Ni la izquierda ni la derecha pueden con las eléctricas

Destacado / N. L.

Resulta patético escuchar a las vicepresidentas Calviño y Ribera dando explicaciones flácidas sobre la tremenda subida de las tarifas eléctricas durante estos días de tribulación. Son explicaciones en lenguaje de madera como las que hicieran en su día los ministros de Rajoy, y de forma especialmente repipi, Alberto Nadal, cuando fue secretario de Estado de Energía en el Gobierno Rajoy.

Llegó el gobierno tildado de socialcomunista y no ha cambiado gran cosa del esquema del gobierno del PP cayendo en el error de tratar la energía como un mercado, cuando no es un mercado normal. No puede serlo porque estamos ante un oligopolio y porque no es un sector más fácilmente remitible al juego de la oferta y la demanda. Es un sector sistémico que deja en manos privadas, de un poder excesivo, que durante la dictadura se situó incluso por encima de los poderes políticos. Entonces recibió el apelativo de “electrofranquismo”. Son un ‘lobby’ muy cohesionado que administra un frente situado en una zona vital para la economía y la calidad de vida de todos los ciudadanos. A falta de rivalidad entre ellas, los eléctricos funcionan como un cuerpo místico frente al regulador. Hay pues que actuar a mano.

El último reducto de la lucha de clases

Luis Atienza, en unas jornadas sobre la energía organizadas por ‘El Nuevo Lunes’, se preguntaba y preguntaba a la sala: “¿Cuál es la razón sociológica para que en este país la tarifa eléctrica se haya convertido en el último reducto de la lucha de clases?”

No hubo respuesta, pero es un hecho evidente que la tarifa se encuentra en primera línea de los programas de los partidos y de sus reclamaciones parlamentarias. Uno de los conceptos que se ha impuesto es el de “pobreza energética”.

En estas mismas jornadas, el catedrático de la Universidad de Comillas José Ignacio Pérez Arriaga, sostenía la necesidad de tomar medidas poco convencionales. “Al ser el precio insuficiente –argumentó-, hoy día se necesitan medidas suplementarias en forma de estándares, limitaciones, programas de concienciación, ayudas directas… No hay que tener reparo en aplicar estas medidas…”.

Y añadió: “No seré yo el que apruebe los métodos políticos del régimen cubano, paro me pareció muy interesante ver cómo funcionarios del Gobierno iban por las casas y cambiaban las bombillas incandescentes por bombillas de alto rendimiento y regalaban a cada familia una olla arrocera de alto rendimiento”.

En realidad, es un poder fáctico más poderoso que la banca, su antigua madre. Durante mucho tiempo, las eléctricas eran propiedad de la banca, pero su singularidad y la dinámica accionarial las llevó a la independencia, a una potente independencia y a una situación de hecho oligopólica.

Soria, perplejo ante la arrogancia eléctrica: “Me llevaban reales decretos ya redactados”

No se puede ilustrar mejor el poderío de las eléctricas, traducido en arrogancia, de como lo hizo el exministro José Manuel Soria en un libro nonato, según revelaba Carlos Segovia, en el diario ‘El Mundo’: “Soria relata que al Ministerio los dirigentes de grandes compañías del sector le llevaban reales decretos ya redactados con el argumento de que tenían en su plantilla abogados del Estado que podían ayudar al ministro para acometer la necesaria reforma energética. Soria les respondió que también había abogados del Estado en el Ministerio que, aunque con menor sueldo, tenían indudable vocación de defensa del interés general”.

El exministro evoca también, en su libro, siempre según la versión de Segovia, perfectamente fiable por el alto nivel de sus fuentes, el episodio del correo recibido desde el Gabinete del ministro de Hacienda con el membrete de Abengoa, y las trabas de Cristóbal Montoro a sus planes contra las ayudas a las energías renovables.

Soria incluye las circunstancias que rodearon la polémica subasta de 2013 que marcaba una subida de la luz del 11 por ciento. No se arrepiente de haber acusado a las eléctricas de manipular precios, puesto que, meses después, terminó corroborando el hecho la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia en el caso de Iberdrola. El exdirigente del PP canario recuerda aquellos días como de fuerte campaña del sector en su contra por anular una subasta que encarecía notablemente el precio de la luz.

