“Estamos todavía en plena pandemia, pero el mundo ha cambiado y debemos acelerar la transformación del país si queremos ganarnos nuestro futuro”, aseguraba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y añadia que “no se trata solo de recuperar el PIB que nos arrebató la pandemia, se trata de crecer de una nueva manera”, una “más fuerte y justa, más competitiva, pero también más sostenible”.
En un acto desde La Moncloa con la presencia telemática del resto de su Gabinete, representantes de patronal, sindicatos y embajadores europeos, Sánchez presentó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, que definió como “la hoja de ruta de esa nueva modernización de nuestro país para los próximos seis años”. Una estrategia con la que el Ejecutivo aspira a captar las ayudas europeas y canalizarlas de inmediato en inversiones. El objetivo de partida, anunció, es movilizar 72.000 millones de euros entre 2021 y 2023 para elevar el crecimiento potencial del PIB en 2,5 puntos y crear 800.000 puestos de trabajo en esos tres años.
Aunque España aspira a obtener un total de 140.000 millones de euros en fondos europeos en seis años, Sánchez solo hizo mención a la mitad que tendrá forma de subvenciones porque el Ejecutivo esperará a mediados de 2023, el plazo límite que hay, para decidir qué solicita de los otros 70.000 millones en créditos de la UE.
Para empezar, el Ejecutivo anticipará los 27.400 millones que espera recibir ya en 2021 vía deuda para que estén disponibles desde la entrada en vigor del nuevo Presupuesto. El objetivo es ejecutar íntegramente inversiones por valor de esos 72.000 millones en tres años (el 70% en dos años) a fin de que el PIB, que caerá un 11,2% este año según sus cálculos, no solo rebote un 7,2% el año que viene, sino que crezca un 9,8%.
Para empezar, el Ejecutivo anticipará los 27.400 millones que espera recibir ya en 2021 vía deuda para que estén disponibles desde la entrada en vigor del nuevo Presupuesto
Sánchez anticipó que el 37% de los fondos se destinarán a la “inversión verde, vinculada con la transición ecológica”, y que otro 33% irá destinado a la transformación digital del país, tal y como exige la UE, “para crear cientos de miles de puestos de trabajo, miles de empresas”, ayudar a las pequeñas a convertirse en medianas, reindustrializar el país o avanzar en la lucha contra el cambio climático y la desigualdad social.
La puesta en marcha de estos proyectos, sostuvo, pasa por aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, para los que el Gobierno ha ampliado el techo de gasto un 53%, hasta los 196.000 millones de euros, comprometidos con la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de oportunidades y la cohesión social.
Cuatro pilares
El plan se despliega en torno a cuatro pilares. Uno medioambiental, que pasa por impulsar 250.000 vehículos eléctricos para 2023, a fin de alcanzar cinco millones en 2030; habilitar 100.000 puntos de recarga para ellos; rehabilitar más de medio millón de viviendas en tres años o invertir 2.000 millones en restaurar 3.000 kilómetros de ríos. Otro digital, que busca modernizar la educación y las empresas, dar formación digital al 80% de españoles; que el 75% tenga acceso a cobertura 5G y que toda la población tenga internet rápido. El tercero es el de igualdad, que busca acabar con la brecha de género y facilitar 65.000 plazas de educación infantil de 0 a 3 años. Y un cuarto de igualdad de oportunidades que creará 200.000 nuevas plazas de formación profesional en cuatro años, reforzará la sanidad, la educación, la atención a dependientes, las políticas activas de empleo y la atención a la España rural. En paralelo, el Gobierno impulsará un “sistema fiscal justo” en los próximos años.
A su vez, las inversiones se articularán en torno a 10 políticas estructurales en cuyo reparto (ver despiece) será la pata educativa la que más fondos reciba.
Para eliminar todas las “trabas administrativas” y “cuellos de botella”, Sánchez anunció que simplificará vía decreto la legislación que rige los contratos y subvenciones públicos, para garantizar una ejecución “impecable” y “ágil”. En paralelo, Sánchez creará una comisión interministerial, presidida por él, y una unidad de seguimiento de las inversiones en Moncloa; reactivará la Conferencia Sectorial de Fondos Europeos con las Comunidades Autónomas; reforzará la Conferencia de Presidentes Autonómicos, implicando a las entidades locales; fomentará la interlocución del plan con patronal o sindicatos, y se dará un parte recurrente a Congreso y Senado.
