Los ‘lobbies’ españoles, un sector oscuro que precisa un registro unificado de carácter obligatorio

Destacado / N. L. ■

Mientras que Cariotipo MH5 lidera la tabla de agencias, las patronales CEOE y CEPYME se sitúan en cabeza de la clasificación de asociaciones empresariales, según un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid bajo la dirección de Alfredo Arceo Vacas y patrocinado por RetiEspaña de Govermment Relations and Public Affairs, especializada en estrategias políticas, campañas de diplomacia corporativa y liderazgo.

El trabajo ofrece una radiografía completa sobre la situación del ejercicio de la actividad de ‘lobbying’ en España, entendida como los esfuerzos de colectivos por influir legítimamente en los poderes públicos para defender los intereses de sus miembros. Así, se analizan los puntos fuertes y débiles con los que cuentan los tres grandes tipos de actores que llevan a cabo esta práctica: las organizaciones sectoriales que tratan de defender ante los poderes públicos los intereses de sus empresas o colectivos profesionales asociados; las organizaciones de la sociedad civil tales como ONGs, agrupaciones ecologistas, asociaciones de consumidores o de pacientes; y las consultoras que ofrecen servicios de Asuntos Públicos en España, ya sea de forma totalmente especializada, o como una parte de su oferta completa de servicios de comunicación. Se ha trabajado sobre una muestra de 186 organizaciones sectoriales; 54 asociaciones del ámbito civil y de los movimientos sociales, además de 22 consultoras.

Las grandes patronales, en cabeza

La potencia de las patronales, CEOE (primera posición), CEPYME (2ª) y Foment del Treball en Cataluña (5ª) se debe en buena medida a la representación que ejercen del conjunto de todos los sectores de la economía española. Las grandes patronales multisectoriales copan los primeros puestos del ranking absoluto de asociaciones empresariales, gracias en parte a estar integradas por multitud de asociaciones de menor tamaño que aportan miles de integrantes para sus causas.

No son las únicas que sacan partido de su transversalidad: algunas asociaciones del mundo de la transición digital (ADIGITAL, en tercera plaza, y AMETIC, en cuarta) reúnen tanto a fabricantes de equipos informáticos como a productores de contenidos digitales, empresas de juego online, de programación… acumulando un Valor Agregado Bruto (VAB) muy significativo (en torno al 10%) a la hora de defender sus intereses colectivos ante los poderes públicos.

Un fenómeno similar sucede con otras organizaciones multisectoriales, cuya influencia recibe un espaldarazo por la variedad de sectores a los que pertenecen sus miembros: es el caso de la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC), la Asociación Española de Anunciantes (AEA) y, ya en 22ª posición, la Asociación Española de Marketing (AMKT).

Sorprende que las organizaciones que representan a los sectores de la movilidad y el mundo digital demuestren  más capacidad de influencia que actividades más asociadas tradicionalmente a la práctica del ‘lobbying’, como la energía, el turismo y la hostelería.

Es muy habitual entre las organizaciones españolas el recurso del ‘lobbying’ indirecto, una práctica mediante la que los grupos de interés tratan de influir primero en la opinión pública, de cara a alcanzar sus objetivos con las instituciones.

Sólo ocho de las 22 consultoras analizadas en el Estudio de campo sobre el estado de la actividad de ‘lobbying’ en España 2022 realizado por la Universidad Complutense de Madrid han proporcionado los datos de facturación que se les ha solicitado. Muchas de estas limitaciones se resolverían si en España se contara con un registro unificado de carácter obligatorio.

Preocupaciones variadas

Con una muestra de 186 asociaciones sectoriales y 54 grupos de interés de la sociedad civil, el abanico de preocupaciones recogidas de los distintos agentes sociales es particularmente amplio. No obstante, durante los años 2021 y 2022, los principales grupos de interés han coincidido en concentrar parte de sus esfuerzos en una serie de asuntos que afectan a la actividad de numerosas organizaciones:

