La adquisición de Liberbank por Unicaja, artificiosa pero forzada, es el funeral del universo de las cajas

Destacado / N. L.

La adquisición en Miércoles Santo de Liberbank, caja de cajas, por Unicaja, una compra consentida por la primera tras una pugna a cara de perro entre los dirigentes de ambas entidades, Manuel Azuaga y Manuel Menéndez, una fusión artificiosa pero forzada, representa el funeral del extinguido universo de las cajas de ahorros.

Una fusión precedida unos días antes por la compra de Bankia, la antigua Caja Madrid, por Caixabank, procedente de La Caixa por excelencia, para constituir el primer banco español, culmina el cuadro de un nuevo panorama financiero en el que Unicaja, la denominación que predomina en la “fusión”, ocupa la quinta posición, con 100.000 millones de activos, por delante de de Bankinter.

La nueva Unicaja cuenta con una plantilla de casi 10.000 empleados, 6.274 aportados por la entidad malagueña, de los que se despedirán entre 1.500 y 2.000 personas. La red comercial tiene más de 1.600 oficinas, repartidas por Andalucía, Castilla-La Mancha, Asturias y Cantabria. Ostentará una alta capitalización con un capital de alta calidad por encima del 14%.

En realidad todas las fusiones son artificiosas, con sinergias inventadas ‘ad hoc’, pero artificiosas o no los actuales matrimonios responden a las órdenes del Gobierno español respondiendo a las instrucciones del Banco Central Europeo (BCE).

Fusión o muerte

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, lleva algunos años tirando de las orejas a los banqueros por palabra y por escrito sobre las debilidades del sector con demasiados activos improductivos, escasez de capital y baja rentabilidad. El gobernador está convencido de que las fusiones son la respuesta a la difícil situación de los bancos, entre otras razones por el Covid-19.

Tanto el presidente de la EBA, Andrea Enria, como la presidenta del MUS, Danièle Nouy, sostienen que hay en Europa más bancos de los necesarios y optan por la desaparición de entidades inviables. Martillean con el mensaje de boda o muerte; que los pequeños y medianos se casen si no quieren morir en el intento y parten de que no basta con ampliar capital como había hecho el Popular desesperadamente.

Lo importante para los mandatarios financieros europeos no es tanto que el banco esté muy capitalizado como que sea realmente rentable. Por supuesto, se exige del banco absorbente del enfermo que goce de buena salud.

Doblar el mapa para pegar Málaga con Oviedo

No es extraño que en la fusión de la malagueña Unicaja presidida por Manuel Azuaga, 73 años de edad, con Liberbank integrada por Cajastur, el Banco de Castilla-La Mancha, Caja de Extremadura y Caja Cantabria, bajo el liderazgo de la primera, presidida sin poderes ejecutivos hasta la fusión por el cántabro Pedro Rivero, de 82 años de edad, y gobernada por el asturiano Manuel Menéndez, de 61 años, se tomaran precauciones.

En el caso de la unión de Unicaja con el grupo Liberbank el artificio es evidente aunque la necesidad es imperiosa, ante la impaciencia de la autoridad monetaria que estaba harta de contemplar cómo una y otra entidad arrastraban los pies durante dos años resistiendo las indicaciones gubernamentales.

Es tan artificiosa que se dobla el mapa para pegar Málaga con Oviedo, cuando una de las peculiaridades de las cajas era justamente su patriótica territorialidad. Territorios tan alejados presentan al menos una ventaja: la de una menor duplicidad en las redes.

Tan es así que el nuevo presidente ejecutivo de la nueva Unicaja, Manuel Azuaga, se ha valido del “andalucismo” para asentar sus poderes.

Tan es así como la presencia, en la sombra pero bien visible, decisiva, de Braulio Medel, el histórico y carismático personaje que presidió la caja durante 25 años que controla la Fundación que ostentaba la propiedad de la mitad de Unicaja y que con la fusión mantiene un 30% con lo que seguirá siendo el primer accionista, lo que le ha permitido nombrar a los cuatro dominicales que representarán los intereses de Unicaja en el banco. Medel mandará en la sombra pero, efectivamente, como Isidro Fainé, presidente de la Fundación de Caixabank y de Criteria, así como vicepresidente de Telefónica.

Tan es así que los consejeros llamados “dominicales” con algunas excepciones son escasamente dominicales, o sea, propietarios, como ocurre en Caixabank, en que se confunde la figura de los dominicales con los “independientes”. Las excepciones son las tres fundaciones procedentes de Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria; el fondo Oceanwood, con un 7%, así como el empresario andaluz Tomás Olivo; el mexicano Ernesto Tinajero; la familia Masaveu y los dueños de la empresa textil Mayoral.  

