Destacado / N. L.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha llevado a cabo una encuesta representativa de la población española para conocer el grado de confianza en las instituciones. La encuesta realizada a más de 1.000 personas de entre 18 y 75 años revela que la confianza es escasa. De hecho, pocas instituciones llegan al notable.
En líneas generales, se puede decir que cuanto mayor es el conocimiento de una institución, mayor es la confianza que genera. El ejemplo más evidente es el de instituciones como el Parlamento Europeo o la Organización Mundial de la Salud, donde se puede apreciar claramente que cuanto mayor es el conocimiento acerca del funcionamiento de estas instituciones, mayor es la confianza que los encuestados tienen en ellas.
No se identifican diferencias regionales destacables más allá del caso de Cataluña donde la Monarquía, el Ejército o la Organización de Naciones Unidas tienen una nota muy inferior a la media.
Depende del ojo de quien lo mira
Teniendo en cuenta la orientación política, la encuesta muestra que instituciones como la Policía, el Ejército, la Monarquía o la Iglesia generan más confianza en personas que se sitúan a la derecha del espectro político, mientras que los encuestados que se identifican con valores de izquierdas tienen más confianza en el sistema educativo público, la televisión pública o la Organización Mundial de la Salud.
Sorprendentemente, las empresas tienen una valoración bastante positiva, con Google destacando por encima del resto. Le siguen Decathlon y las tecnológicas Netflix o Amazon. El Corte Inglés, Ikea y Zara también reciben una valoración por encima de la media.
La complicada situación de los últimos tiempos, con la pandemia como telón de fondo, pone a prueba la confianza de los ciudadanos en las instituciones, desde el Parlamento a las autoridades europeas, el sistema sanitario o la Administración de Justicia.
El Sistema Público de Salud gana enteros y los pierde la Justicia
El Sistema Público de Salud se ha convertido en la institución más valorada por los españoles, llegando a superar a la Policía Nacional, que mantiene la misma nota de hace cinco años. El Ejército completa la terna de las instituciones más apreciadas por los consumidores.
El sistema educativo público goza también de la confianza de los españoles, pero no sucede lo mismo con el sistema judicial que, aunque ha progresado notablemente respecto a la percepción de los usuarios en 2016, no alcanza ni siquiera el aprobado.
Sigue estando a la cola la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pese a que mejora más de un punto entero su anterior nota, merece una escasa confianza en el común de los ciudadanos.
El Parlamento Nacional y la Iglesia son las otras instituciones que junto con la CNMC no llegan al 4.
Algunos, peor que hace cinco años
Aunque en conjunto la valoración parece más positiva, no es siempre así. Precisamente, la televisión pública, la Monarquía y la Iglesia son las tres entidades que a lo largo de estos cinco años más puntos han perdido en la apreciación de los ciudadanos, que confían en ellas ahora menos que en la anterior encuesta.
Los españoles valoran cada día más el trabajo de las asociaciones de consumidores, que son la tercera institución que más ha visto crecer su calificación.
Asociaciones como OCU son la quinta entidad mejor valorada, una cuarta parte de los ciudadanos tienen un muy alto grado de confianza en ellas.
Desconocimiento de las entidades supranacionales
Entre las instituciones que se han valorado en la encuesta no hay sólo organizaciones o entidades de ámbito nacional, sino también internacionales.
La percepción es en general más positiva que en la encuesta de hace cinco años. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud mejora varias décimas en la valoración de los encuestados, y lo mismo sucede con el Parlamento Europeo. También la Comisión Europea entra en la lista. Pero lo que resulta preocupante es lo poco que algunos usuarios saben acerca de las funciones de estos organismos, el papel que representan y su influencia en la vida de los usuarios.
Las empresas con buena imagen
En este ambiciosa encuesta de la OCU, los ciudadanos pusieron nota a 25 grandes corporaciones, empresas privadas implantadas en el país. Los resultados son bastante satisfactorios, y en conjunto, mejores que los que merecen las entidades y organismos ‘públicos’: de hecho, 22 de las 25 empresas propuestas superan un 5, algo que sólo consiguen seis instituciones.oogle es la que tiene la imagen mejor valorada, pero en los primeros puestos del top 10 encontramos otras tres tecnológicas (Netflix, Amazon y Microsoft). También hay varios grandes comercios, Decathlon en cabeza, El Corte Inglés, Zara e Ikea entre las empresas con mejor imagen en España. SEAT y Volkswagen (pese al escándalo aún no resuelto de Dieselgate) también son empresas apreciadas por los usuarios, que en cambio ‘castigan’ a las compañías de teléfonos (Vodafone y Orange no llegan al 5) o a compañías farmacéuticas como AstraZeneca, el farolillo rojo de las 25.
Con Derecho a Réplica / Guillermo Rocafort, profesor de Derecho y Economía de la Universidad Europea.
Una propuesta para la nueva Ley de Vivienda
La vivienda, como el trabajo, deberían haber continuado siendo bienes básicos en España, como lo eran hace décadas, y no convertirse en objeto de especulación por la vía de su desregulación y precarización.
Sin trabajo y sin vivienda no hay futuro en paz, sino una competencia desaforada y una sucesión de desengaños y de fracasos que pueden explicar la insondable acumulación de males que sufre hoy nuestra sociedad.
