Ana Sánchez Arjona ■
A las puertas de las elecciones del 28-M, la fiscalidad se abre paso como reclamo electoral, una vez más. Declaraciones que explican que “el milagro económico andaluz es recaudar más bajando impuestos” o las que advierten de que las promesas de reducción de impuestos suponen un discurso “peligroso y antidemocrático”, son habituales entre los candidatos, incluso, entre los líderes de los principales partidos. Lo cierto es que estamos ante dos modelos opuestos a la hora de entender la política tributaria, según gobierne el PSOE o el PP. Por ejemplo, la respuesta de una buena parte de las comunidades ‘populares’ ante la imparable escalada de precios, ha sido ajustar los tramos autonómicos del IRPF a la inflación, bien es cierto que con matices en algunos territorios. Hacienda, y las comunidades socialistas, aseguran que la medida no es progresiva, que son las rentas más altas las que salen beneficiadas y que es necesario incrementar los recursos públicos para ofrecer unos mejores servicios.
La fiscalidad autonómica, como no podía ser de otra manera, ha entrado en campaña. Solo basta con leer los periódicos, escuchar la radio o ver la televisión para darse cuenta de que los anuncios tributarios, las promesas sobre rebajas o progresividad impositiva son habituales entre los candidatos que se presentan a las elecciones del 28 de mayo.
Declaraciones recientes, por ejemplo, de la consejera de economía y Hacienda de Andalucía, Carolina España, en las que declaraba que el milagro económico andaluz es recaudar más bajando impuestos, en sintonía con la Comunidad de Madrid, o de la consejera de Hacienda de Extremadura, Pilar Blanco, que señala que las promesas de bajadas de impuestos suponen un discurso “peligroso y antidemocrático”.
Pero no es únicamente el IRPF el que marca la diferencia. Las bonificaciones en Patrimonio o en Sucesiones y Donaciones también lo hacen y con polémica incluida
Se enfrentan dos modelos opuestos, según quién gobierne en cada comunidad autónoma.
Por ejemplo, la respuesta de una buena parte de las comunidades ante la imparable escalada de precios ha sido ajustar los tramos autonómicos del IRPF a la inflación, bien es cierto que con matices en algunos territorios.
Una decisión que el Gobierno central ha criticado mientras afeaba a los responsables regionales de beneficiar a las rentas más altas.
Más allá de las críticas, el Ejecutivo, en este sentido no parece dispuesto a renunciar a los ingresos que implica no adaptar el IRPF a la inflación. Hacienda asegura que la medida no es progresiva, que son las rentas más altas las que salen beneficiadas y que, en este momento preciso de la situación económica por la que atraviesa España, hay que ‘pagar’ las importantes rebajas del IVA en la electricidad y el gas.
Buena parte de las comunidades gobernadas por el PP sí han apostado por deflactar el tramo autonómico del impuesto sobre la renta, lo que ahonda en la brecha entre las dos fórmulas fiscales que se aplican en España: la del PP que tiene como objetivo bajar impuestos porque, según los ‘populares’, el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos. Ya ha dicho Alberto Núñez Feijóo, que llevará al conjunto del país esta estrategia. Mientras, el PSOE, quiere unos recursos públicos potentes para ofrecer unos mejores servicios lo que significa subir los impuestos a las rentas altas, incluso, a las medias.
Han sido la Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia y la Región de Murcia las que han deflactado el IRPF para combatir la inflación. Castilla y León optó directamente por una rebaja del impuesto. A estas comunidades hay que sumar Canarias y Comunidad Valenciana que también han decidido aplicar algún tipo de modificación en la renta, igual el País Vasco.
Las comunidades del PP han convertido las rebajas fiscales en el eje central de sus políticas. Según el propio partido de Génova, son casi 11 millones de contribuyentes los que se ha beneficiado.
En casos como el de la comunidad de Madrid se ha dejado notar especialmente. Es la autonomía de régimen común en la que menos se paga por IRPF, en cualquiera de los tramos, según el Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral que elabora el Consejo General de Economistas.
Pero no es únicamente el IRPF el que marca la diferencia. Las bonificaciones en Patrimonio o en Sucesiones y Donaciones también lo hacen y con polémica incluida.
