Destacado / N. L.
Ha tenido que desencadenarse una terrible guerra para que se abra camino en Bruselas, tímidamente, un sistema más racional y justo en la fijación de los precios eléctricos abandonando, provisionalmente, la fórmula marginalista.
Sólo cuando, como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania que ha elevado los precios de la electricidad en todos los países de la Unión, incluida la reticente Alemania, está en trance de resolverse lo que no habían conseguido ni Sánchez ni la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera: establecer un sistema de precios eléctricos racional y justo que terminara con el marginalismo que los establece al fijarlos con el más caro, concretamente el gas, que se toma como referencia para determinar los precios en el mercado mayorista que afecta a los contratos regulados que rigen para los consumidores más vulnerables.
La cumbre informal de la UE en Versalles ha avanzado el primer paso al anunciar un mandato a la Comisión Europea para que plantee fórmulas “para las repercusiones del aumento de los precios de la energía en nuestros ciudadanos y empresas, especialmente en ciudadanos vulnerables y pymes. Ursula von der Leyen ha tomado nota y ha concretado que “a finales de mes la Comisión presentará opciones para limitar el contagio del precio del gas a la electricidad”.
Antes del verano del pasado año, el precio del megavatio estaba por debajo de los 180 euros y ahora oscila entre los 500 y los 3.000.
Pedro Sánchez había prometido el 5 de septiembre de 2021 en una entrevista en el diario ‘El País’ un plan para llegar a un compromiso concreto, indicando que “al final de 2021 los españoles echen la vista atrás y vean que han pagado en la factura de la luz una cuantía similar y semejante a la que pagaron en 2018”. “Ése, concluía, es el objetivo y el compromiso: que todos los ciudadanos con un consumo medio al final de 2021 paguen una cuantía semejante y similar a la que pagaron en 2018, lógicamente con el IPC descontado”.
Sánchez amenaza con tirar por libre
Ahora tiene que tiene apechugar con unos precios sin igual en la historia, y ha iniciado una gira por las capitales de la Unión convencido, según declaró en una entrevista en La Sexta, el pasado 14, de que ahora Europa estaría abierta a sus propuestas al producirse un sentir mayoritario de la ciudadanía, de gobiernos y de otros miembros del Consejo Europeo. Al final de su gira trasladará a los países europeos en el Consejo Europeo de los días 24 y 25 la necesidad de atajar el precio de la electricidad. «Esta conexión entre el precio del gas y la electricidad –resaltó en su entrevista televisiva– nos lleva a una situación de puesta en riesgo de toda la industria y la economía y espero que salga adelante, porque nos jugamos mucho».
“El Gobierno de España –ha asegurado– hará todo lo que esté en su mano para que las empresas no sean rehenes de este chantaje energético de Putin” y lo ha justificado: “Tenemos que tomar decisiones, estamos en una situación de emergencia. Es mucho mejor tomarlas a nivel europeo. El sistema de precios no está respondiendo de manera efectiva”. / EUROPA PRESS
Sánchez anunció también que el 29 de marzo se reunirá el Consejo de Ministros para aprobar el plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra en el que, adelantó, «va a haber rebajas fiscales en ese plan y vamos a hablar con los sectores afectados».
Si no hay acuerdo actuará por libre
Sánchez había amenazado con que si no se llega a un acuerdo con España actuará por libre topando los precios de la electricidad. “El Gobierno de España –ha asegurado– hará todo lo que esté en su mano para que las empresas no sean rehenes de este chantaje energético de Putin” y lo ha justificado: “Tenemos que tomar decisiones, estamos en una situación de emergencia. Es mucho mejor tomarlas a nivel europeo. El sistema de precios no está respondiendo de manera efectiva”.
Pedro Sánchez y los jefes de Ejecutivos autonómicos, incluidos todos los del PP, reunidos en la isla de La Palma el pasado 13 de marzo, pactaron una declaración final apoyando al Gobierno en su negociación europea. “Tenemos que pensar –insiste Sánchez– en el próximo invierno y llegar a él con una menor dependencia de la importación de gas o petróleo”.
El cambio de modelo se va a conseguir de forma teóricamente “provisional”, pues, aunque parezca increíble, los ‘lobbies’ que trabajan en la Comisión tienen una fuerza superior a la de algunos países miembros y han conseguido responder con la necesidad de estudios definitivos de los reguladores. No obstante, es una provisionalidad que, en nuestra opinión, se trocará en definitiva.
El tope a la escalada eléctrica se debería traducir en una rebaja de la luz a partir de abril para los consumidores del mercado regulado, cuyo impacto tendrán que asumir las energéticas. Así lo asegura Teresa Ribera, que sostiene en una entrevista con ‘El Periódico’ que el plan de choque que ultima el Gobierno también incluirá medidas fiscales, regulatorias y una ampliación y mejora del bono social. Lo que, en opinión de Ribera, se debería traducir en una rebaja de la luz a partir de abril para los consumidores del mercado regulado, cuyo impacto tendrán que asumir las energéticas”.
España chocó con Bruselas en septiembre de 2021
El presidente, que antes de la guerra se había puesto inicialmente de perfil en lo que al precio de la luz se refiere confiando la tarea a Teresa Ribera, al estrellarse ésta en Bruselas asumió el asunto de forma prioritaria pues entendió que tendría que demostrar su progresismo en la batalla eléctrica, prueba de fuego sobre la consistencia de su fondo socialista y su determinación y capacidad para enfrentarse con el desafío del poderoso oligopolio.
