Ana Sánchez Arjona
Mª Jesús Montero lo tiene claro: hay que atajar los agravios comparativos entre comunidades, políticamente conocido como ‘dumping fiscal’, un mensaje que la también portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez viene haciendo suyo desde su etapa como consejera en la Junta de Andalucía. Pero Isabel Díaz Ayuso contraataca tras su holgada victoria en las pasadas elecciones. No sólo rebajará el tipo máximo del IRPF, sino que incentivará a las empresas que escojan Madrid como sede fiscal, también en vivienda. Además, el Gobierno de la Comunidad ya ha manifestado reiteradamente su disposición de llegar hasta el Constitucional, en caso de que sea necesario.
Se abre la veda para la batalla fiscal entre Madrid y Moncloa. Concretamente entre Madrid y el ministerio de Hacienda. La mayoría obtenida por el PP en las elecciones autonómicas da más fuerza a Isabel Díaz Ayuso para sacar adelante una rebaja fiscal que la ha enfrentado ya de forma abierta con el departamento que dirige María Jesús Montero
La ministra de Haciendaanunció recientemente la creación de un grupo de expertospara sentar las bases de la futura reforma fiscal, con un objetivo muy claro: atajar los agravios comparativos entre comunidades, políticamente conocido como ‘dumping fiscal’, un mensaje que la también portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez viene haciendo suyo desde su etapa como consejera en la Junta de Andalucía. Solo hay que recordar sus intervenciones frente a su antecesor, Cristóbal Montoro.
Durante la campaña Ayuso se comprometió a impulsar una nueva rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones, que goza ya de una de las tributaciones más bajas del país al contar con importantes bonificaciones por hasta el 99% del total
Hay que recordar que Montero quiere armonizar los impuestos sobre Patrimonio y Sucesiones, que en el caso de la Comunidad de Madrid están bonificados al 100 y al 99%, respectivamente. Pero lo cierto es que Ayuso no está dispuesta a pasar por ese rodillo fiscal, y mucho menos tras el resultado obtenido en las elecciones.
Así que contraataca y uno de sus primeros anuncios ha sido, de nuevo, una rebaja del tipo máximo del tramo autonómico del IRPF, que en el caso de Madrid es ya el más cote de España. Además, ha añadido que incentivará a las empresas que escojan Madrid como sede fiscal, también en vivienda.
Pero el Gobierno sabe que un enfrentamiento abierto con Madrid no es conveniente en un momento como éste en el que España está pendiente de empezar a recibir los 140.000 millones de euros que le corresponden del fondo de reconstrucción europeo, sobre todo porque Bruselas va a poner su lupa en cada medida económica que anuncie el país.
Modelo liberal
El modelo económico liberal de Díaz Ayuso, con una gestión de la pandemia inédita en todo el país y muy criticada por parte de algunos sectores, ha triunfado en las urnas y estará vigente para los dos próximos años.
La futura presidente no va a necesitar el ‘sí’ de Vox para ser investida por segunda vez, lo que, sumado a que va a contar con más diputados que toda la izquierda junta, supone tener libertad de movimientos hasta 2023 para ahondar en su modelo económico y fiscal. Veinticuatro meses para bajar los impuestos, su principal objetivo y, lo que es más urgente, para que Madrid tenga unos Presupuestos de forma urgente.
Dos años en los que la Comunidad de Madrid va a poder continuar con su batalla fiscal “para mover la inversión y la llegada de grandes patrimonios a la capital”, ha asegurado en muchas ocasiones Ayuso.
El Ejecutivo madrileño ya ha manifestado reiteradamente su disposición de llegar hasta el Constitucional, en caso de que sea necesario, antes que ceder ante el Estado en cuestiones como Patrimonio o Sucesiones, o a la hora de establecer nuevos beneficios fiscales a particulares o empresas.
Junto a Madrid, comunidades como Murcia o Andalucía, gobernadas por el PP, u otras de signo socialista, también aplican bonificaciones amplias a los tributos que gravan la riqueza y es más que previsible que se unan en su defensa frente al Estado, mientras no exista un planteamiento completo de financiación autonómica y reordenación de todos los tributos de competencia estatal y autonómica. Los asesores fiscales ya advirtieron en su último análisis de la fiscalidad regional que la competencia a la baja que se ha desatado en las autonomías a la hora de establecer y modificar tributos cedidos provoca agravios en regiones limítrofes.
Hay que recordar que el documento ‘Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Local 2021’ elaborado y presentado por el Consejo General de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), aseguraba que el aumento de impuestos aprobado en muchas comunidades autónomas y las subidas impositivas recogidas en los Presupuestos de 2021, como el alza del IRPF, han aumentado las diferencias entre la presión fiscal de las regiones españolas.
Las CCAA con los impuestos más altos son Cataluña, Comunidad Valenciana y Canarias, así como Asturias o Extremadura, mientras que en el lado opuesto se sitúan Madrid, Murcia, Andalucía o las regiones forales de País Vasco y Navarra.
Madrid, sin competencia en tipos bajos del IRPF
Dentro del programa económico corte liberal del que presume Ayuso, el eje central de su estrategia es una política fiscal tendente a la progresiva reducción de todos los tributos que están en su mano. De hecho, en sus primeras declaraciones a la prensa tras descender de la celebración en el balcón de Génova durante la noche electoral, la presidenta regional avanzó que entre sus prioridades para el nuevo mandato está “bajar impuestos”.
Asegura la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, que reducir el tipo madrileño total al 18% situaría a la autonomía por debajo ya de todas las comunidades no forales, y supondría un ahorro medio por contribuyente de rentas bajas de unos 30 euros.
Madrid también aplica ya el menor tipo autonómico sobre las rentas altas, del 21%, lo que resulta en un 45,5% una vez sumada la cuota estatal, en este caso sin que ningún otro territorio, incluso foral, se le equipare. De hecho, existen enormes diferencias frente al 54% que llega a aplicarse en la Comunidad Valenciana, donde se aplica el tipo más alto. En este caso, el ahorro para los ciudadanos con mayor base de rentas que proporcionaría la reforma fiscal de Ayuso se situaría ya en los 519 euros al año, siempre según los cálculos de los técnicos del Ministerio de Hacienda.
En total, se estima que la medida supondrá una pérdida de recaudación de 430 millones y una rebaja de la tributación media de 163 euros por madrileño, si bien con severas diferencias por tramos, como se ha visto.
De hecho, más de un tercio del coste lo concentra la reducción aplicable a las rentas más elevadas, el 9% del total de declarantes, mientras que el 26,7% de ciudadanos en el tramo salarial más bajo solo disfrutaría del 5% del esfuerzo público.
En paralelo, durante la campaña Ayuso se ha comprometido también a impulsar una nueva rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones, que de nuevo goza ya de una de las tributaciones más bajas del país en la región madrileña al contar con importantes bonificaciones por hasta el 99% del total. En esta ocasión, la presidenta regional planea impulsar una ampliación de las bonificaciones entre tíos y sobrinos, que se eleva del 10% al 20%; así como entre hermanos, donde pasará del 15% al 25%.
La medida, según el propio Ejecutivo autonómico, tendrá un coste de unos 30 millones de euros anuales, si bien solo beneficiará a un total de 11.000 contribuyentes, el equivalente al 0,16% de todos los habitantes de Madrid.