• El reparto de los fondos “Next Generation UE”, de acuerdo con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española. Es una constante entre las organizaciones empresariales reivindicar la conveniencia para el conjunto de la sociedad de que su sector se beneficie de dichos fondos; en algunos casos, el asesoramiento a los asociados acerca de cómo preparar sus solicitudes llega a ser una de las actividades más importantes de la entidad. De hecho, una de las consultoras de Asuntos Públicos analizadas, Acento, se posiciona como la gran especialista en el ‘lobbying’’ sobre estas ayudas.
• Los compromisos del mundo empresarial con el Pacto Verde Europeo; el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética; El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC); los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU; la descarbonización; o la economía circular. Todos ellos surgen asociados a las ayudas europeas, o bien a modo de muestra de Responsabilidad Social ante la opinión pública y las instituciones. Habitualmente, se incide en lo que puede aportar el sector representado para alcanzar los objetivos en todas estas áreas medioambientales.
• La actividad de las organizaciones sectoriales acerca de las sucesivas prórrogas de los ERTE del Ministerio de Trabajo también ha marcado este año en el mundo de los Asuntos Públicos. Pero, si hay un sector que se ha volcado en reclamar todas las prórrogas, ha sido el del turismo y la hostelería. La participación en asuntos de índole laboral se asocia a la aportación de cada grupo para mejorar la situación económica española.
• En el sector agroalimentario, la nueva Política Agraria Común (PAC) es objeto de todo tipo de críticas, a las que se suman las grandes organizaciones ecologistas analizadas. Desde el descontento por la definición de la figura de “agricultor activo”, hasta el arrinconamiento de los criterios medioambientales a la hora de repartir las subvenciones. Representantes de ASAJA, ASOPROVAC, ANPROGAPOR y, en general, el mundo de la agricultura y la ganadería, se esfuerzan por realizar sus propias aportaciones en Europa.
• En el mundo de la energía, se discute con fuerza acerca de la financiación de la transición a las energías renovables. Como muestra, las posiciones en torno al Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE): mientras que a AELEC, como representante de las grandes eléctricas, le parece muy positivo, Gas Industrial se decantaría por otras formas de reparto de estos costes.
• Las asociaciones que se esfuerzan por ejercer una influencia favorable a la transformación digital de la sociedad, incluyen en su agenda las regulaciones sobre datos personales. Este tema se encuentra igualmente entre las prioridades del mundo de la comunicación y la publicidad, en tanto que las decisiones al respecto condicionan mucho su actividad online; y supone todo un campo de discusión pública entre las organizaciones sectoriales y aquellos grupos de interés compuestos por internautas.

Lo digital, en cabeza

La movilidad y la transición digital son los sectores con especial capacidad para influir. Siete de los 24 grupos de interés analizados del sector de la movilidad obtienen la mejor calificación. Sus organizaciones participan cada vez en más foros, figuran en más registros, y se unen a más confederaciones para aumentar su capacidad de ejercer influencia.

Las principales asociaciones del mundo de la movilidad demuestran su fortaleza incluso por antigüedad y número de empleados. Este resultado coincide con el protagonismo del transporte en los procesos de descarbonización, y en el uso de energías renovables. También coincide con el encaje social y legal de las nuevas formas de movilidad asociadas a apps y plataformas digitales.

Los hallazgos son si cabe más significativos cuando se aprecian las medias discretas de sectores que, a priori, se podían percibir como más capaces de influir y con más recursos: la energía; el turismo y la hostelería, y el mundo financiero. Sin embargo, las organizaciones que operan en dichas áreas han acabado cerrando la tabla de puntuaciones, por ese mismo orden y por debajo de los 90 puntos de media. En buena medida, estas cifras se han visto impactadas por la contribución de cada sector en la práctica al Valor Añadido Bruto español: según los datos de EUROSTAT: un 2,47% en el caso de la producción y distribución de energía (2020); un 3,55% para alojamientos y hostelería (2020), y un 3,23% para los servicios bancarios (2019). Compárense estas estadísticas con la combinación de sectores de producción, distribución, programación… que llevan a los asociados de una organización del mundo digital como AMETIC a representar el 10,81% del VAB del país.

