Destacado Económico / N. L.
El Banco Central Europeo (BCE) emitió su mandato sobre limitación de dividendos y prohibición de recompras de acciones de los bancos europeos en marzo de 2020, justo al inicio de la pandemia, al tiempo que el Banco de España se extendía en recomendaciones en beneficio de la salud de la banca española.
Al mandato del BCE se sumaron diferentes instituciones, como la Autoridad Bancaria Europea y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, así como numerosas autoridades nacionales, que pidieron a las entidades de crédito y a las entidades de seguros y reaseguros que evitasen desembolsos voluntarios (como pagos de dividendos y primas, y recompras de acciones) para remunerar a los accionistas.
Esta medida, por razones diferentes, se ha aplicado en otros ámbitos específicos de la actividad económica en España. Concretamente, en el Real Decreto-Ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, se incluyó una limitación en el reparto de dividendos para las sociedades que se acogieran a un expediente de 2020. Dado que el nivel de incertidumbre económica continuaba siendo elevado, se consideró que era necesario mantener esta medida y con ello preservar durante más tiempo el capital de los bancos. Por ello, se recomendó posponer la distribución de dividendos más allá de la fecha inicialmente prevista: en concreto, hasta el 1 de enero de 2021.
El 15 de diciembre de 2020, debido al elevado grado de incertidumbre aún existente, se consideró necesario que las entidades siguieran absteniéndose de repartir dividendos, al menos por importe superior al 15% del beneficio acumulado en los ejercicios de 2019 y 2020, o 0,20 puntos del capital CET 1, la cantidad más baja de ambas variables.
En conjunto, a lo largo de 2020 las entidades consideradas repartieron dividendos con cargo a los beneficios de 2019 por un importe de alrededor de 5.021 millones de euros, lo que representa en torno al 67,8% de los dividendos inicialmente propuestos con cargo al beneficio de 2019, y esto sólo para las entidades más rentables. Ante el mantenimiento de las incertidumbres, el BCE amplió la limitación en el reparto de dividendos, hasta el 30 de septiembre de 2021.
La AEB pide que se distinga entre los buenos y los malos
Como era de esperar se multiplicaron las quejas de las entidades y, desde luego las de la Asociación Española de la Banca (AEB), al entender que dichas limitaciones reducirían la ya escasa afición de los inversores por las acciones bancarias lo que, razonaban, no sólo perjudicaría a los bancos, sino también a la economía en general.
No hay que olvidar que al frente de la AEB se encuentra José María Roldán, que había ocupado un alto cargo en el Banco de España por lo que se obligaba a compatibilizar verbalmente los intereses de sus asociados, los de los grandes bancos, con planteamientos de interés general. Se ha limitado a apoyar a éstos lamentando el ‘café para todos’, y pidiendo que no se restrinja el pago de dividendos a los bancos sin problemas. En definitiva, sin que lo diga en términos groseros, que se distinga a los buenos banqueros de los malos.
En conjunto, a lo largo de 2020 las entidades que ya habían comprometido el pago de dividendos repartieron con cargo a los beneficios de 2019 alrededor de 5.021 millones de euros, lo que representa en torno al 67,8% de los dividendos inicialmente propuestos con cargo al beneficio de 2019.
Los que no habían adelantado o habían comprometido anteriormente el pago de dividendos se rindieron ante el mandato del BCE. Siete de las doce entidades españolas consideradas repartieron la totalidad del dividendo propuesto con cargo a los resultados de 2019 (BBVA, Banco Sabadell, Bankia, Bankinter, Abanca Corp. Bancaria, Ibercaja y Grupo Cajamar), mientras que cinco (Banco Santander, Caixabank, Kutxabank, Liberbank y Unicaja) suspendieron parte o la totalidad sus dividendos.
Las juntas que se celebraron esta semana, las del Santander y el BBVA, han tenido que actuar con prudencia pues se juegan la desconfianza sobre sus solvencias. Se atienen al debido equilibrio entre la retribución a sus accionistas y la preocupación que pudiera generar sobre su estado de salud.
