Destacado / N. L.
El miércoles, 14 de abril, desfilaron por el juzgado de Manuel García-Castellón en la Audiencia Nacional como testigos algunas de las víctimas más perjudicadas por el comisario Villarejo en el encargo que le hiciera el entonces presidente del banco Francisco González (FG). Destacamos entre ellas la de Miguel Sebastián, que cuando ocurrieron los infamantes sucesos dirigía la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno.
Declararon también el destinatario principal de la ofensiva de FG / Villarejo, Luis del Rivero, entonces presidente e Sacyr, quien intentó hacerse con el control del BBVA; así como José Domingo de Ampuero y Vicente Benedito Francés, exdirectivos de la entidad, y Carlos Arenillas, que era vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), entre otros.
Hay que destacar que fue Miguel Sebastián con quien FG / Villarejo ejercieron la mayor ruindad al valerse de la homosexualidad del personaje, propagándola de forma soez lanzando falsedades como atribuirle un amante cubano de nombre Iván. Sebastián nunca ocultó su opción sexual, si bien pudo influir en él para no aceptar la oferta de Zapatero de hacerle vicepresidente económico, lo que podría perjudicarle pues la homofobia no está suficientemente erradicada.
Miguel Sebastián resaltó serenamente ante el juez que siendo reprobable la homofobia desde una perspectiva ideológica, es especialmente ruin cuando, como ocurrió en su caso, se atenta contra la libertad sexual de las personas por dinero o porque existe un interés personal en mantenerse al frente de una organización.
Miguel Sebastián contraatacó
Miguel Sebastián, el centro de los ataques de FG / Villarejo, ha reaccionado por la vía procesal. El director de la Oficina Económica y ministro de Zapatero confió a su colega el exministro de Justicia del mismo gabinete, Francisco Caamaño, su demanda de personarse como acusación particular en las Diligencias Previas 96/2017 que se siguieron en el Juzgado Central de Instrucción núm. 6.
Caamaño, quien impulsó la reforma del Código Penal de 2010 que tipificó la responsabilidad penal de la empresa, justificó la demanda con palabras muy duras. Indicó el letrado que el examen de todos los materiales hasta ahora conocidos pone de manifiesto que “estamos ante unos hechos especialmente graves que, de resultar finalmente probados, podrían constituir el mayor escándalo de corrupción corporativa de la democracia española”.
En su opinión, se habrían utilizado recursos del BBVA para la defensa de posiciones internas de poder en perjuicio de los accionistas minoritarios. Y añadió que las unidades operativas contratadas de forma encubierta para acometer las indicadas tareas de espionaje y reconstrucción falsaria de la realidad estarían coordinadas y tendrían una estrecha relación con personas pertenecientes a cuerpos policiales y de seguridad del Estado, lo que les habría permitido acceder a informaciones privadas y reservadas especialmente protegidas.
“Si fue posible intervenir, como indiciariamente acredita la documentación y los archivos de audio publicados –añaden los abogados del despacho de Caamaño–, la línea telefónica oficial de nuestro representado, que ocupaba un alto cargo, ¿qué garantía del derecho a la intimidad pueden esperar los hombres y mujeres del común y, en particular, aquellos que han depositado en la entidad bancaria datos personales sensibles?”.
Duro reproche a los actuales directivos del BBVA
Miguel Sebastián reprochó entonces la conducta retardataria de los actuales directivos del BBVA señalando que, a pesar del tiempo ya transcurrido desde que aparecieron las primeras noticias sobre este asunto, ningún representante del BBVA se ha disculpado públicamente por tales hechos, ni se ha dirigido a él “aunque sólo fuese para informarle de las medidas internas que se piensan adoptar o para transmitirle su voluntad de prestarle ayuda y colaborar en la identificación de los responsables y en la defensa de los derechos de las personas perjudicadas”.
Con independencia del esclarecimiento penal de los hechos, –argumentaba su abogado– la más elemental política de compliance [cumplimiento normativo] obliga al actual equipo directivo del BBVA a ofrecer una mínima explicación a las personas cuya intimidad fue drásticamente vulnerada y a las que, como ocurre singularmente en el caso de Miguel Sebastián, se les ‘fabricó’, por encargo, un falso relato acerca de su vida personal, con el solo propósito de desacreditarlo ante los demás y crear un contexto intimidatorio.