La Constitución Española de 1978 dice que la vivienda y el trabajo son derechos de los españoles; sin embargo, estamos jurídicamente más bien ante unas declaraciones programáticas sin ningún efecto directo, y así nos va.
Fue un error de nuestros constitucionalistas el no haber “blindado” estos derechos, para ponerlos a la altura de los “derechos fundamentales”, que son aquellos especialmente protegidos por la Constitución de 1978, de tal manera que se habría garantizado normativamente su realidad y defensa, y de esta manera nos habríamos evitado el errático camino de pérdida de derechos y beneficios en las áreas jurídicas del empleo y de la vivienda.
Hemos mejorado sin duda en áreas esenciales de nuestras vidas desde la llegada de la Constitución de 1978, y es algo que nos debe de enorgullecer; sin embargo, en las dos áreas sociales descritas, tan básicas para el devenir de la persona, hemos ido de mal en peor, y la clave está en que su equivocada y errática desregulación han conllevado su inevitable precarización.
Si vemos por ejemplo el caso del empleo, fue la eliminación de la prohibición del despido lo que trajo aparejado el hecho de que los salarios se vieran resentidos, porque atacando a la estabilidad en el puesto de trabajo, todos los demás beneficios laborales se desploman como un castillo de naipes.
Pero en el caso de la vivienda, que es lo que aquí más extensamente abordaremos, la especulación ha entrado con tanta fuerza en su ámbito que los resultados son su encarecimiento y la reducción de los espacios habitables, durante las últimas cuatro décadas, hasta llegar a la vivienda “cápsula” que vemos en el horizonte.
La desregulación del empleo y de la vivienda en España se hicieron de forma apresurada y sin medir las consecuencias por la vía de eliminar la intervención pública en la fijación de precios y de salarios sin ningún contrapeso o paliativo.
En el ámbito de la vivienda, dicho trauma se inició con la Ley Boyer de 1985 que eliminó la congelación de los precios de los alquileres, medida fijada por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 que había conseguido que los precios de las viviendas fueran estables durante dos décadas. Desde dicha Ley Boyer, los precios de las viviendas se dispararon exponencialmente sin ningún tipo de moderación, convirtiendo los hogares de los españoles en objeto de depredación.
Tras ese momento, se sucedieron todo tipo de medidas en cascada que contribuyeron a precarizar sus precios, como, por ejemplo, las intervenciones urbanísticas municipales, que limitaron el suelo urbanizable, o los impuestos que gravan su propiedad, que no han parado de crecer (IBI e IVA).
A eso se sumó una inflación desaforada y un incremento de los tipos de interés, que precarizaron los créditos hipotecarios, por lo que las cantidades que dedicaban las familias de sus salarios a comprar una casa se multiplicaron en pocos años.
De aquellos polvos estamos sufriendo ahora los lodos de alquileres inasumibles, especialmente entre los más jóvenes. Todo en Economía tiene un proceso, y en este caso, de descomposición en la protección social, especialmente entre los más desfavorecidos.
Con la nueva Ley de Vivienda, podemos observar que se pretende aplicar una nueva regulación en la fijación de los precios, y eso en sí es bueno; sin embargo, lo hace de una forma a mi entender muy complicada y asimétrica en el conjunto del Estado.
Al no tener un Estado centralizado y fuerte, las políticas estatales se diluyen en los espacios autonómicos y municipales, de tal manera que lo que dicen las leyes al final se aplican de forma asimétrica según quien mande y donde, lo cual fragmentará aún más el mercado único de alquileres.
Las definiciones de zonas tensionadas o la fijación del índice de referencia o de control del precio del alquiler son en sí bastante complejas.
Por otro lado, tampoco conocemos al detalle el articulado de dicha ley; simplemente algunos detalles que se nos van desvelando en distintas comparecencias de personas relevantes de este Gobierno, como la de la Ministra de Hacienda, donde afirmaba que se aplicarían los beneficios de la nueva ley a los alquileres inferiores a 600 euros, con lo cual ya sabemos que, en las zonas céntricas de las grandes capitales, que es donde hay más especulación, esta ley será inaplicable por dicho corte legal.
Bastaría con un solo articulado en la futura Ley de Vivienda que congelara los precios de los alquileres durante un lapso de tiempo, por ejemplo, cinco años, para posteriormente limitarlos a un punto y medio inferior a la inflación, de tal manera que su incremento fuera siempre inferior al del coste de la vida.
Sería como actualizar al momento presente la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, como forma de contención de los precios de las viviendas y de los alquileres, pero de una manera mucho más suave y menos radical que entonces.
Como conclusión final destacaría que hay que dejar el asunto de la vivienda a los técnicos, que son los que saben de lo que hablan porque están habituados a trabajar en ese sector y a conocer mejor que nadie sus evoluciones.
La política de vivienda debería está “desideologizada” y manejada por expertos en dicha área, sobre una única premisa legislativa, a saber, la vivienda es un bien de primera necesidad y por tanto no se puede especular con ella.
Sólo así conseguiremos que sus valores de mercado, con una regulación justa, vuelvan a ser razonables y asequibles para el conjunto de la Sociedad.
