Destacado / N. L.
Las aseguradoras, que desde hace tiempo tenían una fuerte presencia bancaria, consideraban a aquéllas con cierta condescendencia hasta el extremo de que se decía que los banqueros transferían al Seguro a sus directivos menos brillantes. La situación ha cambiado hasta el extremo de invertir los términos. Los bancos están en crisis mientras los resultados de las compañías de seguros brillan ostentosamente. De hecho, los bancos se defienden ‘obligando’ a los clientes a comprarles seguros.
Obviamente, seguros y bancos comparten extensas áreas de actividad, especialmente en las hipotecas, una relación que ha provocado las críticas de los mediadores de seguros, que critican duramente a los controladores de ambas actividades, a la Dirección General de Seguros y al Banco de España, una crítica en lo que a la primera se refiere que comparte la Asociación de Consumidores y Usuarios (OCU).
Tanto bancos como aseguradoras están también unidas en un déficit de popularidad que combaten de distintas formas. Pero hay diferencias en lo que a la comunicación se refiere. En los bancos, que después de tantas fusiones han quedado pocos, la AEB, su patronal, ha dejado de ejercer como portavoz y ‘lobby’ de lo que se ocupa cada uno de los grandes bancos que han prevalecido. Sin embargo. en el seguro, Unespa, la patronal que agrupa a casi 200 aseguradoras y reaseguradoras que reúnen cerca del 96% del volumen de negocio en el mercado español, defiende muy eficientemente al sector.
Unespa exhibe sus virtudes
Unespa, la patronal de las aseguradoras, presidida por Pilar González de Frutos, defiende muy bien al sector, como es su función. Ha formulado una apoteosis del mismo, en su ‘Informe Estamos Seguros 2020’, que acaba de publicar, en el que va más allá de los documentos rutinarios acostumbrados por algunas compañías apuntándose el tanto de ser un acicate para la mejora de los demás sectores, en realidad de toda la actividad económica, pues está presente en todas sus ramas y de la vida de las personas.
Unespa llama la atención sobre su papel de incitadora de las buenas prácticas en todos los sectores de la economía. A los que anima a asumir una batería de buenas prácticas en materia de prevención. “Pero si lo peor sucede y se materializa el riesgo cubierto –aseguran– el seguro es el primero en estar ahí para reparar los daños y volver a echar a andar”.
Explica que, a través de las indemnizaciones o los servicios de reparación, el seguro ayuda a familias, empresas e instituciones a reponerse de los efectos de un evento catastrófico. Y muestra dos ejemplos. El primero: la borrasca ‘Filomena’, acaecida a principios de 2021, que ha llevado a las aseguradoras a desembolsar 230 millones de euros para paliar los daños causados en inmuebles y vehículos. Un segundo ejemplo: entre 1987 y 2019, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ha atendido 706.430 expedientes por inundación, que originaron 6.059 millones en daños en bienes y a las personas.
A éstos se suman 603.678 expedientes más ligados a tempestades ciclónicas atípicas, relacionadas con el cambio climático, que causaron otros 1.318 millones en daños materiales y personales.
Muchos trabajadores estables y bien pagados, la mitad mujeres
La patronal destaca que la actividad aseguradora genera unos 160.000 puestos de trabajo directos en España, de los que cerca de 50.000 corresponden a compañías de seguros. Explica que son trabajadores estables, incluso en situaciones tan exigentes para las empresas como la experimentada a raíz de la pandemia de Covid-19. Un empleo bien pagado, el octavo mejor retribuido de toda la economía española.
Las mujeres constituyen el 52% de la plantilla de las aseguradoras, una proporción que previsiblemente irá en ascenso en los próximos años, pues ellas representaron el pasado año el 57% de las nuevas contrataciones. Aunque, reconoce el informe, la paridad plena todavía no ha llegado a los puestos de máxima responsabilidad. Ellas son el 31% de los integrantes de los comités de dirección de las aseguradoras en España.
Asegura que siete de cada diez aseguradoras disponen de políticas de responsabilidad social corporativa. No proporciona el dato de las tres compañías que no cumplen con su obligación al respecto.
“Estamos Seguros” es un plan divulgativo y de notoriedad que desarrolla Unespa desde 2016 con el objetivo de “acercar el seguro a la opinión pública, de tal forma que la ciudadanía conozca el papel que desempeña esta actividad en la sociedad”. Unespa defiende los intereses de sus asociados “frente a todo tipo de organismos e instituciones nacionales e internacionales”.
