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Las pensiones son ya la batalla crucial de Iglesias con Nacho Álvarez frente a Calviño y Escrivá

Sánchez ha cumplido con el compromiso esencial entre los coaligados: el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones pero el demonio se agazapa en los detalles.

Por El Nuevo Lunes
29 de enero de 2021
in Destacado
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“Lo sorprendente –declaró Nacho Álvarez a ‘El País’ el pasado día 25– es que haya miembros del Consejo de Ministros, como Nadia Calviño o José Luis Escrivá, que plantean medidas que van claramente contra el pacto de coalición”.

Y remacha: “Ni en el acuerdo de coalición ni en el pacto de Toledo figura la posibilidad de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, que en la práctica es un recorte”. Y amenaza: Podemos no va a dar sus 35 votos en el Parlamento al servicio de una medida que se quiso introducir por la puerta de atrás. Difícilmente eso va a salir adelante en el diálogo social; ya no digamos en el Congreso”. / EUROPA PRESS

“Lo sorprendente –declaró Nacho Álvarez a ‘El País’ el pasado día 25– es que haya miembros del Consejo de Ministros, como Nadia Calviño o José Luis Escrivá, que plantean medidas que van claramente contra el pacto de coalición”. Y remacha: “Ni en el acuerdo de coalición ni en el pacto de Toledo figura la posibilidad de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, que en la práctica es un recorte”. Y amenaza: Podemos no va a dar sus 35 votos en el Parlamento al servicio de una medida que se quiso introducir por la puerta de atrás. Difícilmente eso va a salir adelante en el diálogo social; ya no digamos en el Congreso”. / EUROPA PRESS

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Destacado / N. L.

 

La cuestión de las pensiones es ya el gran campo de batalla en el que se enzarzan Unidas Podemos y el PSOE en el interior y en el exterior del gobierno de coalición, entre el vicepresidente Pablo Iglesias, por un lado, y en el de enfrente la vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Es éste el escollo más importante que ha revuelto a los ‘podemitas’ frente a las posiciones atribuidas a estos miembros del Gobierno que, parece, no han pasado de la categoría de borradores.

Sánchez ha cumplido con el compromiso esencial entre los coaligados: la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones se ha resuelto sin mayores problemas pero el demonio se agazapa en los detalles. Detalles que, ciertamente, son muy importantes sobre todo en lo que se refiere a la consideración del número de años trabajados y la prolongación de la edad laboral, asunto que Sánchez considera imprescindible para la sostenibilidad del sistema y por la que Podemos, por el momento, no está dispuesto a tragar.

Lo más significativo y novedoso es que las discrepancias públicas no se limitan al ámbito del partido, algo que puede permitirse en razón de lo esperado por las discrepancias ideológicas entre los coaligados, sino que se hacen públicas por miembros del propio Gobierno coaligado que no se cortan un pelo en señalar con nombres y apellidos a sus enemigos de dentro: Nadia Calviño y José Luis Escrivá.

 

Nacho Álvarez no se corta un pelo

Nos referimos a Nacho Álvarez, que no sólo es el máximo responsable económico de su partido, el ‘Nadia Calviño’ de Iglesias, sino que ostenta el cargo de secretario de Derechos Sociales, el segundo puesto del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Pablo Iglesias, que tiene el cometido de “la propuesta y ejecución de la política del Gobierno de la Nación en materia de derechos sociales y bienestar social, de familia y su diversidad, de protección del menor, de cohesión social y de atención a las personas dependientes o con discapacidad, de adolescencia y juventud, así como de protección de los animales”. Es el ministerio clave de la vicepresidencia social que ostenta el secretario general de Podemos.

“Lo sorprendente –declaró Nacho Álvarez a ‘El País’ el pasado día 25– es que haya miembros del Consejo de Ministros, como Nadia Calviño o José Luis Escrivá, que plantean medidas que van claramente contra el pacto de coalición”.