Declararon también el destinatario principal de la ofensiva de FG / Villarejo, Luis del Rivero, entonces presidente de Sacyr, quien intentó hacerse con el control del BBVA; así como José Domingo de Ampuero y Vicente Benedito Francés, exdirectivos de la entidad, y Carlos Arenillas, que era vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), entre otros.
Indicaban también que no se adoptó una sola medida de apartamiento o suspensión cautelar de aquellas personas presuntamente implicadas y que todavía desempeñan ciertas tareas de representación institucional del BBVA.
“Esta opacidad y pasividad en la respuesta –concluían los abogados–, unida a los hechos anteriormente descritos que, sin perjuicio de su definitiva calificación jurídico-penal, son indiciariamente delictivos y atribuyen a D. Miguel Sebastián la condición de persona ofendida por el delito/os, son los que explican y justifican su personación como acusación particular en las citadas Diligencias penales”.
El testimonio de Julio Corrochano, con quien trataba Villarejo para recibir información sobre los avances de la operación y con quien pactaba el precio de sus servicios, aunque parcial, da credibilidad a las filtraciones del comisario. El entonces responsable de la seguridad del banco confirmó a ‘El Independiente’ que su departamento contrató los servicios de Villarejo para investigar a miembros del Gobierno de Zapatero, empresarios y otras personalidades públicas, mayormente a Miguel Sebastián, director de la Oficina Económica de Moncloa entre 2004 y 2006 y ministro de Industria, Turismo y Comercio entre 2008 y 2011.
14 intentos de entrar en el teléfono de Sebastián
José Manuel Villarejo dirigió sus mayores esfuerzos a vigilar a Sebastián, como señala el comisario en su informe al banco donde asegura que surgieron 28 incidentes de comunicación con mensajes enviados a Sebastián y a su entorno personal así como pinchazos a los teléfonos de personas de su escolta. Vigiló especialmente los contactos que Sebastián mantuvo con Luis del Rivero, pues Francisco González temía la hostilidad del Gobierno.
No tenía entonces FG asunto más importante que responder al intento de Sacyr Vallehermoso y neutralizar el supuesto asalto a su despacho que suponía dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero en el que aparecían en primer plano el jefe de su Oficina Económica que mandaba más que los ministros y que el propio vicepresidente económico, Pedro Solbes.
Pero Villarejo “pinchó”, en sentido literal, en sus 14 intentos de entrar en el teléfono de Sebastián pues el CNI le avisó a éste del ataque y pudo impedir el pinchazo.
Ha sido muy sonoro, sospechosamente sonoro, el silencio total del abogado del BBVA, Adolfo Fraguas, durante las declaraciones de los principales perjudicados por las maniobras, presuntos delitos, del tándem Villarejo / FG.
Torres no toca el Consejo y sigue pagando la seguridad de FG
La Junta de Accionistas del pasado martes 20 de abril mantuvo el Consejo de Administración heredado de FG aprobando la reelección de los siete consejeros cuyo mandato finalizaba ahora: José Miguel Andrés, Jaime Caruana, Belén Garijo, José Maldonado, Ana Peralta, Juan Pi y Jan Verpkanke.
Preguntado por el ‘caso FG / Villarejo’, el presidente del BBVA, Carlos Torres, reconoció que el banco continúa pagando la seguridad de su antecesor porque así está establecido en contrato. Y aseguró que desde que FG cesó en su cargo el 31 de diciembre de 2018 “no genera retribución alguna, ni mantiene ningún privilegio”. / EP
Preguntado por el ‘caso FG / Villarejo’, el presidente del BBVA, Carlos Torres, reconoció que el banco continúa pagando la seguridad de su antecesor porque así está establecido en contrato. Y aseguró que desde que FG cesó en su cargo el 31 de diciembre de 2018 “no genera retribución alguna, ni mantiene ningún privilegio», que sólo mantuvo la Presidencia de Honor del banco y la de la Fundación BBVA, ambos sin ningún tipo de retribución económica, cargos que FG decidió abandonar «temporalmente» a la espera de que concluyeran las investigaciones en curso sobre el ‘caso Villarejo’ «para evitar que se utilizara su persona para dañar a la entidad».
