Ana Sánchez Arjona
El Gobierno no tiene intención de comprometer nuevas subidas de impuestos para obtener ingresos extra de cara a 2022, sino que, mientras se pone en marcha la recuperación económica, la idea es esperar a ver cómo funcionan las medidas ya aprobadas. Así se lo traslada la ministra Nadia Calviño a sus socios europeos, a los que además asegura que, por el lado del gasto, que tanto preocupa a Bruselas, algunas de las medidas de racionalización planteadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en sus ejercicios de evaluación, los célebres ‘spending review’, serán fundamentales para recuperar el equilibrio fiscal en los próximos ejercicios.
De momento, no habrá más subidas de impuestos. Es lo que ha decidido Nadia Calviño que quiere tranquilizar a sus socios europeos preocupados por el efecto que puede tener, sobre las decisiones de consumo, que en el horizonte de la estrategia del Gobierno se proyecten nuevas alzas fiscales.
Así que, el plan de acción que se va a remitir a Bruselas deja fuera este asunto. El Ejecutivo está informando a los técnicos de la Comisión Europea en el marco del Plan de Inversiones y Reformas, y mediante encuentros de alto nivel que el Gobierno no tiene intención de comprometer nuevas subidas de impuestos para obtener ingresos extra de cara a 2022 sino que, mientras se pone en marcha la recuperación económica, la idea es esperar a ver cómo funcionan en materia recaudatoria las medidas fiscales ya aprobadas en los Presupuestos de 2021,como la ‘tasa Google’ y la ‘tasa Tobin‘, el impuesto a los residuos; y las nuevas medidas de lucha contra el fraude fiscal de las que espera obtener más de 900 millones al año.
Más allá de la reforma fiscal que se quiere acometer y que se puede completar con algún retoque, no habrá nuevas medidas de entidad hasta que no se conozca el diagnóstico y las propuestas de cambio sobre el sistema fiscal que haga el Comité de Expertos
Más allá de la reforma fiscal que se quiere acometer a corto plazo y que se pueda completar con algún retoque de mínimos, no habrá nuevas medidas fiscales de entidad hasta que no se conozca el diagnóstico y las propuestas de cambio sobre el sistema fiscal que haga el Comité de Expertos para la Reforma Fiscal.
Fiscalidad autonómica
En este sentido, no está previsto abordar el proceso de reforma del sistema de financiación autonómica hasta después de haber planteado su propuesta de reforma tributaria. Y para ponerla en marcha, Hacienda se ha dado de plazo un año que, debido a la pandemia, aún no ha empezado a contar. Este calendario hace prácticamente inviable que esta legislatura se aborde la negociación del nuevo modelo.
La pandemia, como con tantas otras cosas, ha retrasado también la puesta en marcha de este Comité, de manera que ese año de plazo para sus trabajos aún no habría comenzado a contar. La propia ministra Mª Jesús Montero señalaba en una entrevista en la Cadena Ser que el Ejecutivo no tiene una fecha marcada en el calendario para la aprobación del nuevo modelo de financiación pero sí una hoja de ruta, que espera consensuar con el Partido Popular.
“Si articulamos esa propuesta, estoy convencida de que será bienvenida por el conjunto de grupos políticos”, explicaba la titular de Hacienda, que insistió en que esta reforma debe de contar con un “consenso suficiente”. “Y para eso hay que querer”.
Para complicarlo aún más, la reforma del modelo actual que fue aprobado en 2009 y prorrogado desde enero de 2014, y esa requisito previo del nuevo sistema tributario que plantea Hacienda supone adoptar cambios en leyes como la del IVA, la del IRPF o la del Impuesto de Sociedades.
Esa será la senda que se remitirá a Bruselas y en la que el Gobierno confía que pueda servir de base para volver hacia una relativa normalidad de las cuentas públicas apoyada por los ingresos extra de las medidas fiscales ya adoptadas o en vías de aprobación.
Por el lado de gasto, y en 2022, algunas de las medidas de racionalización planteadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en sus ejercicios de evaluación de la eficacia del gasto público, los célebres ‘spending review’, servirán para recuperar el equilibrio fiscal.
No hay que olvidar que la UE está especialmente preocupada por la evolución de las cuentas públicas en España En su evaluación del plan presupuestario de nuestro país, Bruselas advirtió el pasado mes de noviembre sobre el repunte del déficit estructural como consecuencia de algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno, como el Ingreso Mínimo Vital o las subidas de las pensiones y los sueldos de los funcionarios, con las que fue especialmente crítica
La Comisión pronostica en este sentido una reducción muy tenue del desequilibrio presupuestario español en los próximos años, lo que podría situar a España en una situación de gran vulnerabilidad ante una eventual subida de los tipos de interés de la deuda.
La forma y la orientación que ha de tomar la política fiscal no es un elemento que genere consenso a día de hoy en el Gobierno de coalición. Durante la negociación del proyecto de Presupuestos para 2021, los mensajes a la mesura lanzados por la vicepresidenta económica bajo la tesis de los riesgos que conlleva subir impuestos en medio de una crisis económica enorme, fueron contestados por Unidas Podemos con propuestas de más subidas fiscales y el intento de mantener el debate tributario en lo alto de la ola, incluso por encima de lo pactado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
Desencuentros político-fiscales que se mantienen
Los desencuentros entre ambas partes del Gobierno continúan. Unidas Podemos no presentó enmiendas al proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal en protesta por no haber sido consultados por Hacienda sobre la elaboración de la norma y ese malestar mantiene desde hace casi tres meses atascada en la Comisión de Hacienda una ley fundamental, no sólo por el peso que tiene en el plan de ingresos del Gobierno que, con su aplicación, espera recaudar 928 millones de euros en 2021 por las medidas contenidas en el proyecto legal, sino también porque recoge acciones fundamentales como el impuesto a los beneficios no distribuidos de las socimi, el control de las sicav por la Inspección de Hacienda o la regulación para habilitar las inspecciones sorpresa de la Agencia Tributaria, tras la sentencia del Tribunal Supremo que las declaró ilegales.
La formación morada ha manifestado en varias ocasiones que el tiempo de las subidas de impuestos no está, de ninguna manera, finiquitado
La formación morada ha manifestado en varias ocasiones que el tiempo de las subidas de impuestos no está, de ninguna manera, finiquitado. Podemos lleva insistiendo en estos últimos dos meses a la ministra de Hacienda que abra una negociación bilateral para empezar a perfilar lo que consideran debe ser la segunda fase de la reforma fiscal,
Una segunda parte con la mirada puesta en la aplicación del tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, el desarrollo de la fiscalidad verde, la eliminación de ayudas fiscales a empresas y rentas altas y la subida de los impuestos a los ricos. Por lo que desde Hacienda y Economía se está contando en las reuniones antes mencionadas, esa negociación no parece estar en sus planes.