Necesitamos inmigrantes, ante lo que los españoles mantienen una actitud positiva hasta ahora

Destacado / N. L.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) presidido por Juan Manuel Rodríguez Poo nos acaba de informar con rotundas cifras lo que ya sabemos: que descienden constantemente los nacimientos en España por debajo de la tasa de reposición demográfica, o sea, que se producen descensos en la población española “nativa”, pero no la total, ya que se compensa con la inmigración.

Cuadro 1

El saldo migratorio positivo de 113.856 personas compensó, en parte, el saldo vegetativo negativo de 94.057 personas. Del total de habitantes censados en 2021, el 88,6% tiene nacionalidad española y el 11,4%, extranjera .Gracias a los inmigrantes la población residente en España sigue aumentando desde 2016 (véanse cuadro 2 y gráfico).

Según los datos obtenidos en julio de 2020 –la última cifra proporcionada por el INE–, España cuenta con 47.351.567 habitantes, lo que significa un aumento de 18.953 personas respecto a 2019. Ha sido el crecimiento más elevado desde 2008, fecha de inicio de la crisis financiera, cuando la población aumentó en 570.333 personas. Los mayores crecimientos se produjeron en las Islas Baleares (0,37%);Canarias (0,33%) y Región de Murcia (0,28%).

En los años de la gran crisis financiera, sobre todo a partir de 2012, se produjeron regresos de inmigrantes, que no fueron tan masivos como se esperaba, a sus países de origen, lo que explica la reducción de los residentes en España hasta su recuperación en 2016. Los mayores incrementos se dieron en la población colombiana (62.355 más), venezolana (53.288) y marroquí (47.346). Y los mayores descensos en la de Rumanía (–3.250), Ecuador (–1.769) y Bulgaria (–389).

Cuadro 2

En la actualidad, en términos globales, el 47,6% del total de extranjeros inmigrantes es mujer. En el caso de Ucrania y Bolivia las mujeres representan más del 50% de los residentes legales de esas nacionalidades. La edad media de los extranjeros residentes legales en España es de 38 años, con grandes variaciones entre los nacionales británicos, con 53 años de media de edad, y los marroquíes, con 31 años.

De las quince nacionalidades con más residentes legales en España, ocho de ellas pertenecen a países miembros de la Unión Europea. El mayor colectivo de residentes extranjeros en España es el rumano, que supera el millón de personas.

Los necesitamos

Queda, pues, de manifiesto un hecho irrebatible: necesitamos inmigrantes para mantener la actividad económica, para incrementar el consumo y sostener las pensiones pero no hay que perder de vista que además de trabajadores son personas, familias que se integran permanentemente en España a los que hay que dotar de las atenciones que reciben todos los españoles.

Entre 2004 y 2008, durante el primer cuatrienio de José Luis Rodríguez Zapatero, España recibió a 3,7 millones de extranjeros. En 2007, batió el récord al sumarse más de 900.000, lo que nos convirtió en el segundo receptor de inmigrantes en términos absolutos entre los países de la OCDE, después de EE UU. Este aluvión de inmigrantes provocó el cese del entonces ministro de Trabajo, Jesús Caldera, al que la oposición acusó de haber generado un “efecto llamada”.

El proceso de regularización de inmigrantes que se realizó en 2005 evidenció hasta qué punto la irregularidad documental de las personas que se encontraban en España era una de las principales características de la población extranjera

En ese «efecto llamada» hay que prestar especial atención a lo que Laura Oso Casas denomina el favorecimiento de cadenas migratorias feminizadas. La incorporación de la mujer española al mercado laboral y el envejecimiento de la población provocó un aumento de la demanda de empleadas de hogar y cuidadoras.

Pedro Sánchez plantea la entrada de 255.000 extranjeros al año

La crisis iniciada en 2008 puso freno a la inmigración y provocó la emigración de españoles, de modo que el saldo migratorio se mantuvo en números rojos entre 2012 y 2014. Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez plantea la entrada de 255.000 extranjeros al año hasta 2050, el horizonte de su Plan, con lo que se conseguiría que la caída de la población en edad de trabajar sería de 1,8 millones de personas, en lugar de los 3,7 millones que se producen actualmente.

