El Tribunal Constitucional ha respaldado la normativa tributaria que permite intensificar las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude y que fija multas de hasta 600.000 euros para las empresas que se nieguen a entregar determinada información contable a Hacienda. En concreto, ha decidido desestimar por mayoría la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo, en la que se ponía en duda la proporcionalidad de las posibles sanciones e infracciones por obstaculizar una inspección. Pese a la «severidad» de la posible sanción, no hay «un desequilibrio patente y excesivo» con el fin de la norma, resume el Constitucional.
El Tribunal Supremo había planteado la posible incompatibilidad de estos castigos con el principio de proporcionalidad.
