Destacado / N. L.
Cani Fernández, 58 años, cartagenera de nacimiento, hija de aragoneses, licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, cumple ahora uno al frente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Fue letrada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y es vicepresidenta del Economics Committee de la sección antitrust de la American Bar Association (ABA); importante socia durante 23 años (1997-2020) del despacho de abogados Cuatrecasas y durante tres meses asesora en el Gabinete de Presidencia del Gobierno de la mano de Iván Redondo.
La presidenta de la CNMC participó desde su puesto en el importante despacho de abogados en la opa de Endesa por parte de Enel y Acciona y contra la CNMC de José María Marín, su predecesor, en la defensa de Volkswagen en el cartel automovilístico de Mediaset y Atresmedia por sus prácticas anticompetitivas en el mercado publicitario; así como a Saica y otras papeleras por colusión en el sector, entre otros conflictos.
Fernández se enfrenta al mayor reto de su fecunda trayectoria profesional al atreverse a expedientar a dos entes mundialmente todopoderosas: Apple y Amazon.
Apple, pionera de Silicon Valley que superó a Exxon Mobil como la de mayor capitalización bursátil del mundo, está dirigida por Tim Cook, que posee un patrimonio personal de 840 millones de euros. Amazon, fundada por Jeff Bezos, que ha dejado la dirección de la empresa que fundó y de la que es su mayor propietario y sobre la que seguirá mandando, pisándole los talones a Apple en capitalización bursátil con 1,4 billones de euros; que facturó el pasado año 380.000 millones de euros y obtuvo unos beneficios de 18.000 millones. Bezosdisfruta personalmente de una fortuna de 170.000 millones de euros.
Cani es la más rica de los servidores públicos pero a distancia abismal de las fortunas que poseen Cook y Bezos. La presidenta de la CNMC declaró al hacerse cargo del ente un patrimonio de 7.052.044 euros, más de dos millones en inmuebles, otros tantos en acciones o bonos del Estado; y 630.055 en cuentas bancarias. Además, cuenta con planes de pensiones valorados en 133.962 euros y 834.825 en otros recursos. A todo ello hay que restar 801.179 en deudas.
No son las más malvadas…
No mete mano Cani a los otros tres del gran quinteto de Internet: Google, Microsoft y Facebook; pero es un paso importante de difícil gestión, una lucha desigual si tenemos en cuenta las diferencias abismales entre el poderío derivado a prepotencia entre el dúo aludido y la pobre Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que Fernández preside desde hace un año con un mandato de seis sin posibilidad de reelección.
En realidad, Amazon y Apple no son las más malvadas, pues ambas venden productos y servicios concretos por Internet y no abusan de su poderío vendiendo nuestros datos como hacen las otras tecnológicas; cuyo producto somos nosotros.
…Pero son un pésimo ejemplo en lo laboral
Ambas, sin embargo, no ofrecen un buen comportamiento con parte de sus trabajadores. Apple, que presume de abrigar un ideal social comprometido éticamente con sus trabajadores y con sus clientes, exhibiendo un “capitalismo de la tercera modernidad”, practica una política de “optimización” fiscal a la baja, de ausencia de sensibilidad medioambiental, de contención salarial y explotación de la plantilla en muchas de sus tiendas y fábricas que sufren condiciones de trabajo impropias de sus proclamas humanistas.
Algo parecido puede decirse de Amazon, la empresa de Seattle, a la que no se le regatea el reconocimiento de sus méritos tecnológicos y comerciales, como el almacenamiento de nuestros datos digitales en “la Nube” y que es esencial para las plataformas digitales y de los teléfonos móviles, un negocio, el de la Nube, del que Amazon controla un 32%, o la captura de la voz apoyada en Alexa que Shoshana Zuboff, en su libro ‘La era del capitalismo de la vigilancia’ observa: “Todo parece indicar que Alexa ha sido el “suceso umbral” que definirá a partir de ahora la trayectoria que llevará a Amazon a ser no sólo una empresa capitalista agresiva, sino también una empresa capitalista de la vigilancia”.
Y, por supuesto, es justo atribuirle la revolución que se ha producido en las ventas por Internet, integrando la posibilidad de devoluciones, un nuevo comercio en el que Amazon ha conseguido que se recupere la confianza del consumidor que va perdiendo el miedo a este tipo de transacciones.