Los consumidores critican
Naturalmente, Unespa no hace autocrítica. De la crítica se ocupan otras asociaciones, especialmente los mediadores de Seguros y las asociaciones de consumidores. Actúa de forma especialmente contundente la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU que pone en cuestión la eficacia del control que debiera ejercer la Dirección General de Seguros.
En teoría, la Dirección General de Seguros, situada en una flamante sede de la Castellana de Madrid, está para la inspección y control de la solvencia y actividad de las entidades aseguradoras y para la protección de los asegurados. Lo primero, nos aseguran en la OCU, lo hace razonablemente bien, pero lo segundo deja mucho que desear. Lo hace razonablemente mal.
No son pocas las quejas destinadas al organismo. Por ejemplo, la muy reciente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que viene denunciando desde hace un par de años la imposibilidad que tiene el asegurado de recuperar la parte proporcional de la prima que no se va a disfrutar.
La OCU razona que sería lógico pensar que, si tenemos un seguro y desaparece la persona, el objeto o el riesgo para el que se contrató, se podría recuperar la parte de prima proporcional al periodo restante. Sin embargo, la Dirección General de Seguros considera indivisible la prima que corresponde al periodo contratado, que suele ser anual; aun cuando se pague de forma mensual, trimestral o semestral.
Un ejemplo habitual sería el de un coche que sufre una avería tan cara que no merezca la pena arreglarla y el propietario decide darlo de baja. La aseguradora no cubre el daño y, sin embargo, seguirá cobrando por un riesgo ya inexistente.
Pero hay casos más sangrantes, como el de personas mayores fallecidas durante la pandemia a las que se les cobra íntegramente el importe de la póliza privada de salud. De hecho, aun cuando el pago de la prima fuera mensual, si los hijos decidieran dejar de pagarla, la aseguradora podría exigir el resto del dinero judicialmente.
Críticas de los mediadores de seguros
Las críticas fueron especialmente duras por parte de los mediadores de seguros en la jornada ‘on line’ que organizó el pasado mes de marzo el Colegio de Mediadores de Seguros de Alicante. Su presidente, Florentino Pastor, planteó la obviedad de que un regulador como la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones debería actuar de oficio si hay mala praxis en esa comercialización de los seguros. Y concluyó: “Es una aberración que no lo haga”.
Los mediadores de seguros atacaron simultáneamente a bancos y aseguradoras y a sus respectivos reguladores, el Banco de España y la Dirección General de Seguros, en lo referente a los seguros de las hipotecas. Pidieron más transparencia y una mayor intervención de los reguladores, claves para frenar la mala praxis bancaria en seguros. Pidieron “que actúen de oficio contra las malas prácticas con multas y sanciones ejemplares”.
Fernando Santos, fiscal de Defensa de los Consumidores en Andalucía subrayó que “lo prioritario ahora es trabajar por conseguir que el evidente estado de malestar que padecen los consumidores se traduzca en un activo y vigoroso movimiento de reivindicación, para conseguir un estado de opinión que haga reaccionar a los representantes políticos y autoridades competentes”.
Hubo consenso general en que la confianza y la transparencia en la información son pilares fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema financiero en el que se mueve también el sector asegurador. Un sector que supone el 5% del Producto Interior Bruto sobre el que los bancos se han posicionado en los últimos años.
Para muchos expertos es clave que en este escenario los reguladores como Banco de España o la Dirección General de Seguros actúen de oficio contra las malas prácticas con multas y sanciones ejemplares.
Esta es la gran conclusión de la jornada sobre mala praxis bancaria en el sector asegurador, a la que estuvieron conectados cerca de quinientos profesionales relacionados con esta actividad. El debate estuvo moderado por la abogada Vanesa Fernández, directora del Área de Consumo del despacho Andersen y en el que se oyeron las voces de prestigiosos juristas.
Potenciar actuaciones de oficio
Florentino Pastor, presidente de la entidad organizadora, explicó que la situación es preocupante y que un regulador como la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones debería actuar de oficio si hay mala praxis en esa comercialización de los seguros. “Es una aberración que no lo haga”, afirmó.
“Hay que darse cuenta de que los consumidores con necesidades de crédito no denuncian, no se atreven a enemistarse con su banco. Es fundamental parar estas malas prácticas y romper este círculo vicioso”, agregó.