El testimonio es valiosísimo, pues parte de un ministro de Rajoy, o sea, conservador, y no de la izquierda anticapitalista. Ni siquiera de Jorge Fabra, presidente de Economistas frente a la Crisis, que lo fue de Red Eléctrica Española, el terror de las eléctricas,

Si el oligopolio eléctrico se persona ante el ministro Soria con el mayor descaro entregándole los decretos ya elaborados es de suponer que se lo podían permitir al haberse conducido de la misma forma con Alberto Nadal, el maltratador de las renovables, a quien, como secretario de Estado de Energía, se le consideraba viceministro energético, como es tradicional en lo que hasta la llegada del hermano de éste, Álvaro Nadal, era el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Las cinco grandes de la energía transitaban con suma comodidad por este departamento cuando lo dirigía el antecesor de Soria, Miguel Sebastián. Los señores del kilovatio mostraron al director de ‘El Nuevo Lunes’ lo encantados que estaban con Sebastián, “nuestro ministro”. Lo calificaban como el mejor ministro del ramo de la historia de España. La política de Sebastián le valió críticas en el ala izquierda del partido, y más concretamente entre los consejeros socialistas de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). También la criticaron, por otros motivos, industrias que basaban una buena parte de sus resultados en el precio del kilovatio/hora.

Los gobiernos socialistas, paralizados como el asno de Buridán

Tampoco tuvieron motivos de queja con los antecesores de Sebastián, con los catalanes Joan Clos y José Montilla. No por connivencias culpables de éstos, sino porque no hay quien controle al ‘electropoder’. Los sucesivos gobiernos ejercen el poder político y en teoría pueden bajar los humos a los poderes económicos, pero el ‘electropoder’ tiene en nómina a los mejores expertos y, sobre todo, a los mejores y más caros abogados.

Llega el PSOE con Rodríguez Zapatero e intenta modificar el sistema. El diagnóstico estaba bien perfilado en el Libro Blanco que dirigió José Ignacio Pérez Arriaga, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Pero entonces atacó el comando de las compañías, armado con apabullantes medios académicos y jurídicos, destejiendo lo que Arriaga había tejido. Bordaron con singular maestría una técnica moderna: ”A la parálisis por el análisis”.

Los ministros socialistas actuaron como el célebre asno de Buridán, al que ponen dos sacos de alfalfa, uno a cada lado, y que se muere de hambre porque no sabe por dónde empezar. En la duda, Montilla no hizo nada.

Abogados contra el Estado

El párrafo que hemos recogido del libro del ministro Soria lo deja muy claro: las eléctricas justificaban el acto de soberbia de darle al ministro el decreto pergeñado por ellas en que “tenían en su plantilla abogados del Estado que podían ayudar al ministro para acometer la necesaria reforma energética”. Soria les respondió que también había abogados del Estado en el Ministerio que, aunque con menor sueldo, tenían indudable vocación de defensa del interés general.

Ciertamente, todavía cuenta la Administración con meritorios abogados del Estado que defienden al Estado y están orgullosos de servir al público, pero son más los excedentes que se pasaron al sector privado, que se forran abogando contra el Estado.

Soria cayó por lo que cayó: por tener una empresa en paraíso fiscal y, sobre todo, porque se enredó a la hora de explicarlo. El libro ha podido surgir de la herida sufrida por el canario que, como amigo de Mariano Rajoy, tenía una buena carrera por delante. Pero ello no quita validez a su denuncia.

Apabullados por la masa encefálica al servicio del ‘electropoder’

Aunque Soria haya escrito su libro movido por el resentimiento, no cabe duda de que su testimonio sobre la actitud de las eléctricas es verídica. Éstas ejercen su poder apoyándose en su comando de alta masa encefálica, como relata José García Abad, director de este periódico, en su libro ‘El Malvado Ibex’.

“El comando eléctrico –sostiene el autor– cuenta con los mejores académicos, que utilizan metodologías analíticas potentes. Ahora parece que está regresando Keynes, pero en los últimos años se ha producido un avance de las escuelas neoclásicas, la Escuela de Chicago, Hayek y demás, que se impone sobre el esfuerzo de los críticos para que se sepa lo que está pasando. Más que una crítica a las José Manuel Soria empresas lo es al Estado, al regulador. Probablemente tenemos las mejores compañías que podemos tener pero sufrimos una mala regulación”.

Mariano Rajoy confió la política energética a José Manuel Soria. El ministro canario tuvo que apechugar con el déficit de tarifa, que desaparece a un precio muy alto cuando las tarifas se elevan fuertemente. Nos convertirnos en el país con los precios de la electricidad más altos, con el hándicap que ello representa para la competitividad de nuestras industrias y el bolsillo ciudadano.

Las compañías funcionan como un cuerpo místico frente al regulador

A falta de una verdadera rivalidad entre ellas, los eléctricos funcionan como un cuerpo místico frente al regulador.

Como decía un honrado experto, Martín Gallego Málaga, que fue secretario general de la Energía durante el primer Gobierno socialista, con Carlos Solchaga de ministro de Industria,  “llevamos muchos, muchos años en los que en España no hay una auténtica política energética, sino una proliferación de normas parche cuyas últimas consecuencias sólo entienden las empresas que se benefician de ellas”.