Insistió Torres en que la colaboración del banco con la justicia ha sido «la prioridad fundamental» de la entidad desde el inicio del caso, «tal y como estableció el Consejo de Administración», y que a ello responden las actuaciones del banco en este ámbito. Señaló que «la defensa de la entidad es independiente de la defensa de los diferentes investigados en el caso». Y que el banco «informa puntualmente en el microsite de la web corporativa creado especialmente a este efecto».
Con Derecho a Réplica / Francisco Marín, Premio Nacional 2020 a la Trayectoria Innovadora, vicepresidente de la Comisión de I+D+I de CEOE y ex director general del CDTI.
Plan Europeo de Recuperación: instrumentos para asegurar
un mejor uso de los fondos
No creo que exista un solo lector interesado en estos temas que no haya dispuesto ya de múltiples informaciones sobre los fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Existen, desde hace semanas, muy documentadas versiones que, elaboradas por todos los medios de comunicación, se refieren a las cuantías, los destinos y los plazos de esos fondos. El objetivo de estas líneas es poner el foco en un aspecto menos tratado, pero no por ello menos crucial para el éxito de tan ambicioso proyecto: ¿cuáles van a ser los instrumentos que se van a utilizar para asegurar el mejor uso de los fondos?
A modo de recordatorio, un breve repaso a las cifras que definen los fondos, particularmente para el caso de España: nos referimos a 140.000 millones de euros en dos tramos, el primero de 72.000 millones en transferencias no reembolsables y el resto, 68.000 en el concepto de préstamos reembolsables antes del 31 de diciembre de 2058. De esas cantidades el Gobierno ha previsto usar en los ejercicios 2021-2023 la primera partida dejando para los años 2024 a 2027 el uso de los fondos a devolver. Para ir avanzando sin demora, en los Presupuestos Generales del Estado, recientemente aprobados, se han incluido 27.000 millones de euros que ya podrán ser considerados como soporte para las primeras iniciativas que se decidan lanzar en el año en curso. Si, tal y como está previsto en el calendario, el programa de España se envía a Bruselas para su estudio por la Comisión Europea antes del 30 de abril, el 30 de junio, como fecha tope, debería ser aprobado por el organismo europeo y ratificado formalmente en un plazo anterior a mediados de julio del presente año.
Con estas cifras y estas fechas, está claro que en lo que queda del período 2021-2023 no tenemos ni un minuto que perder para emplear en esos tres años más fondos europeos que los que España ha recibido desde que se incorporó a la UE hasta el año 2019. Se trata de invertir más dinero en los próximos tres años que en los pasados 23. Ese es el reto y para ello deberemos disponer de algunos elementos imprescindibles; primeramente, ideas, planes y objetivos; a renglón seguido, proyectos y protagonistas que sean capaces de proponerlos y, en caso de aprobarse, ejecutarlos en las formas y modos exigentes que, en esta ocasión, nos obligan los responsables comunitarios. Los dos anteriores, totalmente necesarios, han de coexistir con un tercer pilar que convierta en éxito este reto: los mecanismos de gestión que aseguren una correcta y puntual selección de los elementos que constituyen el abanico de proyectos y, lo que es aún más relevante, que vigilen y aseguren el cumplimiento de los objetivos propuestos. No viene mal recordar, una vez más, que en esta ocasión se tendrá que justificar el empleo de los fondos y, espero que así sea, indicadores del resultado de tan relevante esfuerzo inversor.
En el programa que se ha planteado a la Comisión Europea, según explicaciones dadas por el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, se incluyen reformas y proyectos. Para los primeros, se cuenta con una estructura de los Ministerios y del total de la Administración General del Estado, apoyados en cada caso por las competencias distribuidas en las 17 Comunidades Autónomas, que entiendo son suficientes para su diseño, planteamiento, seguimiento y justificación. En muchos de estos planes de reforma se involucra al sector privado, que va a tener que realizar las tareas de modernización imprescindibles para llegar a tener un sector público muy distinto a la salida de esta crisis.