Nada de lo que proponen Escrivá y Calviño se opone a este acuerdo tras desmentirse por ambos lo que aparecía en un borrador que el Gobierno pensaba enviar a Bruselas. En todo caso –nos dicen en fuentes gubernamentales– habría que adaptar el Acuerdo a las circunstancias y no es poca circunstancia, imprevista el 30 de diciembre de 2019, cuando se firmó el acuerdo es la economía bajo el impacto de la pandemia. / EP

Y remacha: “Ni en el acuerdo de coalición ni en el Pacto de Toledo figura la posibilidad de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, que en la práctica es un recorte”. Y amenaza: Podemos no va a dar sus 35 votos en el Parlamento al servicio de una medida que se quiso introducir por la puerta de atrás. Difícilmente eso va a salir adelante en el diálogo social; ya no digamos en el Congreso”.

Sostiene Álvarez que “bajar pensiones sería no haber aprendido las lecciones de hace diez años. En un contexto de crisis, apostar por políticas de devaluación de rentas es un error. No sólo reduce el nivel de equidad de la política que tiene mayor potencial redistributivo, que son las pensiones, sino que los recortes restarían eficacia a la futura recuperación”.

 

El Gobierno se remite al Pacto de Toledo

Concretamente, en el texto del “Acuerdo de gobierno de la Coalición Progresista” se garantizan pensiones dignas a través de la suficiencia y revalorización del sistema público de pensiones para lo que el Gobierno plantea a todas las fuerzas políticas y a los agentes sociales un nuevo Pacto de Toledo que garantice la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones.

“Actualizaremos las pensiones –promete– conforme al IPC real mediante ley de forma permanente, y aumentaremos el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas” y remite la reforma de la Seguridad Social al marco del diálogo social, y del Pacto de Toledo, con máxima transparencia, para garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo.

Y asegura que se estudiarán y desarrollarán medidas para, entre otras, garantizar el aumento de los ingresos de forma estructural, descargando a la Seguridad Social de gastos impropios, asegurando la sostenibilidad del Sistema, y que revisarán las bonificaciones a la contratación con el objetivo de reducirlas, garantizando el mantenimiento de aquellas que contribuyen a la inserción en el mercado laboral de los colectivos con especial vulnerabilidad.

En el marco de esta reforma promete eliminar el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de Pensiones de la Seguridad Social previstos en la Ley 23/2013, “siempre asegurando la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo”.

Nada de lo que proponen Escrivá y Calviño se opone a este acuerdo tras desmentirse por ambos lo que aparecía en un borrador que el Gobierno pensaba enviar a Bruselas. En todo caso –nos dicen en fuentes gubernamentales– habría que adaptar el Acuerdo a las circunstancias y no es poca circunstancia, imprevista el 30 de diciembre de 2019, cuando se firmó el acuerdo es la economía bajo el impacto de la pandemia.

 

Fue la decisión del primer Consejo de Ministros

José Luis Escrivá estaba de acuerdo en la revalorización de las prestaciones de acuerdo con el IPC cuando presidía la AIReF. Propuso entonces trasladar al Estado el déficit estructural de la Seguridad Social, que alcanza entre el 1,3% y el 1,5% del PIB (entre 14.500 y 16.800 millones de euros actuales). Propuso también que se frenaran las prejubilaciones y se aumentara el periodo de cálculo de las prestaciones. Pedía que se frenaran las prejubilaciones y que a largo plazo se acercara la edad real de jubilación a la fecha legal, que en 2027 será de 67 años. Proponía finalmente alargar de 25 a 35 años cotizados el periodo para el cálculo de la prestación.
Naturalmente una cosa es presidir la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y otra ser ministro de un Gobierno donde su independencia es muy relativa. / EP

Pero insisten en que de ninguna manera se recortará el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones como ha demostrado en las decisiones ya adoptadas.

Como la adoptada en el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno que aprobó un decreto ley por el que se subían las pensiones en un 0,9% de acuerdo con la inflación esperada. Y se disponía que si el IPC subiera por encima de este porcentaje se daría una paga a los pensionistas por la diferencia entre previsión y realidad de forma que no perdieran poder adquisitivo, concluyendo de esta forma la limitación vigente al 0,25%.

