Destacado / N. L.
Es una buena noticia que Sebastián Albella no haya sido ungido para un nuevo periodo de mandato. A Albella, salido y quizás ahora regresado al sanedrín de los chiringuitos financieros, no se le puede atribuir una conducto deshonrosa en apoyo de sus antiguos socios y compañeros, pero no representaba un modelo adecuado para ofrecer toda la confianza debida a quien dirige un órgano tan delicado, tan expuesto a las poderosas presiones del Ibex.
Albella fue nombrado presidente tras un acuerdo entre el PP y Ciudadanos (Luis de Guindos y Luis Garicano lo negociaron) y Ana Martínez-Pina, la vicepresidenta, fue una decisión del ministro de Economía, Luis de Guindos.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha designado para suceder a ambos directivos a Rodrigo Buenaventura y a Montserrat Martínez Parera, respectivamente.
Mal ‘precomienzo’
El nombramiento de Albella fue criticado en el Congreso de los Diputados por provenir de un conocido bufete de abogados muy especializado en cuestiones mercantiles y por el papel que desempeñaba en dicho despacho, aunque se le reconocía su valía profesional y el profundo conocimiento de la Ley de la CNMV, ya que fue uno de sus redactores y secretario de la CNMV en los primeros momentos.
Albella empezó su premandato, el de su primera comparecencia ante el Congreso de los Diputados para tratar de justificar su competencia para tal menester con mal pie, e inició su gestión propiamente dicha con una torpe actuación en el tratamiento de la crisis del Banco Popular. Ciertamente, hay que decir en su descargo que le pilló este endemoniado asunto que culminó con la desaparición del banco cuando apenas había tocado despacho tras la salida de la presidenta Elvira Rodríguez de la presidencia de la CNMV. Hay que proclamar también en su descargo que el mayor responsable de la torpe actuación en este asunto es Luis de Guindos, el ministro que lo nombró.
Digamos de pasada que en la CNMV, cuyo gobierno es dual, con atribuciones casi a la par de su presidente Sebastián Albella y de la vicepresidenta Ana María Martínez-Pina, no manda ninguno de los dos ni tampoco, hasta cierto punto claro está, el propio ministro. El verdadero poder lo ostenta un funcionariado arrogante, envejecido en el puesto, cuyas decisiones no se atreve a contrariar autoridad alguna.
¿Domesticar a los empleados?
Albella era muy consciente de este problema y en una comparecencia parlamentaria insinuó una reforma que bajara los humos de los empleados al tiempo que arbitraba estímulos para ellos. Pidió para ellos una menor dependencia de la Administración el Estado. “El objetivo –razonó– es atraer y retener talento, así como poder ofrecer carreras profesionales sin superar los límites de gasto establecidos para las empresas públicas y autofinanciándose”.
La CNMV dispone de más de 400 trabajadores, el 80 por ciento técnicos, lo que, en principio, parece suficiente pero no lo es tanto ante la complejidad creciente de los mercados financieros.
Una fuente de la Comisión nos comenta: “Aquí hay mucha gente que lleva mucho tiempo en un mismo sitio, algunos 20 años o más y se sienten los amos. A veces el argumento de su decisión es: “Esto es así porque lo digo yo”. En la opinión de mi fuente: ”Son invulnerables, absolutamente incorruptibles y nos producen tranquilidad por la competencia atesorada por su larga experiencia. Pero se debería producir alguna movilidad interna pues son muy rígidos y la CNMV tiene que actuar a veces con flexibilidad al tomar decisiones que pueden afectar a la vida de las compañías”.
En esta comparecencia de final de mandato, quizás con la esperanza de prolongarlo cuatro años más, lanzó grandes propuestas. Comparecía en el Congreso de los Diputados como el brillante alumno que hace una intervención brillante en el último día para salvar el curso.
Lanzó todo un programa de renovación del organismo que preside que también afectaría al Banco de España. Proponía que éste se ocupara de garantizar la solvencia de los operadores en los mercados financieros, bancos, gestoras de patrimonios e intermediarios financieros, mientras la CNMV se encargaría de proteger a los clientes de estos operadores.
Albella pretende que las sanciones se cumplan. Un problema de este organismo es que, a diferencia de lo que ocurre en su colega, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que publica la apertura de los expedientes que abre, que sirven para que los demás vean pelar las barbas del vecino, en la de Valores sólo se publican cuando las conclusiones son firmes, a veces cinco o seis años después del inicio de la investigación. La expresidenta Elvira Rodríguez consiguió que esa norma se suavice de forma que la Comisión pueda elegir aquellos casos en los que es conveniente publicar la apertura de expediente. Pero no es suficiente.
Un relevo acertado
Ahora la ministra Calviño ha tomado una decisión correcta al nombrar para sucederle a un funcionario público, suficientemente experimentado en la vigilancia de los mercados y que llevaba algún tiempo como director general de Mercados de la entidad que ahora presidirá libre de toda sospecha.
Economista de profesión, durante los últimos cinco años y medio fue director de la División de Mercados de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) desde donde ha contribuido al desarrollo de la normativa de mercados que ha sido elaborada durante los últimos años.
La nueva vicepresidenta, Montserrat Martínez Parera, era hasta su nuevo destino directora de la Oficina de Presidencia de CaixaBank y directora de Asuntos Públicos de la entidad, además de vieja conocida de la CNMV. Tras la entrada de Julio Segura en sustitución de Conthe, en 2007, fue la directora de los gabinetes de Presidencia y Vicepresidencia (entonces, con Fernando Restoy al frente), hasta ese momento miembro del gabinete del vicepresidente Carlos Arenillas. Un buen fichaje.