Tan es así que el Banco Central Europeo (BCE), un tanto mosqueado, ha solicitado a las entidades más ajustes, que aumenten las sinergias de costes de 150 millones de euros que habían previsto con equipos más pequeños, menos oficinas y más digitalización. Por otro lado, conminó a Azuaga, con 73 años de edad, a que abandonara sus poderes ejecutivo dentro de dos años cuando se espera que lo releve Menéndez.

Dos gobiernos presionaron

Manda la autoridad monetaria desde Bruselas, Fráncfort y la Cibeles de Madrid, como se ha visto en la compra de Bankia por Caixabank y como en la fusión que nos ocupa.

Los personajes clave en el diseño fue en su día el ministro de Economía Luis de Guindos, y en la actualidad Nadia Calviño/Pablo Hernández Cos; y Andrea Enria/Christine Lagarde/Luis de Guindos, aunque los matrimoniables hayan sido educadamente consultados y disponen de un importante papel en las capitulaciones.

Obviamente, los responsables de los bancos aludidos disponen de un amplio campo de autonomía para los detalles de la fusión así como la venta a sus respectivos accionistas que, por cierto, según el comportamiento bursátil, deben estar descorchando sin cesar botellas de champán.

Hemos pasado en pocas semanas de las presiones a las fusiones. La orden fue enviada inequívocamente por las autoridades monetarias de la Comisión Europea, del BCE y del Banco de España y de forma apremiante por Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo, que pronunció la impronunciable palabra “quiebra” en un dramático aviso al sector y a las autoridades nacionales basadas en la convicción de que la pandemia exige fusiones a la obediente puesta en marcha de dichas instrucciones que han cambiado el mapa bancario español, dejando el 70 por ciento del mercado en las manos de tres grandes bancos. El miedo a las quiebras se ha impuesto sobre las exigencias de una buena competencia. Ahora tenemos un bonito oligopolio bancario que se une al oligopolio eléctrico que venimos sufriendo.

Dos ejecutivos, pero uno más que otro

El nuevo Consejo queda integrado por 15 miembros y estará presidido por el actual presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, quien mantendrá sus funciones ejecutivas. Un carácter, el de ejecutivo, que también conserva el consejero delegado que lo era de Liberbank, Manuel Menéndez, de quien se señala ambiguamente que “tendrá funciones ejecutivas”. Una dualidad ejecutiva que también se da en la nueva Caixabank donde se ha utilizado la no menor ambigüedad de que preside un Goirigolzarri ejecutivo y que dirige Gonzalo Gortázar.

Cuatro de los siete consejeros dominicales de la nueva Unicaja proceden del Consejo de Unicaja Banco y tres del de Liberbank, mientras que de los seis independientes, cuatro serán a propuesta de Unicaja y dos de Liberbank.

La ecuación de canje se ha fijado en una acción de Unicaja Banco por cada 2,7705 acciones de Liberbank pero no hay que olvidar que Liberbank se extinguirá, vía disolución sin liquidación, transmitiéndose todo su patrimonio en bloque a Unicaja Banco, sin que se prevea ninguna compensación complementaria en efectivo para los accionistas de Liberbank.

Liberbank, liderada por Cajastur, ha cerrado 2020 con un beneficio neto de 41 millones de euros, un 63,1% menos que en 2019, tras destinar 241 millones a saneamientos pandémicos. Y Unicaja lo cerró con una ganancia de 78 millones.

Con Derecho a Réplica / Juan E. Iranzo, catedrático de Economía Aplicada.

Es necesario un cambio de política económica

La política económica en una economía moderna y abierta debe sobre todo impulsar un escenario favorable para la libertad de decisión y actuación de los agentes económicos, familias y empresas. La Libertad es un concepto único e indivisible entre la civil, política, de expresión y económica, así como la defensa de la propiedad; si falta alguno de sus componentes ésta se restringe significativamente.

El Gobierno debe garantizar el Estado de Derecho en el que todos los ciudadanos tengamos igualdad de oportunidades y se garantice la provisión de unos servicios esenciales. Asimismo debe favorecer la eficiencia de los mercados, para lo que debe impulsar la competencia en los mismos, reduciendo sus barreras de entrada y de salida, a los oferentes y a los demandantes.

En una economía capitalista moderna, el Estado, además de establecer las reglas de juego, de garantizar la seguridad jurídica y la propiedad privada, debe actuar para impulsar la redistribución de la renta y corregir los fallos del mercado. Una sociedad dual con tan sólo dos clases sociales, siendo además minoría la más favorecida desde el punto de vista económico, es injusta, insostenible e ineficiente.