De la intervención de Ribera en el Congreso de los Diputados el 30 de septiembre de 2021 quedó en el ciudadano perplejo la regañina a los eléctricos por su falta de empatía social, que era como recurrir a la caridad, al tiempo que en entrevista para ‘El País’ reconocía: “También hay ganancias excesivas en favor de grandes compañías. Más allá de la valoración ética que haga cada uno, esto resulta obvio. Hay negocios de generación que tienen unos costes operativos muy por debajo del precio al que son retribuidos. Al final, acaba pagando el consumidor”.
Teresa Ribera dejó claro en el Parlamento que, contra lo que proponía Podemos, el Gobierno no intervendría sobre el mercado mayorista y decidió que no se toparían los precios que obtienen las plantas eléctricas y nucleares aunque reduciría la vinculación de la tarifa semirregulada del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) del mercado mayorista, al que está directamente indexada. No se atrevió a coger el toro por los cuernos.
Su respuesta a la presión de Podemos y a la indignación popular, apelando al marco europeo, resultó patética, una disculpa de mal pagadora, un desplazamiento de su responsabilidad formulada con la flacidez vergonzosa de quien en el fondo no cree lo que está diciendo, de quien lanza una verdad a medias, casi una mentirijilla, pues no se le ocultaba que el problema no estaba tanto en Bruselas como en el palacio de la Moncloa, en el coraje gubernamental para enfrentarse a la prepotencia eléctrica ante la que se han achantado todos los gobiernos.
Un puñetazo en la mesa
Como señalaba Jorge Fabra, que presidió Red Eléctrica, en una entrevista en ‘ElDiario.es’: “Así que cuando se dice esto, en mi opinión, no se quiere plantear la batalla. Se escuda uno en que esto es la Unión Europea. No: hay que ir y si es necesario dar un puñetazo en la mesa. España no es una cosa despreciable en los acuerdos europeos. Otra cosa son los muy poderosos intereses que están detrás de todo esto. La UE no puede ser el pretexto para hacer una buena regulación”.
Fabra no se cansaba de denunciar los efectos nocivos que, a su juicio, provoca el modelo marginalista del mercado eléctrico, que «corresponde a la época más radical del neoliberalismo más sectario en la historia de la política económica europea». E insistía en que “la energía hidroeléctrica es la explotación de bienes públicos, de la fuerza cinética de las cuencas españolas. Se produce una especulación sobre concesiones públicas para la explotación de bienes públicos”.
Jordi Sevilla, que fue ministro con Zapatero y con Sánchez, que también presidió Red Eléctrica como Fabra, que respira por la herida de que lo despidiera Ribera, fue más lejos que Fabra al asumir la última propuesta de Unidas Podemos como «una buena base» para «cambiar las reglas del mercado eléctrico y bajar los precios». Y lanzó una jaculatoria: «A ver si Moncloa toma las riendas del asunto».
Concretamente, el grupo confederal de Podemos proponía la fijación de un precio fijo para la energía nuclear y un precio máximo para la energía hidroeléctrica, tecnologías con una capacidad de generación más barata y que, por tanto, obtienen mayores márgenes de beneficio en el mercado de electricidad.
Se había achantado hasta la CNMC, cuya presidenta, Cani Fernández, se estaba creando fama de implacable frente a los grandes poderes, multando sus abusos y triquiñuelas entre otros aspectos especialmente vergonzosos como ponerse de acuerdo para estafar al sector público, pero que en su denuncia de las estafas realizadas por las comercializadoras eléctricas no se ha atrevido a pronunciar los nombres de las pecadoras. Sus multas son escasas, ridículas si las comparamos con los beneficios ilícitos de las mismas, pero su eficacia reside justamente en hacer públicos sus nombres.
Las eléctricas reciben beneficios extraordinarios
Sánchez, en una entrevista en RTVE, avanzó nuevas rebajas de impuestos sobre la electricidad y otras medidas para abaratar la luz y el gas. “Hay empresas energéticas que ahora mismo están teniendo beneficios extraordinarios.
Fabra no se cansaba de denunciar los efectos nocivos que, a su juicio, provoca el modelo marginalista del mercado eléctrico, que «corresponde a la época más radical del neoliberalismo más sectario en la historia de la política económica europea». / FERNANDO MORENO
A mí eso no me parece aceptable, porque son beneficios que le vienen por la evolución del precio energético”, manifestó Sánchez, quien hizo constar que “detraerá beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, que se lo pueden permitir, para topar el recibo del gas”; para rebajar la factura.
El presidente explicó que actuaría sobre cuatro ejes: reformas estructurales para impulsar energías más limpias y baratas, medidas para proteger a los consumidores más vulnerables, reducción de algunos impuestos y detraer los beneficios extraordinarios que tienen algunas empresas energéticas para trasladarlos a la factura eléctrica.
Finalmente, el pasado mes de febrero, Nadia Calviño intervino y envió una carta firmada por ambas vicepresidentas en la que exigían “más ambición”, a lo que la presidenta de la Comisión Europea reaccionó abriendo la puerta a que se graven los beneficios extraordinarios de las eléctricas, los llamados “beneficios caídos del cielo”, si no se reinvierten en renovables.