Y el pasado martes, 26, el Gobierno ha aprobado la revalorización de las pensiones en otro 0,9%, cifra que es la del IPC previsto para el conjunto del año. Y elevó las mínimas en un 1,8%, el doble de la inflación prevista. Esta subida de las pensiones tendrá un coste de 1.500 millones de euros para las arcas públicas, cuantía que se pagará con deuda por el déficit que ya tiene la Seguridad Social.

El gasto en pensiones contributivas ha superado por primera vez en la historia los 10.000 millones de euros en un mes, lo que significa un crecimiento interanual del gasto del 3,6%.

Las recomendaciones de Escrivá cuando no era ministro

José Luis Escrivá estaba de acuerdo en la revalorización de las prestaciones de acuerdo con el IPC cuando presidía la AIReF. Propuso entonces trasladar al Estado el déficit estructural de la Seguridad Social, que alcanza entre el 1,3% y el 1,5% del PIB (entre 14.500 y 16.800 millones de euros actuales). Propuso también que se frenaran las prejubilaciones y se aumentara el periodo de cálculo de las prestaciones. Pedía que se frenaran las prejubilaciones y que a largo plazo se acercara la edad real de jubilación a la fecha legal, que en 2027 será de 67 años. Proponía finalmente alargar de 25 a 35 años cotizados el periodo para el cálculo de la prestación.

Naturalmente una cosa es presidir la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y otra ser ministro de un Gobierno donde su independencia es muy relativa.

 

Con derecho a réplica

En los próximos años, ganarán los que creen que el futuro es el pasado

El turismo después de la pandemia

Ignacio Vasallo

Director de Relaciones Internacionales de la Federación Española de Escritores de Turismo y fundador y primer director de Turespaña

 

Para intentar predecir el futuro es conveniente conocer el presente, e incluso el pasado, para especular sobre si va a haber continuidad o transformación.

La cosa se complica si intentamos hacer pronósticos sobre el llamado ‘turismo’, un amplio conglomerado de sectores, unos veinte, que van desde el alojamiento al transporte, pasando por la hostelería, el golf, la intermediación y la restauración. Cada uno de ellos tiene un futuro diferente.

Según la cuenta satélite, que realiza el INE, en 2019 el turismo contribuyó con un 12,7% al PIB –el 55% del turismo procedente del exterior– y dio empleo a 2,7 millones de trabajadores, la gran mayoría, mas de 1,6 millones, en el sector que llaman Horeca: hostelería, restauración y cafeterías, que cuenta –o más bien contaba– con más de 300.000 empresas.

EUROPA PRESS

La caída ha sido muy fuerte en todo el mundo, pero pocos países, especialmente en Europa, dependen tanto del turismo como España

Hay una gran concentración geográfica, especialmente del turismo proveniente del extranjero, en unos cuantos destinos como los dos archipiélagos, en los que es responsable de entre el 30 y el 40% del PIB.

La mayor parte de los subsectores que constituyen el turismo han sido los más afectados por la pandemia, puesto que tienen como base la movilidad y el contacto humano .

El turismo es muy intensivo en mano de obra, importante en un país con alto nivel de desempleo, pero con pocos contratos fijos y muchos de los llamados fijos discontinuos, especialmente en las Baleares. Emplea a docenas de miles de trabajadores que no encontrarían acomodo en otras áreas.

Excepto en algunos segmentos del transporte y de la hotelería, tiene dificultades para incrementar la productividad, al no poder sustituir a los humanos por robots.

La pandemia ha provocado una caída de la facturación de las empresas de este sector mucho mayor que en cualquier otro. Los cálculos preliminares indican que la aportación al PIB en 2020 habrá sido sólo del 4,3% (Exceltur). El gasto de los extranjeros cayó un 80% y el de los españoles un 50. Al contrario que en otros sectores, la mayor parte de la oferta no usada no puede ser almacenada.

La caída ha sido muy fuerte en todo el mundo, pero pocos países, especialmente en Europa, dependen tanto del turismo como España.

Para paliar los efectos de este derrumbe, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de planes, algunos generales, como los ERTEs o los créditos ICO, otros específicos, pero que han sido calificados por un ‘lobby’ de la patronal como “tiritas para hemorragias”, al tiempo que solicitaba 5.000 millones en ayudas directas.