Sin embargo, si el proceso de redistribución de renta se produce mediante una política fiscal excesivamente expansiva, altos impuestos y exceso de gasto público y subvenciones, se generarían desincentivos al trabajo, al ahorro y a la inversión, que pueden terminar colapsando el potencial de crecimiento, la generación de empleo y el bienestar.

Las Constituciones de la mayoría de los países desarrollados, incluida la española, establecen que los impuestos nunca pueden ser confiscatorios; y el Tribunal Constitucional Alemán, lo cuantificó; estableció que nadie debería dedicar más del 50% de su renta a pagar todos sus impuestos. Además, en una economía abierta como la actual, si un territorio tiene una mayor presión fiscal que el entorno, se puede producir la deslocalización del capital y del trabajo.

La intervención del sector público para corregir los “fallos del mercado”, como es el caso del medio ambiente, debe partir lógicamente de la premisa de que es más eficiente que el sector privado; en caso contrario no debe actuar. J. Bukanan, en su teoría de la “Elección pública” ponía de manifiesto que en los países democráticos parlamentarios, el Gobierno no suele actuar pensando en el bien común, si no en el de su electorado, para poder garantizarse su reelección en las siguientes elecciones. “Si la mitad más uno de los electores no tiene más de la mitad de la renta, siempre se votarán políticas fiscales redistributivas”, lo que puede llevar a un círculo perverso de desincentivos.

El sector público debe garantizar que los ciudadanos tenemos acceso a unos bienes y servicios esenciales y fundamentales para el bienestar; lo que no implica que tenga que producirlos, y mucho menos en régimen de monopolio, puesto que su producción por empresas privadas suele ser más eficiente para el conjunto de la sociedad. Incluso cuando la presencia pública sea necesaria por diferentes razones, se debe impulsar la colaboración público-privada, por ejemplo en Sanidad o en Educación.

Actualmente, la sociedad española está sufriendo una profunda crisis, el PIB se redujo un histórico -10,8% en 2020, debido al ‘shock’ de oferta negativo provocado por las restricciones que se aplicaron a la producción, sobre todo durante la última semana de marzo y primera de abril de 2020; y otro de demanda también negativo generado por las limitaciones a la movilidad de las personas, parte de las cuales se siguen manteniendo.

Ante esta situación súbita, se debería haber establecido por el Gobierno un escenario previsible para los agentes económicos; sin embargo, éste ha sido confuso y cambiante continuamente. Ante la expropiación de la capacidad para producir y trabajar, además de los créditos ICO y de los ERTEs, se deberían haber instrumentado auténticas indemnizaciones en forma de ayudas de renta inmediatas.

Además los ERTEs no permiten el despido en las empresas que se han acogido a los mismos, por lo que muchas empresas que podrían haber reiniciado su actividad con algunos trabajadores menos, han tenido que cerrar por no haber podido realizar este ajuste; con lo que se pierden todos sus puestos de trabajo.

Ante una realidad como la actual se debe aplicar una política fiscal expansiva que favorezca la actividad; pero no aumentando espectacularmente el gasto público, como se ha realizado en las Presupuestos Generales del Estado de 2021, sino reduciendo los impuestos, que generan un efecto multiplicador expansivo muy superior al que provoca el gasto público; además, este último incrementa directamente la deuda pública, que cerró el año con un saldo cercano al 120% del PIB.

Además, en lugar de reducir los impuestos, en estos Presupuestos se han elevado la mayoría, e incluso se han creado nuevas figuras tributarias; es decir, se ha hecho todo lo contrario a lo que recomienda la teoría económica y a lo que han realizado la mayoría de los países de nuestro entorno. Incluso en algunos casos son confiscatorias, como el nuevo tipo del Impuesto de Patrimonio del 3,5% para los superiores a 10 millones de euros, puesto que no existe casi la posibilidad de obtener una rentabilidad suficiente del mismo para pagar el tributo, con lo que es necesario enajenar parte del patrimonio para poderlo pagar.

Además, hay que tener presente que un aumento de los tipos fiscales no quiere decir que aumente la recaudación fiscal; sino que en muchos casos, como ha sucedido con el de matriculación de automóviles, ocurre lo contrario, puesto que se reduce la base imponible al venderse menos coches. Se cumple la curva de Laffer por lo que unos tipos fiscales más reducidos impulsan la actividad, el empleo, el bienestar y la recaudación; como se demuestra empíricamente en La Comunidad de Madrid.