Y, sin embargo, el propio Jeff Bezos reconoce, como recuerdan Gutiérrez, Pascual y Gell en un artículo publicado en ‘El País’ el pasado 4 de julio bajo el título “Amazon, la empresa que cambio el mundo”, que la empresa debe mejorar su relación con los empleados, en referencia a las múltiples críticas a sus condiciones laborales y tras el intento de parte de sus trabajadores de crear una organización sindical en Estados Unidos, frustrado, según denunciaron, por las presiones de la multinacional.
¿…Y un peligro para la humanidad?
Shoshana Zuboff define la actuación del capitalismo de la vigilancia señalando que lo hace “por medio de unas asimetrías de conocimiento sin precedentes y del poder que se acumula con ese conocimiento. Los capitalistas de la vigilancia lo saben todo sobre nosotros, pero sus actividades están diseñadas como lo están para que no puedan ser conocidas por nosotros. Acumulan montañas ingentes de nuevos conocimientos extraídos de nosotros , pero no para nosotros . Predican nuestros futuros para el beneficio de otros, no para el nuestro”.
Zuboff trata de demostrar en su libro que “el capitalismo de la vigilancia es una fuerza sin escrúpulos impulsada por unos novedosos imperativos económicos que ignoran las normas sociales y anulan los derechos elementales asociados a la autonomía individual y que tan imprescindibles resultan para que las sociedades democráticas siquiera sean posibles”.
A la pobre Cani le faltan independencia y recursos
Cani Fernández no ha perdido ocasión, como su antecesor en el cargo, José María Marín Quemada, de denunciar sus limitaciones administrativas, al ser considerada la CNMC como una simple Subdirección General de la Administración del Estado.
En una comparecencia ante el Congreso de los Diputados celebrada el pasado mes de febrero, Fernández denunció que el organismo que preside sufre “una falta de independencia funcional” respecto al Gobierno, las Administraciones Públicas, los agentes del mercado y cualquier interés empresarial o comercial y una “infradotación de recursos” y lamentó las “dificultades” que tiene para proteger a los denunciantes. «No estamos pidiendo más presupuesto» –aclaró– porque en la entidad son «muy conscientes de la situación en la que estamos ahora mismo». «Lo que estamos pidiendo es poder gestionar bien el que tenemos».
Fernández indicó que desconocía esta situación antes de llegar al cargo y que su “prioridad absoluta” es conseguir esa “autonomía de gestión de los recursos”, que está “lejos” de la del Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pese a que “existe una previsión clara en la normativa europea respeto a la necesaria autonomía en la ejecución del presupuesto” de los organismos reguladores.
La presidenta de la CNMC explicó a los diputados que por sus funciones, independencia, relevancia en la regulación y supervisión y relaciones en el marco de la UE, la entidad debería disponer de un presupuesto estimativo, como el regulador bursátil y el supervisor bancario, y no limitativo, como ahora. De esta forma, y con independencia de la «infradotación» de recursos del organismo, podría efectuar una mejor distribución interna de sus créditos en función de las necesidades puntuales de cada momento, «sin que ello comporte un incremento del gasto público».
El último de Europa
Esto –aseguró– “favorece situaciones potencialmente discriminatorias” para este colectivo, que tiene “pocas expectativas de promoción”, y ha visto reconocidos sus derechos en sentencias judiciales que el organismo no puede ejecutar. La falta de autonomía ha impedido, según explicó, crear una Subdirección de Inteligencia Económica u otra de Energías Renovables, como las que ya existen para Gas o Electricidad.
El organismo cuenta con “cuatro comités de empresa distintos, más el que representa a los funcionarios”. En audiovisual, explicó, tras el éxodo de efectivos tras la absorción de la extinta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la situación es “dramática”:
“Somos el último de Europa», si se tiene en cuenta la población de cada país. Francia tiene «300 personas» en su Consejo Audiovisual; el de Alemania, más que toda la CNMC, que cuenta con algo más de 500 efectivos; Portugal tiene 85, y Dinamarca, 90.