Pastor recordó que “los mediadores profesionales no estamos en contra de la banca, sino de la mala práctica. Es importante que no impongan o coacciones antes de firmar un préstamo o un seguro, creo que el papel del Banco de España podría más beligerante”.
Destacó que se pueden cruzar los datos de las hipotecas que se han hecho con los seguros. «Más del 95% de esos seguros están contratados en la banca. Esos datos señalan que las hipotecas que se hacen en España se hacen por entidades financieras. No hay libre elección”.
Proteger mejor a los consumidores
Fernando Santos, fiscal de Defensa de los Consumidores en Andalucía subrayó que “lo prioritario ahora es trabajar por conseguir que el evidente estado de malestar que padecen los consumidores se traduzca en un activo y vigoroso movimiento de reivindicación, para conseguir un estado de opinión que haga reaccionar a los representantes políticos y autoridades competentes”.
Para este jurista, en el ámbito judicial, en lo relacionado con las acciones colectivas, advierte dos “enfermedades mortales. En primer lugar: ausencia de un Juzgado de lo Mercantil Central de competencia estatal y dotado de suficientes medios y, en segundo, la falta de regulación de la ejecución de las acciones colectivas-masa”.
Santos, como otros expertos de esta jornada, se mostró partidario de potenciar la actuación de oficio: “En este sentido no admite ya demora la creación de una Fiscalía de Sala de Defensa de los Consumidores, así como la organización de un grupo de expertos en la materia dentro de la Abogacía del Estado y en los Cuerpos de Letrados de las distintas Comunidades Autónomas”.
También vio fundamental desarrollar con más medios el arbitraje obligatorio, al menos en asuntos de escasa o media cuantía con el fin de desjudicializar muchos asuntos, de tal forma que fomente las reclamaciones de los consumidores frente al coste judicial a veces prohibitivo.
Desde su punto de vista, es el momento de apostar por crear “un procedimiento especial de consumo” que incluya una batería de medidas destinadas a equilibrar la vulnerabilidad procesal del consumidor, así como atribuir a estos asuntos la condición de “procesos testigo” con eficacia ‘erga omnes’ (para todos los consumidores en las mismas condiciones) de la sentencia”.
Santos ve necesario “la imposición de “daños punitivos” con obligación para la entidad infractora de indemnizar el perjuicio multiplicado por 3, por 4 o por 5. Eso generaría un efecto disuasivo importante para cualquier empresa infractora que atentara contra los consumidores a nivel general y en la práctica bancaria de seguros, en particular”:
Para este jurista, la clave del momento que vivimos pasa por “trabajar en varios frentes a la vez, pero como ya he puesto de manifiesto, cada centímetro que se avance en las cuestiones de primer orden supondrá avanzar un kilómetro en las restantes”.
Abusos ocultos en pólizas de seguros
Por su parte, Carlos Ballugera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), comentó que son destacables “los muchos abusos de un sector donde los abusos quedan silenciosamente ocultos en las pólizas. A ese respecto hay malas prácticas del seguro con relación a la hipoteca. Así, los seguros de sobrevivencia de prima única han hecho fracasar la hipoteca inversa”.
Este jurista comentó cómo “la fórmula como la hipoteca inversa, bien diseñada para ayudar a las personas mayores a completar su pensión en el último tramo de su vida, se ha vuelto inviable por la codicia de los bancos”.
A este respecto, comentó que “dichas entidades en el minuto cero de vida del crédito hipotecario, vamos a poner de 60.000 euros, han cargado en la cuenta del deudor persona consumidora 14.000 euros de la prima única del seguro de sobrevivencia, que, desde ese monto, devenga intereses a favor del banco; aumentando insoportablemente la carga financiera del crédito”.
Ballugera subrayó que “los pequeños escándalos y los pequeños derechos que ostentan las personas consumidoras, como el de elegir compañía aseguradora, palidecen ante la mala transposición de la Directiva de hipotecas residenciales por la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario”.
“Esa ley, pese a la prohibición expresa, salvo excepciones tasadas, de los contratos vinculados por la Directiva 2014/17/UE de 4 febrero 2014, hace lo contrario: convierte la prohibición en una excepción legalizando, con rango de ley, todos los contratos vinculados que venía practicando la banca, a saber, los seguros de daños y los seguros de vida vinculados a la hipoteca”, comentó este jurista.
También destacó que a “la aberración jurídica que supone desplazar la cobertura del interés asegurable en el crédito hipotecario del banco al deudor por medio del contrato vinculado de seguro de daños, se une aquella otra práctica que impone al deudor la cláusula de vencimiento anticipado por la ocurrencia del siniestro consistente en la pérdida del inmueble hipotecado, por ejemplo, por un incendio”.