Para el componente de los proyectos de inversión, en esta ocasión se ha concebido bajo la modalidad de la colaboración público-privada, verdadero elemento novedoso. Se dice, en la forma más elocuente de dicha aspiración, que por cada euro público que se invierta proveniente de los fondos europeos, se espera que el sector privado acuda con cinco euros extraídos de sus propias fuentes de financiación. Se trata, por lo tanto, de un cambio muy sustancial y de un reto transformador que se ha de ver guiado por un criterio de eficacia y rentabilidad coherentes con cualquier otro proyecto empresarial.
Aquí radica uno de los interrogantes más relevantes en esta faceta de los proyectos transformadores. A la pregunta de si existen fondos privados para responder a ese reto, la respuesta es afirmativa. En los mercados de capital existen recursos para los buenos proyectos, en cualquiera de las variadas versiones en las que se dan esas propuestas: financiación de proyectos, préstamos en múltiples modalidades, inversiones en capital, etc. No vivimos una época donde los problemas radican en las dificultades de financiación; en un entorno de inflación contenida la búsqueda de proyectos con resultados interesantes es uno de los elementos que más ocupan a los proveedores de fondos para el desarrollo.
Sí que tenemos, por el contrario, algunas dudas sobre los mecanismos que hasta el presente se han venido utilizando para la mejor ejecución de los proyectos con una fuerte componente de colaboración público-privada. Desde algunos actores del sector empresarial, entre ellos la patronal AMETIC, se han venido proponiendo que para el mejor desarrollo de estos proyectos del Programa ESPAÑA PUEDE se deberían crear agencias de nuevo cuño que incluyeran las mecánicas de gestión empresarial, incorporando a ellas los gestores más experimentados y renovando los criterios actuales de colaboración en los mecanismos existentes en el amplio repertorio de regulaciones públicas al respecto.
La respuesta del Gobierno ante estas propuestas ha sido variada. En la parte positiva, se han recogido cambios que pretenden agilizar algunos de los instrumentos existentes – los convenios administrativos– mediante modificaciones en las leyes que los rigen, todas ellas contenidas en el Real Decreto-Ley de 31 de Diciembre de 2020. A esos cambios, cuya eficacia deseamos que sea evidente cuando se comiencen a usar en la práctica, se han acompañado una nueva forma de colaboración público-privada –los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTES)– y otros cambios más generales que permitirán adecuar los plazos urgentes de este ambicioso plan a los ritmos, mucho más lentos de la administración pública en general.
Mucho menos atrevida ha sido la elección que se ha realizado desde el Gobierno a la hora de definir quiénes van a ser los vehículos que van a materializar los concursos competitivos a través de los cuales las empresas van a materializar sus proyectos de transformación. Con una lógica explicable, apoyándose en la necesidad de actuar con diligencia, se van a encomendar a los organismos de la AGE, en sus múltiples vertientes, para que diseñen, convoquen, resuelvan, sigan y justifiquen aquellas partidas de los fondos que van a estar destinadas al sector privado.
Sin ser la opción favorita, con una perspectiva pragmática, lo que cabe hacer es facilitar al máximo el trabajo intenso y altamente responsable que recaerá en los próximos meses en esos organismos y para ello es imprescindible que se les faciliten los recursos, humanos y materiales, necesarios para acometer ese reto de gran alcance. Si se pretende que con las diezmadas plantillas de esas entidades se materialicen los numerosos concursos y se resuelvan en plazo y forma que permitan su arranque inmediato, se estaría cometiendo un grave error de diseño que, sin afectar al núcleo del Programa podría poner en peligro el éxito de su resultado.
Con recursos propios reforzados o mediante las conocidas asistencias del sector privado, los entes públicos involucrados, tienen la experiencia para acometer sus tareas. Si no se les apoya con alguna medida, los problemas detectados recientemente en el desarrollo inicial de los ERTE o en el despliegue del IMV, se volverían a repetir con el indudable perjuicio para la ciudadanía que vería retrasarse el efecto positivo de importantes proyectos inversores que persiguen renovar el parque de edificaciones, llenar de puntos de recarga para el coche eléctrico nuestra red de carreteras y un largo etcétera de nuevos elementos que deberán modificar nuestra forma de vivir en los próximos años.
Es un detalle pequeño, pero seguro que con un impacto grande. Los que tienen que decidir al respecto deben considerar las soluciones para antes de que nos lleguen las aprobaciones de Europa y eso debería ser antes del verano del 2021. No queda ya tanto tiempo.