Es justo atribuirle la revolución que se ha producido en las ventas por Internet, integrando la posibilidad de devoluciones, un nuevo comercio en el que Amazon ha conseguido que se recupere la confianza del consumidor, que va perdiendo el miedo a este tipo de transacciones. Sin embargo, el propio Jeff Bezos reconoce que la empresa debe mejorar su relación con los empleados.
Según ha explicado, para afrontar la carga de trabajo extra que suponían las nuevas funciones en materia de regulación de electricidad y gas que asumió en 2019 el organismo, se solicitó a la CECIR cinco puestos que se dotarían mediante la eliminación de cinco ya existentes. La petición “fue denegada» porque esas vacantes debían cubrirse con funcionarios. Un perfil que no existe en el ámbito de la supervisión de las tarifas aeroportuarias o del sector audiovisual. Y para cubrir una vacante de inspector con un funcionario del cuerpo de farmacéuticos dedicado a “investigar en plena pandemia”, “hemos tardado un año”.
Coincide en la crítica con su antecesor, Marín
En mayo de este año, Fernández y su antecesor Marín compartían mesa pública donde coincidieron en su reclamación de independencia. La primera sostuvo que “la independencia, además de legal e institucional, debe ser funcional e implicar una autonomía organizativa y de gestión tanto por tratarse de una autoridad administrativa independiente, como por ser la autoridad regulatoria y de competencia de la UE en nuestro país.
Marín recalcó: “La independencia no se adjetiva. Mientras no se tenga independencia en el uso, tendremos el peso de los Gobiernos estorbando y menoscabando la finalidad última de este tipo de instituciones. Es no entender que las instituciones necesitan autogestionarse. Se desea que tenga el control de una comisión interministerial porque no lo quieren entender”.
Argumentó que la independencia mejora, además, la labor de vigía. “Los mercados –consideró– no se regulan por sí solos y organismos como la CNMC son los que tienen que promover y defender su buen funcionamiento en interés de los consumidores y de las empresas. Procurar que los mercados sean abiertos y ejercer de contrapeso ante actuaciones colusorias”.
Pero advirtió de que “lo importante es no poner trabas que no sean justificadas, pero la propia regulación puede ser ineficiente. Ocurre con el exceso de regulación, que mata la innovación y la iniciativa empresarial, estorba. Con las prácticas restrictivas se pueden encarecer los precios, como sucede a veces en la economía digital, que transforma los usos, los mercados y los comportamientos. O con el precio de la luz y los cargos que se ponen en la factura que no tienen que ver con el consumo de electricidad en sí (impuestos, déficit tarifario…). O con el sistema concesional español, referido principalmente al transporte por carretera”
El uso de datos de carácter personal fue también objeto de reflexión tras preguntas de los asistentes. Cani Fernándezpuso el acento en que las plataformas no venden productos a precio cero, sino que lo hacen a cambio de datos personales. “Cuando un producto es gratis, en realidad no lo es porque el producto somos nosotros, en este caso, nuestros datos”. José María Marín añadió: “Debemos asumir que nuestros datos son eso, nuestros, y nos deberían pagar por ellos porque van a hacer uso mercantil de ese activo; llegará el momento en que se retribuya”.
Fernández puede contar con la vicepresidenta y comisaria de Competencia de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, tildada de “azote de las grandes tecnológicas”
La presidenta de la CNMV, Cani Fernández, suele tirar balones fuera, reenviando los reproches que se le hacen por las deficiencias del organismo que dirige, hacia la Comisión Europea que, por cierto, también suele actuar con timidez respecto a las grandes multinacionales que dominan Internet.
Sin embargo, la Comisión Europea va despacio, pero va. Algo ha hecho para civilizar a estas multinacionales, verdaderos monopolios de hecho. En diciembre del pasado año emitió una directiva, la de Servicios Digitales, actualizando normas para evitar prácticas anticompetitivas, exigiendo que las plataformas con más de 45 millones de usuarios en la Unión Europea, el 10% de su población, tendrán que aplicarse análisis internos de los riesgos que suponen para los ciudadanos bajo los principios de transparencia y responsabilidad. Se refiere la CE a la desinformación, los productos peligrosos de terceros, el alojamiento de contenido ilegal o en general cualquier uso pernicioso para la sociedad de las posibilidades que ofrecen.
