Ana Sánchez Arjona ■
En el sudoku de medidas anunciadas que se prodigan estos días, el pacto de rentas debiera ocupar el papel principal. Y el Ejecutivo lo sabe y retoma la ofensiva de la mano de Nadia Calviño, que quiere relanzarlo porque, asegura, la moderación salarial y los márgenes empresariales son fundamentales para contener unos precios disparados y el declive económico. Tanto empresarios como sindicatos señalan que, de momento, y en estos casi seis meses que han pasado desde que Pedro Sánchez habló de este pacto por primera vez, no se ha ido más allá de los titulares que recoge la prensa, sin tan siquiera una reunión que haya dado algún resultado tangible, ni propuestas del Ejecutivo, a lo que hay que sumar una negociación salarial rota. Aun así, la vicepresidenta primera es consciente de que sin un pacto de rentas real no sólo está en juego sobre quién recae los daños de la crisis de inflación, sino que el frenazo de la actividad sea incluso más letal por el parón en el consumo, entre otros efectos colaterales.
La insistencia del Ejecutivo a los agentes sociales para que resuciten el diálogo social y consigan cerrar un pacto sobre negociación colectiva que rubrique ese pacto de rentas, es constante
La vicepresidenta primera del Gobierno decía hace poco menos de una semana que es “vital” llegar a un acuerdo de pacto de rentas, más si tenemos en cuenta que en estos momentos la prioridad es contener la inflación. “Es el momento de llegar a este gran acuerdo entre los agentes sociales”, dijo, ya que transmitiría un importante mensaje más allá del ámbito interno, y se evitaría el catastrofismo.
El Ejecutivo insiste de nuevo, y el escenario es peor que en marzo, cuando el presidente del Gobierno abordaba junto a los dos sindicatos mayoritarios y CEOE y Cepyme la necesidad de “un pacto de rentas” para contener el deterioro económico “derivado de la guerra en Ucrania”, decía en ese momento.
Un pacto virtual porque en estos casi seis meses no ha ido más allá de un titular que recoge la prensa, opinan los sindicatos, sin ni siquiera una reunión que haya dado algún resultado tangible, ni propuestas del Ejecutivo y con una negociación salarial nula con los empresarios.
Medio año después, el escenario económico ha empeorado y Nadia Calviño sabe que, sin un pacto de rentas real, no solo está en juego sobre quién recae los daños de la crisis de inflación, sino que el frenazo de la actividad sea incluso más letal por el frenazo en el consumo y el riesgo de impago de hipotecas, entre otras otros efectos colaterales importantes.
En el sudoku de medidas que se barajan estos días es necesario para contener esta coyuntura, el pacto de rentas que debiera ocupar el papel principal. En el Ejecutivo en general y en el Ministerio de Economía en particular sostienen que su objetivo es relanzarlo y aseguran que la moderación salarial y los márgenes empresariales son fundamentales para contener unos precios disparados.
Los gestos del Ejecutivo a los agentes sociales para que resuciten el dialogo social y consigan cerrar un pacto sobre negociación colectiva que rubrique ese pacto de rentas, son insistentes. La CEOE explica, y en estos coincide con los sindicatos, que no hay nada concreto todavía. Lo que tienen claro los empresarios es que no puede hablarse de un acuerdo de las dimensiones que debe tener un acuerdo de estas características sin contar con la parte pública, es decir, a los funcionarios y las pensiones. Piden abrir el tablero para conseguir un acuerdo.
Hay que recordar que es el mismo argumento que defiende el Banco de España que hace también llamamientos constantes en este sentido. Lo ha vuelto a hacer esta misma semana el Gobernador del Banco de España que ha defendido un pacto de rentas, que incluya al sector público y las pensiones. Pablo Hernández de Cos ha indicado que la incertidumbre por la guerra en Ucrania, la elevada inflación y la desaceleración global seguirán lastrando el crecimiento económico. De Cos apuesta por «compartir» ese esfuerzo «a través de este pacto en el que empresas y trabajadores acordarían compartir la pérdida de renta para la economía nacional. Ha añadido que un diseño adecuado del pacto tendría en cuenta el «impacto asimétrico» de las perturbaciones actuales entre trabajadores, empresas y sectores y debería ser de carácter plurianual.