Hay que recordar que el turismo figura como competencia exclusiva de la Comunidades Autónomas en todos sus estatutos. Casi todas ellas han presentado planes con subvenciones específicas.

Los fondos Next Generation EU provenientes de la Unión Europea están en su mayoría destinados a la innovación verde y digital. Además, los bonos SURE se han creado para proteger el empleo.

Las principales cadenas hoteleras, que hoy día son multinacionales, llevan años invirtiendo en digitalización y medio ambiente, especialmente en sus propias plataformas de reservas. Lo mismo ocurre con compañías aéreas y otras empresas de transporte, pero hay que hacer un gran esfuerzo para que las pymes puedan seguir ese camino. La mayor digitalización supone un menor uso de las agencias de viajes   y menor capacidad competitiva de las empresas que son incapaces de hacerlo.

El modelo español está basado en una amplia oferta de alojamiento, a precios asequibles, especialmente en las zonas costeras, península e Islas, dotadas de un magnífico clima, a distancia razonable de grandes centros emisores con los que hay una conexión aérea muy superior a la de nuestros competidores. Una vez en España, los turistas encuentran seguridad jurídica, sanitaria y física; magníficas comunicaciones –trenes, autopistas y telefonía–, buena gastronomía, precios baratos en las bebidas alcohólicas y una amable cultura de acogida.

En el lado negativo hay acusaciones de baja rentabilidad, empleo precario, exceso de turismo en el centro de algunas ciudades y un buen numero de turistas con comportamientos inadecuados y escaso gasto.

Como toda crisis tiene su oportunidad, nuestras principales cadenas hoteleras, las internacionales que operan en España y buena parte de los fondos de inversión propietarios de instalaciones de alta categoría , quieren incrementar la rentabilidad invirtiendo en la renovación y mejora de los establecimientos.

Las diferentes administraciones aseguran que también quieren dar preferencia al gasto de los turistas. Pero los principales actores del turismo de masas sin límites no parece que estén por la labor.

 

Unas 100.000 empresas, bares , cafeterías, agencias de viajes, no volverán a abrir

Hay consenso en el ritmo de recuperación, tomando siempre 2019 como año base. 2020 habría tenido sólo un 20% de actividad, que se convertiría en el 50 en 2021, debido sobre todo al aumento del turismo nacional, y no alcanzaría los niveles previos hasta finales de 2023 o 2024.

Sin embargo, no lo hay respecto a la foto al final de la recuperación. Los inversores apuestan por un futuro muy parecido al pasado reciente –el virus habría sido sólo una lupa que aumenta y acelera la realidad–.

Ryanair ha hecho un gran pedido de 210 Boeing-737 Max para disponer en 2026 de 150 aviones mas que en 2019. La cotización de sus acciones no ha sufrido en Bolsa y actualmente valen más que las de las cuatro grandes compañías europeas “de bandera” juntas, que sí se han depreciado.

Y Airbnb lanzó una oferta publica de un buen paquete de sus acciones que se vendieron a tres veces el precio previsto y más del doble del de salida. La empresa fue valorada en 100.000 millones de dólares más que el conjunto de las cuatro grandes cadenas hoteleras mundiales, cuya capitalización bursátil también cayó el pasado año.

Ryanair y Airbnb confían en que las Administraciones Públicas no se atrevan, ante la gravedad de la situación, a poner pegas a su crecimiento basado en la premisa de que el miedo a viajar se cura con billetes y alojamientos baratos, y que ya ha funcionado en ocasiones anteriores. Los Gobiernos europeos tendrán que decidir entre bajar las orejas y fomentar cualquier tipo de turismo o guiarse por la agenda verde de Ursula von der Leyen .

Inevitablemente, unas 100.000 empresas, bares, cafeterías, agencias de viajes, no volverán a abrir, sea cual sea el tipo de ayudas que reciban, por falta de capacidad financiera para resistir, independientemente de cuál sea la tendencia ganadora.

A corto plazo, la presión de los partidarios del turismo de masas sin límites será fuerte, pero a medio y largo plazo a nuestro sector turístico y a la sociedad española en general le conviene caminar por la senda de la rentabilidad empresarial y social.

Mucho me temo que, en los próximos años, ganarán los que creen que el futuro es el pasado.

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