Las compañías afectadas deberán ofrecer acceso a datos clave a investigadores independientes, además de explicar cómo funcionan sus algoritmos o dinámicas de recomendación. La Directiva fuerza la garantía de una “competencia real”, especialmente en los casos en los que hacen de puerta de entrada para otros negocios. Esta condición de “guardianes de la puerta”, será determinada en función de su tamaño, facturación y cuota de mercado.
Margrethe Vestager, azote de las grandes tecnológicas
Cani Fernández puede contar con el apoyo de la vicepresidenta y comisaria de Competencia de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, del Partido Liberal danés, denominado paradójicamente “Izquierda Radical”, exministra de Economía en su país a la que se identificó como el personaje principal de la serie ‘Borgen’que está tildada de “azote de las grandes tecnológicas” desde que sancionó a Google por abuso de posición dominante con 8.240 millones de euros y a Apple con 4.300 millones.
Sostiene Vestager que no bastan multas ni castigos para contrarrestar el enorme poder que han ganado las plataformas digitales gracias a la acumulación de datos. “No necesitamos más aplicación de las normas de competencia, sino regulación”, señaló en una reciente conferencia. La comisaria cree que los consumidores “no siempre entendemos cuán profundamente [las plataformas] se adentran en nuestras vidas con su voracidad por los datos”. Destacó que esos gigantes tecnológicos tendrán que cumplir estrictas condiciones en tres aspectos esenciales: uso limitado de los datos que acogen, fomento de la interoperabilidad y restricción de la autopreferencia. Ella se ha borrado de Facebook.
Con Derecho a Réplica / José Segura Clavell. Director general de Casa África
África y la Eurocopa
de las vacunas
Mientras peleamos orgullosos por ganar el torneo de países europeos que más vacunan a sus ciudadanos, África sigue sin recibir dosis ante una tercera ola liderada por la variante Delta. ¿De qué sirve ganar la Eurocopa si la humanidad entera pierde el Mundial?
En muy pocos días se empezarán a confirmar los peores presagios para el continente africano en el despliegue de su tercera ola. En algunos países ya es oficialmente la peor de las oleadas desde el estallido de la pandemia. Como explicó este mismo jueves la directora de la Organización Mundial de la Salud para África, los casos de Covid-19 se están duplicando cada tres semanas, en comparación con cada cuatro semanas al comienzo de la segunda ola (diciembre de 2020). En la última semana se notificaron casi 202.000 casos y el continente está a punto de superar su peor semana en esta pandemia. La capacidad contagiosa de la variante Delta, un 60% más fácilmente contagiable que las dominantes hasta ahora, explica la rápida escalada de esta nueva oleada.
No olvidemos que una mayor transmisibilidad significa más casos, más hospitalizaciones y el riesgo de que los sistemas sanitarios, igual de escasos que al principio de toda esta crisis, se vean sobrepasados. La variante Delta ya se ha detectado en 14 países africanos, nueve de los cuales están en situación complicada. En Uganda, el 97% de casos son Delta, y en estos momentos hay gravísimas carencias de oxígeno en hospitales públicos y privados.
Es muy lógico que nos preguntemos, pues, viendo el impacto que la difusión de esta variante tuvo en la India, si lo que está por llegar al continente africano va a ser verdaderamente catastrófico.
Porque, y éste es de nuevo el centro de toda esta polémica, la realidad es que en África la variante Delta llega con el escenario perfecto para hacer el máximo daño posible: poblaciones agotadas tras tanto tiempo de restricciones, relajación de la ciudadanía, sistemas sanitarios infradotados y, sobre todo, un impacto casi cero de la vacunación.
Mientras en Europa competimos entre nosotros por quién administra más rápido millones y millones de vacunas, en el continente africano los datos siguen estancados y no avanza la llegada de las mismas. La Unión Europea ya ha vacunado con al menos una dosis a cerca del 61% de su población mayor de 18 años. En África no llegamos al 3%. La brecha no deja de agrandarse.