Otra cuestión que resaltó es “la necesidad de interiorizar en el ámbito de los profesionales los cambios habidos en el contrato de consumo.” A su juicio, la contratación masiva y el desarrollo de la contratación con condiciones generales viene acompañada de una regulación protectora que ha vuelto el “lo tomas o lo dejas” del contrato por negociación en el derecho de la persona consumidora a contratar sin abusos. Ese derecho se materializa por medio de la nulidad parcial con subsistencia del contrato con condiciones generales, del que el seguro es punto de partida y ejemplo sobresaliente”.
Ballugera cree que “el contrato por el que la persona consumidora realiza su bienestar, por la regulación protectora, subsiste, y la persona consumidora tiene derecho a que las cláusulas abusivas u oscuras que se contengan en él, no le vinculen, sean eliminadas, y que lo sean sin necesidad de ir a pleito”.
Este experto indicó que hay una falta de transparencia que se pone de manifiesto “cuando las cláusulas contractuales del seguro divergen en perjuicio de la persona consumidora con sus antecedentes precontractuales, tales como la publicidad, la proposición del seguro y demás comunicaciones obligatorias anteriores a la celebración del seguro”.
Abusos cuando te hipotecas
Carlos Lluch, impulsor de la iniciativa Lobby de Corredores de Seguros, otro de los ponentes, comenta que tras esta jornada ha quedado constado que existe la mala praxis en la distribución de seguros en sede bancaria: “Abusos masivos y continuados con el consumidor, especialmente cuando se hipoteca”.
Este experto explicó dos situaciones que conoce bien. “Una primera de cómo la banca opera en este sentido, porque parece que las leyes no les afectan ni se les aplican. Al mismo tiempo se sienten seres superiores y subordinan la voluntad de su cliente, lo que dicen las leyes, a su interés particular”.
Junto con estas premisas, Lluch indicó que en esa relación con sus clientes “abducen al cliente durante toda la duración del préstamo en el mercado. Así, durante 30 años se financia el seguro de prima única al principio del préstamo ya pagado, ni un seguro de hogar porque ha cedido los derechos del tomador al banco”.
Para este experto “no es normal ni es legal, beneficia al usuario”. En otra situación se firma con el banco que tiene la obligación de tener durante 30 años seguro del hogar con quien quiere el banco, no puede elegir el seguro ni el precio a pagar. Si resulta que el seguro funciona mal, está condenado a tener eso durante una vida”.
Otra cuestión que comentó en este debate es que los bancos convierten al mercado de distribución de seguros en algo muy complejo. “Las prácticas abusivas ahí están. Si obligan a contratar esos productos es porque no pueden ofrecer un producto de buena calidad a un precio adecuado. El cliente no les compra voluntariamente porque no identifica nade de valor en su oferta”.
Para Lluch, algunas de las soluciones pasarían por prohibir por completo los “seguros a prima única en cualquier operación financiera. Se paga al principio de golpe y como no se tiene ese dinero se financia dentro del préstamo. En caso de ejecución hipotecaria, la deuda con esa familia será mucho mayor”.
Lluch señala que “los seguros de prima única hay que suprimirlos. Carecen de flexibilidad y no benefician al cliente y restringen su capacidad de elegir”. Otra cosa que debería prohibirse es suscribir cualquier tipo de seguros con más de un año de duración. “El cliente debería tener la potestad de hacer anualmente ese seguro y elegir la compañía de seguros que busca. En el mercado libre no conozco a un corredor que haga seguros de vida a prima única porque son lesivos para el cliente”.
Con Derecho a Réplica / José Massa. Doctor en Economía
España 2050
Es más fácil criticar que construir. Especialmente en un ambicioso trabajo de prospectiva como el ‘España 2050. Fundamentos y Propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo’. Creo que es digno de alabanza que se haya hecho el esfuerzo de ‘poner las luces largas’, intentando pensar a largo plazo, y que se haya procurado hacerlo con rigor y con soporte en datos y no en prejuicios. Evaluar qué cosas deberíamos hacer hoy para no tener que lamentarnos dentro de treinta años es una muy buena iniciativa; y hacerlo con la ayuda de decenas de personas con sólidos conocimientos en sus áreas respectivas –algunos de ellos buenos amigos– contribuye a que los resultados sean merecedores de atención y de reflexión.