El argumento subyacente cuando llegó la democracia, para que no se pusiera en cuestión el ‘statu quo’ eléctrico, fue el del miedo. No lo dicen con las siguientes palabras pero procuran que así se entienda: “Ojo que como os pongáis muy escrupulosos desembocaremos en un apagón general y duradero con las consecuencias sociales y políticas que se pueden suponer”.

De hecho, no sólo en España, sino en otros países de nuestro entorno, y reconocido por la propia Unión Europea, se consagró la seguridad del abastecimiento energético como una cuestión de orden público que sigue residiendo en cada Estado, con prevalencia sobre las demás consideraciones: vigilancia de la competencia y otras precauciones fijadas en las reglas europeas.

Un caso que ilustra este planteamiento lo protagonizó E.ON cuando decidió comprar Ruhrgas, propietaria del gasoducto que transportaba el gas desde Rusia hasta Alemania. El tribunal para la competencia de la República Federal Alemana, cuyas decisiones son constitucionalmente inapelables, se opuso a esta adquisición. Entonces el gobierno, presidido por el socialista Schroeder, recurrió en defensa de la absorción a un precepto constitucional que encomienda al Gobierno la preservación del orden público y que entiende que la garantía de suministro es una cuestión de orden público. Y el Constitucional anuló la decisión del de la Competencia.

Se necesita una fuerte regulación

Este mismo ejemplo sirve para rubricar la simbiosis entre el sector eléctrico y los Gobiernos, lo que hace necesaria una fuerte regulación en contra de la tendencia experimentada durante los últimos años. Los intereses privados no se compadecen siempre con el interés general. No siempre lo que es bueno para Iberdrola es lo mejor para España.

El Estado, contra lo que pretende el ‘electropoder’,  tiene que estar bien presente para defender los intereses generales. El eléctrico, llamémosle sector esencial o servicio público, que tienen diferente significado jurídico pero son lo mismo desde una perspectiva económica, es un servicio, un bien, del que no se puede prescindir. Todo lo que hagamos está rodeado de electricidad procedente del petróleo, del carbón, de la energía nuclear, del viento, del sol, etc. Todo lo que se haga sobre el subsector eléctrico se expande como mancha de aceite a todo el sector energético.

Y más allá del sector, pues ejerce importantes repercusiones sobre la economía nacional y el bienestar ciudadano. Es evidente el peso que tiene sobre la balanza de pagos, la necesidad de sustituir importaciones de combustibles fósiles, que es la partida más importante de nuestras importaciones, superior a las divisas que España ingresa por el turismo.

Si se produce un apagón la gente no reclama a las compañías, reclama al Estado. Y aunque un Estado haya decidido confiar el sector al mercado, una palabra muy manipulada por cierto, las empresas y los ciudadanos son conscientes de que, desregulado o no, la responsabilidad última y a veces primera es del Estado.

Cuando en el verano de 2003 se produjo un gran apagón en la zona más rica del mundo, donde los derechos de propiedad son completamente sagrados, ya sea Nueva York, Ohio, o Columbia,  tuvo que salir el presidente Bush a dar explicaciones.

Ley 54/97: lo que diga un mercado inexistente

El acontecimiento más revelador del sector eléctrico durante el Gobierno Aznar fue la promulgación de la ley 54/97. Esta norma implantaba un paradigma neoliberal, un cambio ideológico profundo. Se parte del principio de que todos los kilovatios hora son idénticos y que, por tanto, valen lo mismo y tienen un mismo precio, vengan del viento, del agua, de los fotones solares, o de los  combustibles fósiles. Se trata de convertir todas esas fuentes tan diferentes y de costes tan variados en un mismo producto. ¿Y cuál es ese único precio? Pues el que fija el mercado.

En consecuencia, organizan un mercado marginalista que produce enormes beneficios a las hidroeléctricas y a las nucleares y pérdidas a otras  tecnologías. Y sin embargo, como todas las tecnologías son necesarias, hay que pagar a las que sufren pérdidas un complemento establecido por el Boletín Oficial del Estado. El BOE. Las que tienen más beneficios, pues que les aproveche. “Es el mercado, estúpido”.

Desde luego no hay nada más eficiente que el mercado, pero para que haya mercado tiene que haber libertad de entrada. ¿Qué libertad de entrada hay en el sistema hidroeléctrico? Todos los aprovechamientos hidroeléctricos de nuestras cuencas hidrológicas están completamente explotados y bajo una concesión administrativa centenaria de las que son titulares cinco compañías. ¿Qué libertad de entrada hay en el sector nuclear? Ninguna. Con moratoria o sin moratoria en la práctica no es posible implantar libremente una central nuclear. ¿Cómo garantizar la competencia donde no hay un mercado eficiente?