Negociación colectiva
Pero no es fácil porque lo que defienden sindicatos y lo que defiende la patronal no coincide. Los sindicatos insisten en que el mayor problema para acercar posturas sobre la negociación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que ahora mismo está parada, es la cláusula de garantía salarial que vincule los salarios al IPC.
Desde CCOO reiteran que el pacto de rentas que pide el Ejecutivo debería contemplar, además de la subida del SMI y de un pacto salarial con los empresarios, acciones concretas para frenar la subida de precios y los excedentes empresariales de determinados sectores y también medidas para proteger las rentas de familias y trabajadores.
Hace algunas semanas, Nadia Calviño se reunió con el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y con Unai Sordo. En ambos encuentros se trató del plan de recuperación, la escalada de la inflación y el imprescindible reparto de los costes de la crisis.
La primera vez que escuchó hablar del ‘pacto de rentas’ fue en los primeros compases de la invasión rusa de Ucrania. El presidente Pedro Sánchez explicó en el Congreso de los Diputados que la reacción de Europa contra Rusia tendría consecuencias: “Van a tener un coste y van a exigir sacrificios”.
Sánchez pidió en ese momento “un gran pacto de rentas” a los agentes sociales por la vertiente “los costes salariales”, con menores subidas de sueldos, y moderación de los márgenes y beneficios de las empresas”.
Para los sindicatos el pacto de rentas debería contemplar, además de la subida del SMI y de un pacto salarial, medidas para contener la inflación
El objetivo, explicaba el presidente, es “evitar caer en una espiral de precios, que mine el poder de compra de las familias, de los ahorradores y que ponga en riesgo la recuperación económica”.
Sin embargo, y después de que se produjera primera reunión en marzo para buscar el acuerdo, no ha habido nada concreto, según las centrales sindicales que aseguran que no ha habido encuentros a tres para concretar los puntos del pacto, al menos un borrador, y tampoco propuestas por parte de Economía, hasta ahora momento en el Calviño ha vuelto rescatar la necesidad de este pacto, pero, otra vez, sin concretar nada.
Y es que de momento todo se centra en la petición petición de un pacto salarial a los agentes sociales que está bloqueado. Los empresarios rechazan compensar la subida de precios mediante revisiones a cambio de que los sindicatos accedan a alzas moderadas.
Un reparto desigual entre trabajadores y empresas
Lo cierto es que buena parte de economistas y expertos señalan que, sin un pacto de rentas la distribución del golpe de la inflación entre beneficios empresariales y salarios no se ha materializado en un reparto, sino que recae en gran medida sobre los trabajadores.
Es el propio Banco de España el que llega a esta conclusión que se refleja en la Central de Balances que ha publicado y que recoge datos de las empresas.
El BdE concluye que, en los primeros meses de este año, “la facturación de las empresas creció a una tasa muy alta, reflejo tanto de la recuperación de la actividad como del aumento de los precios de venta”. Y que esta evolución “se tradujo en una mejora de la rentabilidad de las compañías [la capacidad de convertir los ingresos en beneficios]”.
“A pesar del notable avance de los costes de producción, los excedentes empresariales [los beneficios] se expandieron a un ritmo elevado, y se registraron ya niveles muy similares o incluso algo superiores a los existentes antes de la crisis del COVID-19”, señala el documento.
Destaca, no obstante, diferencias entre sectores. Le ha ido bien a la industria y el comercio y la hostelería, especialmente a “las generadoras de energía eléctrica”, con mejoras de los márgenes de hasta 26%.
Aseguran los expertos que la influencia nefasta que provocan los precios en el consumo de los hogares, y que agrava el que no haya un pacto de rentas, significa incrementar el frenazo que ya sufre el crecimiento en un escenario de gran incertidumbre por la invasión rusa de Ucrania y por la escalada de la crisis energética.
Estos factores son fundamentales para Funcas a la hora de insistir en que es imprescindible una política de rentas sensata, que no perjudique la competitividad de la economía. Carlos Ocaña, director general de la Fundación, advierte, no obstante, de que “las pensiones deberían incluirse en el pacto… dado su fuerte impacto en el gasto”.