Las actual crisis sanitaria obliga a emplear todos los recursos disponibles en la lucha contra la pandemia, tanto la sanidad pública, como la privada. Sin embargo, esta última, que se incluyó bajo “el mando único” del Gobierno, no se la permitió realizar su actividad habitual y se la marginó para cubrir las necesidades provocadas directamente por el Covid-19, lo que les ha ocasionado graves pérdidas económicas que no han sido compensadas, como sí se ha efectuado en Francia o en el Reino Unido.

Además, es fundamental conseguir “la inmunidad del grupo” antes de julio para poder salvar parte de la campaña turística de verano; para ello es muy necesario la colaboración público-privada. En primer lugar, renunciando al monopolio público en la compra de las vacunas, permitiendo acceder a la distribución privada y que estas adicionales se puedan vender e inyectar en las farmacias, como sucede en la mayoría de los países de nuestro entorno. Además, para poder administrar unas 500.000 dosis diarias, como sería necesario, se debería emplear también la sanidad militar y los centros privados, incluidas las farmacias comunitarias por su capilaridad. Las 22.100 farmacias operativas en el territorio nacional facilitan la accesibilidad y comodidad para vacunarse, puesto que el 98% de la población española se encuentra a menos de 900 metros de alguna oficina de farmacia.

Las reformas estructurales que permitan incrementar el potencial de crecimiento de nuestra economía, y la competitividad de nuestras empresas, son fundamentales para poder superar la crisis; pero además son necesarias para acceder a las transferencias procedentes del Fondo Europeo de Recuperación, que ha sido cuestionado por el Tribunal Constitucional alemán.

Se requiere una mayor flexibilidad y eficiencia del mercado laboral, por lo que es completamente inadecuado pretender revertir la Reforma Laboral de 2012; ésta ha permitido reducir el crecimiento del PIB necesario para generar empleo neto, Ley de Okum que pasó del 2,3% al 0,4%; pero también destruye menos empleo en época de crisis.

El sector energético español sigue dependiendo en exceso del petróleo, por lo que hay que impulsar las energías renovables y el hidrógeno como mecanismo de almacenamiento de electricidad, lo que optimiza la operación de la solar y eólica sobre todo. Asimismo hay que prolongar la vida útil de nuestras centrales nucleares; éstas no emiten CO2 y además al estar amortizadas podrán generar una energía con unos costes muy reducidos.

Para mejorar la eficiencia de los mercados hay que impulsar la competencia y favorecer que el precio se fije entre suficiente número de oferentes y demandantes. Por ello, es perverso tratar de topar el precio de alquileres que reducirá la oferta de pisos de alquiler y deteriorará las condiciones de los ya existentes; “para destruir una ciudad el método más rápido a corto plazo es bombardearla y el más eficaz a largo plazo es regular el precio de los alquileres”.

Es necesario reformar el sistema público de pensiones, para garantizar su sostenibilidad en el tiempo, para lo que es preciso seguir retrasando la edad de jubilación, por encima de los 67 años y utilizar el total de la vida laboral para calcular la base reguladora. Es necesario iniciar un proceso de consolidación fiscal, para lo que se debería establecer el Presupuesto en base 0, como metodología para elaborar todos los Presupuestos de las Administraciones Públicas, máxime teniendo presente que el déficit estructural representa el 7,2% del PIB, por las pensiones, renta mínima vital, etc ; el doble que en la UEM. Además ,con una deuda pública en aumento cuyo saldo superará el 130% del PIB este año.

Es necesario garantizar la propiedad privada, por lo que es imposible definir el concepto de vivienda vacía; por lo que no se debe incluir este concepto en la nueva Ley de la Vivienda. Asimismo hay que establecer la idea de que la empresa privada que actúa en un mercado libre es la más eficiente en la producción de bienes y servicios, genera empleo y paga sus impuestos, por lo que hay que creer en ella y descartar los procesos de nacionalización de empresas u otras propiedades privadas como viviendas, salvo las expropiaciones imprescindibles.

Para proponer proyectos adecuados para acceder a los fondos europeos que permitan modernizar nuestro tejido empresarial y que éstos también lleguen a las pymes, se debería crear una institución ndependiente con participantes tanto del sector público como del privado; que también sería muy útil en el seguimiento de los mismos. En caso contrario, es muy posible que España no reciba la totalidad de los 72.400 millones de euros de transferencias procedentes del Fondo Europeo de Recuperación.

En definitiva, España requiere de un cambio profundo en la política económica del Gobierno para que ésta favorezca la actividad productiva, la inversión y el empleo: en definitiva, el bienestar futuro del conjunto de la sociedad española. Es decir, que impulse la libertad económica, preserve la propiedad privada y ofrezca confianza a los agentes económicos.