Con derecho a réplica

Alberto Garzón se enfrenta a la necesidad de un cambio de cultura
en la Administración y en la empresa

Miguel Ángel Feito
Presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)

La gran novedad de esta legislatura es que existe un Ministerio de Consumo, sin más apellidos. No obstante, creo que no sabremos nunca con certeza si la creación del ministerio se debe a una clara prioridad política de los partidos en relación a los consumidores, o solamente a las exigencias de reparto de carteras de un gobierno de coalición, uno de cuyos componentes es además, una coalición de partidos.

En todo caso, sólo la práctica política durante la legislatura nos aportará una respuesta a esta duda razonable. Los consumidores juzgaran por los hechos.

El nuevo ministro, Alberto Garzón, no tiene compromisos personales que puedan limitar su independencia en defensa de los consumidores, aunque sus otras prioridades políticas, muy alejadas de las necesidades de los consumidores, podrían reducir su eficacia como ministro de Consumo.

La política de consumidores ha estado siempre subordinada a otras políticas consideradas de mayor relevancia por los diferentes gobiernos españoles. Siempre ha sido la hermana pequeña en el ministerio en el que estaba ubicada y frente a otros ministerios. Cuando otras variables de la economía se han vuelto más rígidas, los consumidores se han convertido en una de las variables de ajuste del sistema, reduciendo la renta real de los ciudadanos a través de subidas de precios, deterioro de la calidad de los productos y servicios, e incluso a través de fraudes, más o menos sofisticados, de algunas empresas.

Los intereses de los consumidores se han visto sacrificados

Los ministerios y organismos sectoriales han primado claramente las políticas de sus departamentos (o en términos menos diplomáticos, de su “clientela” y “lobbies”). Efectivamente, si repasamos los resultados de las reclamaciones de los consumidores españoles ante las autoridades bancarias, de energía, sanitarias, de competencia, etc., comprobaremos cómo los intereses de los consumidores se han visto sacrificados de manera directa o indirecta, dejando en la práctica únicamente la opción de la vía judicial individual o de las asociaciones de consumidores, tal vez sabiendo que es una manera de desincentivar las reclamaciones y proteger a otros sectores económicos.

Los gobiernos españoles no han sabido comprender lo que los sucesivos gobiernos alemanes, desde los años 50, entendieron perfectamente: que la política de defensa de los consumidores, ejecutada con rigor, hace más competitivas a las empresas en los mercados internacionales.

El nuevo ministro, Alberto Garzón, no tiene compromisos personales que puedan limitar su independencia en defensa de los consumidores

Alberto Garzón se enfrenta, por tanto, no sólo a problemas que no han tenido solución durante años, sino también a la necesidad de un cambio de cultura en la Administración y en la empresa, lo que no se consigue solamente con el BOE. Hacen falta, además, una estrategia a medio plazo bien definida y grandes dosis de liderazgo. Por otro lado, dado el fraccionamiento del Parlamento español, cualquier medida de fondo, para ser duradera, requerirá amplios consensos. Así mismo, la eficacia de muchas de las medidas dependerá del consenso generado con los responsables de consumo de las CC AA. Por otro lado, como sabe muy bien el gobierno, hoy muchas políticas se juegan en la ‘Euroliga’, no solamente en las ‘ligas nacionales’. La Unión Europea es un aliado para la defensa del consumidor, pero también un espacio en el que hay que negociar y convencer.

Cuenta con el apoyo de las principales organizaciones de consumidores

Garzón ha adquirido ya algunos compromisos con los ciudadanos a través del programa con el que se presentó a las elecciones. Puede apoyarse, además, en el programa electoral de su socio de gobierno, con un enfoque casi idéntico al de Unidas Podemos, pero conteniendo más medidas y más herramientas e instrumentos concretos para alcanzar los objetivos. Ambos programas se sitúan, con realismo, en el contexto de la Unión Europea y de las CC AA. En consecuencia, el ministro Garzón cuenta con todo el apoyo programático para intentar ejecutar, durante la legislatura, una política de consumo ambiciosa.

El ministro cuenta también con el apoyo de las principales organizaciones de consumidores, pues las dos formaciones del gobierno incluyeron en sus programas, en gran parte, las propuestas de las asociaciones.

A fecha de hoy, aún le queda al ministro casi todo por hacer, pero hay que comprender que la pandemia ha planteado varios problemas de consumo que ha debido atender con urgencia. Y lo ha hecho, aunque a veces mostrando bastante indecisión.