“Si se gestiona bien la llegada de esa población extranjera a nuestro país –sostiene el documento España 2050- tendría efectos eminentemente positivos. La evidencia empírica demuestra que el aumento de la inmigración no produce un incremento del desempleo, al tiempo que sí beneficia a la economía”.

El Gobierno llega a esa conclusión al prever que durante las próximas tres décadas, la esperanza de vida de la población española seguirá aumentando (podría hacerlo en más de tres años), lo que provocará un fuerte envejecimiento de nuestra pirámide demográfica. Calcula el documento que en 2050, uno de cada tres españoles tendrá 65 años o más, y por cada persona en esta franja de edad habrá sólo 1,7 personas en edad de trabajar (hoy, hay 3,4).

“Si se gestiona bien” –reza el documento–, lo que hasta ahora no se ha hecho en la medida necesaria, como señala el Defensor del Pueblo, dirigido en eterna provisionalidad por Francisco Fernández Marugán en un informe firmado en 2019 donde se afirma: “Es importante tener en cuenta, a la hora de realizar el análisis demográfico del impacto de las migraciones, que la legislación de extranjería no parece haber tomado en consideración la importancia del fenómeno migratorio para la realidad española. Las dificultades de acceso a la regularidad documental, la facilidad con la que los trabajadores migrantes pueden caer en la irregularidad sobrevenida o las exigencias para poder reagrupar a sus familiares, son sólo algunos ejemplos de ese divorcio entre la regulación legal del fenómeno migratorio en España y su realidad”.

Señala que la primera ley de extranjería, tras la promulgación de la Constitución española en 1978, tuvo lugar en 1985 (Ley Orgánica 7/1985, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España), pocos días después de la firma del Tratado de incorporación de España a la Comunidad Económica Europea.

Esta es una de las características que, desde el inicio, diferencia el fenómeno migratorio español de otros países europeos. En España, primero se reguló el fenómeno y luego llegaron los inmigrantes. Se legisló pensando que llegaría mano de obra, que regresaría a sus países en momentos de crisis. Nuestro legislador tomó como modelo el de los países europeos que llevaban años recibiendo inmigración económica (muchos de ellos emigrantes españoles).

Como señala Mercedes Moya Escudero, se legislaba pensando exclusivamente en el inmigrante laboral y sólo, en relación con él, no con su familia. Desde la Administración se vinculó casi de manera exclusiva la inmigración a las necesidades coyunturales de mano de obra y se continuó legislando como si nada hubiera ocurrido, es decir, ignorando que los extranjeros que ya estaban aquí habían venido para quedarse y que su proyecto migratorio incluía a su familia.

Inmigración irregular, el primer cadáver

En noviembre de 2018 –recuerda el Defensor- se cumplieron 30 años de la aparición del primer cadáver de un ciudadano marroquí en la playa tarifeña de Los Lances, en Cádiz. Desde entonces, señala, en nuestras costas no hemos dejado de recibir a personas vivas y rescatar a personas muertas.

A lo largo de estos años, se han producido cambios en los flujos de llegada. En los primeros años llegaron miles de personas del norte de África; posteriormente, entre 2006 y 2008, arribaron a las costas de las Islas Canarias desde la zona subsahariana.

En el momento actual, el flujo de inmigrantes está nutrido de personas que proceden primordialmente del Magreb (Marruecos y Argelia) y Senegal, Mali, Burkina Faso, Costa de Marfil y Sierra Leona.

Durante 2018 han sido 64.298 las personas interceptadas cuando intentaban acceder a territorio nacional de manera irregular. De ellas, 57.498 por vía marítima. Estas cifras suponen un incremento sin precedentes, que supera incluso las cifras de las llegadas a Canarias en los años 2006 y 2007.

Las solicitudes de protección internacional también han subido exponencialmente durante 2018. En el avance de datos provisionales facilitados por el Ministerio del Interior, correspondiente a 2018, se aprecia este importante incremento. Fueron 55.668 las personas que presentaron una solicitud de protección internacional durante el pasado año.

Los españoles vienen mostrando una actitud abierta

El debate que se viene produciendo en otros países europeos en contra de la presencia de ciudadanos extranjeros, hasta el día de hoy, no existe entre nosotros de manera apreciable. Es más, ante la llegada de los flujos de población extranjera, la población española viene mostrando una actitud abierta.

