Destacado / N. L.
La Audiencia Nacional dejó libres de culpa a los 34 directivos de Bankia con Rodrigo Rato a la cabeza sobre la escandalosa salida a Bolsa de la entidad, plena de falsedades que sustentaron la estafa a miles de compradores de buena fe. Estafa. La absolución se basa en que la conducta de estos directivos estaba respaldada por las autoridades competentes, el Ministerio de Economía, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores
‘El Nuevo Lunes’ denunció en distintos artículos en esta sección de Destacados que la espada ciega de la Justicia fuera especialmente ciega respecto a las responsabilidades de las autoridades financieras del Estado, empezando por el ministro de Economía, Luis de Guindos, que ahora imparte doctrina desde su alta atalaya como vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y siguiendo por los gobernadores del Banco de España, a la sazón Miguel Ángel Fernández Ordoñez (MAFO) y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV),Julio Segura. Hay que señalar que el escándalo Bankia, antes Caja Madrid, se remonta en el tiempo sin que se apercibieran los antecesores de MAFO y Segura, o sea, Jaime Caruana en el Banco de España y Manuel Conthe en la CNMV.
Luis de Guindos los suplantó
En realidad, la máxima responsabilidad política corresponde al ministro Luis de Guindos, que tenía por prepotente costumbre eludir la independencia del Banco de España y de la CNMV en este y en otros asuntos como en el asesinato del Banco Popular, donde actuó respirando por la herida de Bankia.
El escándalo nació en la Fiscalía, cuya independencia del Estado aún no ha sido resuelta y que mira para otro lado cuando se trata de señalar al Gobierno y a sus poderosos aledaños supuestamente independientes.
“En su diferenciación entre los que metieron la pata y los que metieron la mano la magistrada Launa hace innecesaria la existencia de los reguladores.
Anticorrupción eleva las penas a los gestores de Bankia, pero salva piadosamente a la CNMV y al Banco de España”, así titulaba ‘El Nuevo Lunes’ el 15 de septiembre de 2019 donde señalaba que la fiscal anticorrupción Carmen Launa, en su informe final, pidió la elevación de las penas impuestas a los gestores al incluir un nuevo delito, el de falsedad contable, de cinco años a ocho y medio para Rodrigo Rato, pero no solicitaba pena alguna para los reguladores: los responsables de vigilar la legalidad de la salida a Bolsa: la CNMV y el Banco de España. Carmen Launa se limitaba a ponerles ligeramente a caldo.
Los que meten la mano y los que meten la pata
Distinguía la fiscal entre la comisión de errores por parte de dichos organismos y la comisión de delitos atribuidos a los gestores de Bankia. Diferenciaba entre los que metieron la mano y los que miraron para otro lado. A los que sólo piadosamente se puede decir que metieron la pata. Fue una metedura de pata próxima a la complicidad o, al menos, a una negligencia culposa.
“En nuestra humilde opinión –señalábamos en dicho artículo–, pensando no sólo en Bankia, sino también en otros escándalos bancarios como el del Popular, no se puede salvar a los malos gestores, pero tampoco al supervisor de la banca y cajas, al Banco de España ni a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La gran culpa es del ladrón pero también se puede juzgar, más allá de un varapalo verbal, como ha hecho Launa, la gestión de la policía financiera.
El Banco de España tiene buenos inspectores e instrumentos suficientes para vigilar y actuar en el día a día de las entidades. Y, siempre en nuestra humilde opinión, el Banco de España tiene una gran responsabilidad. En el caso de Bankia ha quedado claro que la cúpula del Banco de España exigió a sus inspectores que miraran a otro lado cuando Rato decide sacar Bankia a Bolsa”.
Suma suavidad con los supervisores
“Quizás –aseguraba Launa– el supervisor hubiera tenido que requerir mayores comprobaciones y estudios” de los informes y datos que recibía de la entidad financiera, pero la elaboración y responsabilidad de dichos datos recae sobre los administradores. No obstante, la información de la que disponía el Banco de España, “de forma indirecta y semioculta”, no implicaba que fueran avales por parte del organismo al hecho de que Bankia saliera a Bolsa con cuentas falsas, de ahí que únicamente proceda el reproche penal a los acusados”.
No tuvo en cuenta la magistrada las declaraciones de los inspectores Delgado y Casasús, que aunque trataron de dejar bien a la institución, tiraron por los suelos a los directivos de la misma que primero les pidieron que vieran las cuentas de Bankia de color rosado y luego, cuando no había forma de ocultar el desastre, los directivos, que temieron por su pellejo, les ordenaron que extremaran el rigor.