Banco Santander había anunciado un pago en metálico de 0,0275 euros; BBVA abonaría 0,059 euros por acción; CaixaBank-Bankia, en torno a los 0,0268 euros. Según cálculos de analistas consultados por Iñigo de Barrón para ‘El País’, el Santander repartiría unos 900 millones frente a los 3.200 millones de otros ejercicios; el BBVA unos 300 millones frente a 1.700 millones de antes y CaixaBank (ya incluido Bankia) unos 200 millones frente a los 1.000 de 2018 antes de integrar la entidad pública.
La pandemia hizo necesaria la rápida toma de decisiones
El hecho de que a partir de marzo de 2020 coexistían bancos que habían pagado dividendos y bancos que no lo hicieron ha permitido a expertos del Banco de España y a otros expertos, concretamente Raquel Vegas, de la Dirección General de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España, y David Martínez-Miera, del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid, que se han centrado sobre el efecto de dichas limitaciones sobre la oferta crediticia.
Dichos expertos justifican las medidas adoptadas por el BCE por el alto impacto desde principios de marzo de 2020, de la pandemia del Covid-19, en términos tanto sanitarios como económicos. Y advierten de que siendo muchas las novedades adoptadas rápidamente el resultado es incierto. Señalan que desde el punto de vista económico, el riesgo de una crisis sin precedentes (por causas exógenas al sistema financiero) hizo patente la necesidad de acciones excepcionales para mitigar su impacto.
Entre las numerosas medidas económicas que se tomaron, algunas se enfocaron en fomentar que el crédito a las empresas continuara fluyendo y evitar así que posibles problemas de liquidez empresarial, originados como consecuencia de la crisis del Covid-19, se transformaran en problemas de solvencia, con el consiguiente efecto negativo para la actividad económica.
En esta dirección irían, por ejemplo, las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO)-Covid-19 en España o la relajación y la recomendación de uso de los colchones de liquidez y capital en Europa, y también en otras jurisdicciones. Al mismo tiempo, con la intención de que las entidades de crédito conservasen su capital y mantuvieran su capacidad de apoyar la economía recomendaron limitar el pago de dividendos bancarios y otras formas de distribución de beneficios, así como la remuneración variable en el sector.
Observan dichos expertos que durante el período analizado aquellas entidades que limitaron el reparto de dividendos concedieron más crédito a las sociedades no financieras después de la entrada en vigor de dicha recomendación (entre un 12% y un 23% más) que aquellas que no lo hicieron.
Problemas en futuras emisiones de capital y el incremento de su coste
Los resultados –según este informe respaldado por el Banco de España– son robustos y significativos para los meses de abril, mayo, junio y julio, si bien se encuentra menor consistencia en las estimaciones para agosto y septiembre.
Constatan que las entidades que vieron restringido su pago de dividendos han proporcionado, después de la restricción, más crédito a empresas que tenían préstamos con garantía pública Covid-19.
Subrayan que este análisis se centra solo en examinar el impacto que las restricciones de dividendos han tenido sobre el volumen de crédito, sin considerar su efecto sobre la calidad de éste, ni tampoco si se ha canalizado a empresas más viables o con mejores perspectivas.
Advierten de que la inclusión de medidas de apoyo público para hacer frente al ‘shock’ del Covid-19 y la provisión de financiación parcialmente garantizada a las empresas dificultan la caracterización del nivel de riesgo de crédito.
Entienden que, por un lado, las medidas están enfocadas a mejorar la situación patrimonial de las entidades, alejando con ello el riesgo de posibles problemas derivados de una infracapitalización bancaria, ya sea una reducción del crédito a las empresas o un posible problema de solvencia bancaria. Pero reconocen, por otro lado, en contra de esta medida, que, al impedir el pago de dividendos y con ello la señalización de las entidades a los mercados financieros, puede generar problemas en futuras emisiones de capital bancario e incrementar su coste de capital, llegando a provocar una reducción de crédito. Las medidas adoptadas limitan el reparto de la retribución variable y los bonus de los directivos y afectan a seis millones de accionistas.