Las comunidades ‘populares’ han puesto en macha sucesivas rebajas que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado como dumping fiscal.
Una dura crítica, la de Montero, que viene de atrás porque ya se había manifestado en este sentido cuando ocupada la consejería de Hacienda de Andalucía. Después, y cuando ya ocupaba la cartera de Hacienda, también se reiteró en su calificación de dumping. Montero acusó directamente a Madrid y a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, de ejercer una competencia ilegal, de bajar los impuestos para captar a contribuyentes de otras comunidades.
‘Dumping’ o asimetría fiscal
“Hay muchas comunidades autónomas que muestran su preocupación ante las asimetrías fiscales, rechazando que regiones como la Comunidad de Madrid, que se beneficia el efecto capitalidad y sede de muchas empresas, arrastra al resto a hacer bajadas fiscales que no se pueden permitir sus cuentas públicas”.
Las comunidades gobernadas por el PP han puesto en macha sucesivas rebajas que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado como ‘dumping’ fiscal
La posición sobre las rebajas fiscales en Madrid ha sido el origen del impuesto sobre las Grandes Fortunas que ha aplicado el Gobierno. En principio fue una propuesta de Podemos ante la que el PSOE se mostraba reticente ante la posibilidad de que podía considerarse un límite a la autonomía fiscal de las comunidades.
Ha sido a principios de este año cuando Hacienda decidió implementar este impuesto en busca de la armonización fiscal de tal manera que en las comunidades que bonifican Patrimonio, se aplicará el nuevo impuesto para neutralizar la rebaja.
Madrid y Andalucía se han puesto en pie de guerra y amenazan con abrir una batalla judicial bajo el argumento de que, precisamente, atenta contra la autonomía fiscal.
Según las propias estimaciones de Hacienda, el número de los que se verán perjudicados por la aplicación del Impuesto sobre las Grandes Fortunas es muy bajo. La recaudación que se percibe o se deja de percibir es mínima, porque sobre quién realmente recaen los ingresos por impuestos son la clase media y trabajadora a través del Impuesto sobre la Renta y del IVA.
IRPF autonómico, o cómo pagar un 280% más en función de la comunidad donde se vive
Un contribuyente soltero y sin hijos que gane 16.000 euros al año pagará este 2023 por el tramo autonómico del IRPF 316 euros si reside en la Comunitat Valenciana y 1.209, un 280 % más, si vive en el País Vasco, lo que supone una diferencia de 892 euros, según el estudio que el Consejo General de Economistas de España publica cada año.
El Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2023 indica que la diferencia relativa es mucho menor, pero también importante, para un asalariado con ingresos anuales de 20.000 euros, que pagará 1.911 si tiene su domicilio en Madrid y 2.300, 390 euros y un 21,47 % más, si vive en Navarra.
Para unos ingresos por rentas del trabajo de 30.000 euros, en el País Vasco se pagará 4.609 euros y en Cataluña 5.040, un 9,25 % más; y la diferencia se hace más abultada si el sueldo es de 45.000 euros, entre los 8.845 euros de País Vasco y los 9.800, un 11,70 % más, de Extremadura
En los ratios salariales más altos, las diferencias entre territorios siguen creciendo.
Por ejemplo, con unos ingresos anuales de 70.000 euros, la mayor diferencia es entre los 17.977 euros de País Vasco y los 19.716, un 11,16 % más, de Navarra, mientras que a partir de esa cantidad el nivel en la parte baja lo marca Madrid, y la Comunidad Valenciana en la parte alta, donde por ejemplo un contribuyente que perciba 600.000 euros tributará casi la mitad de esa cantidad, un 19,30 % más que un madrileño.
Los datos del estudio del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España, evidencia así las diferencias que las distintas modalidades fiscales que inciden directamente en la contribución de los ciudadanos en función de dónde residan.
Así que, el Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2023, tras introducir novedades en ocho comunidades, que rebajaron o deflactaron el IRPF, refleja que la libertad en la aplicación normativa autonómica ha llevado a que ninguna comunidad tenga una tarifa del IRPF “exactamente igual a la estatal” incluso que, en ciertos casos “no coincidan ni siquiera el número de tramos. El Consejo General de Economistas, no obstante, no es partidario de la armonización fiscal que propone la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