Es una lástima que la forma de presentar el trabajo, con tintes descaradamente propagandísticos, haya generado un inmediato desprecio hacia lo que es, leído con calma, una pieza interesante de análisis fundamentalmente económico. Es una lástima, porque en este caso, la forma condiciona el fondo: si el trabajo es un documento “académico-científico” elaborado para fomentar el debate y la reflexión, parece que deberían haberlo presentado los académicos y científicos que lo han dirigido; si es un documento “político”, parece que debería haberse presentado en el Congreso; y si es un documento de Estado, como el propio texto reclama ser, digamos que debería haberse presentado de forma más institucional. Desgraciadamente, la forma de presentación lo convirtió en un acto de propaganda, con lo que el estudio quedó desactivado en ese mismo momento. Y las materias contempladas en el estudio, incluso las no consideradas que deberían estar, merecen reflexión, debate y acuerdo.
Yendo al estudio en sí, el último capítulo, referido al bienestar futuro de los españoles (yo lo habría puesto el primero), hace un buen resumen del resto del trabajo. Se destacan cinco amenazas para el bienestar futuro.
La primera es el futuro de nuestra economía. Se dice que “España podría registrar un crecimiento económico reducido en el largo plazo”.
La segunda hace referencia a las carencias de nuestro mercado de trabajo, que presenta “elevado desempleo estructural, alta precariedad y extensas jornadas laborales” (se podría haber añadido: junto con bajos salarios).
El envejecimiento de la población es el tercer punto de atención. Este envejecimiento podría llevar a que “la calidad de nuestra protección social experimentase un retroceso notable”.
El cambio climático, cuarta amenaza, hará que la España de 2050 sea más cálida y más árida. Se indica que “habrá más sequías, más incendios, más olas de calor, más lluvias torrenciales y mayor transmisión de enfermedades por alimentos, agua o animales”.
Por último, se indica que la redistribución de la población en el territorio podría conducir a una “pérdida de dinamismo económico y laboral de los municipios rurales, junto con un mayor crecimiento de las ciudades, agravando los problemas de acceso a la vivienda o de segregación social”.
Es un buen catálogo de problemas. Podría pensarse que quizá falta alguno, pero es seguro que los mencionados lo son y requieren acción. Puesto que los gobiernos varían según el resultado cambiante de las elecciones, las acciones deberían ser acciones compartidas por todos los partidos, con sus matices, si se quiere, pero con un foco común. El propio trabajo así lo enuncia. Lamentablemente, no parece que esto vaya a suceder, por la experiencia reciente: ni el Gobierno ha permitido a la oposición opinar en el uso de los fondos europeos, ni la oposición ha dado muestras de tener visión de estado frente a un conflicto como el de Marruecos. Con esta perspectiva, parece que conseguir acuerdos compartidos en materias como las planteadas se antoja misión imposible. Así que el trabajo, también por este frente, queda desactivado.
Por otro lado, el estudio, al no hacer ninguna proyección de cómo será el resto del mundo en 2050, implícitamente está suponiendo que será igual que hoy. Esto creo que es un error. Algunas instituciones actuales, como el sistema tributario, la Seguridad Social, la regulación laboral, los sindicatos o los partidos políticos, proceden en muy buena medida del s. XIX y, esencialmente, no han cambiado en más de cien años. Me parece que muchos de ellos no están preparados para el s. XXI y que van a experimentar cambios notables, porque no son adecuados para el mundo no ya de 2050, sino incluso de hoy. Por ejemplo: el recientísimo movimiento del G-7 para intentar homogeneizar el impuesto de sociedades entre los diferentes países es un reconocimiento expreso de que las viejas reglas de tributación, centradas en las fronteras y los conceptos de residencia y ciudadanía, simplemente ya no sirven en un mundo deslocalizado en el que tanto empresas como consumidores tienen una enorme capacidad de acceso global. Al no hacer ninguna referencia a este tipo de consideraciones, el estudio se queda cojo en una parte fundamental, que es, precisamente, la adaptación al futuro. Pensar que se podrá prosperar en pleno s. XXI con instituciones diseñadas en el s. XIX es, simplemente, no prestar atención a la realidad.
