ejecutivo. En concreto, para Nadia Calviño, que quiere proporcionar “confianza y estabilidad” a los trabajadores, a las empresas y al conjunto de la sociedad en el actual episodio inflacionista, según sus propias palabras que trasladan además un mensaje: que el país debe prepararse para un escenario de inflación persistente y más elevado, y que los “próximos trimestres” serán muy complejos, aunque por el momento descarta un decrecimiento. Es decir, una recesión.
“Se reactiva un proceso de todos los agentes sociales que desde el Gobierno vamos a impulsar con miras a ese importante pacto de rentas que, señala Nadia Calviño, “comenzará a negociarse inmediatamente, pero de forma discreta»
Así que, ha retomado el diálogo social y ha rescatado el pacto de rentas que propuso el propio Pedro Sánchez hace meses, pero que terminó dejando en manos de patronal y sindicatos con el objetivo de que ambas partes llegaran a un acuerdo salarial. Pero, no fue posible porque, al margen de la subida que deberían haber pactado, para los sindicatos era indiscutible una cláusula que garantizara que los salarios no perdían poder adquisitivo al final de año, algo que se negó en rotundo la patronal.
En este escenario, Nadia Calviño ha cogido los mandos para abordar dentro de la mesa la manera de reconducir la economía, afectada por un descontrol de los precios y un más que probable freno en el ritmo de crecimiento
Su oferta a patronal y sindicatos es pacto de rentas a tres años que pasa por moderar salarios para mantener la actividad económica y contener los beneficios de las empresas, en línea con el ‘proyecto de país’ que guía las decisiones las decisiones del Ejecutivo.
Se trata de una primera cita que la vicepresidenta primera ha tachado de “fructífera”, pero que los sindicatos han tomado con mucho escepticismo.
Calviño ha puesto el acento en lo prioritario que es sortear los efectos de segunda ronda, que agravarían el problema de los precios. Por este motivo abre la puerta a lograr un acuerdo que permita contener el impacto del IPC en el crecimiento y la creación de empleo.
La cita “reactiva un proceso de todos los agentes sociales que desde el Gobierno vamos a impulsar con miras a ese importante pacto de rentas”, que previsiblemente comenzará a negociarse inmediatamente, pero, sobre todo, ha remarcado que se hará de forma “discreta” y que incluiría una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional.
Una subida que está en la agenda del Gobierno y que tiene como objetivo subirlo hasta el 60% del salario medio, al final de la legislatura, tras la subida hasta los 1.000 el pasado mes de febrero.
Menos optimismo
El optimismo que trató de infundir Nadia Calviño no ha sido compartido por los sindicatos. Tanto CCOO y UGT, admiten que es complicado hacer una valoración sobre las posibilidades de alcanzar un pacto de rentas, ya que no tienen claro que entiende el Gobierno por ese término.
En concreto, la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha señalado que el pacto de rentas, en ningún caso, puede pasar de manera exclusiva por la contención de los salarios y debe apostar “de manera decidida” por cuestiones como la fiscalidad y la subida del SMI.
Para el sindicato sus propuestas, “que son serias”, deben garantizar el poder adquisitivo, ya que las empresas están trasladando a los precios los incrementos de costes, lo que se está provocando el denominado efecto de segunda ronda.
Insiste CCOO que están dispuestos a negociar y que existe un amplio margen para ello, siempre que el esfuerzo se haga de manera conjunta y no recaiga solo en los trabajadores.
Por su parte, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, explicaba que en contra de lo que se ha venido diciendo, no ha sido la subida de sueldos lo que ha generado esta inflación de segunda ronda y llama al ejecutivo a trabajar, nada más acabe el verano, en la subida del SMI. “No se puede seguir perjudicando al factor salario, hay que hablar del control y reinversión de los beneficios”.
Ha advertido de que, si se espera que el esfuerzo lo hagan de manera unilateral los trabajadores, ellos no formarán parte del acuerdo. Además, consideran que las medidas propuestas por el Ejecutivo para hacer frente a la inflación, van en buena dirección, pero agradecerían que les llegasen antes de sentarse en la mesa de negociación en lugar de enterarse a través de los medios de comunicación. “Convendría que el Gobierno fuese más permeable con los agentes sociales para llegar a estas reuniones con algo más de trabajo hecho”.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se manifestaba respecto al encuentro con la vicepresidenta recordando al Gobierno que el pacto de rentas también es responsabilidad del Gobierno, y no solo de la patronal y los sindicatos, y debe abordar cuestiones que van más allá de la subida salarial.
“No solo se circunscribe a lo que sería el efecto del empleo privado, los empresarios con los sindicatos, que eso es el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, sino que habría que hablar de funcionarios, impuestos, pensiones… Un pacto de rentas va mucho más allá y no solo afecta al diálogo social, sino a toda la clase política, al arco parlamentario. Estamos hablando de acuerdo de país”.
Ha defendido además que el pacto de rentas incluya también a los funcionarios, a las pensiones y al sistema fiscal mientras ha destacado las diferencias entre el acuerdo de negociación colectiva de patronal y sindicatos que afecta al empleo privado, y el pacto de rentas que “no solo afecta al diálogo social, sino en cierta medida también al arco parlamentario, estamos hablando de un acuerdo de país”. Apuntó que en ese marco “habría que hablar de funcionarios, habrá que hablar de lo qué pasa con los impuestos y también con las pensiones”.
Calviño: “España va a hacer los deberes y cumplirá con el pacto de estabilidad”
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, compareció en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para lanzar un mensaje previo a la reunión del pacto de rentas: su compromiso de que España va a hacer los deberes y cumplir con el pacto de la estabilidad.
Tal y como recoge la actualización del Programa de Estabilidad, en 2025, el déficit público se situará por debajo del 3% del PIB, en concreto en el 2,9% del PIB, al tiempo que deuda pública se colocará del 110% del PIB, unos objetivos previsibles respecto al escenario de reglas fiscales europeas, actualmente suspendidas.
Con este mensaje, Calviño se sentaba en la mesa de diálogo con los agentes sociales para intentar fijar un calendario a tres años no exento de problemas y de temas controvertidos como el compromiso de la revalorización de las pensiones en función del IPC, medida que podría consolidar en el sistema un gasto superior a los 15.000 millones de euros, cantidad totalmente inasumible en el momento actual.
Lo que descartó la vicepresidenta primera en su comparecencia es que la economía española vaya a entrar en recesión, asegurando que el crecimiento se mantiene “fuerte” pese a las incertidumbres derivadas de la invasión de Ucrania, asegurando que se mantendrá este año por encima del 4%.
Además, su mensaje se dirigía también a los socios europeos para garantizar que España es un país serio, comprometido con la estabilidad y que estará preparado, en tiempo y forma, para retomar las reglas fiscales una vez que la guerra sea historia y se decida nuevamente su aplicación, lo que previsiblemente sucederá en 2024.