Ambos funcionarios coincidieron, con expresiones contundentes, en pintar el cuadro tenebroso de unos errores y falsedades que nos ha costado a los españoles 22.000 millones de euros. Ellos habían diagnosticado y comunicado al gobernador que BFA/ Bankia no tenía arreglo; que la salida a Bolsa era un despropósito y que los dirigentes de la entidad se repartían abultados bonus mientras Bankia estaba en caída libre.
Fue como maquillar a un muerto
Delgado explicó que antes de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) ya se apreciaba un volumen de activos contabilizados de forma normal, cifrando en unos 20.000 millones, la morosidad encubierta en las cuentas de 2011. Calificó el inspector la fusión de las siete cajas de Bankia y la salida a Bolsa de “maquillaje de un muerto».
En la misma línea, Casasús remachó que había alertado del estado real de BFA-Bankia en abril de 2011, tres meses antes de su salida a Bolsa. «Vimos –explicó– lo que vimos con la primera foto trimestral de 2011. Antes sólo conocíamos la mitad del grupo [Caja Madrid]. En diciembre de 2010 el problema era la rentabilidad, en el primer trimestre nos dimos cuenta de que el grupo no tenía viabilidad, que era un banco en caída libre«. Y sentenció: “Eso fue una imprudencia. Fue un proceso acelerado, forzado y con riesgo operacional».
Casasús relató que el jefe de grupo, Pedro González, les pidió a los inspectores «optimismo» en sus informes a mediados de 2011 hasta que hubo un cambio «curioso» a finales de ese año: «Se mueven las cosas por arriba y nos dicen que hay que pintar la situación, cargar más las tintas, para que la crisis no nos cogiera con el pie cambiado».
Si hay que fiarse de los gestores sobran los reguladores
Tampoco atribuía la magistrada responsabilidad alguna a la CNMV, que “en principio no podía conocer ni corroborar los estados financieros incorporados al folleto”, y que, según la fiscal, “exigió más allá de lo exigible, de hecho, porque pidió que figuraran las cuentas de las siete cajas”. Por ello, la Fiscalía Anticorrupción consideraba acreditado que el supervisor bursátil “cumplió con sus funciones de transparencia, pues no era su labor comprobar la exactitud contable”.
Con ese argumento, si hay que fiarse de los que dicen los gestores, no se justifica la existencia del Banco de España ni de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
De hecho Rato basó su defensa en que todo lo que hizo estuvo supervisado por el Banco de España, gobernado a la sazón por Miguel Ángel Fernández Ordóñez y que el Banco reconocía entonces que su situación era «similar, e incluso mejor, que la de nuestros pares en el sector», a la vez que el valor de las acciones de Bankia evolucionaba «como la de los demás bancos».
Señalaba ‘El Nuevo Lunes’ en un artículo publicado el 3 de octubre de 2018 con el título “Rato se defiende denunciando una conjura política contra él” que “en esto Rato tiene razón: el Banco de España y la CNMV estuvieron informados y sus dirigentes, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Julio Segura, respectivamente, no actuaron con la diligencia debida. El juez Andreu decidió no imputarlos por entender que estos se habían limitado a cumplir con sus obligaciones «aunque se hubiera detectado una conducta poco diligente”.
MAFO ataca a De Guindos
En un articulo publicado en ‘El Nuevo Lunes’ el 27 de marzo de 2019 bajo el título “Tanto en el ‘caso Bankia’ como en el del Popular, Guindos suplantó y culpabilizó al Banco de España y a la CNMV”, señalábamos que Miguel Ángel Fernández Ordóñez(MAFO) gobernador del Banco de España de julio de 2006 a junio de 2012dimitió un mes antes de su cese para expresar su cabreo–, en el juicio sobre la salida a Bolsa de Bankia se defendió atacando a Luis de Guindos, entonces ministro de Economía, hoy vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE).
“Se hizo mal”, resumió el gobernador, y aseguró que él había preferido ”una solución más suave”. Añadió que tenía “la muy desagradable sensación” de que el ministro no contaba con el Banco de España. El día siguiente, martes, De Guindos defendió su decisión sobre Bankia desplazando la culpa a MAFO indicando que el Banco de España es el responsable de la vigilancia de las entidades financieras. «Además de supervisor –recalcó– es la autoridad contable ante la que todos los bancos llevan su planes y es quien debe valorarlos».