Aunque es inevitable, el estudio contiene algunas incoherencias, quizá por motivos ideológicos y de actualidad política inmediata. Así, se dice que “cambiará la forma en que concebimos, realizamos y organizamos el trabajo… [de manera que] … el empleo por cuenta ajena a tiempo completo irá perdiendo peso”; y se añade que “se irá imponiendo en nuestro país un modelo en el que las empresas contratan cada vez más tareas que personas y en el que se remunera a éstas más por los resultados obtenidos que por las horas trabajadas”. Es una proyección que parece razonable y que tiene mucho peso si se acaba cumpliendo, lo que parece bastante posible, a la luz de la experiencia con el teletrabajo durante los últimos quince meses. Esto será, si ocurre, un cambio radical en la forma de trabajar para millones de personas, y supondrá la necesidad de repensar en su totalidad el marco de relaciones laborales. Pues bien, enfrentados a este panorama, el estudio anuncia como gran objetivo reducir la temporalidad (algo que considero muy deseable a día de hoy, por cierto). Pero si el mundo se mueve hacia la contratación de tareas y no de personas, intentar reducir la temporalidad es justo lo contrario de lo que se anuncia que va a suceder; es más, si nos empeñamos en remar contracorriente, lo único que conseguiremos será dificultar aún más la generación de puestos de trabajo en España.
Los temas objeto de análisis, por su parte, parecen elegidos arbitrariamente en vez de ser, a su vez, resultado de un análisis comparativo basado en datos. Esto ha hecho que queden fuera del ámbito del estudio temas tan relevantes para España como el futuro del turismo o la calidad de nuestras instituciones (tema clave para el desarrollo económico), por ejemplo. Con perspectiva más global, se echa de menos que el estudio afronte reflexiones acerca de al menos dos temas que parece serán centrales en las próximas décadas: por un lado, el futuro de la energía y, por otro, la renta básica universal.
En cuanto a la energía, cuya disponibilidad abundante y barata está en el corazón del despegue económico que disfruta la humanidad desde la revolución industrial, el estudio no acomete una evaluación seria y exhaustiva de las alternativas que tenemos y de las decisiones a adoptar. Y no es un tema menor, porque condiciona crucialmente las condiciones económicas y de desarrollo futuro. Que el futuro es “eléctrico” parece fuera de toda duda en estos momentos. Pero cómo se va a generar esa electricidad no es evidente. Conviene recordar que en pleno temporal Filomena, en España disfrutamos de suministro eléctrico ininterrumpido, a pesar de las condiciones climáticas extremas (en Texas, en situación similar, no sucedió lo mismo, por ejemplo, y hubo poblaciones sin suministro durante varios días). Esta calidad del suministro es esencial para el bienestar de la población. Sería sensato reflexionar acerca de cómo se va a mantener esta altísima calidad del suministro en el entorno de lucha contra el cambio climático, que llevará a modificar radicalmente las fuentes de generación de electricidad. Pero si esa modificación afecta a la calidad del suministro en situaciones extremas…parece que convendría plantear el debate.
Igual que convendría afrontar el debate sobre la renta básica universal, en cualquiera de sus variantes, porque la decisión de hacerlo o no hacerlo es estratégicamente relevante y afecta de manera directa a algunos de los temas que el propio estudio identifica como centrales: envejecimiento de la población, sostenibilidad del sistema del bienestar, fiscalidad o marco de relaciones laborales, por mencionar solo algunos. En este sentido, el estudio es, en cierta manera, antiguo a pesar de orientarse hacia el futuro, porque no analiza situaciones disruptivas, sino que se limita a proyectar tendencias. No está mal, pero es poco ambicioso.
Por último, puesto que prever el futuro es difícil y dado que nuestra economía no es una economía centralmente planificada, sino una economía de mercado, la principal carencia del estudio es, en mi opinión, el olvido absoluto del papel crucial de las empresas, haciendo fácil que puedan surgir y prosperar. No se debería olvidar que los buenos empleos los crean empresas de éxito; si queremos empleos de calidad tendremos que ayudar a las empresas (¡y a sus empresarios!) a que tengan éxito. No parece que en España vayan por ahí las intenciones. Y vuelve a ser una lástima, porque en alguno de los países que se toman como referencia, los emprendedores que ponen en marcha una nueva empresa y tienen éxito con ella están exentos de impuestos personales por sus ganancias de los cinco primeros años: el estado prefiere que surjan empresas nuevas de éxito y que se consoliden antes que empezar a recaudar desde el primer momento. ¿Se imaginan la que se montaría aquí si alguien propusiera que los emprendedores estuvieran exentos de IRPF por las ganancias de los cinco primeros años de su empresa? Pues eso.