Tanto es así –recalca el Defensor- que el notable incremento de las llegadas por vía marítima, ocurrido el verano del año 2018, no ha dado origen a un incremento significativo de la polarización del ambiente social y la consiguiente politización en los emplazamientos receptores. Estas actitudes son bastante meritorias, puesto que las arribadas se producen, año tras año, en las mismas poblaciones. En su gran mayoría están situadas en la parte marítima de Andalucía, en cuyos pueblos se vive una realidad sociolaboral muy compleja.

Con todas las reservas habidas y por haber, cabe decir que la opinión pública española no está participando —en torno a este problema— de la agitación que se vive en otros países europeos. Es más, en relación con las actitudes de los españoles, éstos aparecen como los ciudadanos europeos más favorables a la inmigración.

El que la inmigración -advierte el Defensor- no se haya convertido en un arma de confrontación política no implica que se ignore que en los últimos meses hayan aflorado algunos indicios susceptibles de generar preocupación. Habría que empeñarse en que no se den pasos hacia la xenofobia, por lo que las instituciones españolas deberían seguir proponiendo a la Unión Europea el que se adopte una visión solidaria de esta cuestión.

Tenemos que tener conciencia de que formamos parte de una de las zonas más desarrolladas del mundo. Además, estamos situados a pocos kilómetros de todo un continente en el que se está produciendo una expansión demográfica de especial intensidad.

La ONU ha calculado que el continente africano representará en 2050 el 25% del total de la población mundial. Entiende el Defensor del Pueblo que España no puede por sí sola cambiar la situación, pero debe proponer a Europa una actuación solidaria, articulando la política de cooperación a partir de una gran estrategia que impulse el desarrollo de África.

El movimiento natural de la población (nacimientos, defunciones y matrimonios) estuvieron muy afectados por la pandemia del Covid-19, especialmente en los últimos dos meses del año, por una disminución de embarazos producidos durante el confinamiento que se inicia a mediados de marzo de 2020.

Durante 2020 se registraron 339.206 nacimientos lo que supuso un descenso del 5,9% respecto al año anterior (21.411 nacimientos menos). Esta cifra sería mayor si no contribuyeran a elevarla los aportados por familias inmigrantes: 76.224 fueron de madre extranjera, lo que supuso el 22,5% del total (frente al 22,3% en 2019).

Menos hijos por mujer y menos mujeres en edad para parir

El número de nacimientos continúa así con la tendencia a la baja de la última década, sólo interrumpida en 2014. Desde el año 2010 la cifra ha descendido un 30,3%. Este descenso de nacimientos se debe, en parte, a la disminución del número de hijos por mujer, el índice de fecundidad (o número medio de hijos por mujer) que se situó en 1,18 en 2020, con un descenso de seis centésimas respecto al valor registrado en 2019. Es el valor más bajo desde el año 2000. Pero también se debe a la reducción en el número de mujeres en edad de ser madres. La edad media a la maternidad se situó en 32,3 años en 2020, una décima más que el año anterior.

En los últimos años se observa que la disminución del número de nacimientos se ve acompañada de un retraso en la edad de maternidad. Las madres españolas tuvieron sus hijos a una edad media 2,6 años superior a la de las extranjeras. La edad media a la maternidad de las españolas se mantuvo en 32,8 años. Por su parte, la de las extranjeras aumentó una décima, situándose en 30,3 años.

El número de mujeres de 25 a 40 años (que concentran el 3,8% de nacimientos), se redujo un 1,5% en 2020, pasando de 4,77 millones en 2019 a 4,69 millones. Se mantiene así la tendencia a la baja iniciada en 2009 y que se debe a que ese rango de edades está formado por generaciones menos numerosas nacidas durante la crisis de natalidad de los 80 y la primera mitad de los 90.