Resultados del ranking de consultoras

Los resultados del análisis cuantitativo de agencias con servicios de ‘lobbying’ arrojan una serie de patrones con los que aprender sobre el sector. En primer lugar, el factor de transparencia tan señalado por los líderes de opinión encuestados (y por los propios representantes de las consultoras analizadas cuando se entró en contacto con ellos) marca la diferencia para gran parte de las que entran en los diez primeros puestos.

Así, cuatro de las diez primeras consultoras facilitan directamente al equipo de investigación el dato de facturación más reciente que se les solicita; y otras tres tienen al menos su última cifra global de negocio adecuadamente reflejada en el Registro Mercantil.

En conjunto, tres de las cuatro primeras consultoras del ranking están plenamente dedicadas a los servicios de Asuntos Públicos. Hace falta ampliar el foco a los diez primeros puestos para encontrar a cinco de las grandes boutiques de comunicación. No obstante, la posición de otra parte de las agencias especializadas se ha resentido en buena medida debido a su reciente creación (cierran la tabla 19N Strategies, fundada en 2018, y Common Sense, del 2010); por su parte, MAS Consulting ocupa la 18ª posición no sólo por haber sido fundada hace menos de 20 años.

Los años de experiencia en el mundo de los Asuntos Públicos marca la diferencia para escalar hasta los primeros puestos de la tabla; pero, globalmente, no deja de ser una actividad joven: sólo nueve de las 22 consultoras de la muestra llevan más de 20 años en el mundo de los Asuntos Públicos.

En definitiva, una mayor antigüedad que la media, sus esfuerzos por ser transparentes y unas plantillas nutridas contribuyen a que consultoras como Cariotipo MH5 y Reti España, compartan el podio de esta tabla con una multinacional de la comunicación como Kreab Iberia. Sin embargo, el equipo investigador se ha encontrado con dificultades para que muchas de las consultoras faciliten información sobre su situación.

Resistencias a proporcionar datos

Como muestra de estas dificultades basta reseñar que, al cierre del presente estudio, tan sólo siete de las 22 consultoras analizadas han proporcionado todos los datos de facturación ante la solicitud del equipo investigador. Entre las que se niegan a facilitar cuál es su cifra más reciente y en qué proporción procede de su división de Asuntos Públicos, se dan todo tipo de casos: desde la negativa a responder a cualquier pregunta formulada, hasta la remisión a su futura publicación en el Registro Mercantil.

No se obtuvo respuesta de: 19N STRATEGIES, DEVA COMUNICACIÓN FINANCIERA, INTERNATIONAL POLICY GROUP, S.L. (IPG), KREAB IBERIA, MAS CONSULTING, POLITICAL INTELLIGENCE, LASKER y VINCES.

ANESDOR, como organización que se sitúa en sexta posición absoluta entre los grupos de interés empresariales, figura como cliente de Deva Comunicación Financiera. Ninguna agencia menciona que entre sus clientes cuente con organizaciones del sector del turismo y la hostelería, a imagen y semejanza de las discretas posiciones que logran estos gremios en el ranking cuantitativo; en cambio, sí existen algunas consultoras con cierta actividad en los ámbitos de los servicios financieros y de la energía, mientras que el de la salud se encuentra en auge. No hay que olvidar que la agencia que encabeza la tabla de consultoras, Cariotipo MH5, está especializada en este ámbito; y que IPG ha llegado a crear una filial específica para el sector sanitario.