Así es en teoría y en la ley, pero de hecho, tanto en el ‘caso Bankia’ como en el del Banco Popular, Luis de Guindos ninguneó a los respectivos gobernadores, Fernández Ordóñez y Luis María Linde, sin respetar la ley de autonomía del Banco de España.
Ni MAFO ni Guindos fueron convincentes, el primero exhibiendo que no actuó como un verdadero gobernador lanzando las responsabilidades al ministro y a los gestores del banco, como si el Banco de España no tuviera la responsabilidad de vigilar a estos últimos. Y Guindos quitándose el muerto de encima, lamentando la actuación del gobernador y asegurando que cumplió las instrucciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
De Guindos se topó con el ‘caso Bankia’ nada más llegar al Gobierno presidido por Mariano Rajoy, a finales de 2011. Bankia y el Banco Popular son los dos marrones que se ha tragado el exministro; los casos más polémicos que persiguen al exministro en su hoja de servicios.
En la declaración que formuló por videoconferencia desde Fráncfort, la sede del BCE, atacó más a MAFO y al presidente a la sazón de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura (sin nombrarlos pero identificándolos) que al propio Rodrigo Rato, el gran responsable del desastre de Bankia, juzgado ahora por los fraudes cometidos en la salida de la entidad a Bolsa en la que falseó los resultados del banco.
Rato irá a la cárcel por las tarjetas ‘black’
Rato irá, probablemente a la cárcel por las tarjetas ‘black’, el más cutre de sus delitos. Al ratificar el Tribunal Supremo la condena a cuatro años y medio de prisión que la Audiencia Nacional le había impuesto el 23 de febrero de 2017 por el uso delictivo de las tarjetas ‘black’, por apropiación indebida, no podrá evitar la cárcel. / EP
Rodrigo Rato irá, probablemente a la cárcel por las tarjetas ‘black’, el más cutre de sus delitos. Al ratificar el Tribunal Supremo la condena a cuatro años y medio de prisión que la Audiencia Nacional le había impuesto el 23 de febrero de 2017 por el uso delictivo de las tarjetas ‘black’, por apropiación indebida, no podrá evitar la cárcel.
Este hombre, que fuera vicepresidente en el Gobierno de José María Aznar, es, que recordemos, el más alto cargo encarcelado y quizá el que mostró más descaro en su prepotencia, aunque ésta, la alta prepotencia, no aparece en el Código Penal.
Rato optimizó sus rentas de posición con astucia y sin complejos, quizás en el convencimiento de que a él, en su infinita inteligencia, no se le podían aplicar las leyes que nos afectan a los pringados del vulgo.
La inmensa ambición de presidir un gran banco
Luis de Guindos relata en su libro España amenazada, aparecido en septiembre de 2016, el mal ambiente, que las balas le silbaban muy cerca cuando remitió a la Fiscalía el escándalo de las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid que afectaban a personalidades del Partido Popular, encabezadas por Rodrigo Rato.
Entre Rato y Blesa
No le llenaba el ego ni la vicepresidencia económica ni la dirección del FMI, con categoría de jefe de Estado, ni la presidencia de Caja Madrid y Bankia, que le quedaban cortas aunque se consoló holgadamente con el bolsillo, como al parecer antes se benefició Miguel Blesa, a quien bien podemos llamar pobre tras su trágico final, al no poder aguantar la vergüenza del repudio público que lo llevó al ostracismo.
La muerte, que tuvo lugar en julio de 2017, le evitó la cárcel pero no suspendió la acción civil que obliga a sus herederos a devolver el dinero obtenido de las tarjetas negras. El Tribunal Supremo ha confirmado la resolución de la Audiencia Nacional respecto a este extremo.
Todavía no se puede calibrar de forma segura la contribución de cada uno, de Rato y de Blesa, al formidable agujero que obligaría a la nacionalización de Bankia, que se llevó la mitad del dinero recibido de la Comisión Europea en el rescate financiero de España.
El caso Bankia se ha convertido en uno de esos fenómenos que dibujan un antes y un después; en el mayor escándalo que vieron los tiempos, que ha reducido a la dimensión de pecadillos, de anécdotas sin importancia, a los Rumasas y demás catástrofes financieras del pasado.
Bankia se ha constituido en referencia universal; ha ayudado que su último presidente antes de la nacionalización, Rodrigo Rato, daba unos beneficios de 41 millones de euros que resultaron unas pérdidas de 3.318 millones. El caso es que los periódicos y televisiones de todo el mundo abrieron sus primeras páginas y sus telediarios con Bankia, una palabra que se lee como sinónimo de la falsedad española, un término que hace temer que este país no sea fiable.