“Es lógico que nos preguntemos, viendo el impacto que la difusión de esta variante tuvo en la India, si lo que está por llegar al continente africano va a ser verdaderamente catastrófico”
A veces se producen gestos que, además, empeoran las crisis. Esta semana hubo uno de ellos. Los africanos protestaron enérgicamente porque la Unión Europea, en la lista de vacunas que servirán para la obtención del pasaporte sanitario, el llamado ‘green pass’ para las personas vacunadas (que permitirá viajar sin PCR, ni cuarentenas) ha considerado que las vacunas de AstraZeneca que se fabrican en el Serum Institute de la India (la llamada ‘Covishield’) no se considera válida para obtener ese ‘pase verde’, mientras que sí lo son las AstraZeneca fabricadas en Europa. Todas las vacunas que el mecanismo Covax ha enviado a África son ‘Covishield’.
Tampoco son válidas para el pasaporte verde ni las vacunas chinas ni las rusas, también aprobadas por la OMS. Es decir, la mayor parte de los 65 millones de vacunas administradas hasta hoy en África no son dignas de recibir el pasaporte verde europeo. ¿Qué es esto, política sanitaria, geopolítica o política migratoria?
La decisión europea no sólo ha indignado a los africanos. También lo ha hecho a la propia dirección de Covax, que ha pedido a las autoridades de todo el planeta que reconozcan como válidas cualquiera de las once vacunas que hasta el momento ha aprobado la Organización Mundial de la Salud.
Covax, recordemos, sólo ha sido capaz de enviar hasta hoy a países en desarrollo de todo el mundo (no sólo los africanos) el 5% de su objetivo de 1.800 millones de dosis para principios del próximo año. A África (1.300 millones de personas) han llegado de Covax sólo 25 millones de dosis hasta el día de hoy, que es algo menos de las personas que en España han recibido ya al menos una dosis de la vacuna (25,6 millones de personas). No voy a recrearme más en las cifras que evidencian este abismo, pero sí quiero insistir en la necesidad de que entendamos que una pandemia global sólo puede tener una solución global.
Nos centramos en tener el mayor porcentaje de vacunación posible para poder relanzar nuestra economía y no reparamos en el hecho de que la ausencia de vacunación en otras partes del planeta, además de ser una situación solucionable (liberalización de patentes, por ejemplo), es un peligro para la salud de todos: genera autopistas para el virus, enormes territorios donde nazcan nuevas cepas aún más agresivas como la que estamos viendo y que, además, lo hacen sin población vacunada.
Vivimos toda nuestra batalla contra el coronavirus como una especie de torneo, una Eurocopa de quién vacuna más y más rápido, y olvidamos que todos formamos parte del mismo equipo.
La persona que la Unión Africana designó para negociar la adquisición de vacunas ante los fabricantes se llama Strive Masiyiwa. Es un empresario de éxito del sector de las telecomunicaciones, un multimillonario zimbabuense que reside en Londres y que por su capacidad de negociación se consideró que era la persona ideal para poder cerrar un buen acuerdo para la obtención de vacunas para el continente. Para este hombre, dejar a África fuera de la vacunación “fue un acto deliberado: los que tenían los recursos se abrieron paso al frente de la cola y tomaron el control de sus activos de producción”.
Masiyiwa contó hace unos días durante un ‘webinar’ que la primera vez que los africanos lograron sentarse con las empresas productoras de vacunas (con dinero en el bolsillo para pagarlas por adelantado, además), la respuesta que obtuvieron fue que toda la producción de 2021 ya estaba vendida. De hecho, contó incluso que uno de los fabricantes tenía previsto producir desde Sudáfrica una gran cantidad de vacunas, todas para ser exportadas hacia otras partes del mundo. “No son santos”, dijo este hombre, en alusión a todos los actores internacionales implicados en el mercado de las vacunas. “Los que compraron las vacunas y los que les vendieron las vacunas sabían que no habría nada para nosotros”, concluyó.
En los próximos días, seguiremos pendientes de esta competición, de nuestra Eurocopa de las vacunas, a ver si la ganamos. Mientras, esperaremos pacientemente a que algún medio de comunicación acabe titulando que África es la nueva India, que los sistemas de salud africanos no han podido resistir o que el cómputo de muertes por el Covid-19 en África ya empieza a ser el que la lógica indicaba al principio de esta pandemia. Algo tenía que estar pasando con África, que no podía ser que tuviese tan pocas muertes o, al menos, tantas como las que hemos tenido en Europa. No podía ser que lo hubieran hecho tan bien. Disculpen mi cinismo, pero es que moralmente toda esta situación nos deja en el peor de los lugares.