Propuestas y recomendaciones finales

• Urge estandarizar los esfuerzos de transparencia: todos los participantes en actividades de ‘lobbying’ deberían estar obligados legalmente a facilitar una cifra exacta de inversión en Asuntos Públicos. En estos momentos, aunque en los registros se reflejan algunas cantidades, no hay una descripción clara de los gastos que se deben incluir en concepto de ‘lobbying’. Mientras tanto, emplazamos a consultoras y asociaciones que publiquen esta información proactivamente en todos los canales posibles.
• En la misma línea, abogamos por la creación de un registro español unificado para lobistas. De lo contrario, resulta mucho más complejo obtener una imagen fidedigna de las acciones de los grupos de interés en nuestro país, al tener que combinar diversas fuentes. Quien se inscribiera en este nuevo registro, debería tener derecho a la interlocución con los representantes públicos de cualquier administración.
• Todas estas obligaciones que se sugieren para que los grupos de interés faciliten información públicamente, deberían quedar recogidas en una “Ley Integral Reguladora del Ejercicio de las Actividades de Lobbying”. Esta norma iría más allá de la reforma del Reglamento de las Cortes que se está tramitando lentamente, y podría basarse en la Propuesta no de Ley (PNL) aprobada en el Congreso en el año 2017, en la que se pedía que se siguieran las recomendaciones del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) para España, en materia de transparencia.
• En paralelo a estas medidas, la creación de un organismo de autorrregulación en el sector de los Asuntos Públicos (que operara de forma similar al existente en el mundo de la publicidad) contribuiría a gestionar los diversos escenarios y posibles problemas que surjan en él. Debería tratarse de un organismo independiente, integrado por representantes de las asociaciones sectoriales, administraciones públicas, consultoras y sus clientes. A través de este mecanismo, todos estos actores trabajarían por el ejercicio de un ‘lobby’ responsable y honesto.
• Con la estructura actual de la actividad de Asuntos Públicos, en general es aconsejable que las organizaciones focalicen una parte de sus esfuerzos en la Unión Europea, para influir en normativas que afectan a España. Aquellas asociaciones más involucradas en espacios de interlocución en Bruselas, han obtenido una mejor valoración global en nuestros rankings.
• Las asociaciones deben tratar de ampliar su número de miembros para ganar capacidad de influencia; sugerimos que dediquen recursos a campañas de extensión.
• Del mismo modo, necesitan estructuras internas sólidas. No basta con una Asamblea General y una Junta Directiva: tienen que crear grupos de trabajo operativos en los que puedan participar sus socios, que se correspondan con los grupos de trabajo institucionales en los que participen.
• Influir sobre la opinión pública no es menos importante que la relación directa con el decisor. El ‘lobbying’ indirecto es práctica habitual porque funciona, y la mayoría de los expertos consultados lo recomendaron igualmente durante el estudio exploratorio.
• Para una óptima valoración de la capacidad de influencia de cada grupo de interés, convendría que los organismos oficiales de estadística (INE, EUROSTAT) desglosaran en mucho más detalle la aportación al PIB o al VAB de las diferentes actividades económicas. Las cifras de Eurostat todavía podrían discriminar mejor entre subsectores de la energía, el turismo o el comercio minorista.

Los vigilantes de la muestra

Se ha seleccionado una serie de especialistas de una muestra crítica de organizaciones relacionadas con el ‘lobbying’. La valoración que estos profesionales de prestigio realizan de los criterios comúnmente aceptados en la literatura, proporciona toda una garantía sobre la idoneidad de la metodología seguida.

Son éstos:

Amelia Aguilar (Directora de Comunicación de Asisa).  Diego Carril Rodríguez-Casanova (Director de áreas Jurídica y Laboral de Anfac).  JoséRamón Caso (CEO de Omnicom Public Affairs).  Xavier Cima (ex Responsable de Asuntos Públicos de Kreab España -en el cargo en el momento de responder a nuestro estudio-).  Borja Echegaray (Director de la Fundación CEOE y de Relaciones con las Cortes). Antonio García Maldonado (consultor político, y gestor y profesor de Asuntos Públicos. Analista jefe del servicio de riesgo-país de LLYC).  Cristóbal Herrera (responsable de Gobernanza y Asuntos Públicos de Enterprise Holdings). Alfonso López (CEO de RetiEspaña). Irene Matías(Directora General de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales -APRI-).  Julián Núñez (Presidente de SEOPAN). Luis Pérez(Director de Relaciones Institucionales de Randstad España). Mercedes Pescador (Premio “Empresaria del Año 2020” por la asociación ASEME). Andreu Puñet (Director General de AOP). Rafael Rubio (Profesor titular en el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense. Especialista en transparencia y participación). Eva Serrano (Presidenta de ASEME).  Paloma Sevilla (Directora General de AELEC). Manuel Villoria(Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos). José Luis Yzuel (Presidente de Hostelería de España). Asociación Española de Banca (AEB -se solicita la colaboración del por entonces Presidente de la asociación, José María Roldán, pero la organización opta por proporcionar una respuesta institucional-).