Ana Sánchez Arjona
El 40º Congreso del PSOE se convertirá en el escenario donde se escenifique la tensión entre socialistas y ‘populares’. Valencia será la anfitriona del encuentro, una comunidad cuyo presidente Ximo Puig se ha revelado como el más activo no sólo a la hora de exigir cambios en la financiación autonómica para acabar, entre otras medidas, con lo que se ha dado en denominar ‘dumping fiscal’ del territorio que preside Díaz Ayuso, sino también en plantear la descentralización de las instituciones a partir del traslado total o parcial de las sedes de diversos organismos a distintas ciudades del país y evitar así que Madrid aspire a seguir concentrando todos los recursos.
El enfrentamiento PSOE-PP ha dado una vuelta de tuerca más y se traslada al 40 Congreso socialista. Lo hace de la mano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, cuyo modelo fiscal será objeto de debate y uno de los puntos del día en el conclave que se celebra en Valencia. Objetivo: suprimir lo que se ha dado en denominar «dumping fiscal» que se atribuye a algunas comunidades autonómicas, pero que, sin duda, tiene la mirada puesta en Madrid.
Y es precisamente el presidente Ximo Puig, anfitrión del Congreso, el que abandera desde hace algún tiempo la reivindicación de un nuevo sistema de financiación y que llevó al debate de la conferencia de presidentes el “dumping fiscal” del territorio que lidera Isabel Díaz Ayuso.
La propuesta de limitar las competencias de las comunidades en sucesiones y donaciones, está respaldada por las enmiendas de varias provincias del PSOE andaluz y por el Partido Socialista de Cataluña
Aunque insiste en que su reivindicación no va contra Madrid, Puig llegó a proponer el pasado mes de agosto la creación de una figura fiscal para compensar la desigualdad fiscal entre territorios.
La propuesta de limitar las competencias de las comunidades autónomas en materia de sucesiones y donaciones, está respaldada por las enmiendas de varias provincias del PSOE andaluz -Córdoba, Sevilla, Málaga, Jaén y Granada- y por el Partido Socialista de Cataluña
En concreto, la enmienda presentada en este sentido por los socialistas catalanes plantea que para “equilibrar el territorio” en la «construcción de la España federal» es necesario la “armonización” fiscal que, además de tender hacia una fiscalidad europea, “tenga en cuenta la lucha contra situaciones de ‘dumping’ fiscal entre las CCAA que «provocan concentración de patrimonios en ciertas comunidades» y que en otras «desincentivan la inversión privada”.
Deslealtad fiscal
También otra propuesta que procede de Jaén es muy explícita contra lo que el PSOE denomina “dumping fiscal”, que los socialistas siempre atribuyen a Madrid principalmente, aunque en estas enmiendas no precisan qué autonomías serían las que están ejerciendo esa deslealtad fiscal.
Los socialistas jienenses proponen “abordar un estudio integral e implementar las medidas que de este resulten con el fin de alcanzar una armonización fiscal efectiva en el conjunto del territorio español, corrigiendo el dumping fiscal que desarrollan determinadas CCAA”, según recoge Europa Press.
Esta enmienda considera que esa “armonización fiscal” debe ir más allá de determinados tributos como los de sucesiones, donaciones o la riqueza.
Impuestos a los que se limitan otras propuestas como la de Córdoba que plantea limitar las competencias normativas de las Comunidades en estos Sucesiones y Donaciones, estableciendo un “tipo efectivo mínimo a nivel nacional en ambos impuestos”.
El argumento que dan y que respalda otras provincias andaluzas es que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto de Patrimonio son los protagonistas de una intensa competencia tributaria a la baja entre las Comunidades Autónomas, que ha llevado a la práctica supresión del primero en muchas Comunidades Autónomas.
Y consideran que esa competencia tributaria es “perjudicial económicamente” por que provoca, por una parte, una “notable pérdida recaudatoria” y, por otra, también propicia una “pérdida de progresividad y equidad en tanto en cuanto que son contribuyentes con mayor renta y riqueza los principales beneficiados”.
Por ello, piensan que los socialistas deben oponerse “enérgicamente” a esta situación y para ello, el Gobierno “debe establecer una modificación legal que suprima de facto dicha competencia, limitando las competencias normativas de las Comunidades en estos impuestos y estableciendo un tipo efectivo mínimo a nivel nacional en ambos impuestos”.
Patrimonio
En cuanto al impuesto de Patrimonio, los socialistas andaluces creen que debe “consolidarse como un impuesto central en el gravamen de la riqueza en España”.
La explicación es que existen razones económicas propias para la implantación de un impuesto sobre el Patrimonio, además de constituir un complemento del IRPF “por razones de control”.
Por ello, quieren que se aumente la progresividad del Impuesto sobre el Patrimonio y creen que debe abolirse de “manera permanente y definitiva” la bonificación general de la cuota íntegra introducida por la citada Ley 4/2008, de 23 de diciembre.
Los socialistas granadinos creen que además de avanzar en la armonización fiscal en España, se debe “avanzar en una fiscalidad integrada a nivel europeo” y por ello reclaman que se den los pasos internos en el seno de la UE, para evitar el “dumping fiscal” y la competencia desleal entre socios comunitarios.
“Es necesario establecer un sistema normativo integrado y eficaz que impida que las multinacionales, especialmente las tecnológicas, agredan nuestros sistemas impositivos y fiscales con el fin de avanzar en una gobernanza fiscal igual para los 27”.
“Hay vida fuera de Madrid, incluso vida inteligente”
Los socialistas valencianos no solo los más dinámicos a la hora de impulsar cambios en la financiación autonómica sino también en plantear la desconcentración de instituciones para evitar que Madrid aspire todos los recursos.
La propuesta intensifica el choque entre Moncloa y el PP. “Destrozar Madrid es destrozar España”, ha advertido Ayuso en declaraciones a los medios. “Todos los países tienen una capital y la capital de España se llama Madrid” desde “hace cinco siglos”, una región muy querida por todos los españoles”.
La ponencia marco del 40º Congreso del PSOE ha recogido entre sus propuestas la “desconcentración a partir del traslado total o parcial de las sedes de diversos organismos a distintas ciudades del país”. Y, aunque, no se concreta el nombre de ninguna institución, sí se apunta como ejemplo a “algunas agencias estatales, así como segundos niveles de la Administración”.
De hecho, Pedro Sánchez reafirmó recientemente en Ponferrada su compromiso de avanzar en la descentralización de instituciones estatales y recalcó que “es de justicia que todos los territorios abran un debate honesto y leal” para que muchas de ellas salgan de la capital de España y representen al Estado en otros lugares.
La idea no es nueva porque hay actos de algunos ministros que apuntan a esa dirección. El pasado verano, José Luis Escrivá visitó en Soria el lugar donde está previsto que se instale el nuevo Centro de Procesamientos de Datos de la Seguridad Social, dentro de un par de años. Parece que los efectos colaterales del cambio de sede serán limitados. Pero provoca grandes expectativas para el nada despreciable objetivo de vertebrar el país rebajar la tensión territorial entre la España rica, la que recibe a los que llegan de la España vaciada.
Se trata de una estrategia de momento poco perfilada que tiene el visto bueno de una parte importante de presidentes autonómicos que consideran trasnochado el centralismo madrileño, que concentra todos los órganos del poder del Estado
“Hay vida fuera de Madrid, incluso vida inteligente”, ha dicho Ximo Puig. “Gracias, Sánchez, por defender la descentralización de las instituciones del Estado para equilibrar el país. La España real sobrepasa la M-30, aunque haya quien no quiere darse cuenta”.