Con Derecho a Réplica / Santiago Carbó. Catedrático de Economía de la Universidad de Granada, Director de Estudios Financieros de Funcas y colaborador de Cunef

Las eternas reformas pendientes

España es un gran país. No es chovinismo, hay elementos objetivos que lo apoyan. El que sea uno de los destinos preferidos del mundo para visitar o para vivir por parte de numerosos extranjeros lo demuestra. No es solamente su benigno clima, su gastronomía, la intensa vida familiar y de amigos. En suma, ese capital social del que los españoles nos sentimos orgullosos. El avance de su economía y sociedad en los últimos decenios es otro elemento muy favorable. Hoy forma parte de las economías más avanzadas, con un elevado grado de modernización y de apertura al exterior. El proceso de entrada en la Unión Europea en 1986 y los sucesivos pasos de la mano de Europa (Mercado Único y euro) son historias de éxito de nuestro país, pero ya son pasado. Por tanto, queda mucho por hacer. Y lo que es peor, esa frase se podía haber escrito hace 20 años (cuando entramos en el euro) con implicaciones parecidas. No ha habido apenas cambios de calado que hayan resuelto buena parte de los problemas que ya existían al comienzo de este milenio. El tremendo lastre de la crisis financiera de 2008-2012 impactó de pleno en un país que había crecido desmesuradamente y sin propósito claro en la década anterior gracias a un ‘boom’ inmobiliario. Las últimas reformas se acometieron casi a regañadientes, tras recibir el programa de asistencia de la Unión Europea en 2012 para sanear el sistema financiero. No ha habido apenas apetito político por introducir innovaciones significativas en la vida económica que mejoraran nuestra competitividad y el bienestar de la sociedad. Nos hemos quedado ‘viviendo’ de los grandes hitos del pasado reciente (llegada de la democracia y todo el proceso de incorporación a la UE y euro) pero no hemos hecho mucho más. Desde luego, los efectos de la pandemia del Covid-19 sólo han hecho que agravar los problemas ya existentes, más aún en un país con gran dependencia de los servicios de contacto personal (quizás los más afectados) como es el turismo.

Y, claro está, las disfuncionalidades de nuestra economía, al no haberse corregido en las dos últimas décadas, empiezan a apretar fuerte: serios problemas en el mercado de trabajo (que no ha sido capaz de llegar a tasas de desempleo ‘normales’, salvo al final del ‘boom’ inmobiliario), una administración pública que necesita una profunda reforma y modernización, serias carencias en la evaluación de las políticas públicas (a pesar del creciente papel y mejora que ha supuesto la AIReF) y grandes dificultades de sostenibilidad en deuda pública y en determinados componentes del presupuesto público, como las pensiones. En el trasfondo, está el insuficiente grado de competitividad y productividad de nuestro país, con un modelo de crecimiento con muchos límites para aportar nuevos niveles de bienestar.

La publicación en las últimas semanas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el informe España 2050 ha reabierto la cuestión de los grandes retos de la economía y sociedad española. Como ha ocurrido con frecuencia, los diagnósticos de esos planes detectan bien los problemas pero son muchos menos ambiciosos en la propuesta de medidas concretas que impulsen una mayor productividad y competitividad. Y es eso lo que necesita nuestro país, ambición en las estrategias para que se produzca esa verdadera transformación. España ha mejorado su infraestructura física enormemente en las tres últimas décadas -un gran logro-. Ahora toca mejorar el capital humano y tecnológico para los retos de una economía global más exigente. También para que nuestro modelo productivo contenga un mayor apartado proveniente de innovación, que genere un mayor valor añadido.

Por último, deseo centrarme en uno de los desafíos más importantes en el ámbito institucional español, del que se habla mucho pero se ha hecho muy poco en décadas. Se trata de la necesidad de reformar y de que gane eficiencia la Administración Pública. No es un tema fácil, sin duda, pero es una cuestión que, objetivamente, si se acometiera, lograría mejorar el servicio y productividad de ese sector público, a la vez que, al ser más eficiente, facilitaría que se liberaran recursos que se podrían destinar a otras prioridades del Estado. La Administración Pública española requiere modernizarse y digitalizarse. Precisa simplificar procesos y plazos y reducir duplicaciones. Sería necesario primero una evaluación global pero detallada, primero de qué reformas son necesarias en las Administraciones del Estado. De todas ellas. Solamente teniendo una hoja de ruta consensuada se podría acometer una transformación de este calado. Ahora tenemos una oportunidad con los recursos que vienen del Next Generation EU que podrían coadyuvar para lograr ese necesaria digitalización y modernización de las AA PP. Recursos parece haber. Solamente faltan decisiones ambiciosas y apetito político (con consenso) para ello.